El objetivo de este blog es construir un canal de comunicación entre los lectores de los artículos publicados y su autor. Los comentarios que le merezcan a los visitantes servirán para debatir las ideas, críticas y propuestas. No existe intención alguna de crear polémicas, pero si se produjeren sería deseable que el intercambio de opiniones se realice con respeto y tolerancia.
sábado, 9 de febrero de 2019
¡Afuera el tirano!
Hay varios antecedentes determinantes de la ilegitimidad del gobierno de Nicolás Maduro:
- Cuando se vaticinó que la oposición ganaría las parlamentarias en diciembre del 2015, Maduro anticipó que no aceptaría esa derrota; es más, antes de la posesión de la nueva Asamblea buscó bloquear su gestión con ayuda del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Por su lado, Diosdado Cabello, entonces presidente del Parlamento saliente, advirtió que nombraría nuevos magistrados del TSJ. Lo dicho se cumplió.
Con la elección de magistrados chavistas el régimen se blindó para enfrentar a la nueva mayoría opositora en el Parlamento, desde enero de 2016. La Sala Constitucional estaría controlada por Maduro y este podría objetar a placer las nuevas leyes y resoluciones del Parlamento opositor, acusándolas de inconstitucionales.
En la designación de magistrados no hubo etapa impugnatoria. Todo se consumó entre el 22 y 23 de diciembre de 2015, en sesiones extraordinarias y durante la vacancia legislativa. Entre los designados se escogió a militantes y exdiputados oficialistas. Incluso uno de ellos –el magistrado Christian Zerpa– había participado y perdido en las recientes elecciones.
- Se nombró defensora pública a Susana Barreiros, la jueza que condenó a más de trece años de cárcel al opositor Leopoldo López.
- Dos semanas después del triunfo opositor, Maduro creó un “Parlamento Comunal” dizque para “fortalecer el poder del pueblo”, instalando así una Asamblea Nacional paralela, para aprobar reformas legales antes del inicio de labores legislativas el 5 de enero de 2016.
- Al mismo tiempo el tirano promovió en la Fiscalía investigaciones por supuestas compras de votos durante los comicios, para impugnar a 22 asambleístas opositores elegidos.
- En enero del 2016, el TSJ empezó a anular las legítimas actuaciones del nuevo Parlamento. En una sentencia declaró la nulidad absoluta e irrevocable del proceso de revisión de los magistrados nombrados por el oficialismo en forma apresurada. En otra, declaró a la Asamblea Nacional “en desacato”.
- En otras sentencias, el TSJ se atribuyó todas las funciones de la Asamblea Nacional y anuló la inmunidad parlamentaria de los asambleístas opositores. Aunque después fueron rectificadas parcialmente. Tales sentencias del TSJ evidenciaban que Maduro había instaurado una dictadura y había pulverizado el principio democrático de separación de poderes.
- En la secuencia, se instaló una espuria Asamblea Constituyente, la que a su vez convocó el 2018 a elecciones anticipadas para presidente de la República. Estas se realizaron el 20 de mayo de ese año y el déspota fue “reelegido”. Tal reelección fue cuestionada por la oposición y la comunidad internacional, por ser producto de un proceso antidemocrático, injusto y amañado; además, con mayoritaria abstención de electores.
- Entre el 5 y 7 de enero de este año 2019, Diosdado Cabello anticipó que Maduro se juramentaría ante el TSJ y no ante la Asamblea Nacional, por encontrarse dicho organismo en desacato declarado.
- El 8 de enero, la Sala Constitucional interpretó que Maduro debía juramentarse ante el TSJ, pues la Asamblea Nacional se encontraba en flagrante desacato. Para tal despropósito el TSJ invocó una inexistente “duda razonable”.
¡Sobraban fundamentos para que Juan Guaidó asumiera como presidente encargado de la sufrida Venezuela!
*Publicado previamente en el Diario El Universo el día viernes 8 de enero de 2019.
https://www.eluniverso.com/opinion/2019/02/08/nota/7177913/afuera-tirano
viernes, 1 de febrero de 2019
Debatir, no rehuir esa obligación
En febrero y marzo, antes de los sufragios seccionales del 24 de marzo, los candidatos a alcalde de Quito, Guayaquil y Cuenca participarán en debates electorales. La iniciativa del Grupo Faro, en alianza con el CNE, Diario EL UNIVERSO, Telerama y la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador, busca que el electorado acuda a las urnas debidamente informado de las propuestas de los candidatos. Se elegirán 23 prefectos, 221 alcaldes, 868 concejales urbanos, 437 concejales rurales, 4.000 vocales principales de las juntas parroquiales y 7 miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
El debate entre aspirantes a las dignidades permitirá al ciudadano, entre otras cosas, que se involucre y participe con protagonismo en los problemas y soluciones de la comunidad en el ámbito más próximo del individuo y a coadyuvar al cambio de la realidad de un país con la que estamos inconformes. La decisión afectará nuestros destinos. Por ello es sumamente importante contar con información adecuada y suficiente.
Conocer las ideas y propuestas de los candidatos es positivo para reconocer los motivos de discrepancia o construir consensos alrededor de ellas. Sin olvidar nuestra obligación de revisar el pasado de los candidatos, para identificar a los audaces y prevenir los fiascos. No quedarnos en lo superficial y ahondar para lograr la mejor decisión.
La iniciativa surge cuando hay cada vez menos debate dentro de los procesos comiciales que se realizan en el país. Una secuela triste de los últimos tiempos. Hay quienes sostienen que los estrategas y asesores recomiendan a los candidatos que lideran las encuestas no participar en debates o evitarlos; entre otras razones, porque si la elección se convierte en un debate sobre la honestidad del candidato, tendría efectos doblemente desalentadores sobre un sector del electorado que busca, por ejemplo, respuestas para salir de una crisis, y claro en ese caso, se atenderá más el análisis de las fortalezas y debilidades del candidato que al mensaje o se desconfiará de su oferta. Además, si el debate fuere transmitido por televisión, puede cambiar las preferencias de los electores. En Estados Unidos los debates son decisivos. Algo más de la mitad de los votantes deciden su voto después de un debate.
En la publicación digital Semana.com se reitera que el debate sigue siendo el medio más apropiado para que el ciudadano conozca, además de las propuestas de un candidato, su capacidad de reacción e improvisación, su posición frente a temas polémicos y el nivel de su carácter. El debate provee un muy buen escenario para comparar las propuestas de los aspirantes, identificar los compromisos que estos pueden tener y con quiénes. Es una oportunidad para que los candidatos generen confianza.
Consideremos, entonces, que la negativa a debatir deja como mensaje que el candidato tiene algo que esconder o que no tiene nada importante que decir.
En fin, la ciudadanía que asume la responsabilidad de elegir dignatarios debe tomar una decisión libre e informada; y el debate es un excelente mecanismo para lograrlo.
Este columnista felicita al Grupo Faro, Telerama y a Diario EL UNIVERSO por la idea de realizar el indicado debate entre candidatos. (O)
*Publicado previamente en el Diario El Universo el día viernes 1 de febrero del 2019.
viernes, 25 de enero de 2019
Cicig. ¡Ni jueces ni fiscales!
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| Imagen tomada del diario La Tribuna |
Una Comisión Internacional contra la impunidad, que asesore técnicamente en la investigación de actividades de estructuras delincuenciales y su posible vinculación con instituciones y agentes del Estado no afectaría la soberanía nacional ni sería incompatible con la Constitución ni la ley que fija las competencias y atribuciones de la Fiscalía General. Es decir, no se afectaría la institucionalidad de este organismo; por el contrario, se la fortalecería. Ni la Constitución ni las leyes lo impiden.
Lo anterior, para responder a quienes recelan de un organismo internacional necesario para luchar contra la impunidad y las estructuras corruptas en el Estado, por nuestra circunstancia de inexperiencia.
Además, la Fiscalía General tiene competencia para celebrar convenios de cooperación con organizaciones internacionales, para el mejor cumplimento en su tarea de acusar e impulsar los juicios penales contra los funcionarios que se apropiaron o permitieron la apropiación de US$ 70.000 millones en la contratación pública.
Con la colaboración de una Comisión Internacional contra la Impunidad auspiciada por la ONU y con financiamiento de países del primer mundo, mediando un convenio similar (y perfectible), la Fiscalía General lograría con más posibilidades de éxito investigar los delitos de gran impacto social cometidos por estructuras del crimen organizado, detectar sus fuentes ilegales de financiamiento y desarticularlas.
Se ha dicho que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) se creó para terminar con la impunidad de los crímenes cometidos en la guerra civil y que en Ecuador no hemos vivido aquello, lo cual es verdad. Pero no es menos cierto que al finalizar dicha guerra, los Cuerpos Ilegales de Seguridad y los Aparatos Clandestinos de Seguridad que intervinieron en ella, siguieron operando en ese país. Estos mutaron y cooptaron las instituciones del Estado, vinculándose directa o indirectamente con agentes del Estado, desarrollando capacidad para generar impunidad en sus prácticas corruptas. Entre las instituciones cooptadas: el Ministerio Público, la Función Judicial, Ejército, aduanas, ministerios, municipios, entre otras. Lo cual fue detectado por la Cicig.
Recientemente, Glenda Umaña entrevistó al expresidente Alfonso Portillo (ver en YouTube con título “Alfonso Portillo La verdad sobre la Cicig”) y cuando dicha periodista le preguntó si estaba de acuerdo con la expulsión de la Cicig, este respondió: “…no comparto esa decisión y creo que demuestra que queremos que nada cambie en Guatemala. Aquí no es ser Cicig o ser pro-Cicig o anti-Cicig; aquí el problema es: ¿queremos que el país se modernice institucionalmente o queremos volver al pasado…? ¿Qué vamos a hacer sin poder judicial independiente, sin ministerio público, sin una Corte Constitucional independiente?”. ¿Y de qué depende que eso cambie?, preguntó Glenda Umaña. Él respondió: “¡De las élites del poder!”.
Para Portillo, quien también fue investigado por el Ministerio Público con asistencia de la Cicig, en Guatemala, (no muy diferente a otros países latinoamericanos, incluido Ecuador), las élites manejan el Estado, “…un Estado corrupto, un Estado veleta, un Estado comprable, un congreso como ‘este’…”.
El ejemplo de la Cicig también se debate en El Salvador y por lo menos un candidato a la presidencia ofrece replicarlo. Allá, como acá, también es necesario desarticular estructuras mafiosas de gran poder que propician impunidad.
*Publicado previamente en el Diario El Universo el día viernes 25 de enero del 2019.
viernes, 18 de enero de 2019
Del superintendente de Compañías
El presidente Moreno envió al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición (CPCCS-T) la terna para elegir al nuevo superintendente de Compañías. El CPCCS-T deberá revisar previamente los requisitos e inhabilidades de los candidatos.
Muchos recuerdan que la Superintendencia de Compañías se distinguió por su eficiencia y la solvencia de conocimientos de quienes estuvieron al frente de ella, salvo una que otra excepción de vergonzosa y triste recordación. Digo esto último porque fueron tiempos de abusos irrogados al personal de la institución, entre malos tratos y cobros de “diezmos”; o de equivocada gestión, como por ejemplo la eliminación de la doctrina societaria (doctrina felizmente restablecida por el actual superintendente encargado).
Los abogados y más usuarios de la Superintendencia de Compañías sin duda valoran a los funcionarios que poseen un sólido conocimiento de la materia societaria y desconfían de los que la ignoran. También aprecian la gestión transparente, tan venida a menos en estos tiempos dentro de la administración pública.
Por lo anterior, esperamos la recuperación del alto nivel de satisfacción del servicio que brindó la Superintendencia en el pasado, entendiendo que ello dependerá de los adecuados conocimientos y talentos necesarios de los aspirantes a dirigirla. Especialmente para realizar los correctivos prácticos y morales.
La materia societaria implica gran dosis de especialidad. La institución y los usuarios no deberían continuar sufriendo la improvisación de los audaces. A la entidad deberían acceder los que posean méritos útiles para desempeñar la función, vía carrera administrativa o llegando desde la academia y/o con la notable experiencia profesional. No es suficiente el padrinazgo político si el candidato carece de preparación, pues su imposición resultaría en una forma de corrupción y de ello ya tenemos suficiente.
El superintendente de Compañías debe estar imbuido desde el primer día de su ejercicio del conocimiento apropiado para dirigir, de lo contrario será dirigido por los que aprovecharán de la ignorancia o de su ego, este último casi siempre confrontador y estéril.
Lo ideal sería, repito, que el nuevo superintendente conozca profundamente la legislación societaria, especialmente la relativa a las distintas actividades económicas del ámbito comercial, industrial, turístico y del Mercado de Valores. Que entienda el lenguaje y la información que reciba de los subordinados y de los empresarios, para facilitar la labor productiva y no entorpecerla. Tanto más que el empleo pleno o adecuado se redujo en 155.000 plazas, según información de este Diario.
El candidato no debería aspirar a convertirse en semidiós, menos a satisfacer su codicia, como lo han evidenciado muchísimos funcionarios identificados con la mentira socialista del siglo 21.
La Superintendencia de Compañías llegó a ser calificada como la joya de las instituciones públicas del país, gracias a exsuperintendentes de la talla de René Bustamante, Francisco Salgado, José A. Baquero, Marco A. Guzmán, César Moya, Germán Carrión, Teresa Minuche de Mera (en dos ocasiones), Marcelo Ávila, Carlos Muñoz, Nicolás Cassís, Juan Carlos Arízaga e Ignacio Vidal.
Ojalá el CPCCS-T sea consecuente con la brillante historia de la Superintendencia de Compañías y elija finalmente a la persona apropiada para dirigirla dignamente. Un buen funcionario público ofrece servicios excelentes al usuario.
*Publicado previamente en el Diario El Universo el día viernes 18 de enero del 2019.
viernes, 11 de enero de 2019
LA CORRUPCIÓN CARECE DE IDEOLOGÍA…
Por tanto, los medios más efectivos para enfrentarla no se encontrarán en la concepción de alguna corriente política. Fue el pragmatismo lo que condujo a la comunidad de las Naciones Unidas a coincidir sobre la necesidad de la cooperación internacional para luchar contra la delincuencia organizada transnacional y contra la impunidad –especialmente en los países con economía en transición–, a través de la asistencia técnica y la asistencia judicial recíproca, en investigaciones, procesos y actuaciones judiciales relacionadas con delitos de gran impacto social.
Esa colaboración internacional también se previó para la localización de dineros acumulados en actividades ilícitas, principalmente en contrataciones de obras y servicios públicos, así como del narcotráfico.
Ecuador ya se benefició de la cooperación internacional, concretamente en la represión de la actividad del narcotráfico, lograda con el establecimiento de un puesto de vigilancia con personal y equipos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en la base aérea de Manta. Ello fue posible gracias a un convenio internacional con innegables resultados sobre el control del tráfico de drogas durante su vigencia; logro que se revirtió cuando el expresidente Correa no renovó tal convenio.
En estos días, la fiscal general encargada ha reconocido la falta de medios para investigar lo que el presidente Moreno ha dado en llamar desfalcos en contratos del área petrolera, celebrados en el régimen correísta. Esa misma impotencia experimentó el Ministerio Público guatemalteco antes del 2007, año que marcó la diferencia por el inicio de la colaboración de Naciones Unidas, con la instalación de una comisión internacional de lucha contra la impunidad (Cicig). Guatemala hasta entonces había vivido una situación de impunidad rampante, impuesta por grupos de poder que se apropiaron de las instituciones estatales y las controlaban. Los guatemaltecos no confiaban en el Ministerio Público (Fiscalía) ni en la Función Judicial, menos en la Policía y el Ejército.
A partir del establecimiento de la Cicig, en Guatemala renacieron las esperanzas para recuperar el imperio de la legalidad. Gracias a esa ayuda el Ministerio Público pudo encausar a casi 800 personas y los jueces sentenciaron a más de 350. Es cierto que se produjeron quejas por supuestas violaciones al debido proceso y por el supuesto desconocimiento del principio de presunción de inocencia, entre un mínimo de investigados y condenados, que se atribuyeron a la Cicig durante los once años que apoyó al Ministerio Público, suministrando con personal de distintas nacionalidades, la tecnología y las experiencias de investigadores, exfiscales, jueces, analistas criminalistas y especialistas para rastrear dineros. Pero tales quejas, en su mayoría, fueron desvanecidas en el transcurso de las investigaciones o durante el procesamiento o en la sentencia de los jueces guatemaltecos, que son los únicos que imparten justicia en ese país.
La experiencia de la Cicig puede ser aprovechada en Ecuador y otros países latinoamericanos, por supuesto, con los ajustes necesarios para evitar los excesos que se pudieron haber cometido en Guatemala, teniendo presente el balance altamente positivo y reconocido por el 70% de los propios guatemaltecos. Por ello insistimos en la necesidad de la cooperación internacional para luchar contra la impunidad y para recuperar los dineros saqueados por las organizaciones delincuenciales incrustadas dentro del Estado ecuatoriano.
*Publicado previamente en el Diario El Universo, el día viernes 11 de nero del 2019.
viernes, 4 de enero de 2019
Tsunami de deshonestidad
Jorge G. Alvear Macías
El
hurto masivo de gaseosas y jugos que transportaba un camión accidentado
en el sector de La Aurora, del cantón Daule, tiene relación con los
efectos del preocupante nivel de corrupción e impunidad de nuestra
sociedad. Una sociedad como la de Venezuela de Chávez y Maduro, que ha
generado una aristocracia de millonarios, la mayoría bajo sospecha de
haber cometido peculados. En muchos casos exhibiendo sus gordos
patrimonios y derroches ante los ojos atónitos de quienes conocieron sus
anteriores limitaciones económicas. Podría afirmarse –parafraseando a
la periodista venezolana Berenice Gómez– que los sospechosos nuevos
ricos se desenvuelven con una actitud que expresa un insonoro mensaje:
¡Tengo poder, lo hice de esa manera y me importa un rábano lo que
piensen los demás y nadie me va a hacer nada, porque tengo impunidad! Cuando los transeúntes jóvenes, mujeres y adultos mayores –que se presumen personas honradas– en vez de ayudar al chofer de un transporte averiado saquean sus mercaderías, como si fuese algo normal y permitido, es que no hay garantías para la propiedad de nadie y es indicio de que vivimos en una sociedad no confiable. Algo indignante y vergonzoso, y hasta aterrador, si imaginamos el siguiente nivel de la degradación moral que nos envuelve. No es la primera vez, pues durante el 30 de septiembre de 2010, turbas sin control vaciaron prácticamente cierto almacén en la vía Perimetral de Guayaquil. Además, con ocasión de las recientes festividades de octubre más de cien personas en grupos asaltaron a transeúntes en los exteriores del Malecón Simón Bolívar.
Un estudio de la revista Nature difundido por la agencia EFE informó que las personas de sociedades más corruptas tienen más probabilidades de ser deshonestas que las de sociedades respetuosas de las normas. La gente controla su deshonestidad según percibe lo que es aceptable en su sociedad y lo que ve alrededor. “Si vives en una sociedad donde todo el mundo rompe las normas, tienes más probabilidades de pensar que está bien hacerlo”, remarca el estudio.
Simon Gäechter, de la universidad inglesa Nottingham, y Jonathan F. Schulz, de la universidad estadounidense Yale, citados por EFE, comentan que la corrupción, evasión fiscal o fraude político influye debilitando la honestidad intrínseca del individuo. Y las instituciones débiles que permiten la corrupción generan ese efecto, además del efecto económico negativo en la sociedad. En nuestro país, un efecto de la década saqueada.
¿Qué hacer entonces para detener el tsunami de la degradación moral evidenciado con el saqueo masivo referido y los otros precedentes? Pues la respuesta está en la familia y en el Estado. Ambos deben colocar los “diques”, blindando la niñez –semillero de futuros funcionarios públicos, profesionales y políticos– a través de la educación. Padres y Estado inculcando honestidad como principio de vida en la formación de la personalidad y carácter del niño.
El Estado, a través de programas educativos, suministrando suficientes nociones y conocimientos sobre la honestidad; incentivando con premios las habilidades y vivencias del niño que lo conduzcan a ser honesto, para lograr buenos amigos, confianza y reconocimiento social positivo.
La publicidad oficial debe reiterar permanentemente que honestidad también es respeto a los demás y a la propiedad ajena. (O)
*Publicado previamente en el Diario El Universo el día viernes 4 de enero del 2019.
https://www.eluniverso.com/opinion/2019/01/04/nota/7121553/tsunami-deshonestidad
sábado, 29 de diciembre de 2018
Cicig: despejando dudas (II)
La ex fiscal general guatemalteca Thelma Aldana –Premio Nobel Alternativo entregado por Right Livelihood y posible candidata presidencial–, en declaraciones a la radio alemana Deutsche Welle, dijo que en investigaciones efectuadas al frente del Ministerio Público conjuntamente con la Cicig detectó redes político-económicas ilícitas, generadoras de la gran corrupción en Guatemala.
Por su parte, Iván Velásquez, comisionado de la Cicig, también entrevistado por la indicada emisora, complementó que el apoyo de la Comisión al Ministerio Público les infunde miedo a los corruptos, porque “no pueden manipular las investigaciones, como era lo usual en el país”.
Recientemente, Manfredo Marroquín, representante de Transparencia Internacional en Guatemala, entrevistado por Estéfani Espín (Ecuavisa), recordó que la Cicig ha investigado 5 gobiernos (con sus presidentes) y procesado por corrupción a casi 700 altos funcionarios, articulados con grandes conglomerados que hacen negocios con la función pública. Agregó que la eficacia se debe a la independencia de los investigadores extranjeros de la Comisión, que la torna incontrolable para los poderes locales.
Todo indica que ante el respaldo de los guatemaltecos a la Comisión, tales poderes han avivado en el campo internacional reacciones contra la Cicig y han intentado sin éxito que Estados Unidos le suspenda su aporte económico, acusándola de estar coludida con el gobierno de Putin para perseguir a empresarios rusos disidentes y sus familias.
En un comunicado del Ministerio Público y de la Cicig se conoció que una familia rusa apareció involucrada en la investigación de una estructura criminal dentro de las instituciones del Estado, que facilitaba a cambio de dinero el ingreso, permanencia y tránsito ilegal de extranjeros, proporcionándoles documentos de identidad en que aparecían como ciudadanos guatemaltecos. Entre los procesados y sentenciados están exfuncionarios de la Dirección General de Migración (DGM) y del Registro Nacional de las Personas (Renap), abogados, tramitadores (coyotes) y usuarios de esa estructura criminal, entre ellos los rusos Igor Bitkov, Irina Bitkova y Anastasia Bitkova.
En el informe de labores de la Cicig, difundido en noviembre pasado, se destaca su asesoría técnica y acompañamiento al ministerio público en investigación y litigio en casos emblemáticos de corrupción administrativa en municipalidades, en la administración tributaria, en la contratación de obras (caso Odebrecht), en el sector del transporte y sistema de salud. También investigó la corrupción en la Función Judicial y descubrió una estructura paralela a las comisiones oficiales para influir en el nombramiento de los magistrados de las cortes y altas autoridades del Poder Judicial, integrada por abogados, magistrados y diputados. En el Congreso Nacional detectó lavado de dinero y otros activos, cohecho activo y falsedad ideológica. En el ámbito electoral, completó investigaciones de financiamiento electoral ilícito.
En el informe se resume que la Cicig, junto con la Fiscalía, identificó 60 organizaciones delictivas, procesó en 100 casos a 680 personas (el 60% se encuentra con medidas cautelares), más de 310 tienen sentencias condenatorias. Ha presentado 34 reformas legales, entre ellas, Ley del Crimen Organizado, Reformas al Código Penal en materia de Anticorrupción y la creación de tribunales de Mayor Riesgo.
La experiencia de la Cicig es imprescindible para enfrentar la delincuencia organizada y la impunidad en Ecuador, que superarían a las de Guatemala. (O)
*Publicado previamente en el Diario El Universo el día sábado 29 de diciembre del 2018.
viernes, 28 de diciembre de 2018
Cicig: despejando dudas
Jorge G. Alvear Macías
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| Embajador de EEUU Luis Arreaga e Iván Velásquez, comisionado de la CICIG |
La semana pasada se expresaron ciertas opiniones señalando dudas sobre la independencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala (Cicig) respecto de los grupos de presión locales. También se dijo que dicha Comisión no ha sido independiente de los grupos de presión extranjeros y que la Cicig tiene su propia agenda política. Aunque se reconoció que la Comisión ha logrado encarcelar a altos funcionarios públicos guatemaltecos como un expresidente y una exvicepresidenta, por actos de corrupción, también se la acusó de graves abusos como, por ejemplo, los cometidos contra una familia rusa de apellido Bitkov.
Los Bitkov emigraron a Guatemala y se dicen perseguidos por el presidente Putin.
Para Rachel Schwartz, del Washington Post, existen pocas evidencias para sugerir las supuestas presiones del Kremlin sobre la Cicig en el procesamiento de Igor Bitkov, su esposa Irina y su hija Anastasia. Menos para sugerir que dicha Comisión se haya convertido en parte del “brazo largo” del Estado ruso.
La acusación de la interferencia rusa –que llegó a ser conocida en el Congreso de EE. UU.–, de haber sido acogida pudo dañar la misión anticorrupción de la Cicig en Guatemala, pues parte importante de su financiamiento lo provee Estados Unidos. Afortunadamente, en agosto del 2018 fue confirmado el financiamiento (US$ 6 millones). La Embajada estadounidense en Guatemala informó que no se encontraron evidencias de una confabulación entre el Gobierno de Rusia y la Cicig cuando esta investigó el caso Bitkov.
La citada Rachel Schwartz se pregunta y responde: ¿Dónde está la evidencia de que las fuerzas del Gobierno ruso involucraron a la Cicig? Los donantes estadounidenses y europeos han aportado unos US$ 90 millones (desde el 2007), pero la Cicig nunca ha recibido fondos del Gobierno ruso. Si no existe una conexión Kremlin-Cicig, ¿de qué se trata esto realmente? La respuesta está en la naturaleza de la política interna de Guatemala. Al etiquetar a la Cicig como un instrumento político del Gobierno ruso, las élites políticas guatemaltecas buscan revertir la dura campaña anticorrupción en el país.
La idea de que hay una colusión entre la Cicig y el Kremlin no es posible, según Daniel Wilkinson, director administrativo de la división de las Américas de Human Rights Watch. También expresó que la Cicig tiene una trayectoria bastante notable en Guatemala. “Es una de las inusuales historias de éxito en la lucha contra la corrupción”. En noviembre pasado, Wilkinson calificó los logros de la Cicig como espectaculares.
El contraataque a la Cicig, liderado ahora por el presidente Morales, quien es investigado por delitos electorales (su hijo y hermano están procesados por corrupción), preocupa a los defensores de los derechos humanos de ese país. Les resulta difícil creer que en la estrategia de los grupos de poder enfrentados en la lucha de la Cicig se hayan incorporado acusaciones de abusos a derechos humanos de una familia extranjera, que fue procesada por la Fiscalía de Guatemala, dentro de una investigación efectuada al crimen organizado de falsificación de documentos de identidad. Tanto más que trascendió en el Congreso de EE. UU. que los Bitkov adquirieron pasaportes guatemaltecos con nombres falsos y pagaron US$ 50.000 por cada uno. (Continuará mañana) (O)
*Publicado previamente en el Diario El Universo el día viernes 28 de diciembre del 2018.
viernes, 21 de diciembre de 2018
El ejemplo peruano
Jorge G. Alvear Macías
Mientras trazo esta columna, la Asamblea Nacional debate la resolución para insistir al presidente Moreno que constituya la Comisión de Lucha contra la Corrupción en cooperación con la ONU, como la de Guatemala.
Ojalá que los asambleístas den ese paso y el presidente Moreno los escuche, si lo hacen pasarán a la historia. No hay otra manera de resolver el acuciante problema de la corrupción e impunidad.
Con una Comisión Anticorrupción Internacional no se mancillaría la soberanía nacional, pues actuaría al amparo de un convenio internacional; y, la firma de nuestro presidente o su delegado sería evidencia plena de soberanía; además, tal Comisión Internacional tendría la calidad de invitada y no de un ejército invasor.
Si bien existe una Comisión Anticorrupción local y el apoyo de una prensa valiente que ha denunciado el asalto a los fondos públicos, hay que aceptar que no se ha conseguido acabar con la impunidad ni mucho menos recuperar el dinero robado. Desafortunadamente carecemos de los medios, de órganos independientes y de experiencia para esa lucha.
Tan infructuosos han sido los esfuerzos que en el caso Odebrecht, la Fiscalía de Ecuador no ha podido seguir el ejemplo de su par peruana. Esta ya entró en una nueva etapa de colaboración con esa empresa, pues en enero próximo se firmará un acta que incluye puntos claves con un “potencial devastador”, según el diario O’Globo de Brasil.
En efecto, Odebrecht se comprometió a entregar toda la información de la que dispone –sin restricciones– sobre coimas y aportes a las campañas electorales peruanas. Así, la Fiscalía peruana en sus investigaciones con ramificaciones al caso Lava Jato podrá cerrar el cerco a los exmandatarios Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Alan García, sobre los que hay sospechas de mala administración y recepción de dinero de empresas brasileñas; incluidas otras personas naturales y jurídicas nacionales y extranjeras coaligadas en la red internacional de corrupción y delincuencia organizada. El acuerdo fue precedido –dos años atrás– del reconocimiento de Odebrecht como responsable en actos de corrupción, por los que habría dado disculpas a la sociedad peruana y ofrecido reparaciones civiles al Estado.
El compromiso incluye la entrega de pruebas documentales y testimoniales. A cambio de esa colaboración, el Estado peruano no procesará judicialmente a Odebrecht ni a sus exejecutivos (la mayoría de ellos ya condenados en Brasil).
Una vez que el referido acuerdo haya sido aceptado y homologado por una jueza peruana, Odebrecht entregará todos los archivos contenidos en los soportes electromagnéticos de los sistemas contables denominados “Drousys” y “Mywebday”, que esa empresa creó para manejar los dineros utilizados en la compra de funcionarios corruptos en los países donde operaba. Es decir, un registro interno de los sobornos pagados y la identificación de los sobornados. Algunos archivos ya están en posesión del Estado peruano, gracias al suministro efectuado por la Fiscalía suiza al amparo de un convenio, que Ecuador no habría suscrito aún.
Una vez que el referido acuerdo haya sido aceptado y homologado por una jueza peruana, Odebrecht entregará todos los archivos contenidos en los soportes electromagnéticos de los sistemas contables denominados “Drousys” y “Mywebday”, que esa empresa creó para manejar los dineros utilizados en la compra de funcionarios corruptos en los países donde operaba. Es decir, un registro interno de los sobornos pagados y la identificación de los sobornados. Algunos archivos ya están en posesión del Estado peruano, gracias al suministro efectuado por la Fiscalía suiza al amparo de un convenio, que Ecuador no habría suscrito aún.
Con el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía del Perú y Odebrecht, esta empresa pagará S/610 millones como reparación civil en 15 cuotas anuales. La primera cuota se cancelará el próximo año 2019.
*Publicado previamente en el Diario El Universo el día viernes 21 de diciembre del 2018
sábado, 15 de diciembre de 2018
La misma corrupción...
El presidente Moreno no desea traer al país una Comisión Anticorrupción similar a la Cicig de Guatemala. Habría sido convencido por círculos influyentes, dentro y fuera del Gobierno, para no honrar su promesa de campaña. Esto ocurre frente al evidente fracaso de la lucha contra la corrupción y la impunidad, y sin que se haya recuperado una ínfima parte de los dineros públicos atracados, que un organismo internacional estimó en $ 70.000 millones.
La decisión implicaría un mensaje que entraña invitación a seguir usando la vía de la corrupción para acceder al dinero fácil.
Afortunadamente, en dirección contraria a la corriente negativa del Gobierno, cada día se incrementan los pedidos ciudadanos, así como de columnistas de opinión y asambleístas (como Héctor Yépez y Fernando Callejas) para que el presidente cumpla su ofrecimiento de traer una comisión internacional integrada por investigadores extranjeros experimentados en la lucha contra la corrupción organizada, apoyada por Naciones Unidas, pues el país carece de los medios y experiencia. El presidente no ofreció auditores para contabilizar el monto de peculados, sino una comisión similar a la Cicig para atrapar a los responsables y recuperar los dineros. Así lo entendimos y se lo hemos venido recordando. No se comprometió a gestionar el modelo fracasado promovido por la OEA en Honduras.
En febrero de 2018, el jefe de la misión anticorrupción de la OEA en Honduras renunció por falta de apoyo económico del ente regional y del propio Gobierno hondureño. La población quería una comisión de Naciones Unidas similar a la existente en Guatemala. En el caso de la Cicig, esta opera financiada por países que han desembolsado cumplidamente los dineros necesarios en los once años de su existencia.
La operación de la Cicig no afecta la soberanía guatemalteca. El pasado 9 de diciembre, durante la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción en El Salvador, el jefe de la Cicig, Iván Velásquez, ratificó que ese organismo tiene como tarea apoyar al Ministerio Público (MP) –equivalente a la Fiscalía General del Ecuador– y no lo sustituye. El MP conserva la titularidad de la acción penal. Aclaró que una investigación de la Cicig, “… si no es admitida, compartida y aceptada por el MP, puede quedar para los archivos... sin ninguna incidencia judicial, porque es el Ministerio Público guatemalteco el que dirige la investigación y tiene la responsabilidad de judicializar”.
Para Steven Dudley (columnista del New York Times e investigador del crimen organizado en las Américas), la Cicig es uno de los experimentos más importantes sobre justicia en la región. Ella efectuó una de las investigaciones más relevantes contra las élites en la historia de Guatemala y puede “enseñarnos muchas lecciones que pueden ser aplicadas más allá del país”. La lección primordial es que no existe un sistema de justicia realmente independiente en países como Guatemala. Allá, el sistema judicial se convirtió en herramienta altamente politizada utilizada por las élites, políticos y criminales, por igual. “Los agentes judiciales están sujetos a presiones que van desde lo personal a lo político y lo económico. La independencia es imposible, en parte porque estos actores judiciales dependen de las mismas redes, tanto políticas como criminales…”, sostiene Dudley.
¿Acaso Ecuador no padece lo mismo que Guatemala?
*Publicado previamente en el Diario El Universo el día viernes 14 de diciembre del 2018
https://www.eluniverso.com/opinion/2018/12/14/nota/7097496/misma-corrupcion
viernes, 7 de diciembre de 2018
Alerta roja negada
La Interpol decidió no emitir alerta roja en contra del expresidente Rafael Correa, solicitada por una jueza ecuatoriana de la Corte Nacional de Justicia dentro del proceso penal por el secuestro de Fernando Balda. La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), con 192 países miembros, ha dicho que la medida no era compatible con el respeto a los derechos humanos, sin proveer mayores detalles.
El exmandatario fue llamado a juicio y desde el principio se ha negado a presentarse ante la justicia ecuatoriana. Se considera un perseguido político.
La Corte Nacional de Justicia afirmó que la negativa no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 38 del Estatuto de la Comisión de Control de los Ficheros de Interpol. Entendemos que uno de ellos es la motivación, que no se habría cumplido en la escueta respuesta del organismo internacional.
Según lo establece el citado artículo, las decisiones adoptadas por la Cámara de Solicitudes (de Interpol) deben motivarse y contener, entre otros elementos, un resumen del procedimiento, las exposiciones de las partes, una declaración de los hechos, la aplicación de las normas de Interpol, un análisis de los argumentos jurídicos y las partes operacionales.
En el caso, el fundamento jurídico de la solicitud de notificación roja es la orden de detención expedida por la autoridad judicial del Ecuador, dotada –según lo exige la normativa de Interpol– de competencia en materia de enjuiciamiento penal. Por tanto, puede solicitar la localización de una persona buscada y su detención o limitación de desplazamientos con miras a su extradición, entrega o aplicación de otras medidas jurídicas similares.
El artículo 83 del indicado Reglamento también establece las condiciones específicas para la publicación de las notificaciones rojas, que le fueren requeridas a Interpol, cuyos criterios mínimos para proceder con estas son: que se trate de un delito grave de derecho común; que no constituya una de las categorías de delitos que en varios países miembros de la organización susciten controversias, por estar relacionados con normas culturales o de comportamiento; o con asuntos familiares o privados; ni de delitos derivados tanto de la infracción de leyes o normas de carácter administrativo como de litigios privados, a menos que la actuación delictiva esté encaminada a facilitar un delito grave o se sospeche que está conectada con la delincuencia organizada. Para facilitar lo anterior, la Secretaría General de Interpol mantiene actualizada y compartida con los países miembros una lista de los delitos que entran en las categorías mencionadas.
Es susceptible de alerta roja la búsqueda de personas que hayan cometido un delito punible con pena de privación de libertad máxima de al menos dos años, o más grave. Si la búsqueda es para el cumplimiento de una condena, la pena impuesta debe ser al menos de seis meses de privación de libertad, o si bien le queda por cumplir seis meses de la penalidad.
En definitiva, la solicitud de alerta roja debe presentar un interés para la cooperación policial internacional. Tal consideración debe establecerse mediante examen jurídico antes de su publicación, para garantizar su conformidad con el Estatuto y demás textos normativos de Interpol.
*Publicado previamente en el diario El Universo el día viernes 7 de diciembre de 2018.
viernes, 30 de noviembre de 2018
Corrupción del amo...
Jorge G. Alvear Macías
@jorgalve jorgalve@yahoo.com
Vivir con estabilidad política o luchar contra la corrupción que podría afectar a la primera parecieran ser las dos opciones excluyentes que los ecuatorianos creen tener. La primera, necesaria para reconstruir la economía que entendidos observan de mal en peor, lo cual supone más degradación de la calidad de vida y más pobreza. La segunda, se precisa para rearmar una ficticia institucionalidad material, descalabrada frente a los absortos ciudadanos que no comprenden el porqué de muchos enriquecidos ilícitamente con dineros del Estado que pasean impunemente o han huido, mientras que otros pocos procesados y encarcelados tienen la posibilidad de quedar libres a corto plazo, debido a sospechosas gestiones de los operadores de justicia.
Mientras tanto, la prensa y personas particulares –algunas animadas para su promoción política, otras sin ese interés– descubren nuevos hechos de corrupción o, al menos, acusaciones de actos de deshonestidad que se preparan en contratos de la administración pública o actividades non sanctas del pasado de importantes funcionarias y funcionarios públicos de este régimen y del anterior, como fue el caso de las contribuciones dinerarias exigidas a los empleados subalternos, llamadas “diezmos”. Un lamentable episodio de nuestra historia que tal vez incluirá a la actual vicepresidenta de la República, por ciertas actuaciones mientras fue asambleísta de Alianza PAIS. Estas fueron señaladas en una declaración jurada de su excolaborador, quien dijo haber depositado parte de su sueldo en la cuenta bancaria de la exasambleísta.
Lo que hace un año fue un ofrecimiento alentador del presidente Moreno de luchar contra la corrupción podría desvanecerse en su memoria y en la de los ecuatorianos si no fuera por el eslogan introductorio de un programa que se transmite diariamente en Quito en radio Democracia, donde se reconoce la voz del mandatario: “…nos maquillaron los datos… se lo llevaron todo… (pero) combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer y la que podría venir, la de adentro y la de afuera…”.
Siempre entendimos y entendemos que a un presidente de la República no le corresponde administrar justicia pero sí permitir y también garantizar que funcione independientemente para juzgar la corrupción de cualquier tiempo.
En un primer momento muchos coincidíamos con el presidente Moreno (o pensábamos que él coincidía con nosotros) sobre la necesidad de la limpieza integral de la Fiscalía y la Judicatura, para realizar la cirugía mayor que ofreció; enorme tarea que siendo candidato presidencial nos anticipó posible con la ayuda de Naciones Unidas y una Comisión Internacional contra la Impunidad en Ecuador (como la exitosa Cicig en Guatemala). Sin esa expurgación previa no será posible la lucha contra la pavorosa corrupción enquistada en el Estado.
El expresidente Osvaldo Hurtado también invocó esta semana esa necesidad: “…la realidad es que los fiscales de Correa siguen en funciones, que los jueces de Correa continúan en sus cargos, jueces que acatando las órdenes de Correa y fiscales… por ejemplo, condenaron a un inocente como era el entonces asambleísta (Galo) Lara imputándole un crimen… esos jueces condenaron al diario EL UNIVERSO, a varios canales de televisión, a varias radios… ¿Esos jueces van a examinar la corrupción del gobierno de su señor, de su amo?…”.
*Publicado previamente en el Diario El Universo el día viernes 30 de noviembre de 2018.
viernes, 23 de noviembre de 2018
¡Transparencia, transparencia!
Jorge G. Alvear Macías
A mediados de este año las compañías de seguros del país, a través de la Federación que las agrupa, pidieron al Gobierno no ser relegadas en el aseguramiento de bienes públicos. Concretamente exigieron al régimen terminar con “el monopolio” de Seguros Sucre, una empresa controlada por el Estado desde los inicios del gobierno de Correa. Pidieron la participación de todas las aseguradoras públicas y privadas en concursos abiertos y transparentes.
A efectos prácticos la situación no ha variado, aunque el presidente Lenín Moreno dispuso aplicar la Ley de Contratación Pública y que se elimine la contratación vía Régimen Especial. Dicho régimen permitía el monopolio de la indicada compañía. En esa ocasión el presidente manifestó que con la eliminación de la contratación sin concurso, el Estado se ahorraría mucho dinero (¿US$ 400 millones?).
El caso es que los pliegos de la “licitación de seguros de todo riesgo petrolero, responsabilidad civil marítima y responsabilidad no marítima para Petroecuador” en los que se invita aparentemente a todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, en consorcio o con compromiso de asociación, se establece un insólito sistema de parámetros de calificación de ofertas, que solo permitirían cumplir a 3 empresas –entre ellas a Seguros Sucre– el requisito de la “Experiencia Específica”. Y claro al pasar ese primer “filtro”, podrían ser calificadas hasta con 10 puntos si pueden acreditar haber realizado negocios generando 15 millones de dólares de prima o más en el ramo de todo riesgo petrolero, responsabilidad civil (marítima y no marítima) en los últimos 15 años previos a este concurso. Seguros Sucre podría recibir el máximo puntaje porque es la compañía que más primas ha acumulado en ese ramo, gracias al monopolio mantenido durante la “década ganada”. Las demás compañías del sistema nacional de seguros privados serían descalificadas en un concurso así concebido, en detrimento de los principios de igualdad, concurrencia y competencia.
Sin participación competitiva de oferentes objetivamente aptos y calificados con reglas que sean materialmente necesarias, será poco probable lograr –en el caso de la licitación de seguros anotada– el mejor precio, cobertura completa y adecuado reaseguro.
Los concursos en la contratación pública no deberían implicar direccionamientos para provocar exclusión de oferentes aptos. Es bien sabido que esas gastadas argucias propician corrupción y encarecen obras y servicios públicos. Muchas de las megaobras (incluidos los aseguramientos de bienes estatales) contratadas desde el 2007 lo confirman. Fueron contratos adjudicados sin competencia, por tanto, no se aplicó el principio de igualdad ante la ley proclamado en nuestra Constitución, que también ampara a los interesados en asegurar los bienes de Petroecuador y cubrir sus responsabilidades.
El principio de igualdad obligaba a los responsables de Petroecuador a redactar las bases de la indicada licitación con imparcialidad frente a todos los interesados. Debieron evitar los requerimientos innecesarios e imposibles de cumplir para la generalidad de empresas de seguros, ante la evidencia de que solo podría calificar Seguros Sucre.
Se requería más transparencia. No son aceptables los favoritismos para una compañía de seguros privada, controlada desde el Ejecutivo por más de 10 años, mientras que en ese mismo lapso otras empresas fueron impedidas de participar en el aseguramiento de bienes estatales. (O)
*Publicado previamente en el Diario El Universo el día viernes 23 de noviembre de 2018.
viernes, 16 de noviembre de 2018
Naturalización anulable
Jorge G. Alvear Macías
Julian Assange fue declarado ecuatoriano en diciembre de 2017, cuando ya estaba vigente el Código Orgánico Administrativo (julio/2017), normativa que determina la nulidad de ese acto administrativo. Además tal nulidad no es convalidable, de acuerdo con dicho Código (artículo 105).
El acto administrativo, que declara o constituye derechos “en violación del ordenamiento jurídico o en contravención de los requisitos materiales para su adquisición es nulo”, expresa la misma disposición. En el caso de Assange, su carta de naturalización fue emitida contraviniendo la Ley Orgánica de Movilidad Humana, que establece los requisitos y procedimientos… para la naturalización de personas extranjeras (art. 4:3). Pues bien, uno de ellos (art. 71) es que el extranjero puede solicitar naturalización si ha residido de forma regular y continua al menos tres años en el Ecuador. Dicho requisito básico y fundamental se reitera en el art. 72 de la mencionada Ley. Assange no dijo haber residido, sino haber estado bajo la jurisdicción del Ecuador.
La facultad de otorgar la naturalización “… es un acto soberano y discrecional de la Función Ejecutiva…”, pero la discrecionalidad está sujeta al Reglamento para el Control de la Discrecionalidad. Ahí consta que la motivación de un acto administrativo debe construirse sobre premisas verdaderas (se entiende que no pueden ser falsas): “El acto discrecional debe ser cierto y jurídicamente posible, debiendo tender a la finalidad prevista en las normas que otorgan las facultades pertinentes del órgano emisor sin poder perseguir encubiertamente otros fines públicos o privados distintos de los que justifican el acto, su causa y objeto. Por tanto, el elemento finalidad adquiere su principal importancia en la valoración del acto discrecional”.
Una cosa es la posibilidad de presentar la solicitud de nacionalidad en una embajada del Ecuador, otra es la acreditación del requisito de residencia dentro del país. Sin esa prueba era improcedente la solicitud de Assange. El art. 79 de la precitada Ley de Movilidad lo advierte: “No se podrá conceder la carta de naturalización previa resolución motivada por las siguientes razones: 1. No cumplir con los requisitos previstos en esta Ley…”.
Por otra parte, el artículo 81 de la misma ley determina la nulidad de la naturalización, sin perjuicio de la sanción penal, previa acción de lesividad, cuando aquella haya sido otorgada sobre la base de ocultación de hechos relevantes, documentos falsos o el cometimiento de fraude a la ley en el procedimiento de concesión.
Adicionalmente, el Código Orgánico Administrativo (art. 106) también manda a declarar la nulidad de oficio cuando el acto administrativo ha sido emitido contrariando la Constitución y la Ley.
En todo caso, corresponde a la Procuraduría General del Estado confirmar si en el trámite de naturalización hay las condiciones de la ocultación de los hechos relevantes (que los habría por la falta de acreditación de residencia del hacker en el país); o el cometimiento de fraude a la ley en el dictamen jurídico que recomendó el acto concedente, base de la resolución del viceministro de Movilidad Humana encargado. En dicho dictamen se da por cumplido el requisito de residencia con el tiempo del asilo en la embajada de Londres. No obstante que el Estado ecuatoriano no tiene jurisdicción sobre los locales de sus misiones ni estas constituyen extensiones territoriales.
*Publicado previamente en el Diario El Universo el día viernes 16 de noviembre de 2018.
viernes, 9 de noviembre de 2018
¡No más de lo mismo!
En Guatemala se demostró que la corrupción puede combatirse con métodos confiables y eficaces, neutralizando el manoseo del gobierno de turno y de los partidos políticos y empresarios que conformaron estructuras delincuenciales para beneficiarse ilegalmente de la contratación pública de obras, bienes y servicios, en medio de una impunidad casi garantizada por el sistema judicial durante varias décadas. Ese ejemplo podemos hacer realidad en Ecuador si el presidente Moreno cumple su oferta de campaña y si los líderes que aspiran a sucederlo lo emplazan a ello.
En una entrevista a Iván Velásquez en Copenhague –de agencia EFE–, el jefe desde 2013 de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) ratificó en cierta forma la exitosa labor de esa Comisión apoyada por países europeos, Japón y Estados Unidos: “Pudimos demostrar que la lucha contra la corrupción era posible, no de manera teórica, en la realidad, con investigaciones fuertes probatoriamente. Eso nos permitió demostrar lo que para Guatemala es altamente significativo: nadie está por encima de la ley”.
El funcionamiento de la Cicig garantiza independencia y eficacia en las investigaciones penales ejecutadas por la Fiscalía General de Guatemala, así como el ejercicio de la acción penal como lo prevé su Constitución. Esa Comisión interviene con especialistas y equipos sofisticados como apoyo técnico, especialmente en investigaciones del crimen organizado; y también como parte adhesiva en los procesos de interés público, además de la Fiscalía de la Nación. Esto impide el descuido o desinterés en las causas.
La Cicig no depende del presupuesto general del Estado, para mantener su necesaria independencia en la investigación de la corrupción transnacional. La Cicig está solventada con donaciones de los países auspiciantes. En la misma entrevista, Velásquez informó que uno de esos países –Estados Unidos–, “que tradicionalmente ha respaldado la actividad de la Comisión”, acaba de firmar un acuerdo con la ONU para donar 6 millones de dólares al fortalecimiento de la Cicig.
Durante mi entrevista in situ con la exfiscal Thelma Aldana –entonces en funciones–, pude enterarme cuán determinante fue la ayuda de la Cicig y del comisionado Velásquez en el exitoso procesamiento del expresidente Pérez Molina y de su vicepresidenta Roxana Baldetti. Esta última acaba de ser condenada a más de 15 años de prisión, por participar en un fraude para adjudicar un contrato millonario para descontaminar un lago cercano a la capital guatemalteca.
La magnífica gestión de Velásquez al frente de la Cicig y los resultados han provocado reacción adversa dentro de Guatemala en los círculos de poder, otrora beneficiarios de la corrupción; y, claro, en países como el nuestro también ha puesto a la defensiva a los miembros de la delincuencia organizada, que se oponen a una iniciativa como la guatemalteca. Por ello, solo nos resta la movilización social, tal como ocurrió allá y forzó al presidente Otto Pérez Molina a celebrar el convenio con Naciones Unidas. Como dice Velásquez, la lucha contra la corrupción con el apoyo de una Comisión Internacional es responsabilidad de un jefe de Estado. Guatemala ya no es la misma con los avances de la lucha contra la corrupción y la impunidad.
Acá, si seguimos haciendo lo mismo, obtendremos más de lo mismo.
*Publicado previamente en el Diario El Universo el día viernes 10 de noviembre del 2018.
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