Jorge G. Alvear Macías
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| Embajador de EEUU Luis Arreaga e Iván Velásquez, comisionado de la CICIG |
La semana pasada se expresaron ciertas opiniones señalando dudas sobre la independencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala (Cicig) respecto de los grupos de presión locales. También se dijo que dicha Comisión no ha sido independiente de los grupos de presión extranjeros y que la Cicig tiene su propia agenda política. Aunque se reconoció que la Comisión ha logrado encarcelar a altos funcionarios públicos guatemaltecos como un expresidente y una exvicepresidenta, por actos de corrupción, también se la acusó de graves abusos como, por ejemplo, los cometidos contra una familia rusa de apellido Bitkov.
Los Bitkov emigraron a Guatemala y se dicen perseguidos por el presidente Putin.
Para Rachel Schwartz, del Washington Post, existen pocas evidencias para sugerir las supuestas presiones del Kremlin sobre la Cicig en el procesamiento de Igor Bitkov, su esposa Irina y su hija Anastasia. Menos para sugerir que dicha Comisión se haya convertido en parte del “brazo largo” del Estado ruso.
La acusación de la interferencia rusa –que llegó a ser conocida en el Congreso de EE. UU.–, de haber sido acogida pudo dañar la misión anticorrupción de la Cicig en Guatemala, pues parte importante de su financiamiento lo provee Estados Unidos. Afortunadamente, en agosto del 2018 fue confirmado el financiamiento (US$ 6 millones). La Embajada estadounidense en Guatemala informó que no se encontraron evidencias de una confabulación entre el Gobierno de Rusia y la Cicig cuando esta investigó el caso Bitkov.
La citada Rachel Schwartz se pregunta y responde: ¿Dónde está la evidencia de que las fuerzas del Gobierno ruso involucraron a la Cicig? Los donantes estadounidenses y europeos han aportado unos US$ 90 millones (desde el 2007), pero la Cicig nunca ha recibido fondos del Gobierno ruso. Si no existe una conexión Kremlin-Cicig, ¿de qué se trata esto realmente? La respuesta está en la naturaleza de la política interna de Guatemala. Al etiquetar a la Cicig como un instrumento político del Gobierno ruso, las élites políticas guatemaltecas buscan revertir la dura campaña anticorrupción en el país.
La idea de que hay una colusión entre la Cicig y el Kremlin no es posible, según Daniel Wilkinson, director administrativo de la división de las Américas de Human Rights Watch. También expresó que la Cicig tiene una trayectoria bastante notable en Guatemala. “Es una de las inusuales historias de éxito en la lucha contra la corrupción”. En noviembre pasado, Wilkinson calificó los logros de la Cicig como espectaculares.
El contraataque a la Cicig, liderado ahora por el presidente Morales, quien es investigado por delitos electorales (su hijo y hermano están procesados por corrupción), preocupa a los defensores de los derechos humanos de ese país. Les resulta difícil creer que en la estrategia de los grupos de poder enfrentados en la lucha de la Cicig se hayan incorporado acusaciones de abusos a derechos humanos de una familia extranjera, que fue procesada por la Fiscalía de Guatemala, dentro de una investigación efectuada al crimen organizado de falsificación de documentos de identidad. Tanto más que trascendió en el Congreso de EE. UU. que los Bitkov adquirieron pasaportes guatemaltecos con nombres falsos y pagaron US$ 50.000 por cada uno. (Continuará mañana) (O)
*Publicado previamente en el Diario El Universo el día viernes 28 de diciembre del 2018.
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