Jorge G. Alvear Macías
Mientras trazo esta columna, la Asamblea Nacional debate la resolución para insistir al presidente Moreno que constituya la Comisión de Lucha contra la Corrupción en cooperación con la ONU, como la de Guatemala.
Ojalá que los asambleístas den ese paso y el presidente Moreno los escuche, si lo hacen pasarán a la historia. No hay otra manera de resolver el acuciante problema de la corrupción e impunidad.
Con una Comisión Anticorrupción Internacional no se mancillaría la soberanía nacional, pues actuaría al amparo de un convenio internacional; y, la firma de nuestro presidente o su delegado sería evidencia plena de soberanía; además, tal Comisión Internacional tendría la calidad de invitada y no de un ejército invasor.
Si bien existe una Comisión Anticorrupción local y el apoyo de una prensa valiente que ha denunciado el asalto a los fondos públicos, hay que aceptar que no se ha conseguido acabar con la impunidad ni mucho menos recuperar el dinero robado. Desafortunadamente carecemos de los medios, de órganos independientes y de experiencia para esa lucha.
Tan infructuosos han sido los esfuerzos que en el caso Odebrecht, la Fiscalía de Ecuador no ha podido seguir el ejemplo de su par peruana. Esta ya entró en una nueva etapa de colaboración con esa empresa, pues en enero próximo se firmará un acta que incluye puntos claves con un “potencial devastador”, según el diario O’Globo de Brasil.
En efecto, Odebrecht se comprometió a entregar toda la información de la que dispone –sin restricciones– sobre coimas y aportes a las campañas electorales peruanas. Así, la Fiscalía peruana en sus investigaciones con ramificaciones al caso Lava Jato podrá cerrar el cerco a los exmandatarios Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Alan García, sobre los que hay sospechas de mala administración y recepción de dinero de empresas brasileñas; incluidas otras personas naturales y jurídicas nacionales y extranjeras coaligadas en la red internacional de corrupción y delincuencia organizada. El acuerdo fue precedido –dos años atrás– del reconocimiento de Odebrecht como responsable en actos de corrupción, por los que habría dado disculpas a la sociedad peruana y ofrecido reparaciones civiles al Estado.
El compromiso incluye la entrega de pruebas documentales y testimoniales. A cambio de esa colaboración, el Estado peruano no procesará judicialmente a Odebrecht ni a sus exejecutivos (la mayoría de ellos ya condenados en Brasil).
Una vez que el referido acuerdo haya sido aceptado y homologado por una jueza peruana, Odebrecht entregará todos los archivos contenidos en los soportes electromagnéticos de los sistemas contables denominados “Drousys” y “Mywebday”, que esa empresa creó para manejar los dineros utilizados en la compra de funcionarios corruptos en los países donde operaba. Es decir, un registro interno de los sobornos pagados y la identificación de los sobornados. Algunos archivos ya están en posesión del Estado peruano, gracias al suministro efectuado por la Fiscalía suiza al amparo de un convenio, que Ecuador no habría suscrito aún.
Una vez que el referido acuerdo haya sido aceptado y homologado por una jueza peruana, Odebrecht entregará todos los archivos contenidos en los soportes electromagnéticos de los sistemas contables denominados “Drousys” y “Mywebday”, que esa empresa creó para manejar los dineros utilizados en la compra de funcionarios corruptos en los países donde operaba. Es decir, un registro interno de los sobornos pagados y la identificación de los sobornados. Algunos archivos ya están en posesión del Estado peruano, gracias al suministro efectuado por la Fiscalía suiza al amparo de un convenio, que Ecuador no habría suscrito aún.
Con el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía del Perú y Odebrecht, esta empresa pagará S/610 millones como reparación civil en 15 cuotas anuales. La primera cuota se cancelará el próximo año 2019.
*Publicado previamente en el Diario El Universo el día viernes 21 de diciembre del 2018
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