viernes, 25 de octubre de 2019

Protesta en Chile

Foto tomada del Diario El Comercio de Perú
Jorge G. Alvear Macías
La región está atenta a lo acontecido en Chile, país que ha proyectado internacionalmente una imagen de gran orden institucional y éxito en su desarrollo económico. 
Múltiples son los requerimientos de explicaciones frente a las inusitadas y violentas protestas que causaron cuantiosos daños a bienes públicos y privados, en el “oasis” de Latinoamérica (calificación del presidente Piñera). 
Al momento hay 18 fallecidos. Los saqueos con enmascarados e incendios continúan a pesar del estado de emergencia. Son 2410 los arrestados durante los disturbios en distintas ciudades chilenas. 
Algunas agencias noticiosas resumen que el caos si bien empezó por el aumento de 4 centavos en el precio del pasaje del metro en Santiago –ya revocado–, solo fue el detonante del estallido social por la desigualdad económica, las bajas pensiones, el deficiente servicio sanitario público y el restringido acceso a la educación. Las protestas carecerían de verdaderos líderes, abarcando elementos de la burguesía y anarquistas vestidos de negro, organizados en las redes sociales. 
Para Robert Funk (profesor de política, Universidad de Chile), “las señales estaban allí todo el tiempo, pero nadie sabía cómo leerlas correctamente… En la comunidad académica hemos estado diciendo durante años que algo va a suceder. No es solo desigualdad. También es lo que los chilenos llaman abuso” (El Mercurio).
Un amigo, académico y empresario chileno me dio su análisis de los hechos: 
Uno.- Hubo intervención planificada de la extrema izquierda y anarquistas locales, con apoyo internacional para desestabilizar a un gobierno de centro-derecha, pues no aceptan la pérdida de las elecciones hace casi dos años por una mayoría abrumadora. Ellos planificaron incendios simultáneos del metro y supermercados, para colapsar el abastecimiento y el transporte. 
Dos.- Participaron grupos de saqueadores cuyo único interés es robar. Esto ya ha ocurrido luego de catástrofes naturales. 
Tres.- La participación de jóvenes de clase media insatisfechos en sus ilimitadas ambiciones de bienestar y utopías inalcanzables. No tienen ideología ni programa alguno. Suponen que sus individuales creencias subjetivas son verdades absolutas y que la mayoría silenciosa debe aceptar. Reclaman derechos, sin comprometerse con deberes. 
Cuatro.- También participan personas (muchos sin violencia) afectadas por el alto costo de la vida, con bajos sueldos o jubilaciones insuficientes. Esta situación es causada por pocos pero grandes grupos económicos codiciosos e insensibles con las penurias de personas necesitadas, y de un país que ha crecido de manera significativa pero con una distribución de la riqueza que mejora muy lentamente. La culpa también es del sistema político algo corrupto, con privilegios exagerados, ineficiente, en parte incapaz y que favorece su situación personal o partidista por sobre el interés ciudadano. 
Este último segmento se manifiesta débilmente. Se trata de adultos mayores, jubilados o trabajadores activos, que son los verdaderos postergados y perdedores de siempre, a diferencia de los tres grupos anteriores (políticos, ladrones y jóvenes irresponsables). Para mi amigo, todos los grupos de alguna manera potencian las protestas y se confunden entre ellas. 
A pesar de la gravedad de la situación, este columnista destaca que la identidad nacional chilena está incólume y por ello finalmente encontrarán una solución. ¿Podremos acá? (O)
*Publicado previamente en el Diario El Universo, el día viernes 25 de octubre del 2019.
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miércoles, 16 de octubre de 2019

Señor presidente: ¡El TIAR!

Jorge G. Alvear Macías

El coronel Cristian Rueda Ramos, uno de los policías
retenidos por líderes indígenas en Quito, antes de ser liberado.
@jorgalve     jorgalve@yahoo.com

Usted debe ser coherente con las acusaciones al dictador Nicolás Maduro y al expresidente Rafael Correa de ser responsables de las violentas manifestaciones de los últimos días que han mantenido en zozobra al país. Existen muchos indicios que coinciden con su afirmación de que “en Caracas se marcaron las pautas de cómo convulsionar” al Ecuador. El gobierno debe tener las pruebas que vinculan al dictador Maduro con la participación de extranjeros infiltrados en las protestas y en los desmanes destructivos de bienes públicos y privados, así como con los saqueos generalizados en muchas ciudades. De hecho, el señor vicepresidente de la República afirmó en rueda de prensa que los extranjeros estaban identificados, algunos apresados y que serían deportados. 
Por tanto, su equipo asesor y de la Cancillería podrían confirmar que existen justificativos suficientes para invocar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y solicitar la reunión inmediata del órgano de consulta previsto en el indicado tratado (art. 6). Es que la soberanía e independencia política de este país fueron afectadas por una forma de agresión de la Venezuela dominada por Maduro, poniendo en grave peligro la paz del Ecuador y en riesgo la de América Latina. El indicado Órgano de Consulta es el llamado a acordar las medidas que se precisen para nuestra defensa y mantenimiento de la paz y la seguridad del continente. Recuerde, señor presidente, que los eventos que vivimos esta semana y la pasada fueron advertidos de alguna manera en septiembre por doce países de la OEA, cuando apoyaron la activación del mencionado TIAR bajo la consideración de que “…la crisis en Venezuela tiene un impacto desestabilizador, representando una clara amenaza a la paz y a la seguridad en el hemisferio”. 
También se requieren más acciones en respuesta al sector de la ciudadanía que ha sido comprensiva con la eliminación del subsidio al diésel y la gasolina, subsidio que por más de 40 años benefició principalmente al segmento de la población que podía pagar el costo real; y al mismo tiempo enriqueció a poderosas mafias contrabandistas que los vendían en Colombia, Perú y en altamar. 
Tal vez no son suficientes las medidas compensatorias, a pesar de las importantes rebajas arancelarias a algunos bienes de producción y vehículos, ni la eliminación de impuestos a la importación de tecnología e insumos; ni el aumento en $ 15,00 y ampliación de la cobertura a 1’300.000 personas del Bono de Desarrollo Humano. Probablemente en un tiempo razonable se apreciará la dimensión de sus efectos, pero aun así urgen otras medidas, para crear más empleo, mejorar la salubridad y la seguridad ciudadana. Respecto a esta última, permítame expresarle que angustia la falencia del deber estatal de proteger la vida de los ciudadanos y sus bienes; lo evidencian los recientes saqueos de pequeños negocios y hogares de gente honesta y esforzada, a la que ni siquiera los vecinos pudieron ayudar. El desborde delincuencial debe ser enfrentado con medidas extraordinarias y disuasivas, aunque sea por corto lapso. Señor presidente, permítales la tenencia de armas a quienes quieran defender su hogar y negocios, como en el Uruguay de Mujica (y con los mismos requisitos legales). (O)
*Publicado previamente en el Diario El Universo el día viernes 11 de octubre del 2019.
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viernes, 27 de septiembre de 2019

Terrorismo de Estado: signos

Jorge G. Alvear Macías
Sí, los signos de un gobierno, ubicados en el libro de Emilio Palacio, que recomiendo leer: La masacre exquisita de Rafael Correa. 
El terrorismo de Estado conlleva variadas prácticas ilegítimas e ilegales, violatorias de derechos civiles y humanos, para generar terror, miedo y busca someter a la población civil. En la instrumentación, las autoridades invocan razones de seguridad del Estado y mantenimiento de la paz y seguridad ciudadana, empleando recursos estatales (económicos, sociales, policiales, militares) para espiar y acumular información personal del ámbito privado y ejercer violencia sobre su población. 
Para Julia Máxima Uriarte , las acciones incluyen amenazas, represalias, hostigamiento con fuerzas de orden público, pero también el encarcelamiento, la desaparición forzosa o la tortura. “…El objetivo es imponer un orden o una ideología específica en la población, obligándola a la obediencia absoluta”. También pueden intervenir grupos extraoficiales del partido de gobierno o una facción del mismo. Ocurre además cuando las fuerzas de seguridad del Estado y el sistema judicial se utilizan inobservando el ordenamiento legal en la persecución. 
La autora recuerda que el terrorismo de Estado nació como idea política, durante el período de inestabilidad posterior a la Revolución francesa. Entonces el Gobierno, con ayuda de los revolucionarios más sangrientos y con recursos del Estado francés, impusieron el orden mediante la fuerza, persecución, asesinatos selectivos y el miedo. 
La humanidad lo ha visto replicado hasta nuestros días en muchos países, incluido Ecuador. 
En el libro de Palacio se resumen los esfuerzos visibles del Gobierno para perseguir a Galo Lara, un exasambleísta opositor. Desde involucrarlo en un crimen, hasta apresarlo fuera del país donde ya contaba con asilo territorial (previamente lograron revocarlo), utilizando el aparato estatal y más de 7 millones de dólares en operaciones secretas de seguimientos y posibles sobornos. Reproduzco unos pasajes del libro para ilustrar lo indicado: 
“Apenas Correa se enteró de que Lara había escapado, le ordenó a su canciller ‘Tachuela’ Patiño que lo regrese de inmediato, como sea. En menos de 24 horas el canciller armó una comisión de catorce funcionarios, encabezada por el fiscal Galo Chiriboga y a la que se sumó el ministro del Interior José Serrano, la ministra de Justicia Lady Zúñiga, el vicecanciller Marcos Albuja y otros funcionarios de la Cancillería y el Ministerio del Interior, además de oficiales del ejército y la policía, periodistas (todos de medios estatales…) …que volaron en los dos aviones presidenciales que compró Correa durante su mandato... Más tarde el jefe de la oficina de migraciones de la Cancillería de Panamá le preguntó a Lara: ‘¿Qué le hizo usted a Correa? Porque nunca habíamos visto tantos funcionarios estatales que llegan, sin avisar, para capturar a un supuesto delincuente’”. 
Luego de que el gobierno de Martinelli revocó el asilo de Lara, “…El excanciller panameño Fernando Núñez… cree que hubo además dinero de por medio. Según sus cuentas, Ecuador habría gastado más de dos millones de dólares para conseguir la repatriación de Lara en hospedaje, alimentación, avisos pagados en la prensa panameña… a lo que se agregaron cinco millones de dólares para Martinelli y un millón para Álvarez de Soto (canciller de la época)…”. 
¿Fue o no terrorismo de Estado? (O)
*Publicado previamente en el Diario El Universo el día viernes 27 de septiembre del 2019.
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lunes, 23 de septiembre de 2019

¿Cuidado con el perro?

Tomado de Diario El Universo         
   Jorge G. Alvear Macías
@jorgalve              jorgalve@yahoo.com
Un Estado incapaz de garantizar seguridad ciudadana está obligado a permitirnos defender de los delincuentes que matan por un celular. No sirve de freno a los atracadores del hogar un letrero que diga: “¡Cuidado con el perro!”. Antes del gobierno de Rafael Correa se permitía el porte de armas registradas; un gobernante que sin duda construyó un Estado policial para el control total, similar al cubano y al venezolano. Evidencia lo último la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, que concentró nuestros datos privados sin nuestra autorización. 
Las autoridades se niegan a reconocer la incapacidad antes indicada. Ni aceptan que las armas registradas no se utilizan en asaltos. Deberían observar, para enmendar, la experiencia de Uruguay. Allá, uno de cada seis ciudadanos está armado, una de las cifras más altas del mundo (5to. puesto), no obstante es el país más seguro y menos violento de Latinoamérica. 
Magdalena Martínez, periodista uruguaya, en su artículo “Armados pero pacíficos” informó (2014) que hay 580.000 armas registradas en su país (3’280.000 habitantes). La ley uruguaya de tenencia de armas impone estrictos controles (entre otros: examen psicológico, entrenamiento previo y acreditación de pasado judicial). El perfil del solicitante generalmente es el padre de familia, “para poder defender su hogar en caso de agresión externa”. El concepto de legítima defensa es especialmente protector del hogar, considerado “prácticamente inviolable”, y los jueces lo hacen predominar si un ladrón es abatido dentro de un domicilio. Uruguay tiene el mejor registro de armas de Latinoamérica y prima la idea de que es mejor desarmar a los delincuentes y no a los ciudadanos honestos. 
En EE. UU., otra periodista, Vanessa Vallejo (“El libre porte de armas es la solución a la violencia, no el problema”, artículo del PanAm Post, 2016) pregunta: ¿Si usted viviera en un lugar muy peligroso y tuviera que poner un letrero en la entrada de su casa, cuál escogería: “Lugar libre de armas” o “individuos fuertemente armados”? Recuerda que el tiroteo en un bar gay en Orlando (Florida) tenía el primer aviso y que “todas las masacres que han ocurrido en la historia de Estados Unidos han sido perpetradas en lugares ‘gun free’. Cuando criminales han intentado atacar en sitios donde la población está dotada de armas, no han tenido éxito”. Vallejo también llama la atención sobre la ciudad de Kennesaw (Georgia) que antes de 1982 tenía niveles elevadísimos de violencia, fue cuando “las autoridades decidieron establecer una ley que se mantiene vigente… todos los hogares deben tener un arma… (y) contrario a lo que muchos progresistas creerían, fue una dramática caída de la tasa de crímenes, que en la actualidad continúa siendo una de las más bajas de todo el país”. 
El politólogo Diego Sanjurjo, investigador de políticas latinoamericanas sobre armas, valora la normativa del uso de armas de su país así: “…la ley uruguaya es muy positiva, pues combate el uso ilegal de las armas de fuego y respeta el uso legítimo de estas”. Afirma que quienes generalmente estudian e implementan políticas de control de armas “…asumen que las políticas más restrictivas son mejores, y eso es falso, en ninguna parte del mundo se ha probado eso”. 
En Ecuador, ¿cuidado con el perro? (O)
*Previamente publicado en el diario El Universo el día viernes 20 de septiembre del 2019.
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martes, 17 de septiembre de 2019

Una amiga rotaria…

Jorge G. Alvear Macías

me comentó su indignación a la vista del reportaje de EL UNIVERSO, de esta semana, en el que informó que 19 empresas mencionadas como financistas de Alianza PAIS dentro de la investigación de la Fiscalía –en el caso Sobornos– recibieron $ 6.115 millones en contratos para obras públicas durante el régimen de Rafael Correa Delgado (más de $ 320 millones por contratista): “…Cada vez que escucho de los millones de dólares que se han llevado en coimas los funcionarios corruptos, me enfurezco porque hay comunidades paupérrimas en nuestro país, con necesidades tan básicas como beber agua potable y que a veces únicamente dependen de un maloliente pozo para extraer agua no apta para el consumo humano. Esto, a pesar de que una planta potabilizadora, según la capacidad de producción, solo tiene un costo que fluctúa entre los $ 5.000 y $ 10.000”.
Ella asegura conocer lo anterior porque el Club Rotario Guayaquil al que pertenece ha realizado obras sociales en caseríos y pequeños poblados del Litoral, que han mejorado la calidad de vida de tales compatriotas y les ha permitido permanecer en el lugar de sus ancestros sin la presión de emigrar a las ciudades. Mi amiga complementó el comentario así: “Es impactante la emoción de estas personas cuando alguien les lleva ayuda porque se sienten abandonadas del Estado; y, en realidad, viven en un submundo…”.
La tragedia de tales compatriotas –sin duda ubicados entre los menos favorecidos de nuestra sociedad– me trajo a la memoria algunos vaticinios de Kofi Annan, exsecretario general de las Naciones Unidas, que están incluidos en el prefacio de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (2004), los que sin duda se cumplen como consecuencia de la gran corrupción que ha devorado los recursos públicos que necesita el Estado ecuatoriano para atender ese segmento de la población.
A manera de sentencia, Koofi Annan reflexionó que la corrupción y la impunidad tienen consecuencias corrosivas para la sociedad, que el lector sí puede constatarlas todas durante el gobierno de Rafael Correa: 1.- Socava la democracia y el Estado de derecho (se cooptaron el sistema electoral y la justicia, para ponerlos al servicio del régimen); 2.- Da pie a violaciones de derechos humanos (persecuciones a la prensa y actores sociales); 3.- Distorsiona los mercados (ocurrió con las operaciones de especulación de la deuda soberana, descubiertas por los pativideos y, con la corta creación de bienestar poblacional gracias al dispendio); 4.- El menoscabo de la calidad de vida (que lacera a los ecuatorianos carentes de agua potable y apropiada atención de salud); y, 5.- Permite el florecimiento de la delincuencia organizada, narcotráfico y la guerrilla, entre otras amenazas para la seguridad humana (recordemos las narcoavionetas y el asesinato de los periodistas de diario El Comercio - caso Wacho).
La corrupción finalmente afecta más a los pobres porque desvía los fondos a los bolsillos de los corruptos, cuando deberían servir para atender sus necesidades elementales. Además, por generar incapacidad gubernamental para suministrar los servicios básicos de los desposeídos, también alimenta desigualdad e injusticia. Pero por sobre todo, se desalientan la inversión y las ayudas extranjeras. Obviamente, mi amiga rotaria y muchos otros ecuatorianos seguiremos experimentando frustración.
*Publicado previamente en el diario El Universo el día viernes 13 de septiembre del 2019
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viernes, 6 de septiembre de 2019

¿Todos ‘manoseaos’?

                                                Jorge G. Alvear Macías

EL UNIVERSO del miércoles pasado resume en su editorial el excelente funcionamiento de la Comisión Internacional contra la impunidad de Guatemala (Cicig), que terminó sus operaciones con amplio respaldo ciudadano (72%).
A diferencia del presidente Moreno, quien ofreciera replicar el modelo Cicig en Ecuador (y luego se arrepintió, tal vez presionado por aliados de ayer y hoy), el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sí está cumpliendo su promesa de hacerlo. El vocero de Naciones Unidas, Stephane Dujarric, confirmó anteayer la recepción de una carta solicitando lo anterior.
Con la proyectada Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (Cicies) se busca que un grupo de investigadores internacionales persiga corruptos, junto a la Fiscalía. No es solo capacitar fiscales. Se desea lograr la efectividad que tuvo la Cicig.
Fue tal el grado de efectividad que el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, no renovó el convenio con la ONU, como evidente reacción cuando la Cicig, junto a Fiscalía, lo investigó por financiamiento electoral ilícito. Antes los habían procesado a su hermano y a su propio hijo (confeso) por fraude y peculado. Luego del anuncio de la expulsión de la Cicig fueron liberados.
La creación de una comisión internacional para luchar contra la corrupción asusta a cierto sector empresarial que negocia con el Estado. Por ello rechazan que expertos extranjeros investiguen a los salvadoreños corruptos. Se escudan en conocidos y repetidos discursos (proferidos también en Ecuador): “no es conveniente crear instancias ajenas a las instituciones del país”, “¿acaso no somos capaces para hacerlo nosotros?”; o, “es mejor fortalecer la institucionalidad de la Fiscalía y de la Función Judicial”. No obstante que allá como acá, en la práctica, tal “lucha” no ha dado resultados. Los fiscales no logran vincular a figuras visibles en la gran corrupción (acá tampoco), o pierden casos importantes. Se dice que un ejemplo es el del expresidente Antonio Saca; los fiscales tuvieron que negociar con Saca para que se declare culpable ante un juez, a cambio de penas mínimas. A pesar de ello la Asociación Nacional de Empresarios Privados se resiste a que investigadores extranjeros cooperen contra la corrupción (revista Factum).
La misma aversión surgió en Guatemala. Es que la Cicig y la Fiscalía guatemalteca acusaron y demostraron impecablemente el delito de fraude –que implicó a empresarios– en un proyecto de saneamiento del lago Amatitlán (por $ 2,96 millones), por el que la exvicepresidenta Roxana Baldetti fue condenada a purgar quince años y seis meses de cárcel, entre otros casos.
Pareciera que en El Salvador, el empresariado se alertó cuando la Cicig empezó a destapar casos de corrupción donde aparecieron empresarios, durante los gobiernos de Otto Pérez Molina y del actual presidente Morales. Para entonces Morales ya había acusado a la Cicig de violar la Constitución, excederse en su mandato, manipular la justicia, atentar contra la presunción de inocencia y el debido proceso.
Lo real es que la eficacia de la Cicig se debió principalmente a investigadores internacionales que actuaron independientes del Ejecutivo en lo operativo y financiero. Esto atemoriza a ciertas élites en El Salvador. En Ecuador también.
¿En el mismo lodo todos “manoseaos”, como reza el tango Cambalache? (O)
*Publicado previamente en el diario El Universo el día viernes 6 de septiembre del 2019.
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sábado, 31 de agosto de 2019

¡Ya toca cambiar!

  Jorge G. Alvear Macías

Con el reciente dictamen 4-19-RC/19 de la Corte Constitucional se viabilizó la reforma constitucional para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como el rediseño de la Función Legislativa para retornar a la bicameralidad; y, la reubicación de la Fiscalía General del Estado fuera de la Función Judicial. Aun cuando dicha Corte no autorizó el procedimiento de reforma, para elevar la edad mínima de los postulantes a representantes y requisitos de títulos y experiencia para los senadores, lo cual podría no satisfacer a un amplio espectro de la opinión pública; lo cierto es que se observa en el voto de mayoría –como en el de minoría de carácter concurrente– que hubo gran estudio, debate y mucha argumentación. Especialmente sobre los requisitos de títulos y experiencia atinentes a senadores.
Nuestro país tuvo un parlamento –durante muchos años conocido como Congreso Nacional– que estaba organizado con dos cámaras: de senadores y representantes. Actualmente es modalidad extendida en la mayoría de los parlamentos del mundo, donde ambas cámaras se controlan entre sí en la labor legislativa y actúan con funciones separadas para elegir altos funcionarios del Estado y fiscalizar, respectivamente. En América la tienen Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana, Haití, México, Paraguay y Uruguay. En Sudamérica, solamente Ecuador, Perú (que debate el retorno a la bicameralidad) y Venezuela constituyen la diferencia en el mapa. 
En Ecuador se estableció el Parlamento bicameral en la Constitución de 1835 (Ambato). Con una Cámara de 15 senadores, a razón de 5 por cada uno de los antiguos departamentos de Quito, Guayas y Azuay; y, una Cámara de 24 representantes, distribuidos en 8 para los territorios de las “…provincias de Quito, Chimborazo e Imbabura; ocho al de Guayaquil y Manabí, y ocho al de Cuenca y Loja…”. Se requería entonces 35 años de edad para ser senador y 30 para representante. 
La siguiente Constitución (1843) también organizó el Congreso con 2 cámaras, aunque se redujo la edad mínima de los miembros. La de 1845 mantuvo la configuración bicameral. Fue la de 1850 la que introdujo la unicameralidad en la Asamblea Nacional. Sin embargo, esta modificación duró poco, como poco duró esa Constitución, pues la de 1852 aprobada en Guayaquil retomó el nombre de Congreso para el Poder Legislativo y restableció la bicameralidad: con 18 senadores (30 años de edad mínimo) y 30 representantes (mínimo 25 años de edad). 
El Congreso bicameral se mantuvo en las constituciones de 1861, 1869, 1878, 1883, 1897 y 1906, hasta que en 1945 se cambió la Constitución y luego de casi 40 años se regresó al Congreso unicameral. El caso es que en la Constitución de 1946 nuevamente se adoptó el Congreso bicameral. 
La tradición bicameral fue ratificada en la Constitución de 1967.
Es con la Constitución de 1979 que nuevamente abandonamos la bicameralidad… “con el retorno a la democracia”, cuyo 40º aniversario celebramos hace pocos días. El mismo periodo que duró la bicameralidad sin ser interrumpida entre 1906 y 1945. Ya toca cambiar el actual modelo unicameral que no ha funcionado.
*Publicado previamente en el Diario El Universo el día viernes 30 de agosto del 2019.
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domingo, 25 de agosto de 2019

¿Metida de mano en la salud?

viernes, 16 de agosto de 2019

Cosa juzgada fraudulenta

 Jorge G. Alvear Macías
        @jorgalve         jorgalve@yahoo.com
En febrero del 2018, el excontralor Carlos Pólit reveló que en los procesos contra expolicías y otros relacionados al levantamiento del 30 de septiembre de 2010 hubo manipulación de videos para condenar a los acusados. Los defensores de varios policías y militares también reclamaron por violaciones al procedimiento y la seguridad jurídica. Para ellos, las declaraciones de Pólit confirmaron que fiscales persiguieron con pruebas manipuladas y que tribunales sentenciaron a gente inocente.
Con las conversaciones de Pamela Martínez, registradas en su teléfono móvil, queda confirmada la injerencia del Ejecutivo en varios procesos de la jurisdicción penal y en las investigaciones de Fiscalía, con lo cual es harto probable que muchas de esas sentencias condenatorias –a la fecha revestidas del efecto de cosa juzgada– en realidad implican cosa juzgada fraudulenta.
Hace pocos días un lector me preguntaba si existe algún remedio para anular tales sentencias, que han provocado indignación social, y no solo en las víctimas. Ahora puedo compartir con el amable lector lo siguiente:
Uno. El Código Orgánico Integral Penal (COIP) no prevé un procedimiento o mecanismo expedito para anular una sentencia dada en un juicio penal, que sea irrecurrible, ejecutoriada y en proceso de ejecución de la condena restrictiva de la libertad, no obstante que aparecieran nuevos hechos noticiosos y hagan sospechar que dicha sentencia fue amañada con la injerencia de otra función del Estado o por otras causas de corrupción. Por tanto, esta omisión del COIP debe ser subsanada por la Asamblea Nacional Legislativa, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tanto para la reparación de las víctimas, como para sancionar a los partícipes del fraude.
Dos. El recurso que actualmente permite revisar una sentencia ejecutoriada –pasada en autoridad de cosa jugada–, expedida en la jurisdicción penal, es el recurso de revisión. Pero este recurso no contempla la causal de la cosa juzgada fraudulenta, que implica la perversa práctica y el resultado nefasto de “la metida de mano en la justicia”, de ingrata recordación.
Tres. El Estado ecuatoriano debe responder por la indefensión que ha afectado, afecta o afectare al condenado con una sentencia obtenida sin garantías judiciales (juzgado fuera de plazo, por un juez o tribunal incompetente sin independencia y parcializado), sea de cualquier acusación penal, o para la determinación de derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Se trata de una obligación adquirida como Estado-Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado que los Estados-Partes deben incluir en su derecho interno, procedimientos expeditos para destruir la cosa juzgada vulneradora de derechos. Ha explicado que la cosa juzgada solo es intangible cuando los jueces para llegar a la sentencia respetaron el debido proceso, de lo contrario solo se produce el fenómeno de la cosa juzgada “aparente”. Es decir, la que busca encubrir la investigación maliciosa o el procedimiento y las sentencias sin intención de aclarar los hechos, sino de liberar de cargos a los imputados (o condenar a inocentes); y, que además los fiscales y/o jueces actuaron sin cumplir los requisitos de independencia e imparcialidad. (O)
*Publicado previamente en el Diario El Universo el día viernes 16 de agosto del 2019
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viernes, 9 de agosto de 2019

¡Qué profunda fue!


Jorge G. Alvear Macías
Por información de EL UNIVERSO y otros medios de comunicación se conoció que la excolaboradora de confianza del expresidente Correa, Pamela Martínez, se contactaba con un exmiembro del Consejo de la Judicatura mediante mensajes de texto enviados a través de su teléfono celular, y le pedía que intercediera en juicios, en quejas contra jueces y en concursos públicos de la función judicial. Esto confirma la “profundidad” de hasta dónde llegó la metida de la mano de Rafael Correa en la justicia. 
¿Pero acaso el lector recuerda los numerosos procesos administrativos y judiciales en los que se dieron sentencias y resoluciones favorables a los intereses del exgobernante y a su entorno o para acallar las críticas a su gestión? Fueron tantos que sería inexacto señalar que solo afectaron a periodistas como Juan Carlos Calderón, Christian Zurita, Emilio Palacio, Xavier Bonilla –Bonil–, Freddy Aponte, Alfredo Pinoargote, Fernando Villavicencio; a políticos como Cléver Jiménez y Galo Lara; a diarios como La Hora, Hoy, EL UNIVERSO (y a sus directivos Carlos, César y Nicolás Pérez), Expreso; a las revistas Vistazo y Vanguardia; a Ecuavisa y Teleamazonas, a militares como Fidel Araujo; policías como César Carrión, Rolando Tapia, Luis Martínez, Jaime Paucar, Luis Bahamonde; e inclusive empresarios destacados como Álvaro Noboa, a quien a través de un dudoso acto administrativo del SRI se le incautó una de las mayores haciendas bananeras del país (11.500 h). 
Lo cierto es que no habría suficiente espacio en esta columna para resumir todos los atropellos y las sentencias o resoluciones con evidente carencia de imparcialidad e independencia, que afectaron gravemente derechos humanos. 
Pero la metida de mano a la justicia empezó desde que en Montecristi se aprobó el régimen de transición de la nueva Constitución, que impuso el “sorteo” de los jueces de la desaparecida Corte Suprema de Justicia, para reducir su número a 21. Solamente 17 magistrados rechazaron someterse al sorteo y a ellos la historia debe recordarlos como ejemplo de dignidad. Ya desde entonces la autonombrada Corte Constitucional, dirigida por el vocal Patricio Pazmiño, coadyuvó al plan correísta dictaminando un plazo de 24 horas para que se conforme el órgano de justicia “aplicando el principio de sucesión”, con los exmagistrados no favorecidos en el sorteo, conjueces y los presidentes de las cortes provinciales. Uno de los exmagistrados –Carlos Ramírez– no favorecido en el sorteo, accedió al cargo por efecto de la fórmula “constitucional” y, posteriormente, integró la Sala de Casación de esa nueva Corte Nacional que benefició al expresidente Correa con $600.000 de indemnización, por un supuesto daño moral sufrido mientras aparecía en la lista de deudores de cierta compañía emisora de tarjeta de crédito. En la audiencia de juzgamiento en la Corte Nacional, el entonces mandatario, se presentó en medio de un gran operativo de seguridad con militares armados con ametralladoras. Yo estuve presente en dicha audiencia y ante esa insólita aparición, cruzó por mi mente la amenaza de los capos de la droga, a los jueces de la época de Pablo Escobar: ¿Plata o plomo? 
*Publicado previamente en el diario El Universo, el día viernes 9 de agosto del 2019.
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Ni Diana ni Juana...

Una amiga de aguda visión política cree que varios contratistas muy poderoso están tratando de provocar la caída de la ministra María Paula Romo y de la fiscal Diana Salazar, para evitar que sigan escarbando y aparezcan los negociados con altos funcionarios de gobiernos centrales y seccionales. 
No sé si mi amiga tenga razón. Me gustaría creer que de verdad existe en el Ministerio del Interior y en la Fiscalía la voluntad política suficiente como para enfrentar intereses tan poderosos. De algo sí estoy seguro: el Estado ecuatoriano actual carece de medios humanos y tecnológicos como para luchar con éxito contra la corrupción, de tal manera que incluso si la voluntad política existiese, igual el resultado seguirá siendo muy insatisfactorio, como hasta ahora. Porque “ni Diana ni Juana” pueden barrer bien si no tienen una buena escoba.
Los dictámenes de la Contraloría bajo el régimen correísta, por ejemplo, están completamente ensombrecidos desde la era del excontralor Carlos Pólit. Este aparece también en los correos electrónicos de Pamela Martínez y Laura Terán, donde se reporta su sumisión a Correa. En uno de ellos manifiesta su deseo de mostrarle “...abundantes e importantes observaciones” que tiene contra la gestión de María (de los Ángeles) Duarte. Él afirma que limpiará todo, pero quiere “que usted (Correa) conozca eso”. En otro mensaje de Pólit a Correa habla de “limpiar las glosas que la Contraloría interpuso” en contra de allegados a Rafael Correa y que “trabajaban en el Consejo Electoral...”.
Lo mismo puede decirse de la Función Judicial. El Comercio informó de cómo el Ejecutivo habría intervenido en la designación de jueces nacionales para llenar vacantes a nivel nacional, “...para velar porque en estos espacios vaya gente que cree en nuestro proyecto, no los que no lo respetan, no los odiadores”; y también se observó la injerencia en el juicio contra la dirigente de la Unión Nacional de Educadores, Mery Zamora; en el caso de la muerte de Bosco Wisuma; y en otros varios casos de drogas. Ahora se conoce que Pamela Martínez instruía para que se incluyan candidatos para cargos de jueces penales, civiles, de la niñez, notarios; y además pedía que se revisen las pruebas psicológicas de los candidatos que no las aprobaron.
Pero el caso más dramático quizás sea el de la Fiscalía. En la computadora de Laura Terán se encontraron 63.000 documentos del 2012 al 2016 que demostrarían que las empresas contratistas habrían financiado movilizaciones correístas, camisetas, refrigerios, transporte, publicidad, artistas. Los dineros de la supuesta venta ilegal de pases policiales también habrían servido para ese fin. Pero revisar toda esa documentación requiere analistas especializados en el lavado de dinero, para armar debidamente los casos. ¿Cómo podrán hacerlo si no se dispone de recursos suficientes? 
Como en el Ejecutivo hay resistencia a traer una Comisión Internacional de Lucha contra la Impunidad apoyada por Nacionales Unidas, la fiscal Diana Salazar debería pedir asesoría de la Fiscalía de Guatemala. (O)
*Publicado previamente en el Diario El Universo el día viernes 2 de agosto del 2019
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viernes, 26 de julio de 2019

Eliminar el CPCCS

Jorge G. Alvear Macías

Esta semana se concretó el pedido del Comité por la Reinstitucionalización del País, presidido por el doctor Pablo Dávila, para que la Corte Constitucional (CC) califique dos preguntas de un llamado a consulta popular con las propuestas para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y trasladar sus facultades de designación de autoridades a la Asamblea Nacional; reformar la estructura de la Asamblea Nacional (introduciendo la bicameralidad); y, que la Fiscalía General del Estado se convierta en un ente no dependiente de la Función Judicial.
El pronunciamiento de la CC deberá incluir el señalamiento de la vía constitucional para modificar la Constitución, si acaso la ciudadanía aceptare la propuesta del comité al que se pertenece Pablo Dávila, quien fuera miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de transición (CPCCS-t) presidido por Julio César Trujillo, quien en vida fue impulsor de la eliminación del CPCCS. La iniciativa a la fecha cuenta con el respaldo de numerosos sectores de opinión y tiene coherencia con los resultados electorales en los que se evidenciaron la escasa votación que recibieron los miembros elegidos y el voto nulo mayoritario.
Conviene recordar que la actual Corte Constitucional, en una sentencia interpretativa de días pasados, estableció que el dictamen que habilite la convocatoria de una consulta popular debe darse antes del proceso de recolección de firmas.
Coincidimos con Dávila en que el comportamiento de los actuales funcionarios del CPCCS confirma que este órgano es extremadamente peligroso para la democracia del país. Ese experimento de Montecristi, desafortunadamente, resultó en una suerte de disparo en el pie para el país, aunque desde entonces algunos asambleístas advirtieron de la falta de claridad de los mecanismos para su integración. 
Está a la vista que se engendró un apéndice del ejecutivo, en desmedro de la separación de poderes y para la cooptación del Estado por grupos que usufructuaron por la corrupción llevada a niveles nunca antes registrados y solamente vistos en países africanos, hasta que aparecieron en el Brasil de Dilma y Lula, la Argentina de los Kirchner y la Venezuela de Chávez y sus sucesores de estos días. 
El pedido de Dávila a la Corte Constitucional no es el único con el mismo objetivo. Antes se presentó otro del movimiento Ahora y la Corte también tendrá que considerarlo en su pronunciamiento.
La propuesta del Comité por la Reinstitucionalización del País incluye retornar a la bicameralidad legislativa, que con los ajustes apropiados es una necesidad para realzar el ejercicio democrático en esa función de Estado. La doble deliberación efectuada en dos cuerpos legislativos devolverá el contrapeso interno y alejará las posibles manipulaciones del Ejecutivo, las que sí se favorecen con la unicameralidad. Se frenará la legislación apresurada e impremeditada. La unicameralidad en la mayoría de los sistemas propicia la tiranía parlamentaria, que es la más nefasta por su gran poder e inclinada a actos irresponsables, características observadas durante el predominio de Alianza PAIS en la Asamblea, con su permanente mensaje expresado de distintas maneras ante las minorías y la opinión pública: “¡Va porque va; si no, ganen las elecciones!”.
Bien por las iniciativas comentadas. (O)
*Publicado previamente en el diario El Universo, el día viernes 26 de julio del 2019

viernes, 12 de julio de 2019

Alentadora sentencia

Jorge G. Alvear Macías
La Corte Constitucional (CC) dio un paso importante para apoyar la tenaz tarea requerida para la lucha contra la impunidad de los delitos contra la administración pública, proliferados en el correato. 
Se trata de la sentencia del caso No. 5-13-IN declarando la inconstitucionalidad de una Resolución de la Corte Nacional de Justicia del 2010 y del inciso final del artículo 581 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Como consecuencia de ello, ya no será necesario que la Contraloría emita un informe previo con indicios de responsabilidad penal, para que la Fiscalía General pueda ejercitar la acción penal, en los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito cometidos por funcionarios públicos. 
La sentencia también reiteró la imprescriptibilidad –de la acción y la pena– en los casos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito; y, aclaró que esto tiene efecto anterior a la publicación de la sentencia. Es que para la Corte, esos delitos enumerados en el art. 233 de la Constitución son imprescriptibles desde la Constitución de 1998, que ya entonces lo establecía. ¡Bingo!
Dado el pronunciamiento, la Fiscalía General del Estado, organismo con funcionamiento autónomo por mandato de la Constitución, podrá perseguir a los responsables de tales delitos sin necesidad de autorización de la Contraloría. De tal manera, que si en el pasado las indagaciones o investigaciones previas se desestimaron o archivaron, por falta del informe de Contraloría, a partir de la publicación de la sentencia, la Fiscalía puede solicitar al juez de Garantías Penales la reapertura de investigaciones cuando aparezcan nuevos elementos. 
La Corte también sugiere a la Asamblea Nacional que modifique el art. 285 del COIP (que cambió el delito de peculado a tráfico de influencias). Esto, porque en la demanda de inconstitucionalidtad materia de la sentencia en comento, también se solicitó la inconstitucionalidad de dos incisos del citado artículo, lo cual con fundamento no se aceptó. No obstante, los jueces advirtieron que a pesar de las atribuciones legislativas de la Asamblea, tales atribuciones “…no podrían vaciar de contenido los delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito, para burlar la norma que establece la imprescriptibilidad de estos delitos…”. Claro, a la Corte no le estaba permitido señalar que la Asamblea Legislativa cuando aprobó el COIP incurrió en tamaño despropósito para proteger a los corruptos del oficialismo de la época y de otras... 
La sentencia revela –intuyo, sin que haya tenido intención de llegar a la conclusión–, que la estructura estatal de todas las funciones acordó o recibió órdenes de oponerse a la declaratoria de inconstitucionalidad examinada. En su texto aparece que el trámite se “congeló” desde el año 2013, luego vinieron los sucesivos petitorios de la Corte Nacional y la Procuraduría General del Estado para que se rechace y archive la acción de inconstitucionalidad. Posteriormente, en el 2018, cuando se admitió a trámite otro caso con similar objetivo, la Presidencia de la República también se opuso. Igualmente la Procuraduría General del Estado y la Asamblea Nacional. 
En todo caso, ojalá que la Corte continúe por el sendero de proteger la institucionalidad. Es imperiosa necesidad del país. (O)
*Publicado previamente en el Diario El Universo el día viernes 12 de julio del 2019.
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viernes, 5 de julio de 2019

Despecho…


Jorge G. Alvear Macías
@jorgalve  jorgalve@yahoo.com
Es el sentimiento de disgusto de la fiscal general de la nación, causado por la decisión de una sala de la Corte Nacional de levantar la prisión preventiva al ex secretario jurídico del correísmo, Alexis Mera, investigado por delitos de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias, todo ello con origen en un caso popularizado como Arroz Verde. Un sentimiento que sí parece genuino en mucha gente y que en esta columna intentamos encontrar explicación –y no lo cuestionamos–, a pesar de que el obrar de los jueces debe gozar de independencia de todo orden, excluyendo no solo la injerencia de cualquier autoridad de las funciones del Estado, sino también de la opinión pública, para que ellos con toda tranquilidad administren eficientemente la justicia a que aspiramos todos. 
El disgusto ciudadano en redes sociales, principalmente manifestado por el levantamiento de la orden de prisión del ex secretario jurídico del Gobierno de Rafael Correa y la sustitución por el grillete electrónico, arresto domiciliario con resguardo policial y la prohibición de salida del país, se debe al temor de fuga que muchos consideran fundado por las experiencias de meses anteriores, en que el uso del grillete electrónico solo sirvió para humillar a las autoridades responsables y a la confiada ciudadanía. La fiscal Salazar interpretó, al igual que muchos compatriotas, que existe “riesgo de que Mera se fugue” y ratificó “la importancia de que el Consejo de la Judicatura apresure el proceso de evaluación de los jueces nacionales”. (El Comercio).
Lo cierto es que por mucho tiempo hemos estado escuchando y leyendo que la administración de Justicia funciona mal. Tanto, que en distintos estratos de la opinión pública está radicada esa creencia, por experiencia propia o apoyada por el convencimiento alcanzado gracias a los medios de comunicación, dirigentes gremiales o políticos, abogados y los expertos en el área judicial. 
En todo caso, la ciudadanía tiene su desolador diagnóstico y es por la ineficacia de la administración de Justicia que no confía en la sustitución de la prisión preventiva de los sospechosos de delitos de gran impacto social, como el peculado, cohecho y sobornos (el impacto social no es por los encausados, sino por la afectación de tales delitos en el gasto social, debido al desvío de los dineros). Con un sistema de justicia confiable, como en Estados Unidos por ejemplo, la sustitución de la prisión preventiva por un grillete electrónico no nos llamaría la atención. Sería razonable, pero aquí no lo es.
Necesitamos admitir la deplorable situación que transita no solo la Justicia, sino la administración pública. Se requiere un ejercicio de autocrítica para buscar y ubicar los problemas ya conocidos, pero con un tutor externo que penetre nuestra cultura de enfrentar las crisis con paños tibios y la pasividad ante la propuesta de soluciones de los mandatarios, que de antemano sugieren una tomadura de pelo a la ciudadanía. Debemos darnos un baño de verdad para volver a confiar en nuestras autoridades que pretenden ser confiables. No cejaremos en repetirlo, necesitamos una Comisión Internacional de Lucha contra la Impunidad, que sanee todos los estamentos de la Fiscalía y la Judicatura. (O)
*Publicado previamente en el Diario El Universo, el día viernes 5 de julio del 2019.
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