Una amiga de aguda visión política cree que varios contratistas muy poderoso están tratando de provocar la caída de la ministra María Paula Romo y de la fiscal Diana Salazar, para evitar que sigan escarbando y aparezcan los negociados con altos funcionarios de gobiernos centrales y seccionales.
No sé si mi amiga tenga razón. Me gustaría creer que de verdad existe en el Ministerio del Interior y en la Fiscalía la voluntad política suficiente como para enfrentar intereses tan poderosos. De algo sí estoy seguro: el Estado ecuatoriano actual carece de medios humanos y tecnológicos como para luchar con éxito contra la corrupción, de tal manera que incluso si la voluntad política existiese, igual el resultado seguirá siendo muy insatisfactorio, como hasta ahora. Porque “ni Diana ni Juana” pueden barrer bien si no tienen una buena escoba.
Los dictámenes de la Contraloría bajo el régimen correísta, por ejemplo, están completamente ensombrecidos desde la era del excontralor Carlos Pólit. Este aparece también en los correos electrónicos de Pamela Martínez y Laura Terán, donde se reporta su sumisión a Correa. En uno de ellos manifiesta su deseo de mostrarle “...abundantes e importantes observaciones” que tiene contra la gestión de María (de los Ángeles) Duarte. Él afirma que limpiará todo, pero quiere “que usted (Correa) conozca eso”. En otro mensaje de Pólit a Correa habla de “limpiar las glosas que la Contraloría interpuso” en contra de allegados a Rafael Correa y que “trabajaban en el Consejo Electoral...”.
Lo mismo puede decirse de la Función Judicial. El Comercio informó de cómo el Ejecutivo habría intervenido en la designación de jueces nacionales para llenar vacantes a nivel nacional, “...para velar porque en estos espacios vaya gente que cree en nuestro proyecto, no los que no lo respetan, no los odiadores”; y también se observó la injerencia en el juicio contra la dirigente de la Unión Nacional de Educadores, Mery Zamora; en el caso de la muerte de Bosco Wisuma; y en otros varios casos de drogas. Ahora se conoce que Pamela Martínez instruía para que se incluyan candidatos para cargos de jueces penales, civiles, de la niñez, notarios; y además pedía que se revisen las pruebas psicológicas de los candidatos que no las aprobaron.
Pero el caso más dramático quizás sea el de la Fiscalía. En la computadora de Laura Terán se encontraron 63.000 documentos del 2012 al 2016 que demostrarían que las empresas contratistas habrían financiado movilizaciones correístas, camisetas, refrigerios, transporte, publicidad, artistas. Los dineros de la supuesta venta ilegal de pases policiales también habrían servido para ese fin. Pero revisar toda esa documentación requiere analistas especializados en el lavado de dinero, para armar debidamente los casos. ¿Cómo podrán hacerlo si no se dispone de recursos suficientes?
Como en el Ejecutivo hay resistencia a traer una Comisión Internacional de Lucha contra la Impunidad apoyada por Nacionales Unidas, la fiscal Diana Salazar debería pedir asesoría de la Fiscalía de Guatemala. (O)
*Publicado previamente en el Diario El Universo el día viernes 2 de agosto del 2019
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