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Jorge G. Alvear Macías
Por información de EL UNIVERSO y otros medios de comunicación se conoció que la excolaboradora de confianza del expresidente Correa, Pamela Martínez, se contactaba con un exmiembro del Consejo de la Judicatura mediante mensajes de texto enviados a través de su teléfono celular, y le pedía que intercediera en juicios, en quejas contra jueces y en concursos públicos de la función judicial. Esto confirma la “profundidad” de hasta dónde llegó la metida de la mano de Rafael Correa en la justicia.
¿Pero acaso el lector recuerda los numerosos procesos administrativos y judiciales en los que se dieron sentencias y resoluciones favorables a los intereses del exgobernante y a su entorno o para acallar las críticas a su gestión? Fueron tantos que sería inexacto señalar que solo afectaron a periodistas como Juan Carlos Calderón, Christian Zurita, Emilio Palacio, Xavier Bonilla –Bonil–, Freddy Aponte, Alfredo Pinoargote, Fernando Villavicencio; a políticos como Cléver Jiménez y Galo Lara; a diarios como La Hora, Hoy, EL UNIVERSO (y a sus directivos Carlos, César y Nicolás Pérez), Expreso; a las revistas Vistazo y Vanguardia; a Ecuavisa y Teleamazonas, a militares como Fidel Araujo; policías como César Carrión, Rolando Tapia, Luis Martínez, Jaime Paucar, Luis Bahamonde; e inclusive empresarios destacados como Álvaro Noboa, a quien a través de un dudoso acto administrativo del SRI se le incautó una de las mayores haciendas bananeras del país (11.500 h).
Lo cierto es que no habría suficiente espacio en esta columna para resumir todos los atropellos y las sentencias o resoluciones con evidente carencia de imparcialidad e independencia, que afectaron gravemente derechos humanos.
Pero la metida de mano a la justicia empezó desde que en Montecristi se aprobó el régimen de transición de la nueva Constitución, que impuso el “sorteo” de los jueces de la desaparecida Corte Suprema de Justicia, para reducir su número a 21. Solamente 17 magistrados rechazaron someterse al sorteo y a ellos la historia debe recordarlos como ejemplo de dignidad. Ya desde entonces la autonombrada Corte Constitucional, dirigida por el vocal Patricio Pazmiño, coadyuvó al plan correísta dictaminando un plazo de 24 horas para que se conforme el órgano de justicia “aplicando el principio de sucesión”, con los exmagistrados no favorecidos en el sorteo, conjueces y los presidentes de las cortes provinciales. Uno de los exmagistrados –Carlos Ramírez– no favorecido en el sorteo, accedió al cargo por efecto de la fórmula “constitucional” y, posteriormente, integró la Sala de Casación de esa nueva Corte Nacional que benefició al expresidente Correa con $600.000 de indemnización, por un supuesto daño moral sufrido mientras aparecía en la lista de deudores de cierta compañía emisora de tarjeta de crédito. En la audiencia de juzgamiento en la Corte Nacional, el entonces mandatario, se presentó en medio de un gran operativo de seguridad con militares armados con ametralladoras. Yo estuve presente en dicha audiencia y ante esa insólita aparición, cruzó por mi mente la amenaza de los capos de la droga, a los jueces de la época de Pablo Escobar: ¿Plata o plomo?
*Publicado previamente en el diario El Universo, el día viernes 9 de agosto del 2019.
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