Jorge G. Alvear Macías
 El coronel Cristian Rueda Ramos, uno de los policías retenidos por líderes indígenas en Quito, antes de ser liberado. |
Usted debe ser coherente con las acusaciones al dictador Nicolás Maduro y al expresidente Rafael Correa de ser responsables de las violentas manifestaciones de los últimos días que han mantenido en zozobra al país. Existen muchos indicios que coinciden con su afirmación de que “en Caracas se marcaron las pautas de cómo convulsionar” al Ecuador. El gobierno debe tener las pruebas que vinculan al dictador Maduro con la participación de extranjeros infiltrados en las protestas y en los desmanes destructivos de bienes públicos y privados, así como con los saqueos generalizados en muchas ciudades. De hecho, el señor vicepresidente de la República afirmó en rueda de prensa que los extranjeros estaban identificados, algunos apresados y que serían deportados.
Por tanto, su equipo asesor y de la Cancillería podrían confirmar que existen justificativos suficientes para invocar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y solicitar la reunión inmediata del órgano de consulta previsto en el indicado tratado (art. 6). Es que la soberanía e independencia política de este país fueron afectadas por una forma de agresión de la Venezuela dominada por Maduro, poniendo en grave peligro la paz del Ecuador y en riesgo la de América Latina. El indicado Órgano de Consulta es el llamado a acordar las medidas que se precisen para nuestra defensa y mantenimiento de la paz y la seguridad del continente. Recuerde, señor presidente, que los eventos que vivimos esta semana y la pasada fueron advertidos de alguna manera en septiembre por doce países de la OEA, cuando apoyaron la activación del mencionado TIAR bajo la consideración de que “…la crisis en Venezuela tiene un impacto desestabilizador, representando una clara amenaza a la paz y a la seguridad en el hemisferio”.
También se requieren más acciones en respuesta al sector de la ciudadanía que ha sido comprensiva con la eliminación del subsidio al diésel y la gasolina, subsidio que por más de 40 años benefició principalmente al segmento de la población que podía pagar el costo real; y al mismo tiempo enriqueció a poderosas mafias contrabandistas que los vendían en Colombia, Perú y en altamar.
Tal vez no son suficientes las medidas compensatorias, a pesar de las importantes rebajas arancelarias a algunos bienes de producción y vehículos, ni la eliminación de impuestos a la importación de tecnología e insumos; ni el aumento en $ 15,00 y ampliación de la cobertura a 1’300.000 personas del Bono de Desarrollo Humano. Probablemente en un tiempo razonable se apreciará la dimensión de sus efectos, pero aun así urgen otras medidas, para crear más empleo, mejorar la salubridad y la seguridad ciudadana. Respecto a esta última, permítame expresarle que angustia la falencia del deber estatal de proteger la vida de los ciudadanos y sus bienes; lo evidencian los recientes saqueos de pequeños negocios y hogares de gente honesta y esforzada, a la que ni siquiera los vecinos pudieron ayudar. El desborde delincuencial debe ser enfrentado con medidas extraordinarias y disuasivas, aunque sea por corto lapso. Señor presidente, permítales la tenencia de armas a quienes quieran defender su hogar y negocios, como en el Uruguay de Mujica (y con los mismos requisitos legales). (O)
*Publicado previamente en el Diario El Universo el día viernes 11 de octubre del 2019.
Lea este artículo en El UNIVERSO
No hay comentarios:
Publicar un comentario