viernes, 25 de mayo de 2018

¡No a la complicidad!

Tomado del Espectador de Bogotá
Jorge G. Alvear Macías
 

El informe del secretario general de la OEA, sobre las recientes elecciones en Venezuela, debería ser tomado en cuenta por el presidente Moreno. A efectos de formar su nueva política externa –impuesta por las circunstancias externas e internas, reveladas por la opinión pública nacional e internacional– respecto de la dictadura de Maduro.

El secretario Luis Almagro informó que las elecciones se celebraron sin respetar las garantías básicas de toda elección y, por ello, tienen que repetirse los comicios. La grave observación se sustenta en los obstáculos para la participación política, tanto por la vía de presentar candidaturas como del ejercicio del voto de millones de venezolanos que viven en el extranjero. Lo señalado por Almagro coincide con las denuncias en las redes sociales de venezolanos expatriados. Además, destaca la amplia abstención ciudadana dentro de Venezuela (tal vez para no legitimar el fraude). LÉA MÁS: https://www.eluniverso.com/opinion/2018/05/25/nota/6776549/no-complicidad

*Publicado previamente en el Diario El Universo el día viernes 25 de mayo del 2018.

viernes, 18 de mayo de 2018

Espionaje en la embajada

Resultado de imagen para espionaje diplomaticoJorge G. Alvear Macías

Según Correa los espionajes dentro del Reino Unido, que se extendieron a Julian Assange y sus visitas dentro de nuestra embajada en Londres (y al personal de la misión y a miembros de Scotland Yard), eran “esfuerzos ordinarios (para) garantizar la seguridad a Assange en la Embajada…” y que hacerlo fue su “deber bajo la ley”. Así se infiere de la nota del canal ruso de noticias RT: https://actualidad.rt.com/actualidad/271780-rafael-correa-trato-julian-assange-tortura . 

¿Pero, Correa estaba obligado a autorizar esas actividades a la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain)? La ley dispone otra cosa.

La Ley de Seguridad Pública y del Estado (art. 18) solamente prevé gastos especiales asignados a actividades de inteligencia y contrainteligencia, para la protección interna del país; el mantenimiento del orden público; y, para la defensa nacional. Esos tres objetivos no incluyen la seguridad de un asilado como Assange. Menos si está situado fuera del territorio nacional. 

El estricto uso de los gastos reservados lo reitera el Reglamento que expidió la Contraloría General del Estado sobre Gastos Especiales Destinados a Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia (ACC 44 - RS 98 - 30/dic./2009). Se trata de gastos especiales para actividades de inteligencia y contrainteligencia, de protección interna, mantenimiento del orden público y la defensa nacional. LÉA MÁS: https://www.eluniverso.com/opinion/2018/05/18/nota/6764640/espionaje-embajada
*Publicado previamente en el Diario El Universo el día viernes 18 de mayo de 2018

viernes, 11 de mayo de 2018

¡El CPCCS-t sí responde!

Jorge G. Alvear Macías

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio (CPCCS-t) dio inicio al proceso de evaluación a jueces y juezas de la Corte Constitucional (CC). Su iniciativa ha coincidido con una encuesta efectuada por Cedatos que midió el nivel de confianza ciudadana en instituciones del país. Las Fuerzas Armadas recibieron el altísimo 80,6% de apoyo, seguido con el 60,6% por el CPCCS-t. Pero el resultado de la encuesta no es benevolente con la Corte Constitucional (34,6%) ni con el Consejo de la Judicatura (32,2%) y menos con la Justicia Nacional (27,4%).

La resolución del CPCCS-t está fundamentada jurídicamente, satisface a muchos y prospera gracias a su asidero constitucional, frente a las posiciones de sectores que le desconocen facultades para evaluar a la CC, bajo la premisa de que el Consejo de Participación Ciudadana no es el nominador de los jueces de la Corte Constitucional.

Por supuesto, no debemos olvidar que en la consulta popular del 4 de febrero de 2018 (pregunta 3) no se interrogó al elector si las potestades de evaluación eran solo para evaluar a los nombrados directamente por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social cesado, sino para evaluar a los nombrados por el órgano como tal. Por tanto, no cabe interpretar restrictivamente la voluntad del mandante. LÉA MÁS:
*Publicado previamente en el diario El Universo el día viernes 11 de mayo del 2018

viernes, 20 de abril de 2018

Narcoterrorismo: ¡agresión externa!

Jorge G. Alvear Macías

Cuando un Estado agredido por el terrorismo –el político o el meramente delincuencial– no cuenta con la solidaridad y el apoyo del país que les da refugio a los extremistas, por afinidad ideológica de sus gobernantes, no existe otra opción que atacar el santuario terrorista, “con base en la sorpresa y el secreto”.

Lo anterior es sostenido en su libro Narcoterrorismo, la guerra del nuevo siglo: FARC, ETA…, por el coronel (sp) Luis A. Villamarín Pulido. Se trata de un militar colombiano experto en la materia y para ejemplo menciona la operación militar que resultó en la muerte de Osama Bin Laden en Pakistán, donde se escondía amparado por el servicio de inteligencia de ese Estado, mientras dirigía desde allí la estrategia de 150.000 células “dormidas” esparcidas en 65 países. También cita la muerte de Raúl Reyes, jefe guerrillero de las FARC que vivía en un campamento asentado dentro de Ecuador, “con la plena y consciente complicidad del presidente ecuatoriano Rafael Correa”.

En su libro, Villamarín relata que debido a la nula cooperación del gobierno de Correa para combatir el terrorismo comunista en Colombia, y en aplicación del concepto geopolítico militar de la Defensa Activa, las tropas de ese país efectuaron una milimétrica incursión con bombardeo sobre una guarida de las FARC en territorio ecuatoriano y dieron de baja al terrorista Raúl Reyes. LÉA MÁS:
*Publicado previamente en el Diario el Universo el día viernes 20 de abril del 2018

viernes, 13 de abril de 2018

El secuestro extorsivo


Jorge G. Alvear Macías
jorgalve@yahoo.com


Hay que implicar a la sociedad toda, ante los potenciales riesgos de las acciones de las bandas criminales narcoterroristas. Las funciones del Estado deben hacer su trabajo encaminado a prevenirlas, neutralizarlas o para defendernos de las que ya se ejecutan. A los ciudadanos nos corresponde apoyar a las autoridades en tales gestiones, en la medida que sean coherentes. Ello nos obliga a no politizar la crítica y, por el contrario, ofrecer opciones que respondan al sentido común.
El Ejecutivo debe ejecutar medidas disponibles en su ámbito y el Legislativo debe aportar lo suyo, revisando el Código Orgánico Integral Penal (COIP), especialmente las penas para los delitos de la gravedad del secuestro extorsivo. Así, en los casos en que apareciere la necesidad de endurecerlas, podría existir un medio para contribuir a evitar futuros secuestros a los ciudadanos y una forma de advertir a los delincuentes que mantienen secuestrados a compatriotas o extranjeros, de que las nuevas penas les alcanzarán, por tratarse de un delito continuo, mientras no ocurra la liberación de los mismos.
Nuestro COIP (art. 162) sanciona al autor del delito de secuestro extorsivo con la reclusión de 10 a 13 años. Es decir a quien priva de la libertad, retenga, oculte, arrebate o traslade a lugar distinto a una o más personas, en contra de su voluntad, con el propósito de cometer otra infracción u obtener de la o las víctimas o de terceras personas dinero, bienes, títulos, documentos, beneficios, acciones u omisiones que produzcan efectos jurídicos o que alteren de cualquier manera sus derechos a cambio de la libertad del o los secuestrados. LÉA MÁS: 

*Publicado previamente en el Diario El Universo el día viernes 13 de abril del 2018.

viernes, 6 de abril de 2018

¡Que retornen a salvo!

Jorge G. Alvear Macías
No existe justificación para quienes sufren la injusta y penosa situación de un secuestro, tampoco para la angustia e incertidumbre de sus padres, cónyuges, hijos y más familiares. No tiene sentido ese sacrificio.
Los ecuatorianos estamos perturbados por el incremento de la inseguridad en nuestra frontera con Colombia, donde desde hace muchísimo tiempo se conoce que operan guerrilleros, disidentes de esas organizaciones, delincuentes comunes de distinta nacionalidad (también binacionales, con dos cédulas) dedicados al secuestro, extorsión, contrabando de gasolina, de gas doméstico en bombonas y al narcotráfico.
Pocos dudan de que la situación era desconocida por las autoridades del gobierno de Rafael Correa, siempre impasible ante las denuncias y evidencias. El gobierno colombiano del presidente Santos también estuvo transitando en esa senda de comodidad, hasta que no tuvo más opción que reconocerlo.
El fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, expresó con claridad esta semana que la zona de frontera entre Colombia y Ecuador es una verdadera amenaza tanto para Colombia como para Ecuador. Pero intuimos que Martínez y otras autoridades colombianas sabían desde antes de que se produzca el cruel evento, del plan y de quienes están detrás del secuestro de los dos periodistas ecuatorianos del diario El Comercio y su conductor. Incluso, según palabras de Martínez, estarían enterados de la ubicación de los secuestrados: “Estarían en la zona de Mataje, que está en la frontera binacional colombo-ecuatoriana, (aunque) las autoridades ecuatorianas afirman que están en Colombia, pero las autoridades colombianas tienen alguna información que demostraría que están en el territorio ecuatoriano”. LÉA MÁS:
*Publicado previamente en el Diario El Universo, el día viernes 6 de abril del 2018.

viernes, 30 de marzo de 2018

Rubira Infante, Gran Mariscal…

Jorge G. Alvear Macías
De mi niñez, entre los recuerdos que guardo, uno me traslada a cierta finca frente a la población de Nobol, cuando esta era apenas un caserío. Para llegar al predio cruzamos el Daule en canoa con mis padres, gracias a la invitación de Bolívar Viera y su esposa, Olinda Adum. Ellos habían programado un día de campo con platillos propios de la Costa ecuatoriana. Compartimos la invitación con otras familias.
En algún momento fuimos conducidos al lugar privilegiado de la finca, situado en un recodo del río que no se avistaba desde Nobol y que tenía una playa que parecía más bien situada junto al mar. Una playa extensa, con arena compacta, como son las arenas próximas al lecho marino, pero con un apacible entorno, de frondosa y verde vegetación, usual en las vegas de los ríos de la Costa. Ahí disfrutamos de un baño en las aguas del río y mientras esto ocurría, uno de los invitados que tenía una guitarra permaneció sentado en la playita, ensayando una canción. Sus acordes y la letra se grabaron en mi mente. Con el paso de los años se convirtió en un éxito. Me refiero a la canción Playita mía, de coautoría de Bolívar Viera y del renombrado Carlos Rubira Infante, quien precisamente ejecutaba la melodía en esa “playita mía”.
Carlos Rubira Infante ha compuesto 600 canciones aproximadamente; y así como compuso para una hermosa playa del río Daule, tiene el mérito de haberle cantado a todas y cada una de las provincias del Ecuador. Su amor por el país lo manifiesta en la composición Lo que encierra mi Ecuador. LÉA MÁS: 
https://www.eluniverso.com/opinion/2018/03/30/nota/6690565/rubira-infante-gran-mariscal
*Publicado previamente en el Diario El Universo el día viernes 30 de marzo del 2018.

viernes, 23 de marzo de 2018

Guerra asimétrica

Jorge G. Alvear Macías

Coincidimos con quienes sostienen que el presidente Moreno debe rodearse de gente capaz y no improvisada para enfrentar la real y gravísima inseguridad fronteriza; que podría extenderse a todo el territorio.
El abandono a los poblados esmeraldeños, colindantes con Colombia, es en gran medida la razón de ser de la inseguridad. También la dejadez (¿estratégica?) de las autoridades colombianas, a sus connacionales de la zona. Allí los habitantes carecen de asistencia estatal en muchos servicios, en especial el sanitario. Este Diario relató el testimonio de una colombiana residente en Puerto Colombia, al otro lado del río Mataje, quien buscó atención médica en San Lorenzo para su hijo, pues en Mataje no funciona el centro de salud y uno colombiano está a 4 o 5 horas. Por otro lado, es lamentable que los ecuatorianos del sector solo sintonizan radios y televisoras colombianas, a falta de señal de las locales. Ni siquiera conocen la existencia de los medios públicos de la década del derroche.
La gravísima escalada de violencia, que empezó a fines de enero, coincide con los eventos de gran presión social para que se investigue y sancione la gran corrupción y a sus cabezas visibles. El manejo de la violencia en Esmeraldas se realiza en un contexto de información limitada, así sostiene la legisladora Mae Montaño, originaria de Esmeraldas. Ella exige información concreta a los ministros encargados de la seguridad interna y externa, de lo que aflora el temor que carezcan de un plan estratégico adecuado. LÉA MÁS: https://www.eluniverso.com/opinion/2018/03/23/nota/6679711/guerra-asimetrica
*Publicado previamente en el Diario el Universo, el día viernes 23 de marzo del 2018

viernes, 16 de marzo de 2018

Absurda resolución


Jorge G. Alvear Macías
 

En circunstancias en que buscamos atraer inversión extranjera, se expide una normativa más que va en sentido contrario y que contraviene la Constitución que prohíbe la sanción al acto no tipificado en una ley como infracción administrativa.
En enero del presente año, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros emitió una Resolución (reformada el pasado febrero), con el Instructivo sobre Sociedades de Interés Público.
En el citado instructivo se identifica como de interés público a las sociedades siguientes: las inscritas en el Catastro Público de Mercado de Valores; las de seguros, reaseguros, intermediarias de reaseguros, peritos de seguros y agencias asesoras productoras de seguros; de servicios de salud prepagada; calificadoras de riesgo y auditoras externas; las de construcción; corredoras e intermediarias en la compra, venta y alquiler de bienes inmuebles; de venta de vehículos automotores nuevos y usados; y, las de factorización por compra de cartera.
No obstante la precisa descripción anterior, se impone a todas las compañías –incluso a las que no realizan tales actividades– que señalen en el sistema institucional (on line) “…si tienen o no la calidad de sociedad de interés público…”. Para hacerlo se les concedió el plazo de 30 días, so pena de aplicárseles las sanciones y medidas administrativas. Adicionalmente, el “incumplimiento” se reflejará en el Certificado de Cumplimiento de Obligaciones (CCO) de la compañía.LÉA MÁS: https://www.eluniverso.com/opinion/2018/03/16/nota/6668362/absurda-resolucion
*Publicado previamente en el diario El Universo el día viernes 16 de marzo del 2018.

viernes, 9 de marzo de 2018

¡Renuncien ya!

Jorge G. Alvear Macías
@jorgalve  jorgalve@yahoo.com
Esta semana el presidente Moreno pidió de soslayo a José Serrano, presidente de la Asamblea, afrontar las consecuencias de sus errores –intuyo que se refería a los aflorados en su conversación con el excontralor Pólit– y que no arrastre a la institución con él. El primer mandatario dijo confiar en “que esa es la posición del compañero” y “espera (su) decisión patriótica”. Hubiera sido mejor que en el pedido incluyera a “otro compañero”: el fiscal Carlos Baca, así satisfaría parcialmente el clamor multitudinario contra el sistema de justicia, manifestado en distintas ciudades del país. Ese conglomerado perdió la confianza en dicho sistema y no cree más en la independencia de la investigación penal de la Fiscalía, especialmente en la que vincula o debería vincular a quienes fueron las máximas autoridades del Estado, hoy bajo sospecha de enriquecerse ilícitamente o de facilitárselo a otros.

Coincidimos con algunos pronunciamientos del presidente, en particular con su dicho de que para conducir el país se necesitan “personas que se comporten de acuerdo a los valores, de acuerdo a la ética y de acuerdo a la moral”. Por ello, es inaceptable que quienes no se han comportado así pretendan aferrarse a los máximos cargos de la Asamblea Nacional y la Fiscalía General del Estado. Los aludidos no deberían tensar más el clima político, nada les asegura que exasperada la paciencia ciudadana, puedan librarse de consecuencias no pensadas ni deseadas. LÉA MÁS:  


*Publicado previamente en el Diario EL Universo, el día viernes 9 de marzo del 2018

viernes, 2 de marzo de 2018

Presidente, no espere más

Guatemala arrecia las protestas contra su presidente Jimmy
Morales por la fuerte crisis política - economiahoy.com
Jorge G. Alvear Macías

El enfrentamiento entre el excontralor Carlos Pólit; Carlos Baca, fiscal general de la Nación; y José Serrano, presidente de la Asamblea Nacional, develó el altísimo nivel de corrupción política y de desinstitucionalización del Ecuador.
La conversación telefónica con Serrano, grabada –a manera de celada– por el excontralor Pólit, quien intervino en el diálogo, confirma que el correato utilizó las instituciones del Estado contra personas naturales y jurídicas privadas, por sus críticas a los abusos de autoridad. Que los procedimientos judiciales y administrativos fueron manipulados para que terminen en sentencias condenatorias o sanciones y así “darles de baja” a los perseguidos. Esto último, parafraseando el mejor deseo de José Serrano respecto de Carlos Baca (el peor no quiero imaginarlo), debido a que este no habría cumplido acuerdos y ya “no se sabe a quién responde”.
La tamaña desfachatez del excontralor es comparable a la de Popeye, el sicario de Pablo Escobar que conservaba dinero en “caletas”, que logró ser entrevistado por la TV colombiana, publicar un libro y continuar delinquiendo, todo mientras estaba preso. Este contexto nos enfrenta a una realidad: no podremos expulsar la corrupción política, ni evitar el enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos y menos sancionarlos con el actual sistema judicial dependiente del poder político. Todos entrelazados por el parentesco, amiguismo o lazos sentimentales que “pueden hacer probar el sabor de su poder” a quien se atreva a cuestionarlos. LÉA MÁS:
*Publicado previamente en el diario El Universo el día viernes 2 de marzo del 2018.

viernes, 23 de febrero de 2018

Frontera vulnerable

Jorge G. Alvear Macías
Finalmente han hecho presencia las consecuencias del descontrol en la frontera compartida con Colombia. Un área territorial principalmente colombiana, dominada por bandas criminales, narcotraficantes, disidentes de las FARC que se mantienen en el negocio de la droga; y, además, los elementos insurgentes del ELN que desafían y presionan al Estado vecino para buscar un acuerdo –que se mediaba en Ecuador–, cuando las negociaciones para terminar el conflicto se han suspendido.
Lo anterior ha incrementado la inseguridad en ambos lados de la frontera colombo-ecuatoriana y no pareciera que las iniciativas gubernamentales se desarrollan de acuerdo a los consejos de los expertos. Algo sumamente preocupante, pues denota que las cosas pueden empeorar para los intereses ecuatorianos. No solo por los ataques terroristas acaecidos recientemente sino por los que se prevén, cuando nos inmiscuyamos militarmente en el conflicto colombiano, luego de los acuerdos alcanzados entre los presidentes de ambos países para conformar una fuerza de tarea conjunta binacional.
Según declaración del general (r) Oswaldo Jarrín, hemos vivido una cadena de errores a la que se suma la reciente década de pésima conducción política exterior, relacionada con la defensa del país frente al conflicto colombiano. LÉA MÁS:
*Publicado previamente en el Diario El Universo, el día viernes 23 de febrero del 2018.

viernes, 16 de febrero de 2018

¡No proteja a Maduro!


 Jorge G. Alvear Macías
@jorgalve             jorgalve@yahoo.com
En circunstancias en que los derechos humanos de miles de venezolanos están vulnerados por un gobierno que además de corrupto es inepto para resolver los problemas acuciantes de las mayorías, la solidaridad debe ir más allá del repudio a la participación del dictador Nicolás Maduro en la cumbre de líderes continentales. La declaración del Grupo de Lima no es suficiente. Los líderes del mundo deben adoptar medidas concretas para el retorno de la democracia a Venezuela. Propongo que las Naciones Unidas intervengan ya. El grave padecimiento de los venezolanos no se resuelve con declaraciones medio vacías. Qué más evidencia de la gravedad que la fuga de miles por fronteras colombianas y el tránsito de muchos por nuestro territorio hacia el Perú y Chile, buscando comida, libertad y seguridad.
No es de recibo que la canciller María Fernanda Espinosa no vea (o no quiera ver) lo señalado por su colega canadiense –Chrystia Freeland– respecto de Nicolás Maduro: “Su régimen está cometiendo abusos contra los derechos humanos y rechaza permitir la ayuda humanitaria que es necesaria para el pueblo de Venezuela” haciendo notar, además, que el déspota ha demostrado un flagrante desprecio por la democracia, la piedra angular de  la Declaración  de Québec firmada por Venezuela en  el 2001. LÉA MÁS: 
*Publicado originalmente en el diario El Universo, el día viernes 16 de febrero del 2018

viernes, 9 de febrero de 2018

Ladridos a la luna

Jorge G. Alvear Macías
El presidente Moreno debe aceptar que Julian Assange representa una carga insostenible de daño permanente para la imagen del Ecuador y la búsqueda de inversión extranjera. El inversionista de largo plazo siempre huye de los sistemas tramposos o poco serios; solamente los audaces y dispuestos a negociar con autoridades corruptas toman el riesgo de despreciar la prudencia y navegar en aguas intranquilas. Cada desacierto oficial en el affair Assange perjudica las relaciones internacionales. Ya no más triquiñuelas e intentos de sorprender a las autoridades británicas (como incluir al australiano en la lista de nuestra misión diplomática). La contraparte británica ha sido leal y paciente.
La Cancillería debe abandonar el lado equivocado del argumento, más aún si su contraparte se posicionó en el lado correcto. Es de esperar que los británicos cuiden mejor la vida de Assange, si acaso estuviere en peligro. Además, es su responsabilidad.
Tomado del Diario El Universo,
edición del 8 de febrero del 2018
Más vale una vez morado que ciento colorado, reza el dicho. Hay que considerar, en el camino de la rectificación, anular la naturalización de Assange (quien nunca ha pisado territorio ecuatoriano y nos ha considerado un país insignificante). Hay suficiente fundamento para anular su carta de naturalización, en las previsiones del art. 81 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana (“…ocultación de hechos relevantes, documentos falsos o el cometimiento de fraude a la ley en el procedimiento de concesión…”) y estamos a tiempo para hacerlo. LÉA MÁS: 
*Publicado originalmente en el diario EL Universo el día viernes 9 de febrero del 2018

viernes, 2 de febrero de 2018

Terrorismo, narcotráfico y huevos

Jorge G. Alvear Macías


Ha llamado la atención que el pueblo de Quinindé recibió con una lluvia de huevos a Rafael Correa. Podría explicarse como un rechazo al abandono de los poderes del Estado, en desmedro de la seguridad ciudadana que se inició en su gobierno y se ha evidenciado con el atentado terrorista en San Lorenzo. Algo inédito en la historia del país y, sin duda, consecuencia de la política antiimperialista grotescamente sesgada, que benefició a China y eliminó la contención a los grupos guerrilleros y narcotraficantes colombianos.
Hasta el 2009 operó el Puesto de Operaciones Avanzadas (FOL) en la base de Manta. Desde entonces, si bien las autoridades nacionales asumieron el “pleno control” de lo que fue un pequeño pero importante enclave estadounidense, dentro de instalaciones militares ecuatorianas, no es menos cierto que se afectó gravemente la concepción del esquema de seguridad vigente. La Constitución de Montecristi impidió la renegociación del convenio suscrito con EE.UU. en 1999. Un “gran triunfo” de sectores de izquierda y de grupos defensores de derechos humanos; algunos conscientes y otros miopes ante las consecuencias que se veían venir; algunos aparentemente relacionados con los beneficiados del negocio de la droga y de la narcopolítica, que fuera denunciada luego del bombardeo del campamento de las FARC en territorio nacional (Angostura) por la Fuerza Aérea colombiana.
Con el cierre del FOL en Manta casi desapareció la detección, control y rastreo de aeronaves dedicadas a las actividades relacionadas con el narcotráfico. Tales operaciones de vigilancia se trasladaron a Colombia, e incidieron en la lucha antiguerrillas y contra el narcotráfico, sobre la base de un acuerdo entre EE.UU. y Colombia. LÉA MÁS: https://www.eluniverso.com/opinion/2018/02/02/nota/6595330/terrorismo-narcotrafico-huevos
*Publicado originalmente en el diario El Universo el día viernes 2 de febrero del 2018.

viernes, 26 de enero de 2018

Lula, el hombre de atrás

Jorge G. Alvear Macías

          La defensa de Lula reclamó que el Tribunal de Apelaciones ratificara la sentencia del juez Moro, e incrementara la condena original a 12 años y un día. Para los abogados, fue nuevamente condenado sin pruebas y sin que se identifique el “acto de oficio” que dio origen a los regalos recibidos de la constructora OAS, beneficiada con contratos del Estado. Insisten en que a Lula no se le demostró haber adquirido, de OAS, un departamento en la localidad de Guarujá.

               Los jueces del Tribunal juzgaron que demostrar la transferencia del departamento era una cuestión secundaria. Para ellos fue suficiente evidencia del crimen, que Lula haya mantenido en Petrobras a individuos para favorecer partidos políticos en un esquema de “propinas combinado con contratistas”. A los jueces les bastó invocar en la condena –y no es poca cosa– la teoría del dominio del hecho. Es decir, aquella también conocida como la del “hombre de atrás” (propugnada por Claus Roxin) aplicable a casos de delitos cometidos por organizaciones de poder, incluidas las estructuradas dentro de un Estado. Una teoría de la ciencia penal, que ha sido aplicada por las altas cortes de justicia de Alemania, Argentina y Perú, para nombrar pocos países.

                La Corte Suprema peruana la aplicó en el 2009, en la sentencia de Alberto Fujimori, por asesinato, lesiones y secuestro. Ahí se indica que desde la perspectiva jurídico penal, Fujimori fue autor mediato de los delitos de secuestro y desaparición forzada.*

                 La Fiscalía sostuvo que –la denominada autoría mediata– se concreta cuando el hecho punible se realiza por medio de otro; “cuando el hombre de atrás se aprovecha de los sujetos que se encuentran subordinados a otros en un aparato organizado de poder, de tal suerte que por esa vía el primero mantiene un dominio objetivo del hecho –autoría mediata por dominio de la organización–;… un aparato de poder estructurado y la predisposición de los ejecutores…”. Entonces se concluyó que Fujimori tuvo una intervención vertical en los delitos imputados –ejecutados materialmente por efectivos de inteligencia militar–, en los que se dio una división de funciones y una línea jerárquica en la organización, en cuya cúspide se encontraba el propio Fujimori. Él tuvo la posibilidad de influir y controlar la realización de los crímenes, “desde su respectivo nivel funcional, a través del aparato de poder que estaba a su disposición” en atención a su autoridad, liderazgo o ascendencia. De acuerdo a la teoría del hombre de atrás, en esta clase de organización delincuencial, el ejecutor es simplemente una “ruedita cambiable en la máquina del poder”, un “engranaje” sustituible en cualquier momento en la materialización de los designios ilícitos.

                Desde esta columna sugerimos que la Fiscalía General del Estado, reenfoque sus investigaciones en los casos de corrupción masiva, detectados en las contrataciones públicas y otros actos administrativos con desvíos de poder, como los ocurridos en Petroecuador y en el IESS, que envuelven delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. Muchísimos perpetrados en un esquema de delincuencia organizada que operó principalmente dentro del Estado, tal como ocurrió en Brasil. (O)

*"...Si bien no participó materialmente en su ejecución material, fue quien decidió y ordenó su comisión [ el hombre de atrás], orden que fue cumplida a través de la línea de mando por los grupos ejecutores [ hombres de delante]. Mediante una decisión autónoma mantuvo el dominio del hecho y controló el resultado típico. El imputado, en suma, tenía el dominio directo del aparato de poder, y un dominio en razón del vínculo formal con sus subordinados.”

** Publicado originalmente en el diario El Universo, el día viernes 26 de enero del 2018

viernes, 19 de enero de 2018

Venezuela, color de sangre

El Carnicero
Jorge G. Alvear Macías

Luego de la ejecución del policía venezolano Óscar Pérez y, antes, otros crímenes cometidos por integrantes de aparatos estatales y civiles armados por el chavismo, toma sentido aquel estribillo del canto “Venezuela es roja rojita, con mi comandante derrotamos a los fascistas…”. Tanto que el Spiegel Daily, un periódico de la revista Der Spiegel, calificó de El carnicero (Der Schlächter) al dictador Nicolás Maduro. Una lectura que sugerimos al presidente Moreno y a la canciller, para reconsiderar la vergonzante postura con el régimen del dictador.

El autor de la crónica, Dominik Peters, describe el contexto del gobierno de Maduro como sistema para apagar a sus oponentes y suprimir a su gente hambrienta, con la ayuda de los militares. En el caso de Pérez, un rebelde –expiloto– de las fuerzas policiales, fue declarado enemigo número uno del Estado, luego de que meses atrás había robado un helicóptero, disparó al Ministerio del Interior, lanzó granadas a la Corte Suprema y pasó a la clandestinidad reclutando rebeldes que pelean en las montañas alrededor de Caracas. Sin embargo, Pérez fue ubicado por las tropas y habría sido ejecutado luego de haberse rendido. Variados videos compartidos en las redes lo muestran sangrando, armado y ofreciendo entregarse. LÉA MÁS: https://www.eluniverso.com/opinion/2018/01/19/nota/6573550/venezuela-color-sangre

*Publicado originalmente en el diario El Universo, el día viernes 19 de enero del 2018.

viernes, 12 de enero de 2018

¡Más vergüenza!

 
El gobierno de Rafael Correa cometió un error de graves consecuencias para la imagen internacional del país, al conceder asilo diplomático a Julian Assange, quien huía de la justicia sueca acusado de delitos sexuales. Desde entonces la diplomacia ecuatoriana ignoró la clara y firme posición de la contraparte del Reino Unido, que aún pide a Julian Assange que deje la embajada para hacer frente a la justicia.
Pero las recientes revelaciones alrededor de Assange evidencian más irresponsabilidad, capricho y torpeza en el manejo de las relaciones internacionales.
Lo que al principio solo fue un rumor, se ha confirmado: el intento de la Cancillería para obtener del Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido que Julian Assange sea aprobado como miembro de nuestra misión diplomática en Londres.
El periodista Martín Pallares, del medio digital 4Pelagatos, informó esta semana que el Foreign Office and Commonwealth Office del Reino Unido se negó a reconocer a Assange como un miembro aceptable de la misión ecuatoriana. Una situación bochornosa que el periodista extrae del texto de la comunicación así: “El Foreign Office and Commonwealth Office no considera que el señor Assange goce de ningún privilegio e inmunidad bajo la Convención de Viena en relaciones diplomáticas”.
Ahora toma sentido la cédula de ecuatoriano que habría sido entregada a Julian Assange el pasado 21 de diciembre y hasta un pasaporte. Es que la solicitud de aprobación para Assange, como miembro de la embajada, se debió acompañar con los documentos de identidad ecuatorianos. LÉA MÁS: 
*Publicado originalmente en el diario El Universo el día viernes 12 de enero del 2018.

viernes, 29 de diciembre de 2017

Fujimori y las FARC

Jorge G. Alvear Macías

El cuestionado indulto humanitario concedido al expresidente Fujimori es un tema que una vez más atrae la atención de la comunidad internacional, preocupada por el respeto a los derechos humanos.

Similar atención captó la firma del acuerdo de paz en noviembre del 2016 que puso fin –parcialmente– a 52 años de confrontación armada entre las FARC y el Estado colombiano.

Sin duda, en el interés de los países media la defensa de principios y valores universales inherentes a la dignidad humana; y, la solidaridad con las víctimas que fueron vulneradas en sus derechos esenciales, como la vida y la libertad. Están las familias de los inocentes masacrados, secuestrados, torturados, quienes sufrieron violación sexual, exilio y desaparición forzada, entre otros graves delitos. Aquello ocurrió tanto en el Perú como en Colombia, durante el gobierno de Fujimori y durante el embate fratricida y delincuencial de las FARC. LÉA MÁS: 


*Publicado previamente en el diario El Universo el día viernes 29 de diciembre del 2017

viernes, 22 de diciembre de 2017

La queja de Correa y Patiño

Jorge G. Alvear Macías
@jorgalve
 jorgalve@yahoo.com
¿Están ellos habilitados para invocar la Carta Democrática Interamericana (CDI), como hicieron en la denuncia al secretario general de la OEA, acusando de “explícita alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático y del Estado de derecho” en Ecuador?
Parecería que no. Ya existe un precedente del año pasado sentado por el actual secretario Luis Almagro, respecto de la situación venezolana: “Corresponde únicamente al soberano decidir la realización o no del referéndum revocatorio. Ningún procedimiento administrativo puede ser obstáculo a la decisión de la gente. Este revocatorio no pertenece ni al Gobierno ni a la oposición, sino al pueblo de Venezuela. Es el deber de todo gobernante responder al mismo”.
Además, la denuncia solo fue firmada por Patiño como excanciller; es decir, sin ninguna representación oficial del Estado. Patiño afirma que se convocó al referéndum y consulta sin el dictamen de la Corte Constitucional y que esa omisión fue intencionada.
La invocación de la Carta Democrática tiene vías que lo permiten y Patiño no se sitúa en ninguna. LÉA MÁS: 
*Publicado originalmente en el diario El Universo el día viernes 22 de diciembre del 2017