viernes, 22 de octubre de 2021

Método de prueba y error


 Las autoridades del Estado no han logrado el objetivo de “precautelar y coadyuvar el mantenimiento de la seguridad” ciudadana, que buscaron con la prohibición del porte de armas de uso civil a nivel nacional (Decreto 001, Rafael Correa, 2009). Decreto emitido a pesar de la vigente Ley sobre Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios promulgada en 1980, que reconoce el derecho a licencias de tenencia y porte de armas de defensa personal. Es claro que, ante el incremento de inseguridad, los permisos legales de tenencia y porte de armas otorgados hasta el 2009, ninguna relación tenían con los delitos de delincuencia común o crimen organizado, cometidos con armas del mercado ilegal.

Este Diario, en un reportaje del 12 de octubre, destacó que con el fin a los permisos de portar armas desapareció el efecto disuasivo de los delincuentes, quienes actualmente “actúan a sabiendas que sus víctimas no tienen con qué defenderse”. Lo comprobamos esta semana, cuando criminales, en horas diurnas, asaltaron –sin apuros– en centros comerciales de esta ciudad; y, en días anteriores hirieron personas, a pesar de no haberse resistido a ser robadas. Todo ocurrió en medio del estado de excepción y con las Fuerzas Armadas en las calles, para intentar contener la arremetida de los malhechores. Por supuesto, muchos otros hechos delincuenciales, como asaltos en áreas de los semáforos, han ocurrido en las últimas horas, no denunciados ante las autoridades pero sí compartidos en redes sociales.

El Estado no ha funcionado ni como ente pacificador de la sociedad y menos neutralizador de la delincuencia. Por otro lado, en la violencia social existen elementos de distintos orígenes que reclaman distintas soluciones, de resultado mediato o inmediato. La criminalidad violenta obliga a desatanizar los permisos de tenencia y porte de armas para defensa personal, pues el Acuerdo 96 del Ministerio de Defensa (abril, 2021) prevé estrictos requisitos, tales como: 1. Certificado de aptitud para tener o portar armas, otorgado por un psicólogo clínico, con sus datos para posteriores controles. 2. Cumplir test de conocimiento de medidas de seguridad y normativa legal sobre armas. 3. Certificado de no registrar antecedentes penales.

Tales requisitos observan parámetros internacionales sobre regulación del uso de armas y licencias. Incluso organizaciones como Amnistía Internacional admiten que tanto la tenencia como el porte se autoricen previo control exhaustivo de los antecedentes del solicitante, para detectar factores de riesgo como el comportamiento violento, historial de uso de drogas y alcohol, problemas emocionales o enfermedades mentales.

No se trata de armar a maltratadores ni a vecinos prepotentes y violentos, pues en la necesaria evaluación psicológica quedarán identificados y excluidos. Las emergentes circunstancias de indefensión ciudadana ante la delincuencia obligan al menos a renovar los permisos vencidos de tenencia o porte de armas, previa verificación de requisitos. Estos ciudadanos podrán apoyar a la Policía en Guayaquil, como ocurrió en 1981 durante el conflicto con el Perú, a pedido del jefe de la II Zona Militar de entonces. El Gral. José Gallardo Román podría confirmarlo. (O)


jueves, 7 de octubre de 2021

Calificación de urgencia económica


El Consejo de Administración Legislativa (CAL), de la Asamblea, devolvió el ‘Proyecto de Ley Orgánica de Creación de Oportunidades, Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal’, presentado en la Asamblea con calificación de urgente en materia económica, por el presidente Guillermo Lasso, el pasado 24 de septiembre del presente año.

Para motivar la devolución el CAL se apoyó en un informe de la Unidad Técnica Legislativa, que realizó indebidamente un control constitucional formal y material que es exclusivo de la Corte Constitucional y únicamente pertinente para controlar normas legales aprobadas por la Asamblea, que hayan sido impugnadas con una demanda de inconstitucionalidad. Tan evidente es la arbitrariedad asumida por el CAL, que la indicada Unidad Técnica Legislativa, para señalar que el proyecto incumple el artículo 136 de la Constitución, en lo que respecta al requisito de unidad de la materia legislativa, invoca el artículo 116 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional que precisamente regla el examen de la Corte Constitucional, entre otras reglas agrupadas en el Capítulo VI de este cuerpo legal, titulado ‘Control constitucional de las disposiciones legales de origen parlamentario’. Un control que ni siquiera es preventivo y que en nuestro ordenamiento constitucional sí puede hacerlo el presidente a través del veto.

La devolución del proyecto tiene la finalidad de “que sea presentado nuevamente de conformidad a lo dispuesto en el sexto inciso del artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa”. Esta norma impide al CAL calificar la viabilidad de trámite, de un proyecto de ley enviado como urgente en materia económica por el presidente de la República, si estima que no ha cumplido los requisitos ordinarios exigidos a todos los proyectos de ley. La resolución del CAL no ha cuestionado la calificación de urgencia en materia económica del proyecto indicado, contrario a lo afirmado por un respetable jurista. Tal calificación es atribución del primer mandatario.

Es que, si un proyecto de ley no se refiere a una sola materia –entre otros requisitos exigidos en la Constitución– (art. 136) no puede tramitarse, salvo que se justifique –como pareciera constar en el proyecto de urgencia económica comentado–, la relación de conexidad causal, temática, teleológica y sistemática de los contenidos normativos de las reformas propuestas a las leyes. Pero esta verificación debería y puede efectuarla la Corte Constitucional y, por ello, la necesidad de revertir las atribuciones de control constitucional preventivo dadas al CAL con una urgente reforma legal. Esta atribución, en contravención de la Carta Magna, propicia un tétrico precedente para coartar a futuro el trámite de los proyectos de ley, simplemente aduciendo vicios de inconstitucionalidad (determinados por la Unidad de Técnica Legislativa de la Asamblea), sin que tales proyectos lleguen a ser debatidos por el pleno.

En un análisis despojado del cálculo político, aunque desde la Asamblea se amenace con la desaprobación del proyecto, estimo razonable para fortalecer la juridicidad constitucional que se lo vuelva a presentar y, en esta ocasión, el organismo legislativo haga lo correcto. (O)

viernes, 24 de septiembre de 2021

Derecho a la reproducción, no al aborto…

  Este miércoles, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional realizó la audiencia solicitada por varios profesionales del derecho y la medicina. Ellos plantearon objeciones al proyecto de la Ley Orgánica para Garantizar el Derecho de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Caso de Violación que tramita dicha Comisión, antes de enviar su primer informe al pleno de la Asamblea. 

La audiencia se desarrolló en un ambiente tenso, diría poco cordial por parte de ciertos miembros de la Comisión. El presidente de la Comisión parecía más atento al reloj y esperando la oportunidad para advertirles a los invitados: “… le queda un minuto para concluir…”. 

Una de las críticas fue al título del proyecto, pues descubrió en el mismo el uso del eufemismo “interrupción voluntaria del embarazo”, en vez del vocablo aborto; y, además, evidenció en la denominación de la ley (lo que también observo en el artículo 3) la creación del derecho al aborto, derecho no contemplado en la Constitución ni en la Convención Americana de Derechos Humanos y menos reconocido por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos CorteIDH, que es la intérprete última de tal Convención. 

Lo que la CorteIDH sí hizo en el caso Artavia Murillo-Costa Rica fue conferir mayor protección a las mujeres en cuanto a sus derechos a la reproducción y no al revés (Paloma Lara C., Universidad Católica Argentina). Basta observar que los antecedentes de la sentencia se refieren al derecho a la reproducción asistida, en el contexto de la fertilización in vitro que le fue negada a una pareja sin hijos. 

También se nota en el proyecto, además de lo señalado anteriormente, que adolece de graves vacíos normativos que lo tornan incompatible con los razonamientos de la Sentencia n.º 34-19-IN/21 de la Corte Constitucional (CC), que dispuso su preparación; e inobserva una expresa indicación de la decisión de dicha Corte. Los vacíos pueden ser subsanados por la Comisión o el pleno; pero no la inobservancia, que impide continuar el trámite. 

En efecto, el proyecto no fija un tiempo máximo de gestación para permitir el aborto. Está indeterminado y abierto a la práctica en cualquier mes del embarazo. Es decir, incumple la instrucción de la CC de establecer “… condiciones y requisitos para que exista un adecuado balance entre la protección del nasciturus y los derechos constitucionales de las mujeres víctimas de violación”. En Estados Unidos, el estado de Texas limita la práctica del aborto hasta la sexta semana de gestación, y a que se detecte el latido del corazón del feto –que usualmente ocurre en esa semana–. “… La vida de cada niño por nacer con un latido del corazón se salvará de los estragos del aborto”, dijo Greg Abbott, gobernador de Texas. 

Adicionalmente, entre los considerandos del proyecto no consta que se haya contado “… con la participación amplia y activa de la ciudadanía…”, incumpliendo así el defensor del Pueblo otra instrucción de la CC (n.º 195 de la sentencia). El proyecto debe devolverse para que se escuche a la ciudadanía inconforme con su formulación. ¿Acaso no somos una sociedad incluyente? (O)

jueves, 16 de septiembre de 2021

No olvidar la Comisión Internacional contra la Impunidad

 

No debería abandonarse la original oferta de campaña del presidente Lasso de crear la Comisión Internacional de Lucha contra la Corrupción, similar a la Cicig que funcionó exitosamente en Guatemala, enfrentando a la delincuencia organizada que cooptó ese Estado centroamericano. El organismo descubrió e incomodó a élites del poder involucradas en la voracidad de la cleptocracia (poder controlado por ladrones). Un modelo caracterizado por ser una institución independiente de investigación, con recursos económicos y personal especializado propios, pero que trabajó conforme al ordenamiento jurídico guatemalteco y que dependió del sistema judicial de ese país.

La Cicig escudriñó particularmente la corrupción en el sector público, y así diseñó el plan de acción, seleccionó y entrenó al personal que manejó un nuevo departamento del Ministerio Público-MP (Fiscalía General), que promovió y se denominó Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI). Además apoyó al MP en propuestas al Legislativo de leyes necesarias para batallar con la delincuencia organizada asociada al poder político, entre otras. Esa comisión internacional, como bien anota Elisenda Calvet Martínez, experta en Derecho Internacional Público de la Universidad de Barcelona, en un análisis sobre su actuación: “… (funcionó) como una especie de fiscalía, aunque con poderes limitados, que (trabajó) junto con las instituciones guatemaltecas, capacitando al personal local a través del llamado efecto demostrativo (demostration effect) (Hudson y Taylor, 2010, p. 55). Para poder llevar a cabo su cometido, destacan dos funciones: por una parte, la posibilidad de promover la investigación, persecución penal y sanción de los delitos… como ‘querellante adhesivo’ (acusador adicional), es decir, de forma conjunta con el Ministerio Público… y… promover reformas legislativas para garantizar el funcionamiento adecuado de las instituciones guatemaltecas para poder perseguir a estas estructuras criminales…” .

Entendemos que el señor presidente quiere responder al clamor de recuperar lo robado, pero esa iniciativa no se contrapone a la necesidad de sanear y preparar a los funcionarios idóneos de las instituciones encargadas de luchar contra el crimen organizado; lo cual es necesario para lograr sin temor al fracaso, el beneficio de la ayuda internacional para recuperar los dineros con origen en la contratación pública, obtenidos ilícitamente por exfuncionarios y personas naturales y jurídicas privadas, que se encontrarían en distintas jurisdicciones.

Como ya lo dijimos en un programa de televisión con el periodista Carlos Vera, ya existen los mecanismos legales para solicitar la colaboración de Estados Unidos para recuperar los activos apropiados por la cleptocracia. Inicialmente para el acceso inmediato de información o evidencias que sean admisibles en un tribunal, para condenar a los culpables y la ubicación de los activos que se pretenden recuperar. Esto consta en una guía práctica de cooperación internacional sobre la materia, elaborada por el Departamento de Justicia con el Departamento de Estado de Estados Unidos. (O)

viernes, 10 de septiembre de 2021

El 11-S, el día más sangriento de Estados Unidos

 Mañana se cumplen 20 años del terrorífico suceso que modificó drásticamente la visión mundial de seguridad y, en especial, de Estados Unidos: la destrucción de las torres del World Trade Center en Nueva York, impactándolas con dos aviones de pasajeros. Fue un meticuloso plan, bien financiado, organizado y ejecutado por células del grupo terrorista Al Qaeda, creado por Osama bin Laden.

Ese día y con diferencia de minutos, dos equipos de la organización terrorista que también se habían apoderado de dos aeronaves en vuelo embistieron con una de ellas el edificio del Pentágono en Washington e intentaron con la otra atacar posiblemente la Casa Blanca o el Capitolio. Se conoció que lo impidieron los heroicos 38 pasajeros y 7 tripulantes de ese cuarto avión, enfrentando a los captores y obligándolos a estrellar la nave en un espacio inhabitado. Si el avión hubiera seguido segundos más en el aire, habría impactado una escuela con 501 estudiantes.

Muchos vimos, atónitos, en transmisión directa de televisión, imágenes del momento en que el avión de United Airlines se incrustó en la estructura de la Torre Sur del World Trade Center, la gran explosión con enormes flamas y columnas de humo negro; y luego cómo ambas torres de 110 pisos se desplomaban.

El siniestro plan, con la intervención de pilotos sauditas entrenados en USA y con apoyo de musulmanes estadounidenses, cobró más de 3.000 vidas humanas. Hay quienes sostienen que los pilotos pudieron practicar con simuladores de vuelo de Microsoft y Fly II para computadoras que “permitían volar entre las torres del World Trade Center y entrar en ellas”.

Los diarios de Estados Unidos, como el New York Times, Los Angeles Times, Houston Chronicle, Dallas Morning News y otros, describieron en sus portadas el drama y sentir estadounidenses, con titulares como ‘Estados Unidos atacado’, ‘Día de la muerte’, ‘Ataque terrorista Nueva York, Pentágono’, ‘¡Bastardos!’, ‘Un día diabólico’, ‘La gran infamia’, ‘Estamos en guerra’, ‘El día más sangriento de Estados Unidos. Este es el segundo Pearl Harbor’, ‘Día del terror’, ‘Terror e incredulidad’. En fin, la prensa recogió el sentir ciudadano de devastación, oscuridad y terror; así como su ira y el clamor de que los culpables pagaran sus terribles crímenes.

El periodismo también invitó a reflexionar. Nancy Gibbs en la revista Time (sept. 14, 2001) escribió bajo el título ‘Si quieres humillar a un imperio’: “El acero, ahora lo sabemos, se dobla y se derrite; ahora necesitamos estar hechos de algo más fuerte que eso. (…) ¿Entramos en pánico ahora o seremos valientes? Una vez que los buldóceres y volquetas hayan limpiado los escombros y se hayan rezado mil misas fúnebres (…), las calles estén limpias de cenizas y vidrios y las tiendas y monumentos y aeropuertos vuelvan a abrir, una vez que hayamos comenzado a explicar esto a nuestros hijos y a nosotros mismos, ¿qué haremos? ¿Qué más que construir nuevas catedrales, y si son bombardeadas, construir algunas más? Porque la fe está en el acto de construir, no en el edificio en sí, y ninguna cantidad de terror puede evitar que rasquemos el cielo”. (O)

viernes, 27 de agosto de 2021

El mundo observa absorto a Afganistán…

 Una noticia de ayer de Associated Press anunció un inminente ataque terrorista al aeropuerto de Kabul, donde miles intentan huir. Esto ocurre cuando se agota el plazo para terminar un puente aéreo masivo que realizan varios países de Occidente, tal vez el más grande de la historia. Un alto funcionario de las Fuerzas Armadas británicas, James Heappey, afirmó que había informes muy creíbles de un ataque inminente. “… Hay muchas personas en la cola que quieren correr el riesgo, pero la información sobre esta amenaza es muy creíble y hay una inminencia real”. La Embajada de Estados Unidos también advirtió a los ciudadanos afuera del aeropuerto que se fueran de inmediato debido a una amenaza de seguridad. Lo propio hicieron Australia, Gran Bretaña y Nueva Zelanda.

Muchos excolaboradores de las fuerzas de la coalición que intentan ingresar al aeropuerto temen por sus vidas ahora que los talibanes recuperaron el poder, luego de casi 20 años, tras la invasión liderada por Estados Unidos. Otros intuyen el retorno a la brutal aplicación de la estricta ley islámica y las represalias. Una afgana que trabajó para la ONU, entrevistada por Reuters, dijo: “Todas las mujeres que conozco tienen el mismo miedo que yo. ¿Qué pasará ahora con nuestros hijos si nos castigan por nuestro trabajo? ¿Qué pasará con nuestras familias? ¿Qué nos harán como mujeres?”.

El caso es que la facción del Estado Islámico en Afganistán está integrada mayormente por talibanes descontentos, con una visión aun más extrema del Islam. Son los Khorasan quienes han efectuado ataques brutales en Afganistán, incluido a un hospital-maternidad de Kabul (2020) en el que murieron bebés y mujeres. Se sospecha que tendrían armas y equipos pesados abandonados por las tropas afganas.

Con las advertencias de ataques terroristas, es harto probable que finalicen las evacuaciones que realizan algunas naciones como Dinamarca, Holanda, Polonia, Bélgica y Francia. Los talibanes después de la fecha límite solo permitirían vuelos comerciales.

Los temores de los afganos no serían exagerados y son compatibles con las declaraciones del exsecretario de Estado de Estados Unidos Mike Pompeo (promotor del acuerdo con los talibanes para la salida de las tropas estadounidenses de Afganistán): “Estos [los talibanes] son carniceros. Me reuní en la habitación con ellos. Estas fueron algunas de las reuniones más difíciles para mí personal y emocionalmente. Sabía exactamente quién estaba sentado al otro lado de la mesa. Estas son personas malvadas. El mundo está lleno de gente malvada como esta… Nunca confiamos en ellos... Siempre supimos que lo que nos decían era casi con certeza una mentira” (entrevista en Tulsa, 18 de agosto de 2021).

Lo descrito me recordó el relato del periodista paquistaní Ahmed Rashid en su libro Los talibán: “… El mundo solo se dio verdadera cuenta de la importancia de Afganistán cuando aquella soleada mañana neoyorquina, la gente se quedó boquiabierta viendo cómo dos reactores se incrustaban en las Torres Gemelas del World Trade Center…”.

Mientras termino esta columna, los ataques ya empezaron y el mundo, absorto. (O)

viernes, 13 de agosto de 2021

¿La hora de dejar de ser Quijote?

 

viernes, 30 de julio de 2021

El viaducto sur (quinto puente) de Guayaquil


 Es una obra de interés nacional y su construcción debe ser impulsada con tal concepción por el Gobierno nacional, y qué mejor con la participación del sector privado en su financiamiento, en el mantenimiento y ampliación futura de la infraestructura, para que no se requiera construir otra paralela, como ocurrió con el puente de la Unidad Nacional, obligada por el incremento del tráfico de personas y mercaderías, y tuvo que ejecutarse en medio de las dificultades de un entorno poblado. 

EL UNIVERSO evidenció la necesidad de la obra y su gran importancia para el país, en un detallado reporte: “… El 86 % del volumen de la carga de Ecuador circula por la vía perimetral de Guayaquil… Con esto, el 92 % de los contenedores de Ecuador… transitan obligatoriamente por la vía perimetral...” (enero 10 del 2021), destacando también el beneficio al comercio, la unión de las provincias del sur con el Puerto Marítimo de Guayaquil. Sin duda, hay que considerar en ello el ahorro de tiempo de conducción, combustible y neumáticos, así como la prevención de enfermedades respiratorias de los guayaquileños, al disminuir el tráfico de carga que cruza la ciudad. 

Este Diario también advirtió que desde que se ofreció la obra en marzo del 2008 (siendo presidente Rafael Correa), se introdujeron cambios en el diseño original (recortándose 11 km de longitud, redujeron carriles, excluyeron tramos y accesos viales, etcétera). Esto preocupa a los gremios, porque comprometería el servicio adecuado para el desarrollo de las zonas que atravesaría la vía y afectaría la fluidez del futuro incremento de la carga, estimada en un 7 % anual. 

Este columnista tuvo la oportunidad de participar en coloquios con representantes de empresas constructoras de Guayaquil, en relación con la obra comentada, en donde se reflexionó lo siguiente: 

• Debe mantenerse el número de carriles de circulación originalmente previsto, sin disminuirlo a dos, pues nefastos resultados son previsibles. Lo ideal: tres carriles mínimo en cada sentido. La amplitud de la vía Collas al aeropuerto Tababela confirma la utilidad; 

• Asegurar la navegación por el río Guayas sin restricciones, evitando bloquear a las embarcaciones de mayor altura y la sedimentación del lecho; 

• Siendo una obra histórica para el desarrollo socioeconómico y la calidad de vida para la región y el país, debe mantenerse el diseño de los pasos elevados para la conectividad con Guayaquil y el cruce con la vía Durán-Tambo; 

• Para su financiamiento, gestionar la obtención de préstamos con organismos internacionales –como BID y CAF–, que cobran bajos intereses; 

• Desde ya asegurar el derecho de vía, para evitar asentamientos informales que compliquen ampliaciones futuras; 

• Convendría construir prioritariamente los carriles externos de las vías, a buena distancia del parterre central de ampliación, para prevenir invasiones, dejando a salvo las salidas de retorno o las que se utilizarán para pasos a desnivel y rampas. 

No hay otra obra, por ahora, que mejor se enmarque como obligación del Gobierno central para el desarrollo de las provincias del centro y sur. (O)

viernes, 9 de julio de 2021

La vacuna: derecho y obligación

Jorge G. Alvear Macías

Es de suma importancia que las autoridades gubernamentales empiecen –si no lo han hecho– a diseñar e implementar medidas de carácter obligatorio, paralelas a los esfuerzos del plan de vacunación masiva para alcanzar la inmunización de la población ante el COVID-19. Esto, debido a la preocupante actitud de personas que no han acudido a recibir la vacuna y otras que rechazan la vacunación por distintos motivos, muchos irracionales. Incluso se ha dado dentro del sistema educativo, en su mayoría docentes, que habiendo sido convocados hasta tres veces se han negado a recibir la vacuna.

A pesar de lo anterior, hay respetables opiniones que no recomiendan imponer medidas coercitivas. Algunas recelan que se afecten derechos constitucionales de libertad y que tales medidas supongan una injerencia arbitraria a la vida privada de las personas. Discusión que ya se dio en países europeos, con ocasión de la vacunación obligatoria para prevenir enfermedades contagiosas –antes de que apareciera el COVID-19– y de gran mortalidad; polémica que terminó con una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, proferida en abril de este año, que dio la razón a la República Checa y a su política sanitaria que obliga a vacunar a los niños, para inmunizarlos contra nueve enfermedades (tuberculosis, difteria, tétanos, tos ferina, parálisis infantil, sarampión, paperas, rubéola y hepatitis B). En su sentencia, el Tribunal aceptó la posición checa de que la vacunación especialmente de niños debe seguir siendo una obligación legal, pues hay riesgo de disminución de la tasa de vacunación con un procedimiento meramente recomendado. Por otro lado, reflexionó que la vacunación obligatoria responde al principio de solidaridad social para no contagiar a aquellas personas que por sus enfermedades preexistentes están impedidas de recibir la vacuna. Lo indicado tiene similitud con el espíritu del Pacto de San José: “Artículo 32. Correlación entre Deberes y Derechos: 1. Toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y la humanidad. 2. Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática”. 

Si bien el Tribunal determinó que la vacunación obligatoria constituía una injerencia en la vida privada, la justificó ineludible en una sociedad democrática para alcanzar un fin legítimo; y, en el caso de la República Checa, responde a una necesidad social apremiante. Para el Tribunal, las autoridades checas actuaron dentro de su amplio margen de apreciación y no se excedieron, por lo que la vacunación obligatoria que dispusieron puede considerarse necesaria en una sociedad democrática.

El Tribunal conoció la causa por la reclamación de ciudadanos checos que habían sido multados (con el equivalente a 110 euros) por incumplir la obligación de vacunar a sus hijos (menores de 15 años) o porque reclamaron que se les había negado la admisión en guarderías a los infantes no vacunados. 

Es un pronunciamiento histórico. Señalamiento de ruta para facilitar la acción gubernamental de lucha contra el COVID-19 en nuestro país. (O)


martes, 29 de junio de 2021

¿Usurpación de funciones?


De acuerdo con el comunicado de la Contraloría, difundido por algunos medios de comunicación, dicho organismo “…designó al ingeniero Carlos Alberto Riofrío González… como subcontralor general del Estado, autoridad que subrogará las funciones de contralor general del Estado, en caso de ausencia temporal o definitiva del doctor Pablo Santiago Celi de la Torre”.

Aunque en el anuncio no se precisa, la designación habría sido suscrita por el director nacional de Gestión Institucional, Jairo José Caldas Montero, con el supuesto respaldo del Reglamento de Suscripción de Documentos de la Contraloría (aprobado por el subcontralor Celi en abril/2021), reglamentación que revela que no es suficiente ni de lejos para que dicho director pueda designar al subcontralor general; y menos para que actúe por delegación del contralor para suscribir “…las acciones de personal relacionadas con designaciones, nombramientos y cesación de funciones de los subcontralores; y…”; dado que el citado reglamento (art. 1, número 11) expresamente determina que aquellas debe firmarlas directamente el contralor.

Si bien el mencionado Reglamento establece detalladamente cuáles son los documentos que corresponde firmar a los funcionarios de la institución de los distintos niveles –lo que impide interpretarlo extensivamente para incluir otros documentos–, también hay que señalar que para seguridad de la previsibilidad de los actos administrativos y para evitar la confusión en el ejercicio de las atribuciones, en cada apartado de descripción de los documentos de competencia de cada funcionario se indica que la firma de cualquier otro documento no incluido en el listado requiere la delegación expresa del contralor. Claro, dentro de la competencia de cada funcionario.

En el caso del director nacional de Gestión Institucional de la Contraloría que hizo la designación del subcontralor general de la Contraloría, este solamente puede (tratándose de derecho público, que faculta a lo expresamente permitido) suscribir los documentos determinados en el artículo 34 del Reglamento mencionado y los demás –que de acuerdo con su competencia– le sean expresamente delegados por el contralor general del Estado (art. 34 número 25). Obviamente, en el mismo Reglamento, el subcontralor Celi se reservó para sí la emisión directa de “…las acciones de personal relacionadas con designaciones, nombramientos y cesación de funciones de los subcontralores …”. Esto, además, porque la Ley Orgánica de la Contraloría en su artículo 33 de su simple lectura determina que la competencia de designar contralores es de la máxima autoridad de la institución y la delegación de facultades solo cabe en el ámbito de las competencias legales del delegado. De lo contrario, una delegación sin límites podría llegar al absurdo que se la entregue al empleado de servicios de mensajería.

A la vista de las restringidas funciones del director Jairo Caldas, resulta ilegal la reciente designación del subcontralor general de la Contraloría. La Asamblea debería iniciar pronto el juicio político contra el subcontralor Celi; y, la Fiscalía actuar ante la reciente y posible usurpación de funciones. (O)


viernes, 25 de junio de 2021

¿Hay ausencia del cargo del contralor?

Aunque a muchos nos incomode que el subcontralor Pablo Celi aún ejerza el cargo y despache desde la cárcel 4 en Quito, debemos aceptar que aquel conserva el cargo, ya que la prisión preventiva que lo inmoviliza no tiene efectos de interdicción para el ejercicio.

Cosa distinta sería, por ejemplo, una sentencia condenatoria ejecutoriada por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias, lavado de activos, asociación ilícita y delincuencia organizada relacionados con actos de corrupción.

Sentencia que le impediría, esa sí, ejercitar el cargo según lo señala el artículo 10 (concordante con el artículo 48), de la Ley Orgánica del Servicio Público (Losep).

Es que la prisión preventiva impuesta a Pablo Celi solamente le restringe el derecho de movilidad, como también lo haría un grillete electrónico. Tanto es así que este dispositivo de vigilancia electrónica lo utiliza la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, en pleno ejercicio de su cargo y en medio de un procedimiento penal.

La subcontralora general Valentina Zárate, hasta hace pocos días subrogante de Celi, reconoció que su nominador se encuentra en pleno ejercicio del cargo, luego de que feneció el periodo de 60 días de licencia; y, alguien en la Fiscalía General también lo sabe, desde que dispuso el allanamiento de la Contraloría para investigar un posible delito de arrogación de funciones de la subrogante, a partir del día 12 de junio pasado en que feneció la indicada licencia.

Este caos, amigo lector, se debe en gran medida al vacío jurídico de la Ley Orgánica del Servicio Público (y a la falta de decoro que se ha arraigado como mala hierba en la función pública). La ley indicada debería explicar lo que se entiende por “ausencia temporal del cargo”; sobre todo cuando la justificación no es invocada por el propio funcionario público afectado o este evade hacerlo en circunstancias similares a las de Celi.

Pero lo ideal sería incorporar una previsión similar a la contenida en la Ley Orgánica de la Función Legislativa (artículo 14:18) que faculta a principalizar, de manera provisional, al asambleísta suplente o alterno según corresponda, sin necesidad de excusa del principal, en casos de “ausencia temporal por causa judicial debidamente documentada”; y que además aclara (artículo 112) que también se considera ausencia temporal el cumplimiento de prisión preventiva o arresto domiciliario dispuestos por juez competente, y en esos casos el asambleísta puede acogerse al régimen de licencia sin sueldo; y, por supuesto, mientras dure la prisión preventiva o el arresto domiciliario, el Consejo de Administración Legislativa suspenderá todos los derechos parlamentarios del asambleísta principal (incluido el salario), con excepción de la inmunidad parlamentaria y el fuero.

Por lo indicado, la solución para salir lo más pronto del marasmo jurídico en que se ha sumido a la Contraloría es iniciar el juicio político contra el subcontralor Celi; y si hay las pruebas de mérito, resolver su destitución. No parece sencillo, pero esa es la vía. (O)