PRESENTACIÓN DE LIBRO EN LA FUNDACIÓN DIARIO EL UNIVERSO

Obra recoge sentencias extractadas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos pronunciadas en casos de violaciones al derecho a la Libertad de Expresión.

Los doctores Jorge Alvear Macías y Lelys González Montealegre presentaron el martes 13 de mayo de 2014, en el auditorio Fundación Diario El Universo, el libro "Corte Interamericana de Derechos Humanos, Libertad de Expresión. Casos"

En el Ecuador como en otros países -especialmente de Latinoamérica-, continúa la discusión sobre los límites del ejercicio de la libertad de expresión. El debate se renueva principalmente impulsado desde los niveles del poder estatal y con novedosas tesis, algunas de las cuales colindan con falacias. Así se promueve por ejemplo, la “necesidad” de regular los derechos de la comunicación, para supuestamente cumplir con el fin legítimo de la existencia del Estado en una sociedad democrática.

Uno de los graves problemas de la concepción del poder, por parte de ciertos gobernantes, aflora cuando asumen que la dignidad y reputación de un Presidente de la República o de un funcionario público en general, pesan más que los derechos de los ciudadanos a recibir información plural. Se resisten a aceptar que la libertad de opinión y el derecho a la información, están garantizados como derechos fundamentales en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y en la mayoría de las Constituciones. Piensan que Democracia es identidad entre gobernante y gobernados; y en caso de excepción, es el soberano quién decide, tal como creía el alemán Carl Schmitt en época del nacionalsocialismo.

El libro recoge una selección de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre juzgamientos a violaciones de varios derechos fundamentales, extractadas, en las que se analiza las violaciones al derecho a la libertad de opinión y expresión. Los extractos permiten establecer los estándares de protección construidos por indicada Corte Interamericana, enfocados en la libertad de opinión y expresión, dado que constituye un derecho consustancial a la existencia de las personas y de una sociedad democrática. Por ende vital para el ejercicio de los demás derechos.

La presentación del texto la hizo el doctor Hernán Salgado P., expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A nombre de los autores intervino el doctor Jorge Alvear Macías.

El libro puede adquirirse en la Fundación Diario El Universo, calle Escobedo y Bulevar 9 de Octubre y en las agencias del diario.

El Diario digital la República de Ecuador cubrió el evento con tomas fotográficas, que pueden ser revisadas aquí: https://www.larepublica.ec/blog/cultura/2014/05/14/jorge-alvear-y-lelys-gonzalez-presentan-libro-sobre-cidh/

El Diario El Universo también proporciona más in formación de la presentación del libro: http://www.eluniverso.com/2014/05/16/fotogaleria/2965981/presentacion-obra-juridica

Texto del discurso del 

doctor Jorge Alvear Macías.

Buenas noches damas y caballeros, amigos y amigas. Reciban también este saludo de mi colega Lelys González Montealegre, quien me solicitó que exprese una corta alocución a nombre de ambos.

 
Muchas gracias por la presentación del libro titulado “CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, LIBERTAD DE EXPRESIÓN, CASOS”, que se sirvió efectuar señor doctor Hernán Salgado Pesantes, Ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ex magistrado del Tribunal Constitucional y ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia del Ecuador.  Su presencia y la de la distinguida audiencia, nos honra y gratifica a los autores del libro. La generosidad de sus comentarios doctor Salgado, nos alienta en sumo grado y fortalece nuestro optimismo respecto a la acogida del libro presentado. Es un buen augurio. Gracias nuevamente.

Cuando recibí hace 4 años la sugerencia de Nila Velázquez para elaborar este libro, fue muy placentero aceptarla. La opinión pública nacional e internacional comentaba el insólito Juicio planteado por el presidente de la República contra el periodista Emilio Palacio, los Hermanos Pérez y contra la persona jurídica propietaria de Diario El Universo, proceso por el cual los demandados solicitaron Medidas Cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y les fueron concedidas, habiendo sido éstas determinantes en la conclusión del juicio.

Pero no imaginamos que en la preparación del libro tuviéramos que vivir una transformación jurídica altamente restrictiva y regresiva del derecho a la libertad de expresión en el Ecuador. A decir verdad, íntimamente creíamos que en el debate nacional e internacional de la Ley de Comunicación finalmente pesarían los compromisos internacionales del Estado y pondrían las cosas en orden. Entonces suponíamos que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la máxima instancia internacional en materia de Derechos Humanos de la región, evitaría que las iniciativas gubernamentales impongan una Ley de Comunicación altamente peligrosa para las libertades de opinar e informar y ser informado, que le ha permitido al Estado, órganos y autoridades controlar y restringir la información más allá de lo previsto y permitido en el Pacto de San José de Costa Rica, como también se conoce a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La Relatoría Especial Para la Libertad de Expresión además de las diferentes opiniones vertidas dentro y fuera del país, mientras se discutía la Ley Orgánica de Comunicación, advirtieron que muchas de las disposiciones del proyecto afectaban el núcleo del derecho a la libre expresión de ideas y del derecho ciudadano a recibir información sin más restricciones que las autorizadas en el Pacto de San José. Por ello algunos analistas llegaron a calificar al proyecto, -ahora Ley vigente-, como la ley mordaza y también como la “LOCA”.

A la par que observábamos la “socialización” del proyecto de ley, vocablo incorporado en la jerga legislativa en estos años revolucionarios para convencernos que llena las necesidades del razonable debate de una ley entre los legisladores y la sociedad, observábamos que se construía un discurso de justificación para avanzar en contra de una doctrina jurídica que protege el derecho a la libertad de expresión. Discurso que replicaba internamente lo que ya había acontecido en la Venezuela de Hugo Chávez. Pudimos observar que las autoridades venezolanas desacataron sentencias de la Corte Interamericana y posteriormente expresaron el abandono de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos para escapar de la jurisdicción de la indicada Corte Interamericana.

Una de las sentencias incumplidas por Venezuela, resulta relevante en estos tiempos pues tiene relación con el líder opositor Leopoldo López, actualmente en prisión sin haber sido sentenciado y sobre la base de una supuesta investigación, aunque lleve en esas condiciones desde el 18 de febrero pasado. Es que en el 2011 la Corte Interamericana había establecido la responsabilidad internacional del Estado de Venezuela por haber inhabilitado a Leopoldo López para el ejercicio de la función pública e impedido participar en la elecciones regionales del 2008.

Mientras trabajábamos el libro fuimos testigos del incremento de los descalificativos a la prensa en general y a periodistas en especial; nos llamó la atención el inicio de procesos judiciales y condenas a miembros de agrupaciones de estudiantes y a una dirigente política, acusados de terrorismo; juicios a medios de comunicación, periodistas, caricaturista, autores de libros por el contenido de sus publicaciones y declaraciones, siguiéndose procesos judiciales a ex funcionarios públicos, asambleístas, asesores, artistas y ciudadanos comunes, únicamente por expresar su desaprobación al régimen.
Tales experiencias nos adicionaron motivación, sobre la necesidad de nuestro trabajo y de la utilidad que tendría para el periodismo y la sociedad ecuatoriana toda, en la tarea de evaluar las afectaciones y peligros que representan un ordenamiento jurídico y la actuación de autoridades, determinados a impedir la libre circulación de ideas, con medios directos o indirectos, proscritos por los tratados internacionales que protegen la libertad de expresión y el derecho la información sin restricciones.

Cada sentencia del libro, fue escogida para presentar al lector un contexto real de los peligros que acechan al derecho a la libertad de expresión, no solo de los periodistas y evidencia hasta donde pueden llegar los atropellos sufridos por personas de carne y hueso, por haber expresado críticas a autoridades gubernamentales. En distintas épocas. En países como Costa Rica, Panamá, Colombia, Perú, Chile, Argentina y claro, ¡en Venezuela!, país que tiene en vilo a la atención mundial.

En esta parte Lelys González me pidió sugerirles que al leer los casos resumidos en el libro, no sólo aprecien los aspectos jurídicos involucrados en ellos. Deténgase en el drama que vivieron cada una de las víctimas y sus familias como consecuencia de los atropellos sufridos. La afectación de cada víctima, casi siempre alteró su entorno familiar, pues las familias también fueron sometidas a la angustia, incertidumbre y dolor que genera la injusticia; a cambiar su forma de vida, a abandonar planes y proyectos, su casa y su país, y con ello perder el contacto con sus parientes y amigos, inclusive.

Ello ocurrió por ejemplo con Baruck Ivcher Bronstein -empresario de origen israelita, nacionalizado peruano, propietario de un canal de televisión en la ciudad de Lima. Este Canal había informado sobre las torturas cometidas por el Servicio de Inteligencia del gobierno de Fujimori y sobre los ilegales ingresos millonarios de Vladimiro Montesinos. Pues se lo privó de la nacionalidad peruana, con el objetivo del régimen de impedirle que sea accionista de la empresa propietaria del canal  y que permanezca en los cargos directivos, además que se dictaron órdenes de captura en su contra e iniciaron procesamientos contra su cónyuge y empleados de otras empresas de su propiedad. Ivcher tuvo que fugar del Perú. La Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció por ello la afectación del entorno de Baruck Ivcher Bronstein y dispuso la indemnización.

A Eduardo Gabriel Kimel, periodista, historiador e investigador argentino, por publicar un libro referente al asesinato de cinco religiosos de la comunidad católica palotina, durante la dictadura militar argentina, en el cual cuestionó la actuación del juez que intervino en la investigación de la autoría de esos asesinatos, se lo acusó y condenó por el delito de calumnia a un año de prisión y al pago de una elevada indemnización.

A pesar de que el Estado argentino reconoció años después la vulneración de sus derechos, Kimel llegó a expresar que fue paradójico que la única persona procesada y castigada por un tema vinculado con la masacre de religiosos, fuera él, como autor de un libro. Entonces afirmó que su procesamiento judicial fue un factor evidente de desequilibrio y de intranquilidad, no solamente para él sino para todo su núcleo familiar. Vivió muchísima angustia, con pensamientos sombríos respecto a su futuro, y lamentablemente su familia sufrió también las consecuencias de una situación absolutamente injusta.

Cuando el periodista Kimel logró ver la luz de la justicia gracias al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, habían transcurrido más de 16 años. Su hija al inicio de su procesamiento tenía 4 años y cuando el Estado argentino reconoció su responsabilidad internacional, ya había cumplido 20 años y su compañera de vida y de lucha, había fallecido.

Gracias a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Kimel, Argentina tuvo que adecuar su derecho interno para no afectar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. En noviembre del 2009, Argentina despenalizó los delitos de injuria. A Kimel se lo conoce como “el padre de la despenalización de la injuria”.

No obstante lo expresado anteriormente, hay quienes sostienen que la vida es perfecta, y sobre todo muy justa y que tarde o temprano las cosas se solucionan en este mundo, antes de morirnos. Tal vez estén en lo correcto y en efecto así ocurre en algunas ocasiones pero no en el caso de la compañera de Kimel, y no siempre es justa ni tiene resultados de paridad.

 
Definitivamente hay grandes injusticias que no se corrigen y no se corregirán antes de que dejemos este mundo. En gran parte, debido a que se han mantenido lejos del conocimiento de la comunidad local o universal. Afortunadamente otras si se han rectificado o se enmendarán gracias a la difusión de los hechos, un proceso necesario para alcanzar el equilibrio en los desequilibrios, la sanción de los actos reprochables de autoridades o particulares; y, la solución a los problemas, cuando menos parcialmente.

Por lo indicado podría sostenerse que la vida justa depende en gran medida del grado de comunicación social, del libre flujo de información sobre el grado de bienestar de nuestros vecinos, de tal manera que se haga realidad la solidaridad con los que necesitan de nuestro concurso o del Estado. A mayor flujo de información mayor posibilidad de tener una sociedad y vida justa, de convertirnos en ciudadanos justos.

Por las mismas razones, podríamos convenir, como han convenido en otros países, que el flujo de información siempre debe ser protegido y garantizado; y acordar que es necesario rechazar cualquier práctica que provenga del poder, sea político o económico, que estuviere interesado en controlar ese flujo, pues si lo logra, terminará controlando nuestras vidas e impidiendo el equilibrio social.

Hoy transitamos por una época sin la libertad necesaria para expresarnos plenamente, -repito, para expresarnos plenamente- y de eso debemos hacer conciencia. Sin lugar a dudas experimentamos la autocensura y muchos informativos de noticias lo confirman. Basta recordar como eran sus contenidos antes de la vigente Ley de Comunicación. Incluso a sectores de entretenimiento que apoyaron la ley, les ha llegado el turno de escoger entre autocensurarse o desaparecer. En una entrevista, de esta mañana, al representante en Ecuador de la organización Periodistas Sin Fronteras, fue confirmada la existencia de autocensura en nuestro medio. Y así tomó sentido una frase difundida hoy en un informativo:

“El secretismo, la censura, la falta de honestidad y el bloqueo de la comunicación amenazan todas las necesidades básicas”, frase que se atribuye a Sam Maslow, Psicólogo humanista estadounidense.

Pero así, como aconteció durante el medioevo, debemos aspirar a dejar atrás esta lamentable etapa oscura de la historia del país y luchar por recuperar los espacios de libertad, porque libertad es dignidad, es tolerancia, puede ser convivencia pacífica… ¡es vivir sin temor!

Antes de terminar, debo expresar que los autores le dedicamos el libro presentado por el Dr. Hernán Salgado, a todos los periodistas del mundo y en especial de Ecuador, así como a los comunicadores sociales que han sido acosados y hasta obligados a renunciar a sus trabajos, todos ellos víctimas de la persecución directa o indirecta, por el pecado de expresar una opinión que cuestionaba al poder o al crimen organizado. Aspiramos que les sirva de recordatorio que no están solos, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos sí los protege y puede lograr que se reparen sus derechos vulnerados.

Ya lo dijo Luis A. de Bonald:

“Un Estado puede ser agitado y conmovido por lo que la prensa diga, pero ese mismo Estado puede morir por lo que la prensa calle. Para el primer mal hay un remedio en las Leyes; para el segundo, ninguno. Escoged pues entre la Libertad y la Muerte”

Finalmente, quiero expresar a nombre de Lelys González y mío, el agradecimiento a Fundación Diario El Universo, a la doctora Nila Velázquez, su directora, a los señores Carlos y César Pérez por el decidido apoyo para que se haga realidad el libro que nos ha reunido esta noche. Y por supuesto a ustedes queridos amigos, amigas y familiares que han tenido la bondad de acompañarnos.