Jorge Alvear Macíasjorgalve@yahoo.com | @jorgalve
Desde que inició su función la Relatoría para la Libertad de Expresión en 1998, ha elaborado 15 informes temáticos y regionales, en los que ha evaluado la situación de la libertad de expresión de los países miembros de la OEA. Así es como ha detectado y reportado violaciones a la libertad de expresión.
Su tarea ha creado un conocimiento experto y promovido estándares regionales para la protección de un derecho conceptuado como piedra angular para el ejercicio de los demás derechos. Sus esfuerzos también se han sumado a los desplegados en la materia por la Relatoría Africana, la Relatoría Europea y la de Naciones Unidas.
Muchas de las premisas de sus informes, con pequeñas variantes, son compartidas por las otras tres relatorías citadas. Sin embargo, las cuatro relatorías han llegado al consenso de que los dos grandes indicadores para establecer si un Estado vulnera el derecho a la libertad de expresión de las personas son: la violencia verbal o física; y, la utilización de la jurisdicción penal contra quienes discrepan con el discurso oficial o denuncian actos de corrupción de los gobernantes o su entorno.
Es el caso, que en relación al reciente informe de la Relatoría para la Libertad de Expresión han surgido acusaciones desde los más altos estamentos del Estado, que lo rechazan. Se ha sostenido que el minucioso reporte de la Relatora Catalina Botero “es una vergüenza (…) una farsa, un adefesio”. Pareciera que, entre las razones en que se apoya la descalificación, destaca el número de 26 páginas que utilizó la Relatoría para referirse al caso ecuatoriano.
Lo cierto es que páginas más o páginas menos, el Ecuador no está en el mejor puesto dentro del ranking de los países que respetan el derecho a la Libertad de Expresión.
De acuerdo a los índices levantados por la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) –aún no descalificada por el Gobierno– hay que concluir que el Ecuador ha venido “cuesta abajo en su rodada” en la Clasificación Mundial de la Libertad de la Prensa. En el año 2009, entre 179 países estuvimos en el puesto 84. En el 2010 bajamos al puesto 102. En el 2011, al 104. En el 2012, al puesto 119, señalándose que existe un clima de tensión entre el Gobierno y la prensa privada.
En cambio, el Uruguay está calificado con mayor libertad de prensa en Sudamérica, según el último estudio de la RSF. Está en el puesto 32 y subió 5 puestos a nivel mundial. ¿Será debido a la actitud del presidente Mujica? Pienso que sí; don José pareciera ser muy respetuoso del derecho a la libre expresión (y además reivindicó su derecho con ocasión de conocerse lo que piensa sobre la presidenta de la vecina Argentina).
Lo indicado podría ser la razón por la cual a la Relatora para la Libertad de Expresión le fue suficiente utilizar dos páginas de su informe para comentar la positiva situación uruguaya. Además, para expresar satisfacción por el anuncio del presidente José Mujica de regular la asignación de la publicidad oficial en ese país, con lo cual sería “el primero de la región en adoptar una norma nacional para la asignación de la pauta oficial”.
Su tarea ha creado un conocimiento experto y promovido estándares regionales para la protección de un derecho conceptuado como piedra angular para el ejercicio de los demás derechos. Sus esfuerzos también se han sumado a los desplegados en la materia por la Relatoría Africana, la Relatoría Europea y la de Naciones Unidas.
Muchas de las premisas de sus informes, con pequeñas variantes, son compartidas por las otras tres relatorías citadas. Sin embargo, las cuatro relatorías han llegado al consenso de que los dos grandes indicadores para establecer si un Estado vulnera el derecho a la libertad de expresión de las personas son: la violencia verbal o física; y, la utilización de la jurisdicción penal contra quienes discrepan con el discurso oficial o denuncian actos de corrupción de los gobernantes o su entorno.
Es el caso, que en relación al reciente informe de la Relatoría para la Libertad de Expresión han surgido acusaciones desde los más altos estamentos del Estado, que lo rechazan. Se ha sostenido que el minucioso reporte de la Relatora Catalina Botero “es una vergüenza (…) una farsa, un adefesio”. Pareciera que, entre las razones en que se apoya la descalificación, destaca el número de 26 páginas que utilizó la Relatoría para referirse al caso ecuatoriano.
Lo cierto es que páginas más o páginas menos, el Ecuador no está en el mejor puesto dentro del ranking de los países que respetan el derecho a la Libertad de Expresión.
De acuerdo a los índices levantados por la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) –aún no descalificada por el Gobierno– hay que concluir que el Ecuador ha venido “cuesta abajo en su rodada” en la Clasificación Mundial de la Libertad de la Prensa. En el año 2009, entre 179 países estuvimos en el puesto 84. En el 2010 bajamos al puesto 102. En el 2011, al 104. En el 2012, al puesto 119, señalándose que existe un clima de tensión entre el Gobierno y la prensa privada.
En cambio, el Uruguay está calificado con mayor libertad de prensa en Sudamérica, según el último estudio de la RSF. Está en el puesto 32 y subió 5 puestos a nivel mundial. ¿Será debido a la actitud del presidente Mujica? Pienso que sí; don José pareciera ser muy respetuoso del derecho a la libre expresión (y además reivindicó su derecho con ocasión de conocerse lo que piensa sobre la presidenta de la vecina Argentina).
Lo indicado podría ser la razón por la cual a la Relatora para la Libertad de Expresión le fue suficiente utilizar dos páginas de su informe para comentar la positiva situación uruguaya. Además, para expresar satisfacción por el anuncio del presidente José Mujica de regular la asignación de la publicidad oficial en ese país, con lo cual sería “el primero de la región en adoptar una norma nacional para la asignación de la pauta oficial”.
*Publicado en el Diario El Universo, el viernes 26 de abril del 2013
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