viernes, 24 de junio de 2016

Vulneración de derechos y reparación

Jorge G. Alvear Macías



Múltiples normas, principios, jurisprudencia y doctrina de importantes órganos internacionales de protección de derechos humanos reiteran los derechos que tienen las personas vulneradas en sus derechos humanos. Entre ellos, el derecho a la reparación, lo que compromete al Estado.
La reparación incluye: conocer la verdad; la realización de la justicia identificando a los responsables, juzgándolos y sancionándolos adecuadamente; y, la restitución. Esta implica el restablecimiento de la libertad, disfrute de los derechos humanos, la identidad, la vida familiar y la ciudadanía, el regreso al lugar de residencia, la reintegración al empleo, indemnización y devolución de bienes.
La Resolución 60/147 de la Asamblea General de la ONU (diciembre, 2005) es un instrumento que recoge parte de lo anotado. Fue cuando la ONU aprobó los “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”. LÉA MÁS
*Publicado originalmente en el diario El Universo el día viernes 24 de junio de 2016.

viernes, 17 de junio de 2016

Y ahora, ¿quién paga?


   Jorge G. Alvear Macías  

@jorgalve


Hasta el 2013 el Estado enfrentaba arbitrajes por más de $ 5.300 millones por litigios en cortes internacionales, de acuerdo con una nota de EL UNIVERSO.

En el 2015 las reclamaciones se elevaron a más de $ 6.670 millones (El Comercio), incluida una demanda de Petrobras con empresas asociadas, por $ 830 millones.

A esos pasivos contingentes de gran peso para el erario nacional habría que sumar otros de menor cuantía, pero no menos importantes, derivados de reclamaciones por violaciones a los derechos humanos, actualmente tramitadas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en el Sistema de las Naciones Unidas.

En las redes sociales, dada la angustia económica, existe mucha preocupación por la deuda acumulada a pagar, tarde o temprano. Preguntan si las leyes permiten obligar a los responsables a asumir las consecuencias económicas de tales litigios. Especialmente en los casos en los que se ignoraron elementales principios jurídicos, indicaciones del sentido común o estuvo ausente la buena fe y en su lugar primaron la malicia, el sesgo político y la saña. Sin perder de vista la posible intención del enriquecimiento en esas circunstancias.

Se pregunta si en escandalosos casos cabe la acción de repetición del Estado contra los culpables de las espeluznantes indemnizaciones.

La repetición no es una forma de persecución política, es un derecho y un deber que tiene el Estado ecuatoriano, conforme lo establece la Constitución de la República. En ello coincidimos con Ledy Zúñiga Rocha, ministra de Justicia (declaraciones del 22 de octubre de 2015). LÉA MÁS: 

*Publicado originalmente en el Diario el Universo el día viernes 17 de junio del 2016.

viernes, 10 de junio de 2016

Secreto profesional

Jorge G. Alvear Macías


La Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana dispuso que los abogados debemos informar bajo juramento al SRI si nuestros clientes han creado, usado o detentado la propiedad de sociedades situadas en refugios fiscales. Por incumplir la entrega de la información, estaremos sujetos a cuantiosas multas y a juicios penales.
Tal exigencia inconstitucional violenta compromisos internacionales del Estado sobre derechos humanos. Se presta a abusos que afectarán al ciudadano común.
El empresario debe saber que la relación profesional con su abogado está protegida por un estatus jurídico fijado por previas y vigentes disposiciones legales. Un estatus que asegura los derechos del cliente, entre estos el de obtener lealtad en la defensa y reserva sobre la información que comparta con el profesional. En consecuencia, todo aquello que transmita a su abogado no podrá ser revelado, sin previa autorización. Menos para ser usado en su contra.
La reserva profesional es un derecho-deber que surge en el inicio de la relación con el abogado y se mantiene después de concluida dicha relación. Es lo que se conoce también como el secreto profesional.
Es consustancial al secreto profesional el derecho a la intimidad del cliente y se entiende que el cliente comparte datos sensibles, por la necesidad del apoyo profesional que busca. Tal es la razón de la confianza depositada en el abogado. Por ello, no existe margen alguno para violar tal derecho o quebrantar la obligación de guardar la reserva. Tanto que el Código Orgánico de la Función Judicial prohíbe revelar el secreto de los clientes, documentos o instrucciones. LÉA MÁS:
*Publicado originalmente en el diario El Universo el día viernes 10 de junio de 2016

viernes, 3 de junio de 2016

Maduro y el Estado forajido

Jorge G. Alvear Macías@jorgalve

Se habría perdido la posibilidad de que la OEA contribuyera, por ahora, a la solución de la crisis en Venezuela. El Consejo Permanente de la Organización se limitó a instar un “diálogo abierto” entre Maduro y la Asamblea Nacional, envueltos en una grave pugna institucional. Un diálogo improbable en medio de evidencias graves de la ruptura democrática y los ánimos reiterados del gobierno de Maduro de retardar un referéndum revocatorio que le sería adverso. Su voluntad aflora en la declaración de los 34 países miembros de la OEA que excluyó la exhortación a realizar el referéndum que forzaría a Maduro a entregar el poder.
Pero la resolución entraña derrota para el mismo Maduro y aliados de Nicaragua, Dominica, Ecuador y Bolivia, que acusaban de invalidez al informe del secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien invocando la Carta Democrática para los casos de alteración o ruptura del orden democrático pidió analizar la situación de la crisis venezolana. También implica revés para los presidentes de dichos estados que pretendieron, sin éxito, trasladar la mediación de la crisis a la Unasur y aprobar un proyecto de resolución de Maduro.
La resolución del Consejo Permanente también dejó sin piso el discurso de Maduro y sus adláteres: una supuesta política injerencista y estrategia para provocar la intervención de Estados Unidos en los asuntos políticos venezolanos. Digo esto, pues la invitación al diálogo fue precisamente apoyada por el “imperio”, que dicho sea de paso no deja de ser inconveniente para el desarrollo de la institucionalidad democrática venezolana, pues dicho Consejo lo que debió fue sugerir el referéndum.
La situación resume una turbia mezcla de éxitos y derrotas ideológicas y de intereses coyunturales de estados (gobiernos) “dueños de la OEA”. LÉA MÁS: 
*Publicado originalmente en el Diario El Universo el día viernes 3 de junio del 2016.

viernes, 27 de mayo de 2016

Ahora, contra los abogados

Jorge G. Alvear Macías


La idea garrafal, introducida en la reciente reforma legislativa denominada Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana (tanto como haber incluido a Simón Bolívar en la batalla del Pichincha), a primera lectura se presta para risas, pero es algo muy serio.
La indicada ley, abreviando su contenido, estableció que los abogados debemos informar al SRI, bajo juramento, cuando lo disponga “mediante resolución de carácter general”, sobre la “creación, uso y propiedad de sociedades” situadas en refugios fiscales con beneficiarios ecuatorianos. Si incumplimos aquello, seremos multados hasta con $111.000 y hasta enjuiciados penalmente.
Pero, ¿cabe que los abogados seamos llamados por una autoridad a declarar sobre cuestiones que hemos tenido conocimiento en nuestra actuación profesional? No. Y los asambleístas deberían saberlo. Sin embargo, vivimos épocas de subordinación al absurdo y ello torna pertinente recordar la imperiosa necesidad de elegir en el futuro idóneos hacedores de leyes. Que sepan lo que hacen.
La Constitución prohíbe forzar a un individuo a declarar contra sí mismo, sobre asuntos que puedan ocasionarle su responsabilidad penal (art. 7, número 7, letra c); e impide obligar a hacer algo prohibido (art. 66, número 29: d), como es el revelar secretos profesionales, lo que sanciona el COIP. El COIP además exonera la obligación de divulgar hechos amparados por el secreto profesional y prohíbe el testimonio de terceros depositarios de secretos en razón de su profesión, oficio o función. Aún más, dispone que si fueren convocados, deberán comparecer y abstenerse de declarar (art. 503).
LEA MÁS:

*Publicado originalmente en el diario El Universo el día viernes 27 de mayo del 2016.


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viernes, 20 de mayo de 2016

De chiros a magnates

Jorge G. Alvear Macías

@jorgalve
A propósito de la investigación de Fiscalía a las declaraciones patrimoniales de ciertos asambleístas, el asambleísta Moisés Tacle hizo un comentario en Radio Democracia.
El ingeniero Tacle señaló: “…de las personas que supuestamente están involucradas en las investigaciones de la Fiscalía… dos de ellos son personas que manejan grandes negocios, grandes intereses en el Ecuador, de tal manera que si se han olvidado, se han olvidado porque tenían que olvidarse... de declarar algunas cosas…”. Luego agregó: “Pero lo que yo también quiero decir, porque esto es público y notorio, y sobre todo… en la Asamblea, que ahí hay peces gordos… que declaran ridículos patrimonios… y no me va a obligar a dar nombres (le espetó al entrevistador), pero todos conocemos quiénes son… peces gordos que manejan cuotas de poder en sus provincias… y se sabe además otra cosa, que también es pública… personas que ingresaron a este Gobierno, como decimos en Guayaquil –chiros de bola–… sin un centavo, pelados, limpios y ahora son magnates…”. SEGUIR LEYENDO
*Publicado originalmente en el diario El Universo el día viernes 20 de mayo del 2016

viernes, 13 de mayo de 2016

Un fideicomiso, ¿por qué no?

 Jorge G. Alvear Macías

En la sociedad ecuatoriana aumenta el escepticismo en los ofrecimientos de transparencia y recto manejo de los dineros que se recaudarán con nuevos impuestos en nombre de una solidaridad con las víctimas del terremoto. Existe un generalizado clima de sospecha y me atrevo a señalar que si alguien promocionara una apuesta con premio en contra del ofrecimiento oficial, confirmaría la desconfianza. Algunas instituciones gubernamentales están desacreditadas. Y no faltan motivos para sostenerlo.

Mientras tanto, cunde el desconcierto ante la resistencia del presidente a aceptar que se constituya un fideicomiso como mecanismo para concretar los ofrecimientos de transparencia en el uso de los recursos y su finalidad. Claro, esa actitud afecta la credibilidad de la promesa, abrumando con más recelo a quienes pensamos que sería la solución al menos a uno de los tantos problemas que al Gobierno corresponde resolver. Sobre todo porque la descalificación fácil del gobernante no alcanza para justificar su resistencia, cobijada en una aparente intención de no quebrantar la legalidad, que asegura ocurriría si los impuestos recaudados se depositan en un fideicomiso, aunque fuere administrado por un ente estatal, como por ejemplo el Banco Central del Ecuador. SIGA LEYENDO:

viernes, 6 de mayo de 2016

El ‘outsider’ Trump

Jorge G. Alvear Macías


Pareciera que las promesas mentirosas al votante también acarrean castigo a las organizaciones políticas en Estados Unidos, especialmente a los políticos experimentados. Esto explicaría la aparición del outsider Donald Trump y su casi segura nominación como candidato republicano a la Casa Blanca. El multimillonario y mediático Trump incluso empieza a sonar como ganador de la Presidencia. Entre los vaticinadores está Jeff Gundlach, el nuevo gurú de las finanzas.
Mientras me preguntaba “¿cómo se trepó la tortuga al poste?” (expresión surgida en Chile cuando ascendió al poder Michelle Bachelet) e intentando entender la aparición rampante de Trump en la política estadounidense, encontré la crítica del activista conservador Christopher R. Barron, publicada en The Guardian. Barron invita a mirar dentro del propio Partido Republicano, concretamente las encuestas posteriores al resultado de las primarias. La mayoría expresó sentirse traicionada por los políticos republicanos. SIGA LEYENDO: http://www.eluniverso.com/opinion/2016/05/06/nota/5563395/outsider-trump
*Publicado originalmente en el Diario El Universo el día viernes 5 de mayo del 2016.

viernes, 29 de abril de 2016

¿Referéndum o solidaridad?

Jorge G. Alvear Macías


La consulta popular del 2011 (de los gallos y toros) costó más de $ 30 millones; en consecuencia habría un dispendio similar en el referéndum propuesto por el colectivo Rafael, Contigo Siempre. Sus representantes buscan eliminar la restricción a las candidaturas de las personas que ya han sido reelegidas para un cargo público, concretamente para el actual presidente. El impedimento consta en una Disposición Transitoria de las Enmiendas a los artículos 114 y 144 de la Constitución, aprobadas por la Asamblea Nacional el pasado diciembre, que imposibilita al presidente Rafael Correa y a los demás funcionarios ya reelegidos a postularse en las elecciones de febrero del 2017.
La propuesta es inoportuna, dadas las circunstancias de escasez y desesperación originadas por el terremoto que afecta a los hermanos manabitas y esmeraldeños. Pero es además inútil, porque las representantes del colectivo –aun en el supuesto de que la Corte Constitucional elimine la restricción constitucional para introducir la candidatura del presidente Correa– se estrellarían con la voluntad de aquél. No quiere la reelección: “Creo que el país necesita descansar de mí y yo necesito descansar un poquito del país”. Lo dijo antes del seísmo, que debe haberlo cansado más.
Adicionalmente, se ha anticipado que en junio la Asamblea Nacional de Alianza PAIS (AP) escogerá al candidato que sucederá al presidente Correa, entre el exvicepresidente Lenín Moreno y el actual vicepresidente, Jorge Glas. Así, antes de que se produzca un eventual referéndum, ya AP tendrá candidato a inscribir en octubre. Hasta aquí lo que los hechos determinan, otra cosa es el trámite ante la Corte Constitucional. SIGA LEYENDO:

viernes, 22 de abril de 2016

Reconstrucción posterremoto

Jorge G. Alvear Macías


La espontánea presencia de la sociedad civil en la ayuda a los damnificados del terremoto del pasado sábado 16 de abril ratificó la permanente actitud solidaria y la generosidad de los ecuatorianos. En distintas ciudades del país y del mundo, los ciudadanos comunes se organizaron para dar ayuda casi de inmediato, gracias a las redes sociales.
Entender el drama y responder al pedido de socorro de los sobrevivientes y compadecernos por la pérdida de sus seres queridos en el desastre es y será nuestra realidad en los próximos días, pero al mismo tiempo, en medio de estos avatares, aceptar que el país no ha estado preparado para lo vivido y lo que viene.

Lo cierto es que Ecuador ha tenido una muy dura lección. La institucionalidad de la República tendrá que a partir de ahora tratar a los desastres naturales como eventos recurrentes y no como extraordinarios. Ello obligará a hacer provisiones. Sagradas y protegidas provisiones, con sanciones legales para actos de su malversación.
En la región Costa sabemos que el fenómeno de El Niño tiene recurrencia, pero desde la institucionalidad pública se prefiere confiar en la suerte y siempre debemos vivir dicho fenómeno con acciones de emergencia. Lo propio acontece frente a las erupciones del Tungurahua y del Cotopaxi. Y ello debe cambiar. No más. 
*Publicado originalmente en el Diario El Universo, el día viernes 22 de abril del 2016.

viernes, 15 de abril de 2016

Reserva en los ‘Panama Papers’

 Jorge G. Alvear Macías
Más de 370 periodistas de 76 países han analizado desde julio del 2015 los Papeles de Panamá (Panama Papers) relacionados con las compañías offshore en el mundo. La persona que filtró la información pidió que se le garantice su anonimato y seguridad. Por ejemplo, no aceptó encuentros personales, ni envío de mensajes abiertos, sino encriptados. Los periodistas de cada país escogerían lo publicable. En las investigaciones intervinieron periodistas ecuatorianos de El Comercio y EL UNIVERSO, “reiteradamente hostilizados y estigmatizados en una campaña de verdadero acoso…” (según Fundamedios).

Lo anterior coincide con el llamado de la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Yolanda González, a los periodistas de los indicados diarios: Arturo Torres, Andrés Jaramillo, Alberto Araujo, Mónica Almeida, Xavier Reyes y Paúl Mena, para que entreguen “toda la información a la que (…) tengan acceso en esta investigación que atañe a los ecuatorianos más allá de su identidad política o ideológica… y para conversar sobre este caso...”. Por su parte, la Asamblea Nacional también los llamaría. El asambleísta Mauro Andino anticipó reconocer que aun cuando la asistencia de los periodistas no es obligatoria legalmente, “sí es una obligación moral que tienen con el país” (sin indicar dónde consta aquello).

Lo anotado contraviene la obligación de las autoridades del Estado de respetar, promocionar y garantizar el periodismo de investigación independiente y vigilante. Es un indicio más de la constante y concertada acción en contra del periodismo independiente. Por doquier declaraciones agraviantes, campañas de intimidación y descrédito, directas e indirectas, con la participación de autoridades gubernamentales y afines al Gobierno Nacional, contra periodistas y directivos de medios. Iniciativas que afectan sin duda la pluralidad, calidad informativa y el derecho de los ciudadanos a enterarse.

En lo comentado hay extralimitación de competencias y atribuciones, crasa en el primer caso y soterrada en el segundo. Son acciones violatorias de normas básicas de los derechos a buscar información y transmitirla que tiene cualquier persona, y, por supuesto, del periodista profesional. SIGA LEYENDO: http://www.eluniverso.com/opinion/2016/04/15/nota/5523723/reserva-panama-papers

*Publicado originalmente en el Diario El Universo el día viernes 15 de abril del 2016

viernes, 8 de abril de 2016

Deshonestos y ‘paraísos fiscales’

Jorge G. Alvear Macías


Tal vez no proliferarían los “paraísos fiscales” (más de 70 en el mundo, incluido Estados Unidos) si los estados, como el nuestro, ofrecieran estabilidad política, seguridad jurídica a la propiedad y no cobraran excesivos tributos. Esto último obligó al célebre actor francés Gerard Depardieu a trasladar su domicilio a Bélgica, pues no pagaría impuesto sobre su fortuna ni sus herederos el impuesto a la herencia.
La baja o nula aplicación de tributos en ciertos países, además de la protección del secreto bancario atraen capitales y transacciones financieras lícitas, sin desconocer que hay quienes también se aprovechan para actividades ilícitas (ocultamiento y lavado de dinero del narcotráfico, venta de armas, sobornos y del peculado de gobernantes y funcionarios públicos de países pobres y ricos). Pero lo segundo no justifica que se satanice a personas que en el campo de lo lícito buscan y obtienen seguridad para sus patrimonios en los denominados “paraísos fiscales”, sin perjudicar a sus países de origen. Al menos, en Ecuador no ocurriría con los patrimonios lícitos, pues en concepto de utilidades o salida de capitales, el SRI los grava con exagerados impuestos. Claro, existe diferencia con el dinero mal habido, escondido en sociedades offshore. 
*Publicado originalmente en el Diario El Universo el día viernes 8 de abril del 2016

viernes, 1 de abril de 2016

Más corrupción

Jorge G. Alvear Macías



¿Qué ha cambiado para mejor en la lucha contra la corrupción? En 1998, la Agencia Española de Cooperación Internacional (CLAD) publicó un análisis del Dr. Xavier Zavala Egas sobre el caso Ecuador dentro del tema genérico de la corrupción política. En el recuento de la situación nacional de entonces y que sirve al diagnóstico actual del grado de descomposición moral y ética, se alude a afirmaciones del expresidente paraguayo Wasmosy: “Nos hemos acostumbrado a las soluciones fáciles y admiramos a los ventajistas, es decir, a los ‘vivos’, a aquellos que sacan provecho de cualquier situación favorable, por más inmoral que fuera. Los admiramos en lugar de repudiarlos. Nuestra cultura aplaude al ‘pícaro’, al que tilda de inteligente y hasta sabio, en detrimento de aquellos que viven de sus méritos y su esfuerzo personal. Tenemos ese atavismo luego de haber visto triunfar durante tanto tiempo a los acomodados, a los obsecuentes y a los sinvergüenzas”.
Xavier Zavala, entonces miembro de la Comisión Cívica contra la Corrupción –un organismo que hoy sentimos en falta–, tenía información abundante de casos íconos de corrupción que espoleaban a las arcas del Estado (entonces con un presupuesto ínfimo en comparación con el de los últimos cinco años) y por ello mencionó uno que en la época causó escándalo y recuerdo bien: el Gobierno ecuatoriano “declinó” un préstamo comprometido un año antes para construir un importante trasvase de aguas en Manabí, concedido por Japón al 2,5% de interés, a pagarse en 30 años con 10 de gracia. Luego, se autorizó un préstamo con el banco brasileño BNDES, con igual fin, pero al 6% de interés y a 14 años, es decir, en condiciones más desfavorables que el japonés, además obligaba a contratar a una conocida empresa brasileña para la ejecución de la obra. SEGUIR LEYENDO: http://www.eluniverso.com/opinion/2016/04/01/nota/5496171/mas-corrupcion
*Publicado originalmente en el Diario El Universo el día viernes 1 de abril del 2016.

viernes, 25 de marzo de 2016

Viernes de reflexión

Jorge G. Alvear Macías


Hoy es especial oportunidad para reflexionar sobre las vivencias propias y ajenas, sobre las que nos asignan las realidades del Ecuador y del mundo. Aquí y allá hay dramas que giran alrededor de la incomprensión o intolerancia política, cultural y religiosa. De las diferencias que no se aceptan, de las ópticas no compartidas, de los caminos que no queremos transitar pero nos imponen y apenas nos permiten expresarlo.

Sucede aquí, en EE. UU., Cuba, Venezuela, Colombia, Argentina, Brasil, Bolivia, Bélgica, Francia, España, Egipto, Arabia Saudita, Siria, Irán, Irak y otros países de una larga lista. En unos casos la tragedia de la incomprensión se presenta con víctimas mortales del terrorismo sanguinario y, en otros, la opresión a la divergencia se ejecuta con cárcel.

Ayer, mientras en La Habana agentes del Estado apresaban a dos ciudadanos que irrumpieron el espacio de una transmisión deportiva de ESPN, por gritar “¡abajo los Castro!”, al otro lado del Atlántico, en Bruselas, jóvenes militantes del Estado Islámico masacraron –usando potentes explosivos– a inocentes ciudadanos en un aeropuerto y en una estación del metro próxima al Parlamento Europeo, dejando cientos de heridos. Todo esto en un aparente plan preparado con ocasión de la gran movilización de gente en Semana Santa. Parece que los agresores fueron los mismos que organizaron los atentados de París en noviembre del 2015.

Dentro de la información a que accedí hay indicios que sitúan a la población joven como brazos ejecutores del monstruo de la intolerancia. La mayor militancia del Estado Islámico –de origen europeo– es ubicada en Bélgica, un núcleo de origen musulmán frustrado por el desempleo e imposibilidad de alcanzar un futuro promisorio en esta vida terrenal. La CNN entrevistó a una madre musulmana que lo explicó mientras mostraba la fotografía de su joven hijo en Siria y con equipo militar.
LEA MÁS:

 *Publicado originalmente en el Diario El Universo, el día viernes 25 de marzo del 2016


 

viernes, 18 de marzo de 2016

La queja de Gastón

Jorge G. Alvear Macías


Les comparto el e-mail de un lector de Imbabura, cuyo drama sin duda viven otros miembros de la sociedad ecuatoriana:
“…Buenos días, don Jorge, espero que todo esté muy bien en su entorno, un poco de información o de charla muy necesaria para evaporar reñidos sentimientos, que taponan la esperanza y ese buen vivir que cacarean los que ya sabemos.
“Con mucho esfuerzo adquirí un vehículo de segunda mano hace ya doce años (…) un [auto] 1994 (…) todavía lo conservo pues es mi herramienta de trabajo y de paseo hasta que hace cinco años adquirí, mediante un crédito, un 4x4 del 2001, de segunda mano también. Era y es el carro de mis sueños, no quiero otro porque ya no tengo las fuerzas necesarias para endeudarme, y con la situación del país solo un loco o trasnochado correría ese riesgo. Por matrícula anual + SOAT yo pagaba (…) 140 dólares, cifra elevadísima para nuestro medio y economía, pero como es mi capricho lo hacía. Este año, don Jorge, tengo que pagar 260 dólares, por el impuesto verde + SOAT + comisión provincial, etc. Primero, (…) mi carro no contamina (…) lo tengo bien afinado [y lo uso] solo para paseos extremos. Si hablamos de proteger el medio ambiente y a escondidas venden el parque del Yasuní, en precios que hasta el sol de hoy día no sabemos, ¿no es esto una doble moral? ¿Para qué me sirven las carreteras más lindas y caras del mundo [si no puedo conservar mi vehículo]? [Es que jamás] cruzaré de nuevo por Ambato [me aplicaron] dos fotomultas por radar, iba a la escalofriante velocidad de 50,08 km/h en la una y en la otra [a] 51,5 km/h. Resultado: 760 dólares de multas (…). No puedo pagarlas, y con lágrimas en los ojos he puesto mi carro en venta, no veo otra solución, salvo que Correa me contrate para gerente de Solca, ya que le está pidiendo [a] esta institución [que le pasen las instalaciones al Estado ante el reclamo del dinero que el Gobierno les debe]. SIGA LEYENDO AQUÍ:      http://www.eluniverso.com/opinion/2016/03/18/nota/5471337/queja-gaston

viernes, 11 de marzo de 2016

Quien roba al Estado…

Jorge G. Alvear Macías


Muy complicado para Luiz Inácio Lula da Silva e incómodo para sus seguidores dentro y fuera de Brasil se presenta el futuro político, luego de ser llevado por la Policía a declarar en una investigación por corrupción. Él decidió enfrentar con discursos de tarima las gravísimas acusaciones de deshonestidad, mientras sus abogados lo defienden en los tribunales.
Lula ha dicho “que presentará batalla desde las calles a quienes quieran derrotarlo”, vestido de rojo y con la estrella de su partido en el pecho, y hasta soltó lágrimas mientras recordaba los logros sociales de su mandato, intentando tal vez que la gratitud popular influya en el ánimo de la Justicia. El Gobierno brasileño lo estaría apoyando.
Los abogados de Lula desestiman la imputación de ocultamiento de patrimonio y sostienen que el fiscal está impedido de acusarlo. Además prejuzgó antes de oírlo. Que Lula le presentó los documentos que desvirtuarían ser propietario de los inmuebles supuestamente ocultados.
La Fiscalía de Sao Paulo concretamente acusa a Lula de ocultar un lujoso departamento frente al mar de 215 metros cuadrados. La propiedad consta registrada a nombre de una empresa constructora, beneficiada con contratos del Estado que distribuyó sobornos para adjudicárselos. Se sospecha que el departamento es parte de los sobornos, pues la Fiscalía tiene información de que el expresidente y socio de la compañía constructora (a la fecha condenado a 16 años de prisión por soborno en el caso Lava Jato) entregó las llaves del departamento en persona a Lula. Ese empresario fue identificado como muy próximo a Lula y al resto de los políticos de Brasilia. Hoy, ha aceptado colaborar con la Justicia, declarando todo lo que sabe, a cambio de una posible reducción de pena.
La acusación incluye a la mujer de Lula, Marisa Leticia, y a su hijo mayor, Fabio Luis, y se sospecha del ocultamiento de otra propiedad. Y otros delitos: estafa, falsedad ideológica, asociación ilícita y lavado. SIGA LEYENDO: http://www.eluniverso.com/opinion/2016/03/11/nota/5456061/quien-roba-estado
*Publicado originalmente en el Diario El Universo el día viernes 11 de marzo del 2016

viernes, 4 de marzo de 2016

Primero Solca

Jorge G. Alvear Macías


A la preocupación de los familiares de pacientes de Solca y de los directivos de la institución debería sumarse la de los funcionarios públicos responsables por la falta de entrega oportuna de las transferencias de la recaudación del 0,5% del impuesto a las operaciones de crédito, que es una de las dos fuentes de financiamiento de tan importantísimo centro para el tratamiento del cáncer. Situación que obligaría al señor contralor a verificar si existen otras responsabilidades que trascienden el campo de lo administrativo.

Expreso lo anterior porque el Código Orgánico Integral Penal (art. 298) también señala sanción para la “falta de entrega deliberada, total o parcial, por parte de los agentes de retención o percepción de los impuestos retenidos o percibidos, después de diez días de vencido el plazo establecido en la norma para hacerlo” y además porque la misma norma complementa que en los casos en los que el agente de retención o de percepción sea una institución del Estado, el funcionario encargado de la entrega de los impuestos percibidos, además de la pena privativa de libertad por la defraudación y sin perjuicio de que se configure un delito más grave (¿peculado?), debe ser destituido.

Sobre las implicaciones que comportan las conductas de ciertos funcionarios públicos que han dispuesto para otros usos, dineros con fines específicos, conviene revisar el ilustrativo artículo de Daniel Kury: ‘Algunas observaciones sobre el peculado y el IESS’, publicado por EL UNIVERSO el 20 de febrero de este año. Ahí, Kury advierte (advertencia que tomaría para mí si yo fuese ministro de Finanzas o director del IESS): “…hay conductas que, aparentemente, fueron destipificadas, pero que, sin embargo, lo que sucedió es que perdieron su especialidad para convertirse en parte de un delito general…”. SIGA LEYENDO AQUÍ: http://www.eluniverso.com/opinion/2016/03/04/nota/5442129/primero-solca