viernes, 26 de febrero de 2016

‘Kurzarbeit’, la flexibilización

Jorge G. Alvear Macías


España, agobiada por la crisis del 2007, buscó y aplicó soluciones pragmáticas, medidas duras pero necesarias, como la adopción de la flexibilidad del contrato de trabajo, –el ‘contrato alemán’– como también se conoce al régimen del Kurzarbeit (jornada de trabajo reducida) que evitó un millón de despidos durante la crisis en Alemania.
El economista y periodista catalán Jordi Goula (La Vanguardia) explica el régimen: “En síntesis, se trata de trabajar menos horas y cobrar proporcionalmente algo más; ese algo más es la prestación que pone el Estado”. También menciona las diversas modalidades de flexibilización laboral siguientes:
-El ERE (Expediente de Regulación de Empleo) permite obtener autorización para suspender temporalmente trabajadores, pero garantizando sus derechos. Así la empresa puede adaptarse a los vaivenes del mercado. Es la opción más utilizada en la industria y rama de servicios. La suspensión temporal de jornada conlleva que los días no trabajados los paga el Instituto Nacional de Empleo. Además existen los ERE extintivos del contrato, pero no son de fácil aprobación por parte de la autoridad laboral, los suspensivos sí porque son una medida para no destruir el empleo.
-La Reducción de jornada. “Se pacta una reducción de jornada y se cobra proporcionalmente. Luego, la prestación del paro también es proporcional. En algunos casos, la empresa puede complementar esta prestación. La principal diferencia con la de Alemania es que allí la parte pública de prestación es superior…”.

viernes, 19 de febrero de 2016

Samanes, ¿más errores?

Jorge G. Alvear Macías


A la construcción del parque Samanes, que hoy disfrutan miles, precedió una declaración de “Área Nacional de Recreación”, que me resulta extrañísima. Repasaré con usted las razones:
1.- La Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre dispone que estas deben conservarse inalteradas (art. 68). Sin embargo, en el área Los Samanes el objetivo era construir un parque con características urbanas, con más de 80 canchas deportivas y estadio; por tanto, implicaba rellenar grandes extensiones de terrenos, donde había arrozales y un humedal. Algo que según especialistas consultados alteró el medioambiente y contrarió los fines de conservación de un área de recreación y del ecosistema natural. ¿Infracción legal o error de buena fe?
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viernes, 12 de febrero de 2016

López y Assange

Jorge G. Alvear Macías


El primero, un civil encarcelado en prisión militar desde el 2014. El segundo, asilado en una embajada desde el 2012.
Leopoldo López fue condenado a 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas de prisión, por instigación y asociación para delinquir; daños a propiedades e incendio intencional, no demostrados por la Fiscalía venezolana. López se entregó en lugar de escapar. Desde su reclusión ha hecho pocas declaraciones y su esposa ha sufrido vejámenes para visitarlo.
Julian Assange se considera perseguido de Estados Unidos por revelar secretos militares y teme que lo extraditen allá. Estando en Londres bajo arresto domiciliario, evadió a la Policía, ingresó a nuestra embajada y obtuvo asilo con la protección del Gobierno ecuatoriano. Él recibe visitas y hace declaraciones sin restricciones.
Cuando López fue sentenciado (2015), el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU exhortó al Gobierno a liberarlo e indemnizarlo. Barack Obama pidió su excarcelación. Felipe González manifestó que la sentencia fue “…el remate de esta burla sangrienta digna de la Stasi o la Gestapo”. Antes había observado: “A los países de la región se les hace difícil sostener los desmanes de Maduro”. El canciller venezolano rechazó los pronunciamientos, calificándolos de injerencia en los asuntos internos de Venezuela.
Ante ese rechazo internacional, Ernesto Samper (secretario general de Unasur) declaró su “respeto a las decisiones que adopten las autoridades jurisdiccionales” venezolanas. El canciller Patiño también afirmó respetar las decisiones judiciales soberanas de Venezuela.

viernes, 5 de febrero de 2016

Defender puestos de trabajo

Jorge G. Alvear Macías



Un apreciado médico chileno preocupado por la situación económica ecuatoriana –aquí viven sus queridos hijos– me envió un artículo del Mercurio, de Santiago, titulado ‘En Ecuador, el ‘milagro económico’ se derrumba como castillo de naipes’. Fue previamente publicado por La Nación, de Buenos Aires.
Su autora, Paula Markous, reitera las causas del derrumbe, apuntadas por muchos entendidos, que no son del Gobierno. Las resume así: “La caída del precio del petróleo y la apreciación del dólar han evidenciado la vulnerabilidad de un modelo basado en el gasto público y que relegó al sector privado”. Ella recoge lo dicho por el presidente; y, lo que él se niega a aceptar: un modelo de gasto público que despreció el aporte que pudo y puede dar el sector privado. Especialmente en este “cambio de época”, para denominar de alguna manera a algo “que académicamente no es crisis”, según el presidente.
Un castillo de naipes es una construcción con dificultades en su proceso y altamente frágil ya completada. La comparación del modelo económico de la revolución ciudadana con un “castillo de naipes”, lleva a pensar que en su imposición se apostó al éxito con grandes posibilidades de fracaso; y, claro, podía derrumbarse y se derrumbó.
Miles de ecuatorianos han perdido su trabajo (se dice casi 100 mil) y otros miles agradecerían el conservarlo. Todos absortos, luego de la gran cantidad de dinero que manejó el Gobierno en su proyecto de política económica. “…Hoy la calle está en calma, pero el ambiente social es tenso…”, observa la periodista y, tiene razón, de acuerdo con comentarios que recibí directamente o por los medios. SIGA LEYENDO AQUÍ:

viernes, 29 de enero de 2016

128 años de la Junta

Jorge G. Alvear Macías

Instituciones como la Junta de Beneficencia de Guayaquil (JBG) son necesarias, cuando un Estado no puede atender él solo la salud de los más pobres.
En países con economías pobres o mal administradas, se necesitan iniciativas voluntarias, generosas y solidarias. Como la que llevó a fundar la JBG en 1888, cuando Guayaquil tenía 170 manzanas y 25.000 habitantes. Ícono guayaquileño que por más de una centuria se ha orientado a satisfacer necesidades de salud, principalmente. Sus altruistas obras incluyen servicios de maternidad, hospitales, albergue para ancianos, servicios de exequias y sepultura. Además, indirectamente ha coadyuvado, con terrenos de su propiedad, al desarrollo urbanístico en sectores estratégicos.
Los guayaquileños y ciudadanos del país pueden atestiguar tales servicios de salud. Su hospital más importante, el Luis Vernaza (junto al Roberto Gilbert), suple grandes vacíos en los servicios hospitalarios estatales.
Tuve la feliz oportunidad de recorrer parte de sus instalaciones, gracias a la invitación de Juan Marcet (inspector de la JBG), quien –como muchos miembros de la institución– ha organizado su tiempo para distribuirlo entre el quehacer particular y el apoyo al mejor funcionamiento del Vernaza, tal como los guayaquileños mencionamos a esa casa de salud.
Muchos desconocen el tesonero trabajo en los 45.000 m² de las dependencias del hospital. Para empezar, es la fuente de subsistencia de 3.088 personas, entre administrativos (872), enfermeras (1.010), internistas (198), médicos residentes (305), médicos especialistas (453) y tecnólogos (798). Ahí se atiende a pacientes que pueden pagar sus curaciones o tratamientos, como a quienes no pueden costearlos total o parcialmente.
El hospital tiene 715 camas para pacientes regulares y un área de terapia intensiva con 75 camas (número significativo en los estándares hospitalarios más altos). Cuenta con 24 quirófanos para urgencias y operaciones programadas.
En el 2015, fueron atendidas 562.755 citas ambulatorias; practicadas 23.150 cirugías; y, egresaron 28.955 pacientes. Su moderno laboratorio clínico (automatizado y con cero margen de error) realizó 2’734.101 exámenes. SIGA LEYENDO: http://www.eluniverso.com/opinion/2016/01/29/nota/5373658/128-anos-junta
*Publicado originalmente en el Diario El Universo el viernes 29 de enero del 2016

viernes, 22 de enero de 2016

Final amargo


Jorge G. Alvear Macías@jorgalve


Una carta de George Orwell de 1944, publicada en el libro George Orwell: una vida en cartas (2013), suministra inquietantes vaticinios para el mundo, algunos ya cumplidos. Veamos.
Desapareció Hitler y los totalitarismos continuaron en ascenso en algunos países, pues surgieron otros “führer”. Aunque actualmente, afortunadamente, se desintegran: Argentina, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador, para mencionar unos pocos.
Por ello Orwell anticipó la tendencia a no creer en la existencia de la verdad objetiva, “porque todos los hechos deben ajustarse a las palabras y profecías de algún ‘führer’ infalible”. Hitler decía que los judíos empezaron la guerra –y si él sobrevivía al frente de una Alemania triunfadora–, “hoy eso sería la historia oficial”. En Latinoamérica lo hemos visto. Además, muchos intelectuales afines al poder del momento (no digo todos) “son más totalitarios en perspectiva que la gente común”. En Ecuador, a algunos académicos no les incomodan los métodos dictatoriales, mientras sientan que las prácticas están de “su” lado. Los vemos en los círculos de poder.
Alguna relación con lo observado tienen las recientes declaraciones de la secretaria de Gestión Política del Gobierno Nacional, Paola Pabón, al comentar los nueve años del Gobierno. Sugirió que en el país se han dado cambios en condiciones democráticas, soslayando que estamos condicionados por leyes que las restringen. Afirmó (resistiéndose a la lacerante verdad objetiva) que el modelo económico gubernamental le ha dado esperanza y ha cambiado la vida a los ecuatorianos. Negando que la oposición planteó alternativas para salir de la crisis (reduzcan el gasto excesivo se les repitió). Ella, como el presidente, piensa que la “situación compleja” de la economía debe identificársela como “el temporal perfecto”; y claro, “es imposible que no salgamos mojados”, dijo (¿O ahogados?). El símil con un fenómeno atmosférico intenta desviar la atención de las verdaderas causas de la debacle económica –en proceso– que incluyen la ineptitud.

viernes, 15 de enero de 2016

Referéndum revocatorio

Jorge G. Alvear Macías

Hoy Nicolás Maduro debe explicarles a los venezolanos ¿qué hizo con los recursos del Estado en gran medida provenientes de la exportación del petróleo y los impuestos?; ¿por qué la inflación supera el 200%?; ¿por qué el desabastecimiento, la escasez, la crisis en los servicios públicos? Así está previsto.
Por primera vez Maduro (incluido todo el régimen chavista actual) tendrá que dar cuentas de su gestión frente a la Asamblea. Esta corporación no es oficialista y representa una mayoría calificada, no obstante la ausencia de tres diputados impedidos de actuar debido a una cuestionada resolución del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Argucia de la que estarían detrás los que buscan detener el tsunami de cambio del modelo de Gobierno.
Ya se conocen detalles de la insólita sentencia dada contra tres diputados de un estado venezolano (Amazonas), que estaban proclamados, juramentados y posesionados por la delegación regional del Consejo Nacional Electoral. Una decisión alarmante que debe alertarnos para que no ocurra en nuestro país.
Desde Venezuela se acusa a la resolución de vulnerar derechos electorales de toda una región. También que es consecuencia de la falta de independencia judicial. Hay muchos y claros indicios de certidumbre. Por ejemplo, en los últimos días del pasado diciembre cuando se conoció que la oposición alcanzaría la mayoría calificada en la Asamblea Nacional, los asambleístas chavistas se adelantaron a elegir jueces del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Entre los jueces elegidos se incluyó a Christian Zerpa, quien fue diputado chavista hasta el día anterior a su designación; y, fue él precisamente, quien redactó la indicada sentencia (magistrado ponente). Luego Diosdado Cabello declaró que ningún poder del Estado debe reconocer como válida a la Asamblea Nacional. SIGA LEYENDO:

viernes, 1 de enero de 2016

¡Ay, Samper!

Jorge G. Alvear Macías


En declaraciones publicadas por EL UNIVERSO y medios extranjeros, el secretario general de Unasur, Ernesto Samper, afirmó que los cambios políticos en Argentina y Venezuela responden al “giro normal” en un sistema democrático y que no hay confrontación ideológica en la región. Dichos simplistas que no disimulan su desazón, a pesar del lenguaje diplomático.
Es comprensible que no desee incomodar a quienes lo designaron, más su malquerencia hacia la prensa parece un rezago por la estigmatización cuando fue acusado de recibir aportación non sancta en su campaña presidencial. Estima en estos cambios políticos, el “aparecimiento y la consolidación de unos poderes fácticos” que –según él– son actores políticos que hacen política sin responsabilidad política; y además tilda a “algunos medios y grupos de comunicación” y ONG de actuar en función de intereses particulares. Lo cierto es que el periodismo independiente y las organizaciones de derechos humanos, ayudaron a la ventilación de la pestilente corrupción en Venezuela y Argentina; y permitieron nuevos vientos de libertad y transparencia.
El “giro normal” que adujo, al menos en Venezuela, no es tal. Los partidos de oposición –pese al reducido espacio democrático–, capitalizaron el rechazo a un gobierno autoritario de apariencia democrática, violento y generador de violencia, con sospechas de vinculación al narcotráfico, transgresor de derechos humanos y destructor de la economía y la seguridad ciudadana (27.875 homicidios en el 2015), que ha utilizado propaganda distorsionadora y alucinante, copiada del nazismo. SIGA LEYENDO:

viernes, 25 de diciembre de 2015

Para el 2016…

Jorge G. Alvear Macías


En esta crisis económica y con las dificultades del sector público para pagar a sus contratistas, ojalá que el anuncio de nuevas inversiones se concrete en la generación de empleos o al menos en el mantenimiento de las plazas existentes, para enfrentar el 2016. También hay que pensar en el consumidor de bienes y servicios, dado el alto costo de la vida, y en la modificación de políticas tributarias.
Los empresarios y la sociedad piden que el Gobierno escuche sus propuestas de solución a los problemas de la producción, reflejados en la baja generación de empleo y caída del poder adquisitivo. Piden a las autoridades entender que la desaceleración de la dinámica empresarial privada se originó principalmente por las erradas decisiones gubernamentales, que se deben revertir.
Ciertas actividades económicas han sido más afectadas por las inadecuadas políticas tributarias, como la de seguros, que también traslada sus costos al consumidor. Por ejemplo, las compañías de seguros operan con reaseguradoras internacionales, para cubrir los riesgos de contratos especializados con gran costo de cobertura, que no pueden asumir las empresas nacionales (seguros de presas hidroeléctricas, turbinas, naves marítimas, aéreas –civiles o militares–). Las primas por reaseguros deben pagar el 5% del impuesto de salida de divisas, que en la práctica lo asumen las aseguradoras nacionales. También asumen el 5,5% del impuesto a la renta, que correspondería a la reaseguradora extranjera que ya tributa en su domicilio y rechaza la doble tributación.

viernes, 18 de diciembre de 2015

$ 650 millones…

Jorge G. Alvear Macías



Es una cifra que nos mantuvo en vilo esta semana, pues no sabíamos si el Gobierno podía reunirla a tiempo para pagar los bonos Global 2015. En Argentina, en cambio, el anuncio de inversión de esa misma suma significó alegría y confianza. La Fiat-Chrysler destinará ese aporte para una planta ensambladora de vehículos en la ciudad de Córdoba. La corporación fabricará dos nuevos modelos de autos medianos a partir del 2017, lo que se informó luego de la posesión del presidente Macri.
Se explicó que los proyectos estaban concebidos desde mayo de este año, pero se prefirió esperar que pasen las elecciones… ¿para conocer quién sería el presidente?
Mientras en la ciudad de Córdoba existe algarabía por el anuncio empresarial, en Ecuador, la ensambladora de vehículos Maresa, en el norte de la capital, suspendió oficialmente sus operaciones. La finalización del ensamblaje de determinado tipo de camioneta que aquella realizaba fue decisión de la corporación japonesa Mazda. Aún se desconoce cuántos trabajadores fueron despedidos y que engrosarán la masa de desempleo.

viernes, 11 de diciembre de 2015

Ahora el dinero de los depositantes…

Jorge G. Alvear Macías


Antes fueron los jubilados. El lunes de esta semana se reunieron representantes del sector financiero privado con el presidente de la República y trataron el escenario económico del país. Manifestaron preocupación por la Resolución 155-2015-M de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, que permite invertir el fondo de liquidez de los bancos en papeles de deuda del Estado.
La Cámara de Comercio de Guayaquil, en un boletín, explicó a sus socios que la resolución indicada modificó el cuadro “que regula la composición de las reservas mínimas de liquidez” y posibilita que el Banco Central del Ecuador (BCE) utilice los recursos de las instituciones financieras (dinero de los depositantes) para adquirir deuda pública en los mercados internacionales. Esta disposición rige respecto de deudas contraídas por instituciones del Estado, que hayan sido emitidas a partir del 1 de diciembre de 2015. 
La Asociación de Bancos Privados del Ecuador ya se pronunció señalando que los bancos no invertirán en bonos del Estado. Su representante expresó: “A ningún banquero se le puede ocurrir invertir bonos en esa forma para perder liquidez”. Sostuvo enfáticamente que los bonos del Estado no son “líquidos… líquidos”. La declaración no ha alejado las inquietudes de un gran sector de la ciudadanía, ante la falta de un pronunciamiento de las autoridades, que sea ratificatorio de su respeto a la actividad privada y a la gestión de los administradores de instituciones financieras que reciben depósitos del público y su confianza. El fondo de liquidez de los bancos asciende a US$ 2.311,3 millones.
En su boletín, la Cámara de Comercio compartió un análisis sobre dicha resolución, que informa sobre la obligación de todas las instituciones financieras de constituir y mantener reservas mínimas de liquidez respecto de sus captaciones. Estas reservas están depositadas en el BCE, entidad que a su vez debe invertirlas según estrictas normas legales. SIGA LEYENDO: http://www.eluniverso.com/opinion/2015/12/11/nota/5290809/ahora-dinero-depositantes?src=menu

viernes, 4 de diciembre de 2015

Venezuela no llorará por Maduro

Jorge G. Alvear Macías


Los venezolanos quieren sobrevivir, un ánimo que los acompañará en las elecciones del próximo domingo, para escoger 167 diputados a la Asamblea Nacional.
Las encuestas calculan entre 15 y 30 puntos la ventaja de la oposición sobre el chavismo. Incluso podría ganar en circuitos históricamente chavistas. Pero hay otros indicios que señalan un chavismo perdedor. Me refiero a recientes declaraciones de Maduro: “Si se diera ese escenario hipotético negado, negado y transmutado (¿?), yo gobernaría (…) en unión cívico-militar”. Otra: “Si la derecha toma la Asamblea Nacional (...). Yo les digo, yo no me voy a entregar, (…) yo sé que vamos a triunfar, pero si pasara una circunstancia negativa, yo me iría a las calles a luchar”. Es decir, no aceptaría la derrota. Otro indicio: la exministra chavista Ana Elisa Osorio sugirió que renuncie todo el gabinete.
El proceso electoral se desarrolla en un ambiente caldeado y de desconfianza, agravado por la decisión del Parlamento Europeo de no enviar observadores, debido a la inseguridad.
Los venezolanos reclaman un cambio. No desean hacer colas de tres o cuatro horas para adquirir harina, aceite, café o pañales para sus hijos. Están cansados de madrugar y no encontrar lo que buscan. No pueden pagar altos precios de artículos de primera necesidad que solo oferta el mercado negro. El Banco Central no informa hace diez meses sobre el índice de inflación. Otras fuentes afirman que es del 200%. Maduro solo reconoce el 85%. El salario mínimo de 9.522 bolívares equivale a 12,69 dólares (al cambio del mercado paralelo).

viernes, 27 de noviembre de 2015

Siguen las dudas

Jorge G. Alvear Macías


Esta columna ha acogido algunas preocupaciones ciudadanas sobre la gestión de los recursos del IESS, que como sabemos no son dineros del Estado y ningún Gobierno puede disponer de ellos directamente o indirectamente a través de decisiones de su delegado.
La reciente resolución del Consejo Directivo del IESS –que dispuso redistribuir los ingresos del Fondo de Pensiones para cubrir el déficit del seguro de salud–, sigue generando intranquilidad en jubilados, trabajadores y asambleístas, pese a las nuevas declaraciones del máximo personero de dicho Instituto, dirigidas a justificarla.
A la par, el representante de los empleadores en el IESS (ingeniero Felipe Pezo) y otros profesionales también entendidos en la materia, ratifican la inconveniencia de la decisión y la califican de inconstitucional e ilegal; calificación a la que nos adherimos (habría que analizar si se encuadra en el tipo penal del peculado).
El ingeniero Pezo dijo al Diario El Comercio: “…El hueco actuarial en pensiones pasó de USD 3.700 millones en el 2003 a USD 70.000 millones en el 2010, considerando la eliminación del aporte del 40% del Estado. Hoy, según la consultora Volrisk, llega a USD 208.000 millones. Se ha acortado mucho la vida y la sostenibilidad del fondo...”. Estimaciones que tienen credibilidad, pues no han sido negadas expresamente por el presidente del Consejo Directivo del IESS.
Pero, además, tanto de la administración del IESS como de los detractores de la resolución han surgido opiniones coincidentes en medio de las discrepancias sobre la estabilidad del sistema de pensiones: se requieren informes actuariales de calidad. Concordamos con los preocupados, que exigen transparencia y larga proyección en esos estudios. Que no sean coyunturales ni parciales. SIGA LEYENDO: http://www.eluniverso.com/opinion/2015/11/27/nota/5263518/siguen-dudas?src=menu

viernes, 20 de noviembre de 2015

Fondo de pensiones y ‘redistribución’


Jorge G. Alvear Macías
@jorgalve


Informaciones recientes confirman la gravísima situación del fondo de pensiones del IESS. El Consejo Directivo del IESS resolvió “redistribuir” los aportes que recibe ese “fondito”. Más preocupación luego de la eliminación del aporte estatal del 40%.
En resumen, se extraerán sumas importantes del acumulado para cubrir las pensiones de los jubilados y otras prestaciones, para trasladarlas al fondo de salud. Se busca cubrir necesidades del gasto actual de los servicios de salud y las cuantiosas deudas con clínicas privadas, incluida la Junta de Beneficencia de Guayaquil.
La decisión pudiera ser calificada de loable, desde que intenta mantener la atención médica a afiliados y honrar deudas con instituciones que colaboran con el IESS. Sin embargo, también parece ilegal.
La Ley de Seguridad Social (art. 49) dispone que los fondos acumulados por los asegurados para distintas prestaciones deben mantenerse en forma separada “y no se utilizarán en prestaciones diferentes” para los que fueron creados dichos fondos. Es decir, dineros destinados para seguros de invalidez, vejez y muerte, riesgos del trabajo y cesantía, etcétera, no pueden utilizarse con otros fines distintos, lo prohíbe la ley citada.
¿El Consejo Directivo no consultó a la Procuraduría del Estado?
En el año 2002, el procurador advirtió que el IESS está sujeto a las mismas restricciones legales que tienen las instituciones del Estado para la inversión de sus recursos, a pesar de que los fondos de la seguridad social son distintos de los del Estado. El IESS es entidad jurídica de derecho público, sujeta al principio de legalidad. Por tanto, sus autoridades no tienen otras atribuciones que las previstas expresamente en la ley aplicable. Aclaró: “Los fondos de la seguridad social tienen un destino específico previsto en el ordenamiento jurídico; …el IESS integra el sector público, por lo que como es evidente su patrimonio, los recursos y fondos que administra constituyen fondos públicos…”. Seguir leyendo aquí: http://www.eluniverso.com/opinion/2015/11/20/nota/5250033/fondo-pensiones-redistribucion?src=menu

sábado, 7 de noviembre de 2015

¿Ganamos o perdimos con la OXY?

Jorge G. Alvear Macías

@jorgalve

Hay más detalles tras el anuncio de que se anuló parcialmente el laudo de un tribunal del Ciadi en Washington y se rebajó de 1.769,6 millones de dólares americanos a 1.061,7 millones lo que Ecuador debe pagar a la OXY. Ese 40% rebajado le correspondería a la compañía china Andes Petroleum Co. (titular del 40% de los derechos del contrato), que por no estar amparada en el tratado de inversiones con Estados Unidos, no se pudo beneficiar del laudo. Así, Andes podría reclamar su acreencia con la ayuda de su Gobierno, que sin duda exigirá al Ecuador que la atienda, si es que pretende nuevos préstamos.
La historia del litigio registra que en la presidencia de Alfredo Palacio, don Rafael Correa exigió la caducidad del contrato de la empresa Occidental (OXY). En enero 17 de 2006, como candidato presidencial, solicitó enjuiciar “por traición a la patria” a los funcionarios públicos que no tomasen esa decisión. También hubo presión de grupos sociales, estudiantes secundarios y universitarios, movimientos y partidos políticos de izquierda –entre ellos AP y MPD–, que se opusieron a cualquier acuerdo con la petrolera.

El 15 de mayo de 2006 el ministro de Energía y Minas de Palacio declaró la caducidad. Entonces la petrolera ya habría invertido 926 millones de dólares, extraía 100 mil barriles diarios y no recibió compensación alguna. Para el Estado significó percibir el 100% del beneficio del petróleo extraído, no el 25% pactado en el contrato. Dos días después, OXY pidió el arbitraje del Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones –institución del Banco Mundial con sede en Washington–).