Jorge G. Alvear Macías
Resulta inquietante el comunicado de la Secom de esta semana. Envuelve al menos contradicción y deja un mensaje de resistencia a transparentar un gravísimo caso de corrupción que apunta a Odebrecht y a funcionarios públicos. No ayuda al Gobierno cuestionar por una supuesta “falta de pruebas” y “beneficio de inventario” a las versiones de los directivos de la empresa que se declararon culpables de actos de corrupción, dizque para atenuarlos, y poder negociar su responsabilidad ante la justicia estadounidense con millonarias multas. Esa posibilidad de prestar “cooperación eficaz” para esclarecer hechos investigados es admisible en EE. UU. y también en nuestro COIP.
La posición se contradice con la Fiscalía que requirió oficialmente la documentación a Estados Unidos y Brasil, luego de que funcionarios de Odebrecht dijeron haber entregado sobornos en este país por 33,5 millones de dólares (entre 2007 y 2016). ¡Señores, esto fue revelado en una Corte de Nueva York!
La postura contrasta con la de otros países “salpicados” por la corrupción en la investigación. En Colombia, por ejemplo, el secretario de Transparencia de la Presidencia, con base en el anuncio del Departamento de Justicia de Estados Unidos, identificó a un “alto funcionario de la administración del gobierno de Uribe” de haber recibido sobornos. El expresidente aceptó que alguien de su gobierno estaría involucrado con los sobornos de Odebrecht, pero también mencionó que sospecha de sobornos durante el gobierno de Juan Manuel Santos.
El gobierno de República Dominicana ofreció actuar con toda responsabilidad contra los implicados, a pesar de que no ha recibido aún la información “por una vía oficial”. En Venezuela, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, “instó a Odebrecht a denunciar a quienes pagaron sobornos o financiamiento en Venezuela”. En Panamá, el Gobierno respaldó investigaciones del Ministerio Público para procesar y sancionar a empresas y personas enredadas. Además enviará fiscales a Washington para enterarse del caso.
Pero la posición que más se destaca, por su profesionalismo e independencia, es la del Ministerio Público del Perú. El viernes pasado, anunció que el Brasil aceptó “incluir en los acuerdos de delación compensada de Marcelo Odebrecht, cláusulas que permitan obtener información sobre actos de corrupción” en el Perú. LÉA MÁS
*Publicado originalmente en el Diario El Universo, el día viernes 30 de diciembre del 2016
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