Jorge G. Alvear Macías
El Comité Empresarial ecuatoriano, el Consejo de Cámaras y asociaciones de la Producción y el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación (Cordicom) han hecho pronunciamientos referidos al proyecto de Código Monetario y Financiero.
Al sector productivo le preocupa el efecto contraproducente de algunos artículos del proyecto. Destaco las excesivas atribuciones, discrecionalidad e inmunidad de los miembros del órgano regulador; la generación de distorsiones en la economía; y las señales negativas para el desarrollo del aparato productivo.
Al sector productivo le preocupa el efecto contraproducente de algunos artículos del proyecto. Destaco las excesivas atribuciones, discrecionalidad e inmunidad de los miembros del órgano regulador; la generación de distorsiones en la economía; y las señales negativas para el desarrollo del aparato productivo.
El Cordicom cuestionó el “tratamiento informativo” de los medios al indicado proyecto. Objeta la difusión de opiniones críticas al proyecto, particularmente las que prevén posibles “riesgos” para la estabilidad del sistema financiero.
Los pronunciamientos se suman a los múltiples pareceres expresados desde la sociedad, que incluyen principalmente opiniones y comentarios de especialistas. Desde exfuncionarios del Estado, incluso del actual Gobierno, hasta analistas, políticos y legisladores de distintas bancadas. Unos han valorado positivamente el proyecto. Otros no, pues consideran que entraña riesgos para la estabilidad económica y la dolarización.
No obstante, el Cordicom sostiene que en los medios están circulando expresiones (¿?) “sin la debida constatación, contextualización y rigurosidad”. Asegura que se están generando opiniones débilmente fundamentadas “que podrían ocasionar inquietudes injustificadas en los depositantes y otros actores del sector económico y productivo ecuatoriano y extranjero…”. La exigencia que conlleva ese pronunciamiento colisiona con el Reglamento de la Ley de Comunicación (art. 7), el cual dispone que las opiniones sobre asuntos de relevancia o interés público no están sujetas a los antes referidos condicionamientos.
El cuestionamiento del Cordicom surge cuando el debate del proyecto ha logrado gran atención de la ciudadanía. El propio Gobierno coadyuvó en ello. Recuérdese que los canales Ecuavisa y Teleamazonas fueron forzados a transmitir el enfoque oficial sobre el Código.
El interés ciudadano es legítimo y las opiniones de entendidos –con distintas visiones– son necesarias, no solo las del Gobierno. Suficientes traumas tiene la población con las experiencias de la crisis bancaria (1999). No se desea repetir la historia y toda información para precaver la indeseable posibilidad es útil a cada individuo.
Difundir opiniones sobre la bondad o inconveniencia del articulado del proyecto no es contrario a las normas básicas de la ética periodística, como afirma el Cordicom. Tampoco tiene fundamento su conclusión, de que tales opiniones no contribuyen al debate y entendimiento del mismo.
La advertencia de este órgano estatal –llamado a ser imparcial– no garantiza el derecho a la libre expresión, cuando descalifica las opiniones que considera riesgosas a determinadas normas del proyecto. Resulta contradictoria con la invocación de ese mismo ente, que valora la “importancia de los medios en la tarea de informar y promover la libre circulación de ideas”. Además, el “llamado” a prevenir injustificados temores sociales supondría una forma de insinuación a aplicar censura previa a opiniones adversas al proyecto.
Ese direccionamiento obstaculiza el libre flujo de ideas y opiniones. Transgrede el número 3 del artículo 13 (Libertad de pensamiento y de expresión) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos… encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”.
*Publicado originalmente en el diario El Universo el viernes 18 de julio del 2014
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