Impuesto verde y tarifas

Jorge G. Alvear Macíasjorgalve@yahoo.com | @jorgalve

Dos temas causan preocupación en las familias de clase media: el impuesto a los vehículos o “impuesto verde” y el incremento de tarifas eléctricas.

Respecto al primero, debo referir la información recogida sobre la naturaleza de los tributos con fines ecológicos. Su finalidad es propiciar hábitos de la población que sean amigables con el medio ambiente. Escribiendo corto: que no lo dañen.

La tasa de recolección de basura incluida en la factura de energía eléctrica por ejemplo, es una tasa ambiental.

Sin embargo, no se ve ese objetivo en la iniciativa de imponer tributos “verdes” a vehículos de uso particular ya adquiridos; pues, además de tener efecto retroactivo –quebrantando la seguridad jurídica–, resultan verdaderos impuestos al patrimonio, aunque se invoquen fines ecológicos que no se cumplirán, como lo señalo a continuación.

La aplicación del impuesto no considerará un criterio técnico en función de la contaminación que produzca el motor del vehículo sino en función de su valor.

Esta vez no se tendrá en cuenta que los vehículos antiguos son más contaminantes que los modernos, como sí se priorizó con el plan Renova de este Gobierno. Recordemos que dicho plan se aplicó a los vehículos de transporte público, para sustituir el parque automotriz antiguo y así reducir la contaminación ambiental.

No hay que ser técnico para saber que los vehículos de reciente adquisición o con pocos años de uso, tienen motores más eficientes en el consumo de combustible y son menos contaminantes. Sin embargo serían los más castigados con el “impuesto verde”.

¿Por qué se grava a los vehículos híbridos y eléctricos, si este Gobierno propició su importación con rebaja de aranceles, por ser ecológicos? ¿Es que recién reparan en su mayor costo y por eso ahora deben pagar impuestos, a pesar de ser ecológicos?

Es decir, no hay coherencia con el principio de “quien contamina paga y en proporción”.

En Francia, Sarkozy pretendió imponer un tributo “verde” que fue anulado por el Consejo Constitucional, ya que estaba diseñado con un sistema de cálculo que incluía exenciones y bonificaciones, que vulneraban el principio de igualdad ante las cargas públicas, pero que además no respondía a la finalidad de reducir la contaminación. En efecto, dejaba intocables las causas mayores de contaminación: las grandes industrias.

En España, el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de un impuesto similar, pues no gravaba el efecto contaminante de las empresas. Se aplicaba indebidamente, en función del volumen de operaciones económicas y no de criterios ambientales de verificación del daño causado.

Respecto al incremento de las tarifas de consumo eléctrico, me surge un comentario previo: algo no está funcionando bien en la información que recibe el presidente.

Es que con posterioridad al anuncio de la “eliminación del subsidio” al consumo eléctrico, se ha evidenciado que tal subsidio es inexistente. Que los consumidores, especialmente de la Costa, estamos pagando prácticamente el costo real de la generación eléctrica. Los informes oficiales confirman que las únicas tarifas subsidiadas son: la tarifa “dignidad”; la de “tercera edad”; y, la de ciertos servicios comunitarios.

Así mismo está confirmado que continúan: la ineficiente generación eléctrica y el incontrolable hurto y pérdida de la energía, que asciende a 250 millones de dólares anuales.

*Publicado en el Diario El Universo del viernes 10 de junio del 2011.