viernes, 16 de septiembre de 2011

Ucase

Jorge Alvear Macíasjorgalve@yahoo.com | 



Es el término con el que el célebre magistrado argentino Mario A. Oderigo calificó a la sentencia reñida con los principios de la lógica y manifestada como un decreto del zar; pero además, relacionándolo al vocablo ruso ukaz, con las características propias de una orden injusta y tiránica.

Es que toda sentencia de un juez o tribunal, si no es producto de una operación racional, se precipita en lo arbitrario. Es necesario el estudio profundo de lo que pide el demandante y acepta o niega el demandado. Por cierto, debe verificarse –en el expediente del proceso– la existencia de pruebas que fueron pedidas oportunamente por las partes y ordenadas por el juez o tribunal. Al final, debe aplicarse la norma jurídica más adecuada al caso concreto, para llegar a la conclusión de acuerdo a lo probado y así resolver totalmente el conflicto.

Lo anterior obviamente debiera ocurrir en un estado de derecho y democrático, en el que la separación de poderes está claramente definida en lo práctico. En donde las funciones del Estado son independientes y concretan el verdadero contrapeso de los poderes que les están dados a cada una de ellas. En donde los jueces, tribunales y funcionarios del Estado, hacen directamente efectivos los derechos humanos más favorables, que reconocen los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

Lo cierto es que, hoy por hoy, en nuestro país no podemos afirmar que los ciudadanos tenemos las garantías de un estado de derecho. Los ejemplos están a la vista con los recientes juzgamientos en materia penal, en los que intervienen jueces y conjueces temporales. Temporalidad que ha generado el tragicómico remoquete de “jueces golondrinas”, por su corta intervención en los procesos, violando la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos. Además, profiriendo agraviantes sentencias y providencias carentes de sustento legal y recto razonamiento, cuya presencia en el mundo jurídico producen tristes sensaciones… parafraseando a Oderigo.

Además, no podemos decir que vivimos en un estado de derecho, cuando se ha declarado el estado de excepción de la Función Judicial sin justificarse lo exigido en la Constitución. ¿Cómo pensar lo contrario, si alguien extraño a la Función Judicial amenaza a los jueces y les sugiere cómo deberían ser los pronunciamientos judiciales y hasta cuándo su permanencia en el cargo; y luego, si le complacen, se convierte en defensor de las abusivas decisiones judiciales, o denostador de los reticentes a consentirlo?

Pero lo más preocupante –a pesar de que con lo anterior ya tenemos bastante para estar preocupados–, es que se está introduciendo en la conciencia de la ciudadanía la alternativa para proteger sus derechos: el poder para administrar justicia no está en las Cortes. Obviamente está en el poder político y es ahí donde se debe acudir y plantear los recursos.

No estoy seguro, si ese fue el objetivo de quienes nos ofrecieron un nuevo orden constitucional y una nueva patria para todos; pero de acuerdo a lo constatado, resulta que la división tradicional de los poderes del Estado ha desaparecido y no podemos negarlo. Otra cosa es que no lo aceptemos. Vivimos el estado del Ucase.

* Publicado en el diario El Universo el viernes 16 de septiembre de 2011.

viernes, 9 de septiembre de 2011

Dos principios

Jorge Alvear Macíasjorgalve@yahoo.com | 


Necesidad y razonabilidad son dos de los principios que debe observar el decreto de estado de excepción. Este se trata de un dispositivo institucional que permite abandonar la normalidad jurídica del Estado, por determinadas circunstancias. La Constitución identifica taxativamente esas circunstancias como casos: “…de agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural…”. No hay otras.

La Ley de Seguridad Pública y del Estado, explica: “…Los estados de excepción son la respuesta a graves amenazas …que afectan a la seguridad pública y del Estado. El estado de excepción es un régimen de legalidad y por lo tanto no se podrán cometer arbitrariedades a pretexto de su declaración”.

El artículo 29 de esa ley complementa: “El decreto será dictado en caso de estricta necesidad, es decir, si el orden institucional no es capaz de responder a las amenazas de las personas y del Estado…”. La ley también advierte (artículo 30) que las medidas de excepción deben estar “…directa y específicamente encaminadas a conjurar las causas que generan el hecho objetivo y a impedir la extensión de sus efectos”.

La necesidad estricta, extraordinaria y de atención inmediata, es entonces la que se presenta como un hecho sobreviniente. En condiciones de convertirse en amenaza grave e inminente para el orden social, cuando no se la afronta en un tiempo razonable, con los medios de la legislación ordinaria. Ahí su razonabilidad.

No es cualquier necesidad. Debe revestir mucha importancia, actualidad y reclamar solución urgente, en respuesta al interés ciudadano.

Sin necesidad y razonabilidad, no se llena el sustento lógico y jurídico para invocar la grave conmoción interna. Me temo que la reciente declaratoria de estado de excepción, adolece de esa carencia.

No es problema de gestión. El presidente por más que quiera descongestionar las causas judiciales, no puede condicionar a los jueces ni desviarlos en su labor de aplicar los términos procesales. Ni siquiera la urgente adquisición de equipos para la administración de justicia habilitan –mediante estado de excepción– para modificar el curso normal de los procesos y menos intervenir la Función Judicial, sea movilizando jueces fuera de sus domicilios o forzándolos a laborar más del tiempo regular. Además, ¿por qué movilizar al resto de la ciudadanía?

Sobre lo comentado, es pertinente mencionar lo ocurrido en Colombia en 1995. El Gobierno decretó estado de conmoción, so pretexto que el orden público se había agravado por la delincuencia común, la delincuencia organizada y la subversión. También invocó congestión de causas judiciales, incidente en el aumento de impunidad; y, colapso del régimen carcelario.

La Corte Constitucional declaró inconstitucional el decreto, entre otras razones:

-Los fenómenos delincuenciales eran hechos notorios por mucho tiempo.

-El gobierno no podía obviar los mecanismos legales ordinarios para contrarrestar la delincuencia, ni esperar que se acumulen los males hasta lo intolerable, para luego aplicarles medidas de excepción, bajo un régimen restrictivo de libertades.

-Los fundamentos del estado de excepción deben ser sobrevinientes, súbitos, imprevistos y excepcionales. Lo invocado no probaba aquello.

-El estado de excepción debe cumplir los requisitos constitucionales, para no incurrir “en los desbordamientos que determinaron la abolición del antiguo estado de sitio”.

*Publicado en el Diario El Universo, el viernes 9 de septiembre de 2011

viernes, 2 de septiembre de 2011

‘…No nos dejaba ni pensar’

Jorge Alvear Macíasjorgalve@yahoo.com | 

¿Por qué intervino en Libia el Consejo de Seguridad de la ONU y de dónde su autoridad?

Al Consejo le corresponde mantener la paz y la seguridad entre las naciones. Los estados miembros deben cumplir sus decisiones. Está integrado por 5 miembros permanentes –China, Francia, Rusia, Reino Unido (incluida Irlanda del Norte) y Estados Unidos– y 10 miembros no permanentes, elegidos por dos años. Cada miembro tiene un voto.

Ecuador ha sido miembro no permanente en tres ocasiones. La última fue en 1991.

¿Y qué ocurría en Libia antes de la intervención? Pues existía un grave conflicto armado por la permanencia de Muamar Gadafi, que gobernó más de 40 años sin control democrático. Mantuvo su poder gracias a la riqueza petrolera del país, al ejército, dividiendo a la población y controlándola por medio de una red de seguridad.

Ayudó a su estabilidad la corrupción, la inexistencia de partidos políticos, la presencia de “grupos sociales” de fachada y los comités populares, liderados por sus incondicionales.

La hipocresía internacional también puso su parte, soslayando la repudiable situación en Libia. Varios países recibieron inversiones de la familia Gadafi, mientras los libios carecían de adecuada infraestructura vial, escolar y hospitalaria.

La familia invirtió en proyectos inmobiliarios en España, a través del banco estatal Lybian Arab Foreign Bank. Planeaba construir en 6.500 hectáreas, en la provincia de Málaga, un complejo residencial de 2.000 viviendas, campo de golf, hotel, un palacio de congresos y clínica.

Cuando se produjeron los levantamientos en Túnez y Egipto, los libios avizoraron la posibilidad de terminar el abuso. Ellos ya tenían un evidente deseo de libertad. Así lo confirma El País, diario español que hace poco entrevistó a un comandante de los insurgentes –Abdulhamid Taleb–, quien explicó: “…Es de entender. Este hombre (Gadafi) no nos dejaba ni pensar. Ahora todo el mundo es feliz. No se podía decir nada malo ni siquiera del pavimento…”.

Cuando Gadafi comprobó que su ejército no podía vencerlos, decidió utilizar mercenarios y aviones bombarderos para aplastar a los rebeldes, pero afectó a la población civil. Esto sí alarmó a la comunidad internacional y el Consejo de Seguridad exhortó a Gadafi a detener el genocidio.

Los bombardeos continuaron y el Consejo tuvo que aprobar la Resolución 1973 que, entre otras disposiciones, estableció una Zona de Exclusión Aérea en Libia, impidiendo transitar aviones de Gadafi con la advertencia de derribarlos. Aquí algunos motivos de esa Resolución del Consejo:

  • Incremento de bajas civiles y desprotección de la población. 
  • Violación sistemática de derechos humanos (detenciones arbitrarias, desapariciones, torturas y ejecuciones sumarias). 
  • Violencia e intimidación a periodistas.
  • Ataques generalizados y sistemáticos a civiles (posibles crímenes de lesa humanidad). Garantizar protección a civiles y asistencia humanitaria.
  • El repudio a violaciones de derechos humanos, expresada por la Liga de Estados Árabes, la Unión Africana y la Conferencia Islámica.
  • El pedido de la Liga de Estados Árabes de una zona prohibida de vuelos para la aviación militar Libia, para proteger libios y extranjeros.
  • La situación Libia constituía amenaza para la paz y seguridad internacional.

¿La razón de los libios?: Ese hombre no nos dejaba ni pensar.


*Publicado en el Diario El Universo el viernes 2 de septiembre del 2011.

viernes, 26 de agosto de 2011

¡Urgente!... Jueces independientes

Jorge Alvear Macíasjorgalve@yahoo.com | 
Si hay algo que está muy claro, es la necesidad de jueces independientes. Tanto o más que la urgencia de recobrar la seguridad personal y de los bienes. En la ciudadanía ya se percibe, que de alguna manera, lo uno está conectado con lo otro.
Los procesos penales más publicitados, en los que intervienen jueces temporales y ad hoc, confirman esa percepción y aumentan el temor de los interesados en las causas judiciales.
Los abogados –que siempre saben si están del lado de la razón o no– conocen que la intervención de tales jueces temporales, inesperados o esperados, se presta para direccionamientos de sentencias injustas y abusos con apariencia de legalidad.
Lo insólito es que, teniendo como tenemos, una Constitución protectora de derechos –y que incluye el derecho fundamental al juez independiente–, sea imposible ejercitarlo. La situación real es que el Consejo de la Judicatura de Transición sigue imponiéndonos una inconstitucional administración de justicia, con jueces que no cumplieron el requisito de acceder al cargo por medio del concurso de méritos y oposición. El requisito consta en los artículos 170 y 176 de la Constitución.
Están a la vista los procedimientos “expeditos” de integración de los bancos de elegibles de jueces temporales y conjueces para las salas de las cortes provinciales, que en realidad son jueces ad hoc o tribunales de excepción.
Además de inconstitucionales, las designaciones pugnan con resoluciones y opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Las designaciones, como actos del Estado ecuatoriano, son incompatibles con la Convención Americana. Han vulnerado el derecho al juez independiente.
En efecto, el artículo 8 (numeral 1) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos reconoce los derechos al juez o tribunal independiente e imparcial, conceptos relacionados cuya titularidad corresponde a las partes en el juicio, frente a aquel juez que debe resolver la controversia.
Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el concepto de independencia atañe al juez y a las demás autoridades del Estado. El juez debe juzgar únicamente conforme al derecho e impulsado por el derecho. Por su lado, las demás autoridades públicas no deben realizar injerencias indebidas en la Función Judicial o en la persona de un juez en concreto. La garantía de ese derecho significa: precaver que no haya injerencias y sancionar a los desobedientes.
La Corte IDH ha dicho que el Estado tiene el deber de garantizar una apariencia de independencia de los jueces, que inspire legitimidad y confianza suficiente no solo al justiciable, sino a todos los ciudadanos en una sociedad democrática. Es más, la independencia judicial debe ser respetada en cualquier clase de procedimiento.
Así las cosas y como continúa el atropello del derecho comentado, corresponde a la Asamblea Nacional acudir en auxilio de la ciudadanía. Lo primero que se me ocurre: llamar a los miembros del Consejo de la Judicatura de Transición, para que expliquen sus decisiones recientes relativas a destituciones y elecciones de jueces temporales y conjueces, que infringen la Constitución. Además, hay evidencia de jueces temporales y conjueces, sin la especialidad jurídica requerida. A ello se suman designaciones por “moción o recomendación”, atentatorio al principio de independencia.



*Publicado en el Diario El Universo del viernes 26 de agosto del 2011.
 

viernes, 19 de agosto de 2011

¿Justicia confiable?

Jorge G. Alvear Macíasjorgalve@yahoo.com | 

En los últimos años, numerosas resoluciones judiciales en asuntos trascendentes, han estremecido la conciencia ciudadana y del foro de abogados. Especialmente, por el atropello al derecho a la tutela judicial efectiva; y, por la vulneración a normas expresas de la Constitución, que impedían e impiden hacer lo que se hizo en tales pronunciamientos.

Son resoluciones dadas en la jurisdicción constitucional, civil y de lo penal. En ellas se retorcieron los textos constitucionales, para llegar a forzadas conclusiones, mediante razonamientos exóticos.

En lo constitucional. Se extendieron amnistías incluso a un condenado por violación; se “interpretó la Constitución” para integrar la Corte Nacional por sorteo. Así llegaron al cargo, quienes anteriormente habían sido descalificados por falta de probidad, del concurso para llenar vacantes de jueces titulares de esa Corte.

En esta jurisdicción se anuló una sentencia firme, dictada muchos años atrás, invocándose la aplicación de la nueva Constitución con efecto retroactivo. Se destituyeron miembros del Consejo de la Judicatura, desconociéndose su derecho ganado en concurso de merecimientos. Se dispusieron medidas “cautelares constitucionales” permitiendo la destrucción de maquinaria utilizada en extracción minera, de propiedad privada, para impedir la minería ilegal. Un atropello para detener otro.

En el área de la Niñez y Adolescencia. Se dispuso la prisión de personas adultas mayores, sin ponderar sus derechos y sin entender que son parte de un grupo vulnerable, según la Constitución.

En lo penal. Las recientes sentencias con prisión, contra periodistas por informaciones u opiniones que vertieron, respecto de personas que se expusieron voluntariamente al escrutinio público. Ya como funcionarios públicos o por estar inmersas en asuntos de interés de la colectividad.

En estas causas, los jueces aplicaron normas del Código Penal incompatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos y que contradicen la Jurisprudencia de la Corte Interamericana que señaló tal incompatibilidad. Dicha jurisprudencia obligatoria exige que los jueces nacionales inapliquen en esos casos, las sanciones de los delitos de desacato, injurias y calumnia, pues suponen sanciones desproporcionadas. No idóneas para reparar la reputación.

También es evidencia la sentencia dictada contra el coronel Tapia, por un tribunal integrado por jueces temporales o ad hoc. Ello infringió la Convención Americana de Derechos Humanos y el derecho de un ciudadano a ser juzgado por un juez natural, esto es independiente e imparcial, elegido de acuerdo a la Constitución y la ley.

En esos casos, no se cumplió el derecho a la tutela judicial efectiva. No se satisfizo en unos, por el quebranto del principio de legalidad, la falta de ponderación de los derechos, el desconocimiento del efecto normativo de la Constitución y la supremacía de esta y de la Convención Americana de Derechos Humanos con su respectiva interpretación efectuada por la Corte Interamericana, además de la Carta Democrática de la OEA.

Si los jueces someten a los procesados a indefensión, no hay tutela judicial. Los jueces idóneos, independientes e imparciales deben respeto a los derechos procesales. Deben motivar las resoluciones en la Constitución, las leyes y los hechos. No cabe su arbitrariedad. Su principal obligación: razonar de manera explícita. Así habría confianza en el sistema jurídico.


*Publicado en el Diario El Universo, el viernes 19 de agosto del 2011.

viernes, 12 de agosto de 2011

Es mejor preocuparnos

Jorge Alvear Macías
jorgalve@yahoo.com | 
La violencia y saqueos recientes en Inglaterra deberían hacernos reflexionar más sobre la existencia de los grupos delincuenciales integrados por adolescentes.

Allá, grupos vandálicos en solo cuatro días desbordaron a la Policía, con resultados de al menos tres muertos y cientos de heridos entre policías y civiles. Más de 1.100 apresados que tienen saturados los tribunales. Los perjuicios estimados inicialmente llegan a 100 millones de euros.

Las fotografías y videos en internet, que presentan escenas de destrucción y jóvenes encapuchados con cajas de mercadería bajo el brazo, alejándose de los almacenes saqueados, conducen a pensar que podría ocurrir aquí en Ecuador (algo de ello ya se vivió el 30-S en Guayaquil).

Todo empezó como manifestación pacífica en Tottenham, barrio situado en la parte norte de Londres, muy cerca de una comisaría. Se protestaba por la muerte de Mark Duggan, un hombre de raza negra, 29 años, abatido por un disparo de un policía en medio de una persecución.

Los graves incidentes fueron protagonizados por jóvenes, descritos por un vocero de Scotland Yard como “vándalos descerebrados”. Ellos incendiaron edificios y vehículos, saquearon comercios y utilizaron “bombas molotov”, martillos, palos y botellas en contra de la Policía.

Algunos comentaristas señalaron que la violencia se debe a la crisis económica, los grupos radicales y una antigua confrontación con la Policía, en ese barrio de trabajadores de clase media-baja y de etnia múltiple.

Se indicó también que Tottenham tiene la mayor tasa de desempleo y grandes insatisfacciones por el estado de abandono, reclamado reiteradamente a las autoridades.

La gente de ese barrio londinense ya vivió disturbios de igual violencia en 1985. Entonces hubo un policía muerto y 250 heridos; y la causa fue el deceso de una joven, también en medio de una acción policial.

Las fuentes consultadas observan que en los disturbios recientes y los de hace 26 años, afloró la tensión existente entre la población –sobre todo de raza negra– con la Policía.

Sin embargo, en esta ocasión los disturbios no se limitaron a Tottenham. Se extendieron a otros barrios de la capital británica que ninguna relación tenían con la protesta. Así aparecieron motines en el barrio de Hackney, que tiene una de las tasas de criminalidad más altas del Reino Unido, además enclave de los London Field Boys, el grupo violento más conocido en Londres.

Lo insólito es que la violencia contaminó otras ciudades. Liverpool, Manchester, Nottingham, Leeds, Bristol y Birmingham, fueron presa de saqueos, incendios de edificios y coches, y ataques a comisarías.

Se ha culpado a Twitter y a Facebook de ser vehículos facilitadores de la coordinación de los actos de destrucción y saqueo, y a los teléfonos de BlackBerry y su servicio de mensajería, como la “primera herramienta de coordinación entre los alborotadores”.

Le he referido lo anterior, amigo lector, a propósito de la inseguridad de nuestra ciudad y del país. Hoy nos preocupa la delincuencia organizada, pero a la vista de lo relatado, tal vez estamos ignorando la creciente incidencia de las bandas juveniles.

Estimo –parafraseando al periodista Gavin Knight– que es mejor preocuparnos por los jóvenes pandilleros, o a ellos no les preocupará romper la vidriera de un almacén o la ventana de nuestras casas.

*Publicado en el Diario El Universo, el viernes 12 de julio del 2011.

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viernes, 5 de agosto de 2011

Vacío legal

Jorge Alvear Macíasjorgalve@yahoo.com | 
Un asambleísta tuvo bondad y paciencia para explicarme lo ocurrido el pasado domingo, a propósito de la elección del presidente de la Asamblea Legislativa y del intento de elegir a la primera vicepresidenta.

En ambas elecciones se utilizó un dispositivo electrónico denominado “base”, ubicado en cada curul, dispositivo que tiene 4 botones para las opciones: afirmativo, negativo, abstención y en blanco. Los votos se reflejaron en un tablero electrónico.

Para la elección del presidente, se efectuaron tres votaciones. 

En la primera, Cordero obtuvo 60 votos afirmativos más 3 votos en blanco. Los votos en blanco, de acuerdo a la ley de la legislatura, se sumaron a la votación mayoritaria y se computaron para establecer la mayoría absoluta. Es decir así logró su elección con los 63 votos mínimos necesarios (la mitad más uno).

Ante ese resultado, la oposición pidió rectificación de la votación. Este procedimiento consta en la ley y es para corregir errores en la expresión del voto. Solo pueden votar los mismos asambleístas de la primera votación.

En la segunda votación –la de rectificación– Cordero obtuvo 60 votos afirmativos más 2 votos en blanco. Ello porque el asambleísta Vélez, que habría votado en blanco en la primera votación, en esta segunda ocasión fue registrado en el tablero electrónico con un voto negativo (alguien se le adelantó oprimiendo dicho botón). Ante la protesta de Vélez, y a pedido de Cordero, la presidenta encargada anuló la votación.

Así se realizó la tercera votación, que ratificó el resultado de la primera, aunque la oposición solicitó reconsideración de la misma, procedimiento también previsto en la ley, pero no se efectuó. El elegido, en acción relámpago, fue juramentado y posesionado.

Al polémico evento siguió el intento de elegir a Betty Amores como primera Vicepresidenta de la Asamblea. Ella obtuvo en primera votación 61 votos afirmativos y 2 votos en blanco, es decir 63. También hubo un pedido de rectificación de votación y por ende una segunda votación. En este intento Amores solo obtuvo 60 votos afirmativos y dos en blanco, pero de inmediato el Asambleísta Gracia le pidió al presidente Cordero que realice una nueva votación. Se había equivocado al presionar el botón negativo, cuando en realidad quería favorecer a Amores.

Como consecuencia el diputado Dávila le pidió a Cordero que repita la votación, pues así se había procedido en su elección. Cordero no accedió al pedido.

Además de lo absurdo que es considerar votos en blanco para elegir una dignidad, lo ocurrido deja inquietudes. Veamos:

1. ¿Cabía luego de la rectificación, efectuar una tercera votación para elegir a Cordero? El artículo 146 de la Ley de la Función Legislativa señala que el procedimiento “se realizará por una sola vez”.

2. ¿Cabía anular la votación de rectificación? En derecho público solo puede hacerse lo expresamente autorizado en la ley. La posibilidad de anular esa votación no está contemplada en la ley citada.

3. La anulación dispuesta supone interpretación de la ley. ¿Cabía que se haya interpretado sin el procedimiento previsto, además por una sola Asambleísta: doña Irina Cabezas?

Sin duda existe un vacío legal que debe ser materia de una reforma. Hasta tanto, lo que fue bueno para Cordero, debe serlo para Amores.


*Publicado en el Diario El Universo el dia viernes 5 de agosto del 2011 

viernes, 29 de julio de 2011

¿Necesitamos jueces colombianos?

Jorge Alvear Macíasjorgalve@yahoo.com |  
Algunas opiniones del ciudadano común sobre el honor, me llevan a comentar la sentencia absolutoria del Tribunal Superior de Bogotá a favor de la periodista Claudia López, acusada de injurias y calumnia. Necesario para diferenciar la protección del honor de un presidente.

El ofendido, Ernesto Samper, expresidente de Colombia.

López escribió: “…Según la revista Semana, Uribe nombra a Samper por solidaridad. Porque, según el criterio de Uribe, el expresidente es un pobre estigmatizado. No ve en él el político capaz de venderse a la mafia para acceder a la Presidencia (algo que todos sabemos, pero que la justicia comprada en el Congreso evitó juzgar), de corromper las instituciones para imponer a Serpa como sucesor (como todos lo padecimos, pero logramos evitar), de pedir cacao para que no extraditaran a los Rodríguez Orejuela (como consta personalmente a Uribe) y sabrá Dios si habrá intercedido también en los planes para eliminar a quienes pudieron ser piezas claves para develar sus andanzas, como la ‘monita retrechera’ y el exconductor de Serpa, quienes no murieron de gripa sino acribillados cuando iban a contarle a la Fiscalía lo que sabían (algo que solo podrían corroborar los sicarios, si es que no los mataron también)…”.

Acusación: “por haber imputado a la víctima la comisión de los delitos de homicidio y tráfico de influencia”.

Para el acusador, el derecho de libre expresión no es absoluto y debe ceder al fundamental de la honra de las personas.

Para López, al tratarse de un trabajo de opinión no traspasó la barrera de la legalidad.

Reflexiones del Tribunal: “…a propósito de los derechos de libre expresión, honra y buen nombre, el constituyente colombiano los considera fundamentales y por ende cuando entran en controversia debe proceder el operador judicial a ponderarlos, para concluir en justicia si se ha ejercido abusivamente uno de ellos, vale decir, con propósito de causar un perjuicio al otro, a sabiendas de su comportamiento…”.

Complementó que los medios de comunicación son esenciales en democracia, pues la información y la crítica a la gestión de las autoridades: “…son el sustrato indispensable de una participación ciudadana efectiva. Más que ser una forma de desarrollar eficazmente el ejercicio de una libertad –la de expresión–, los medios masivos de comunicación han entrado a ejercer un papel preponderante dentro del estado de derecho…”.

Para los magistrados, las expresiones de López “…corresponden a la opinión que libremente vertió la periodista en ejercicio de su labor, y que es permitida legítimamente en una organización estatal…”. Además, “…las afirmaciones estaban relacionadas con hechos reales, como son la designación de Samper como embajador en Francia y lo que la periodista piensa sobre ello y que algunos coterráneos comparten con ella, …todo dentro del libre juego de la libertad de opinar frente a temas de interés general…”.

No hay injuria, dice la sentencia, si el periodista analiza hechos de un momento histórico. López “…desligó claramente en su columna los hechos ciertos de los que partió, para plasmar seguidamente sus opiniones…; …como periodista tenía derecho de opinar sobre la designación …y especuló sobre diversas hipótesis, entre ellas las que mortifican al quejoso, pero que no alcanzan el terreno de lo penal…”.

Concluye: López jamás imputó directamente a Samper la comisión de homicidio, solo dejó sentada una pregunta con la expresión “Sabrá Dios” para interrogar si Samper estaba relacionado con el homicidio.

¿Necesitamos jueces colombianos?


*Publicado en el Diario El Universo el viernes 29 de julio de 2011

viernes, 22 de julio de 2011

Responsabilidad del Estado


Jorge Alvear Macíasjorgalve@yahoo.com | 

Esta semana, un juez de garantías penales dictó una sentencia y aplicó los artículos 489, 491 y 493 del Código Penal, dentro de un proceso por supuesta injuria calumniosa, irrogada en un artículo de opinión. Ahí señaló que los Tratados Internacionales de Derechos Humanos están por debajo de la Constitución; y, que el Ecuador no está vinculado a la Convención Americana sobre Derechos Humanos ni a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH), sino únicamente en los casos en que el Estado fuere parte demandada. Al respecto, expreso lo siguiente:

Los jueces penales están obligados a ejercer el Control de Convencionalidad. Este control fue establecido por la jurisprudencia de la Corte IDH, que dispone inaplicar las normas internas (incluida la Constitución) cuando se opongan a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y, que contravengan la interpretación dada a esta por aquella Corte.

Además, el indicado juez olvida que la Convención Americana sobre Derechos Humanos forma parte del texto constitucional; y, prevalece sobre cualquier otra norma, por imperio del artículo 424 de la Constitución. Incluso sobre la propia Constitución, en casos en los que dicha Convención reconoce derechos más favorables a los contenidos en aquella. El juez también olvida que los Tratados y Convenios Internacionales tienen jerarquía superior, en caso de conflicto con normas internas.

Por lo indicado resulta que las normas penales citadas, cuando se invocan para sancionar injurias a funcionarios públicos o personas involucradas en asuntos de interés público, no son aplicables por fuerza de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que contrarían y vulneran el derecho a la Libertad de Pensamiento y Expresión que protege el artículo 13 de la Convención y el sentido que le ha dado la Corte IDH.

La interpretación de la Corte IDH fue desarrollada en numerosas sentencias, que el Ecuador como Estado-Parte de la Convención y sus tribunales deben acatar, pues constituye jurisprudencia obligatoria.

La Corte IDH ha reiterado que: “...Los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex officio un “control de convencionalidad” entre las normas internas y la Convención Americana… deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención...”.

El principio doctrinario del “control de convencionalidad” se expresó en el Caso Almonacid Arellano vs. Chile (año 2006), con el alcance siguiente: “…cuando el legislativo falla en su tarea de suprimir y/o no adoptar leyes contrarias a la Convención Americana, el Judicial… debe abstenerse de aplicar cualquier normativa contraria a ella. El cumplimiento por parte de agentes o funcionarios del Estado de una ley violatoria de la Convención produce responsabilidad internacional del Estado…”. Además, estableció que: “…según el derecho internacional, las obligaciones que este impone deben ser cumplidas de buena fe y no puede invocarse para su incumplimiento el derecho interno…”.

De ahí que el juez arriba referido, debe recordar que el Estado será responsable por los perjuicios irrogados a los querellados; y, que ahora sí hay lugar a la repetición 

*Publicado en el Diario El Universo, el viernes 22 de julio del 2011

viernes, 15 de julio de 2011

Calumnia y lingüística



Jorge G. Alvear Macíasjorgalve@yahoo.com | 
En los delitos de opinión. Aquellos que afectan el honor, la fama o dignidad, hay un elemento de importancia que reside en la materialidad de las expresiones lingüísticas. Es decir las “que dicen o pudieren decir algo de alguien”.

Pero cuando las expresiones que se acusan son escritas, estas no son suficientes para establecer dichos delitos. Es que en las que se expresan verbalmente, intervienen manifestaciones corporales, tono de la voz, estado anímico, circunstancias de tiempo, lugar, o si son producto de iniciativa o quizá de respuesta, circunstancias que bien se pueden confirmar con testigos.

En cambio, las expresiones escritas, sean epistolares o periodísticas, requieren de un análisis pericial lingüístico, fundamental para el análisis jurídico, si hay de por medio un proceso penal. Tanto más, si hay la premisa de que el acusado negó la existencia de la injuria o la calumnia, en el contexto de sus expresiones.

Desde ese ángulo de consideración, invocada por el acusado en el proceso, la negativa de haber calumniado, tiene derecho a demostrarlo técnicamente, si se trata de un artículo de opinión, por ejemplo. Ahí es donde entra el perito lingüístico, como auxiliar del juez, para resolver el problema de la simple semántica; determinar, si fuere el caso, el vínculo causal y la comprensión lingüística de la intención. 

No es nueva en el ámbito legal, la conexión entre actividad judicial y lingüística. La mayoría de los países actualmente aceptan la lingüística como un instrumento auxiliar fundamental del juez, tanto en el campo mercantil como en el penal. Es que, en el Derecho, la intención fija la dimensión de la conducta jurídica y también de la antijurídica. En este segundo caso, la vincula con la culpa. De ahí la necesidad de “tomar” el significado real de las expresiones gramaticales, en el contexto de la interlocución para llegar a la intención.

Los abogados conocen y los jueces mucho más, que la actividad legal exhibe numerosas zonas de interpretación del lenguaje, que requieren de la opinión de un lingüista, sobre todo si las partes interesadas lo solicitan, como un medio probatorio de defensa o acreditación de afirmaciones o negativas.

Hoy por hoy, los informes o peritajes lingüísticos para efectos legales, constituyen una prueba clave. Además de suprema importancia, en los procesos por injuria o calumnia. Sirven para confirmar o descartar aquello que presume el acusador. 

Recientemente, en Colombia, en un proceso por supuestas calumnias que siguió el expresidente Samper a la periodista Claudia López, esta solicitó precisamente la intervención de un experto en lingüística, para que determinara si los términos de su columna contenían el delito por el que se le perseguía. Ella se refirió a Ernesto Samper, en una columna del diario El Tiempo, como un “político capaz de venderse a la mafia para acceder a la Presidencia”, justo cuando Uribe lo iba a nombrar embajador en Francia. 

Sin bien no se publicitó el dictamen pericial, el Tribunal de Apelaciones absolvió a la periodista, “…confirmando que prima la libertad de expresión y opinión sobre la honra y buen nombre que, probablemente, no se vulneraron”.


*Publicado en el Diario El Universo, el viernes 15 de julio del 2011

viernes, 8 de julio de 2011

Temporales, ad-hoc y destituciones

Jorge Alvear Macíasjorgalve@yahoo.com | 
  Hace un par de años hice notar, en esta columna, que la seguridad jurídica había sido torpedeada por la autonombrada Corte Constitucional. Al mismo tiempo pregunté al amable lector si ya tenía su chaleco salvavidas, porque pronto estaríamos nadando en el mar del caos.

 La advertencia, que en su momento pudo parecer exagerada, está concretándose con todas las graves implicaciones que empiezan a aparecer. En la administración de justicia ya es evidente.

  Para una muestra rápida: La intervención de un juez ad-hoc en el Tribunal de Garantías Penales que condenó al coronel Tapia y a otros policías; la intervención de dos jueces y dos juezas temporales en el proceso penal contra el Diario EL UNIVERSO, sus directivos y el columnista Palacio; y, la destitución del presidente del Consejo de la Judicatura, dispuesta por un juez del área penal.

  Es que de acuerdo a la Constitución vigente, respecto de la cual se ha sostenido que responde a un nuevo paradigma garantista y que supuestamente nos hizo transitar de una Constitución lírica y etérea a otra con efecto normativo aplicable directamente por las autoridades administrativas y judiciales, resulta que con los casos mencionados tal paradigma no es real. Veamos:

  La Constitución (artículos 76, 170 y 176) advierte que “… Solo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento…”. También ordena que en el ingreso a la Función Judicial se observen requisitos con criterios de probidad, oposición y méritos. Ello determina que para la designación de jueces se deben realizar concursos de oposición y méritos. Además, que los postulantes deben pasar pruebas teóricas, prácticas y psicológicas.

  El caso es que, el Consejo de la Judicatura hasta ahora no ha seleccionado ni elegido los jueces temporales, como exige la Constitución. Confirma su incumplimiento la reciente publicación de las Normas de Procedimiento de Designación de Postulantes a Jueces Temporales (Registro Oficial 374, 31 de enero del 2011). 

  Es más, todavía no se han convocado los concursos. Por ello siguen interviniendo en las causas judiciales, jueces temporales y ad-hoc, haciendo ilusoria la garantía constitucional a ser juzgados por un juez idóneo. Jueces temporales y ad-hoc que, en gran medida, atropellando el principio de especialidad, juzgan materias para las que no están preparados. Es el caso de un juez temporal que ha actuado como juez de garantías penales, no obstante que postuló en un concurso para juez de trabajo y se publicita en internet como experto en divorcios.

  Para colmo, la Corte Constitucional de Transición cuyos pronunciamientos tienen efecto vinculante, recientemente sentó que solo ella puede destituir las autoridades que incumplan las sentencias o resoluciones constitucionales. Y digo que es el colmo, puesto que la Constitución (artículo 86, número 4) faculta a cualquier juez constitucional para destituir de sus cargos o empleos a los servidores públicos que no cumplan la sentencia o resolución de las garantías jurisdiccionales constitucionales, lo cual también aplica a los incumplimientos de las medidas cautelares.

  Ello fue diseñado así en Montecristi, aunque ahora muchos se asombren con lo ocurrido al expresidente del Consejo de la Judicatura.

 ¿En qué quedamos? ¿Se aplica o no esta Constitución garantista?


*Publicado en el Diario El Universo el viernes 8 de julio del 2011.