Despenalizar

Jorge G. Alvear Macías

@jorgalve

jorgalve@yahoo.com

Existen variados indicios de que ciertos funcionarios del régimen y asambleístas, que impulsan sanciones con cárcel para las injurias en los medios de comunicación y en la redes sociales, no intentan proteger la honra o prestigio del ciudadano común.

Algunos de ellos vienen repitiendo o sugiriendo desde que se empezó a debatir la Ley de Comunicación, que los funcionarios públicos sufren tanto como el ciudadano común, cuando son injuriados o calumniados. Por ello no desean ni siquiera imaginar la despenalización de la injuria o la calumnia.

Varios son abogados, con prestigio ganado en el ejercicio profesional. Otros no exhiben esos logros y tal vez por ello se explica su desconocimiento de las grandes diferencias entre la protección del honor o la reputación de un ciudadano común y el de las autoridades públicas.

Preguntar y ser consultado…

Jorge G. Alvear Macías

@jorgalve

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…derechos fundamentales para el convivir democrático, interdependientes y necesarios para el ejercicio de los demás derechos. En esencia constituyen puntales de la participación ciudadana.

Es que preguntando y recibiendo respuesta adecuada y suficiente de la autoridad estatal, sobre los asuntos a su cargo, se satisface el acceso a la información pública. Indudablemente, también posibilita la rendición de cuentas; y, de ser el caso, establecer responsabilidades por el indebido manejo de la cosa pública. Es poco probable señalar responsables de actos y decisiones no divulgados.

Por otra parte, el derecho del ciudadano a ser consultado previo a decisiones de autoridad que le afectan, es un legítimo y efectivo mecanismo de defensa social. Permite evidenciar, los inconvenientes de proyectos de leyes, obras o de políticas gubernamentales.

Los derechos de acceso a la información (a preguntar) y a ser preguntado (consultado) facilitan el intercambio de información y obviamente, expresar opiniones.

Precaución y prudencia

Jorge G. Alvear Macías

@jorgalve

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Ya se han pronunciando desde los distintos espacios de la sociedad ecuatoriana, sobre las iniciativas para crear el tipo penal del “linchamiento mediático”. Continúan expresándose opiniones de orden académico y otras no especializadas. El esfuerzo –que es finalmente ciudadano y participativo– resulta valioso y debería ser apreciado en el ejercicio del quehacer legislativo.

Obviamente, en la Asamblea, será difícil despojarse de consideraciones políticas para legislar, con la posibilidad de que reviertan sus efectos, más temprano que tarde. Pero sí se pueden resistir iniciativas para tipificar el indicado delito, si hay de por medio ánimo de revanchismo o de aprovechar los efectos de autocensura, que se generarán.

Cadenas, rectificaciones y réplicas

Jorge G. Alvear Macías

@jorgalve

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Si hay algo que destacar, por su claridad, en la nueva Ley de Comunicación, es el texto del artículo 2. Ahí se expresa que la titularidad y exigibilidad de los derechos establecidos en esa ley, corresponde a todas las personas, “sin importar su cargo o función en la gestión pública o la actividad privada”. No ampara a instituciones del Estado.

Es por lo anterior que refluyen ilegales e ilegítimas las cadenas informativas de la Secom que, sin la solicitud que exige el procedimiento, y a guisa del ejercicio de su derecho a la réplica o rectificación, interrumpen noticieros y programas de entrevistas que se desarrollan, especialmente en determinado canal de televisión. También han sido indebidas las interrupciones con el insostenible argumento de “garantizar el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz”, cuando han tenido la evidente intención de proselitismo político.

Las interrupciones, así perpetradas, son en esencia lo que el artículo 13 del Pacto de San José, identifica como vías o medios indirectos para restringir el derecho de expresión de los medios de comunicación. Es que las radios y los canales de televisión tienen una programación de tiempo y esas injerencias –que resultan abusivas– trastocan dicha programación y el derecho de los entrevistados a contar con el suficiente tiempo para expresar sus ideas.

¿Cómo defenderse del poder?

Jorge G. Alvear Macías

@jorgalve

jorgalve@yahoo.com

¿Cómo hacerlo si un texto legal limita el flujo de la información y el órgano encargado de determinar las infracciones aparenta estar controlado por el mismo poder? Y yo pedí precisión a las preguntas. La persona respondió: me refiero al poder público, al político e institucional. Al legítimo, al usurpado, al cínico, al elegido y al falsamente popular.

Otras preguntas vinieron: ¿Cómo defenderse del embuste, irresponsabilidad en el derroche de fondos públicos, dispendiosas celebraciones y burocracia innecesaria, desmesurado parque automotor para uso oficial, contratación de obras y remodelaciones de costos excesivos, la represión y el engaño electoral? ¿Cómo vencer las causas de la impotencia ciudadana? ¿Existen alternativas ante una ilusoria democracia? ¿Se podrá evitar la consolidación de un sistema perverso que facilita los caprichos del poder?

Mientras las interrogantes podían abrumarme, repasaba las experiencias trágicas de Rusia, Libia, Yugoslavia, China, Siria, Cuba, España, Uganda, Nicaragua, Panamá, Venezuela, Brasil, Perú, Uruguay, Paraguay, Argentina, Bolivia y Chile. Sus gobiernos, en algún momento, pretendieron convertir a los ciudadanos en siervos, adueñándose de sus cuerpos y mentes. Se rodearon de especialistas en generar miedo y el miedo paraliza física y mentalmente.