‘Fiat iustitia, ruat caelum’

Jorge Alvear Macíasjorgalve@yahoo.com | @jorgalve

El Consejo de la Judicatura de Transición (CJT), tiene previsto posesionar a las juezas y jueces de la Corte Nacional el próximo 26 de enero.

Así se culminaría la última fase del Concurso de Méritos, convocado para elegir a los profesionales, que en número de 21 integrarán el más alto tribunal de la Función Judicial.

La expectativa es grande y existen temores, especialmente entre los abogados, de que no se elijan a los jueces idóneos. Y parece que no es injustificada la inquietud.

Son varios los indicios que estimulan la desconfianza a la idoneidad y resultados del proceso, incluso desde antes de la convocatoria del concurso. Empezando por la integración de los miembros del mencionado CJT, que tuvo cuestionamientos por razones de incumplimiento de edad de uno de ellos; y, de falta de independencia de todos.

Otra circunstancia que se sumó fue la vaporosa intervención de veedores internacionales, sin participación decisiva en la elaboración de las reglas del concurso ni de los parámetros de valoración de los postulantes. Al extremo que desconocían el tenor curioso de ciertas preguntas del examen psicológico efectuadas a los candidatos. Esto sin ahondar, en que uno de esos veedores está actualmente sujeto a un delicado proceso judicial en su país de origen.

Por otro lado, tampoco se pueden soslayar en el concurso, las fallas del sistema informático implementado para receptar documentos de acreditación de méritos y experiencia profesional; que afectó también a la formulación de preguntas y respuestas. Además de incluirse preguntas erróneamente construidas.

También se conoció de ciertas quejas por la discrecional valoración que incluyó requisitos no contemplados, como la exigencia del certificado de propiedad intelectual, para comprobar la autoría de los libros de un postulante.

Los perjudicados no pudieron contradecir el resultado y no pasaron a la siguiente fase.

Además existió un claro incumplimiento del instructivo del concurso. Su artículo 29 ordena que se preseleccione a 63 personas –entre hombres y mujeres–, para una evaluación oral (de dudosa utilidad y peligrosamente discrecional). Sin embargo, la lista de preselección incluyó 64 personas. El principal del CJT explicó que fue necesario, porque dos concursantes empataron en el último puesto y no cabía discriminar. Si bien suena razonable, la solución no es transparente, pues no se advirtió esa posibilidad en el instructivo.

Pero lo que más angustia a los abogados –y lo comentado tiene incidencia–, es que las juezas y jueces que finalmente se designen, carezcan de independencia, de valores éticos y de capacidad para el razonamiento lógico jurídico.

Intranquiliza que los nuevos jueces, por falta de imparcialidad inobserven la Constitución, sus principios y los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos, que obvien los Principios Generales del Derecho, la doctrina y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La sociedad quiere jueces con buena reputación en cuanto a integridad. Jueces honestos, con vocación de servicio, valientes y dispuestos a hacer justicia aunque se caiga el cielo… Fiat iustitia, ruat caelum. Jueces independientes que actúen sin pomposidad, con prudencia, pacientes y sin inclinaciones autoritarias.

Por cierto. La independencia debe garantizarla el Estado con los medios y la protección necesaria. No depende solo de los jueces.

*Publicado en el Diario El Universo el viernes 13 de enero del 2012.