Jorge G. Alvear Macíasjorgalve@yahoo.com | @jorgalve
La ministra de Justicia informó en julio pasado que el Estado había contratado una abogada, para apelar la sentencia de muerte impuesta a un ecuatoriano en el Estado de la Florida, Estados Unidos. El condenado, Nelson Serrano.
La declaración era alentadora y enaltecía a la ministra y al Estado, pues se obró en auxilio de un compatriota. Además patentizaba respeto del Derecho a la Vida; y, la posición del país junto a los países contrarios a la pena de muerte.
Pero lo relevante de la noticia –para las actuales circunstancias del caso Diario EL UNIVERSO– es que en aquel momento, la ministra expresó: “como Estado ecuatoriano, se ha solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tome medidas cautelares en el caso de Serrano”.
La solicitud fue enviada a Washington para que “se dicten medidas cautelares y …(que) Estados Unidos de Norteamérica tome medidas para suspender la ejecución de las sentencias de pena de muerte …”.
La ministra además dijo que “…la atención del Estado al caso Serrano está ratificada dentro de un compromiso con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Junto con este, también existe un compromiso de lucha por la justicia al interior del país…”.
Esto último indicaba que el Estado no actuó por propia iniciativa, sino que existió una razón de “afuera”. En efecto, el apoyo a Serrano Sáenz se debió a un previo señalamiento de responsabilidad del Estado de parte de la CIDH, en agosto del 2009.
El Estado había sido denunciado ante ese organismo por la detención ilegal de Nelson Serrano Sáenz y porque, teniendo doble nacionalidad y habiendo ingresado al país con pasaporte ecuatoriano, fue deportado ilegalmente a Estados Unidos (el trámite duró una hora y veinte minutos). Allá enfrentaba un juicio por asesinato y la pena de muerte.
La CIDH confirmó que el Estado ecuatoriano era responsable por la ilegal detención de Serrano, por mantenerlo incomunicado y en condiciones inhumanas, por deportarlo de manera igualmente ilegal y sumaria a Estados Unidos, donde había sido condenado a muerte por el asesinato de cuatro personas, hechos de los que Serrano se había declarado inocente. La CIDH consideró que por la conducta de sus autoridades, el Estado incumplió las obligaciones de respeto y garantía de los derechos de Serrano, y del deber de adecuar la legislación interna según lo previsto en la Convención Americana. Además de que el Estado no contradijo la acusación.
En respuesta a las recomendaciones de la CIDH, el Estado reconoció públicamente las violaciones a los derechos humanos cometidas contra Serrano y la ilegalidad del proceso de deportación. En especial expresó que “se han realizado los esfuerzos y acciones pertinentes para dar cumplimiento a lo recomendado por la CIDH…”.
En razón de ese allanamiento, la Comisión decidió no llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Así, amigo lector, tiene la historia completa de la solicitud estatal de medidas cautelares para Serrano. Evidencia de que hasta hace poco, el Estado reconoció y acató la autoridad de la CIDH.
*Publicado en el Diario El Universo, el viernes 18 de noviembre del 2011.
La declaración era alentadora y enaltecía a la ministra y al Estado, pues se obró en auxilio de un compatriota. Además patentizaba respeto del Derecho a la Vida; y, la posición del país junto a los países contrarios a la pena de muerte.
Pero lo relevante de la noticia –para las actuales circunstancias del caso Diario EL UNIVERSO– es que en aquel momento, la ministra expresó: “como Estado ecuatoriano, se ha solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tome medidas cautelares en el caso de Serrano”.
La solicitud fue enviada a Washington para que “se dicten medidas cautelares y …(que) Estados Unidos de Norteamérica tome medidas para suspender la ejecución de las sentencias de pena de muerte …”.
La ministra además dijo que “…la atención del Estado al caso Serrano está ratificada dentro de un compromiso con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Junto con este, también existe un compromiso de lucha por la justicia al interior del país…”.
Esto último indicaba que el Estado no actuó por propia iniciativa, sino que existió una razón de “afuera”. En efecto, el apoyo a Serrano Sáenz se debió a un previo señalamiento de responsabilidad del Estado de parte de la CIDH, en agosto del 2009.
El Estado había sido denunciado ante ese organismo por la detención ilegal de Nelson Serrano Sáenz y porque, teniendo doble nacionalidad y habiendo ingresado al país con pasaporte ecuatoriano, fue deportado ilegalmente a Estados Unidos (el trámite duró una hora y veinte minutos). Allá enfrentaba un juicio por asesinato y la pena de muerte.
La CIDH confirmó que el Estado ecuatoriano era responsable por la ilegal detención de Serrano, por mantenerlo incomunicado y en condiciones inhumanas, por deportarlo de manera igualmente ilegal y sumaria a Estados Unidos, donde había sido condenado a muerte por el asesinato de cuatro personas, hechos de los que Serrano se había declarado inocente. La CIDH consideró que por la conducta de sus autoridades, el Estado incumplió las obligaciones de respeto y garantía de los derechos de Serrano, y del deber de adecuar la legislación interna según lo previsto en la Convención Americana. Además de que el Estado no contradijo la acusación.
En respuesta a las recomendaciones de la CIDH, el Estado reconoció públicamente las violaciones a los derechos humanos cometidas contra Serrano y la ilegalidad del proceso de deportación. En especial expresó que “se han realizado los esfuerzos y acciones pertinentes para dar cumplimiento a lo recomendado por la CIDH…”.
En razón de ese allanamiento, la Comisión decidió no llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Así, amigo lector, tiene la historia completa de la solicitud estatal de medidas cautelares para Serrano. Evidencia de que hasta hace poco, el Estado reconoció y acató la autoridad de la CIDH.
*Publicado en el Diario El Universo, el viernes 18 de noviembre del 2011.
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