Entre los derechos reconocidos en la Constitución destaca el derecho a fiscalizar los actos del poder público. Es ejercitable individualmente, directamente o a través de representantes libremente escogidos. Es una forma de participar, influyendo en las decisiones gubernamentales.
Para la fiscalización es fundamental que nos informemos. Así, el acceso a la información pública resulta necesario y es obligación del Estado facilitarlo. Sin embargo, afortunadamente, la información tiene otros canales que aseguran su flujo: los periódicos, la radiodifusión, la televisión y la internet. Estos canales amplían las posibilidades de obtener información y es bueno que así sea.
Sin información no podríamos formarnos una opinión, para tomar decisiones y menos influir en la decisión de una autoridad. No podríamos intentar evitar los actos arbitrarios. Tampoco exigir que se sancionen las conductas reprochables de ciertos funcionarios públicos, que generalmente actúan amparados o protegidos por cortinas de desinformación y por prácticas antidemocráticas que dificultan el funcionamiento de las instituciones públicas. Ellos se desenvuelven con la evasión o distorsión de los controles, mediante presiones políticas sobre los órganos encargados del control.
Para la fiscalización es fundamental que nos informemos. Así, el acceso a la información pública resulta necesario y es obligación del Estado facilitarlo. Sin embargo, afortunadamente, la información tiene otros canales que aseguran su flujo: los periódicos, la radiodifusión, la televisión y la internet. Estos canales amplían las posibilidades de obtener información y es bueno que así sea.
Sin información no podríamos formarnos una opinión, para tomar decisiones y menos influir en la decisión de una autoridad. No podríamos intentar evitar los actos arbitrarios. Tampoco exigir que se sancionen las conductas reprochables de ciertos funcionarios públicos, que generalmente actúan amparados o protegidos por cortinas de desinformación y por prácticas antidemocráticas que dificultan el funcionamiento de las instituciones públicas. Ellos se desenvuelven con la evasión o distorsión de los controles, mediante presiones políticas sobre los órganos encargados del control.
De ahí que, resulta inaceptable el pronunciamiento de mayoría de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, vertido en un reciente informe sobre el caso Cofiec. El documento no señala responsables respecto de un crédito que fue otorgado por la entidad, en medio de un cúmulo de ilegalidades y de direccionamientos provenientes de afuera. Sin embargo, termina acusando como únicos culpables a los medios de comunicación y a los periodistas que cubrieron el caso. ¡Algo insólito!
Por un lado, se exculpa a personas que no fueron investigadas, aunque fueron mencionadas por testigos, como las que recomendaron al argentino beneficiario del préstamo.
Por otro lado, se imputa a sectores políticos y de opinión –según nota del diario Hoy– haber cometido varios delitos relacionados con el “…atentado a la honra de las personas, manipulación dolosa, uso de métodos ilegales para obtener información…”. Todo por haber investigado o comentado este caso bochornoso, que ha indignado a la ciudadanía.
La mayoría de los miembros de la Comisión –presidida por la señora Silvia Salgado– se apoya en una deficiente motivación y da por cerrado el caso; aportando al descrédito institucional.
Ahora queda pendiente la respuesta al planteamiento del asambleísta Enrique Herrería, expresado en el programa de televisión conducido por María Josefa Coronel:
Es penoso que desde las esferas del poder no se valore la contribución de la prensa a la transparencia y al ejercicio democrático; y, por el contrario, se la tache como la culpable del caso Cofiec. La crítica también beneficia al gobernante, manteniéndolo informado de lo que acontece afuera de la muralla del círculo, que se levanta indefectiblemente en todo régimen.
Por un lado, se exculpa a personas que no fueron investigadas, aunque fueron mencionadas por testigos, como las que recomendaron al argentino beneficiario del préstamo.
Por otro lado, se imputa a sectores políticos y de opinión –según nota del diario Hoy– haber cometido varios delitos relacionados con el “…atentado a la honra de las personas, manipulación dolosa, uso de métodos ilegales para obtener información…”. Todo por haber investigado o comentado este caso bochornoso, que ha indignado a la ciudadanía.
La mayoría de los miembros de la Comisión –presidida por la señora Silvia Salgado– se apoya en una deficiente motivación y da por cerrado el caso; aportando al descrédito institucional.
Ahora queda pendiente la respuesta al planteamiento del asambleísta Enrique Herrería, expresado en el programa de televisión conducido por María Josefa Coronel:
“Yo aprovecho este espacio… para decirle al señor presidente de la República de la manera más comedida y respetuosa: deme… una hora en su despacho con los medios de comunicación o en privado y yo le voy a contar todos los bribones que usted tiene en su entorno…, yo le contaré… cómo se han hecho fechorías en su gobierno porque también parto del principio de que los presidentes… son engañados por miembros de su entorno. Déme esa oportunidad… désela a los ecuatorianos”
Es penoso que desde las esferas del poder no se valore la contribución de la prensa a la transparencia y al ejercicio democrático; y, por el contrario, se la tache como la culpable del caso Cofiec. La crítica también beneficia al gobernante, manteniéndolo informado de lo que acontece afuera de la muralla del círculo, que se levanta indefectiblemente en todo régimen.
*Publicado en el diario El Universo el viernes 2 de noviembre del 2012.
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