viernes, 30 de septiembre de 2011

¿Hemos avanzado?

Jorge Alvear Macíasjorgalve@yahoo.com | 

Al cumplirse un año de los acontecimientos en el Regimiento Quito, que culminaron con el operativo militar-policial para evacuar al presidente del Hospital de la Policía, tal vez sea propicio efectuar una serena y profunda reflexión para extraer lecciones.

El repaso de lo que vimos en la televisión en aquel día jueves 30 de septiembre, es necesario. Fueron al menos 14 horas de intranquilidad y angustia. Empezaron como una protesta de miembros de las fuerzas del Ejército, Aviación y Policía, inconformes con el veto al proyecto de la Ley Orgánica del Servicio Público y tuvieron un cruento desenlace.

Hoy el recuerdo lacera a las familias de las víctimas y también afecta a la gran mayoría que percibimos la amenaza del desborde delincuencial, por la ausencia del resguardo policial durante esas horas de gran incertidumbre.

El presidente desde entonces ha reiterado su discurso en una reunión con periodistas internacionales a los pocos días del fatídico 30-S: “Se trató de motivar un descontento para sacar al presidente, pero en todo caso la intentona falló”.

Así, pese a que varios de sus ministros, inicialmente opinaron que lo que vivimos fue una rebelión policial y reportajes periodísticos documentados lo confirmaron, el discurso oficial se ha mantenido en que hubo una intentona de golpe de Estado, mientras el presidente estaba secuestrado en el Hospital de la Policía. A manera de letanía, se ha repetido con oídos sordos a las voces contrarias de nuevas evidencias.

Yo no voy a engrosar la discusión sobre la existencia o no de la “intentona”, gestada detrás de la Rebelión de la Policía, de la Fuerza Aérea y del Ejército. Tampoco insistiré sobre los argumentos que desarman la tesis del secuestro del presidente.

Mi interés es llamar a la reflexión sobre los resultados de un evento que no nos enorgullecen como ecuatorianos y nos presentan al mundo con una realidad inocultable: somos dos países en uno… y hasta tres. Pocas razones nos unen y los esfuerzos no son para incrementarlas sino para destruir las que tenemos.

Es así que sobredimensionar un acto –incivil por cierto– como la rebelión anotada, nos separa más y acrecienta la inestabilidad que experimentamos.

Después del 30-S muchos sugerimos al Gobierno organizar un plan para manejar la crisis y tomar las experiencias de especialistas, a fin de recobrar la normalidad y la paz.

Hasta ahora se ha hecho lo contrario, se han profundizado las controversias. Hay nuevos actores. Ninguna iniciativa de diálogo y no se han atendido las secuelas. La salida del conflicto está en manos de un solo individuo.

No se ha escuchado el consejo de informar con mensajes claros y precisos, que siempre transmitan la verdad. Se siguen negando los hechos y se especula. No se ha cuidado el tono del discurso ni la posición de los afectados. Siguen las acusaciones irracionales, desvanecidas por la percepción del público. La ciudadanía no recibe la señal de que se avanza hacia el restablecimiento de la normalidad. No se permite que todos expresen y escuchen las distintas opiniones.

Así no dejaremos de ser un aparente país de enemigos, ni construiremos una democracia sólida. Este día no es para celebrar.


*Publicado en el diario El Universo, el viernes 30 de septiembre del 2011.

viernes, 23 de septiembre de 2011

‘Ley Antimonopolio’

Jorge Alvear Macíasjorgalve@yahoo.com | 


Muy interesante resultó la conferencia ‘Ley de Competencias: Lo que su empresa necesita conocer’, en la que intervino el experto colombiano Mauricio Velandia, evento auspiciado por la Cámara de Comercio de Guayaquil. Es de esperar que otros eventos similares se repitan, el afiliado lo agradecerá, como interpreto que lo hizo en esta ocasión.

Los asistentes recibimos información muy valiosa y oportuna, que al mismo tiempo –en lo particular– me generó preocupación por las advertencias y recomendaciones del claro expositor, acerca de lo que debe ser una ley que regule el “poder del mercado” y lo que puede resultar de un ordenamiento legal que invita a ser distorsionado por el ente regulador.

En palabras coloquiales, el conferencista nos hizo saber que toda ley, destinada a regular la competencia de las empresas, se justifica, en tanto en cuanto, concilie dos derechos: la libertad del inversionista para ingresar a un mercado y permanecer en él; y, la libertad del consumidor para escoger el mejor producto al mejor precio entre múltiples opciones. Pero su espíritu debe ser expresado en la norma legal con un tenor claro, sin espacios a ambigüedades pues propician discrecionalidades; y estas, el abuso.

Anotó también que no es conveniente copiar leyes que rigen en otros países, pues la realidad de Ecuador es distinta y su imposición puede traer más daño que bien.

Al referirse al Proyecto de Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado –“Ley Antimonopolio”–, (cuyo informe favorable fue aprobado en su segundo debate, por la Comisión Nº 3 de la Asamblea Nacional, para ser discutido en el Pleno) señaló que es un modelo muy agresivo, que utilizará –si entrare a regir–, mecanismos coercitivos para acceder a las computadoras de las empresas, información que podría utilizarse con fines distintos y desconocidos. A ello se suma el exagerado tecnicismo utilizado en la redacción del texto legal, lo cual obligará al empresario a prepararse en el conocimiento de la teoría de las responsabilidades.

Otra recomendación que se hizo y que opino, debería trasladarse a la legislatura, es que la ley no debería ser a futuro un impedimento para el crecimiento de las empresas ecuatorianas, mientras la extranjeras siguen creciendo. Que la ley solo debería tener los mínimos controles que tienen las leyes extranjeras.

Al final soltó, lo que yo considero la advertencia más grave: la bondad de la ley dependerá de la persona al mando del órgano regulador. Esta persona debe ser independiente y con amplio conocimiento jurídico. La experiencia en otros países informa que son cargos muy delicados y requieren de personas probadas en lo ético, para resistir las grandes posibilidades de corrupción.

En el proyecto de ley, según Velandia, se ha previsto un excesivo número de infracciones que generan sanciones económicas, lo cual podría llevar un direccionamiento de finalidad recaudatoria de ingresos para el Estado. Es excesivo, pues el promedio de infracciones que contemplan la mayoría de leyes similares en otros países, no pasa de 4 y en el proyecto de marras se introducen 20. Entre los asistentes alguien acotó que también habría la intención de “generar puestos de trabajo” para controlar los establecimientos. ¿Cuál será la intención?



*Publicado en el Diario El Universo, el día viernes 23 de septiembre de 2011.

lunes, 19 de septiembre de 2011

"No a las mentiras": Análisis lingüístico

Análisis lingüístico del párrafo de un articulo de
opinión que ha sido objeto de una demanda penal

 Por: Lcdo. Hernán Rodríguez Castelo*


           El análisis lingüístico y semiótico del párrafo del articulo "No a las mentiras", firmado por el editorialista Emilio Palacio, en el diario "El Universo" de Guayaquil, el 6 de febrero de 2011, es el siguiente:

El Dictador debería recordar, por último, y esto es muy importante, que con el indulto, en el futuro un nuevo presidente, quizás enemigo suyo, podría llevarlo ante una corte penal por haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente.

El núcleo de sentido de lo que estima gravemente acusatorio contra el presidente Rafael Correa -que, según el texto de todo el articulo, es el "Dictador" del párrafo-, está en esta oración:

un nuevo presidente podría llevarlo ante una corte penal par haber ordenado fuego a discreción y sin previa aviso contra un hospital lleno de civiles

El sujeto de esta enunciación es "un nuevo presidente" y el predicado es "podría llevarlo ante una corte penal por haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente".

Este predicado tiene una carga semántica especialmente fuerte en términos lingüísticos y especialmente grave en términos de acusación.
Porque el objeto de esa acusación es, en lo fundamental, "haber ordenado fuego contra un hospital".

Y es conocido que atacar un hospital, aun en pleno conflicto armado, es crimen de guerra, según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, y prohibido según el Convenio de Ginebra, en su artículo 19, relativo a la protección de personas civiles en tiempos de guerra.

Y ese "haber ordenado fuego contra un hospital" -que para el caso es el hospital de la Policía Nacional, reviste, según el texto, dos agravantes:


  • -"a discreción"
  • -"sin previo aviso"


"A discreción" es término militar. Se contrapone a "disparar contra blancos fijados". "A discreción" no significa, en modo alguno, "a mansalva". Para establecer este sentido hice una consulta a dos distinguidos colegas míos de la Academia Nacional de Historia Militar, y ellos lo precisaron así.

En cuanto a caracterizar el ataque con ese rasgo de "sin previo aviso", el citado artículo del Convenio de Ginebra establece que la protección de los hospitales solo podrá cesar si se hace uso de ellos para atacar al enemigo, y aun en esos casos la protección solo cesará después de que se dé aviso y se establezca un plazo razonable.

El análisis semántico muestra la gravedad de la acusación.


Pero, en el texto sometido a análisis, ¿quien hace esa acusación?


Una forma enunciativa simple habría sido si el articulista hubiese escrito:

acuso al Dictador de haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente.

De haberlo escrito, el periodista habría debido probar tan grave acusación, so pena de quedar el mismo sometido a juicio por grave calumnia.
Pero el periodista ha propuesto esa acusación como algo hipotético.

Y son tres los rasgos que configuran ese planteo hipotético:

-el sujeto de esa hipotética acusación: un nuevo presidente, a quien se especifica con el rasgo "quizás enemigo suyo".
-el verbo usado: "poder". Poder hacer algo es diferente de hacerlo. Poder no pasa de una potestad.
-el tiempo verbal que enuncia la acción acusatoria: "podría". Ha usado el tiempo verbal que Bello llamó "pospretérito", y del cual siempre la Academia Española destacó su sentido condicional.

Este sentido queda claro en ejemplos del habla corriente, como el que doy yo en mi libro Cómo escribir bien:
Se pregunta a alguien:
-¿Irás a la fiesta?
Y el responde:
-Iría.
Yo comento en ese libro: "Si hubiese respondido "Iré" era seguro que iba.
Pero si dice "iría" cabe pensar en alguna condición: "Si tuviera transporte". Trátase de un futuro problemático".

Por ello la Academia llama a este tiempo verbal "condicional simple". (Nueva Gramática de la Lengua Española, Asociación de Academias de la Lengua Española, 2010, ver 23.8, p. 449).



Conclusión:

En estricto análisis lingüístico se impone concluir:
  • 1. En ese párrafo no se acusa al "Dictador" de ese "haber ordenado fuego” contra el hospital.
  • 2. Se plantea la posibilidad de que alguien lo acuse. Caracterizando a ese alguien como "un nuevo presidente" y "quizás enemigo suyo" y planteando para tal acusación hipotética un tiempo futuro.



Lic. Hernán Rodríguez Castelo,

*Miembro de Número de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, Correspondiente de la Real Academia Española, la Academia Norteamericana de la Lengua y la Academia Paraguaya de la Lengua.




Quito, 7 de septiembre de 2011



Nota:
          El presente informe técnico de lingüística, fue presentado en la Audiencia Oral, ante el tribunal de apelaciones de la Corte Superior, dentro del proceso penal por injuria calumniosa que se inició con la querella del Economista Rafael Correa Delgado, dirigida contra el ex-editorialista del Diario El Universo, Emilio Palacio Urrutia y los hermanos Carlos, César y Nicolás Pérez, ejecutivos del indicado medio de comunicación.

       La querella señaló que hay calumnia al Presidente Correa en la columna "No a las mentiras", publicada en el Diario El Universo, que el lector puede revisar en la página del medio:
            En la primera instancia se había negado el pedido de la pericia lingüística solicitada por la defensa del periodista Palacio para probar la inexistencia del delito acusado. La negativa tuvo el pretexto del juez, de que en el Consejo de la Judicatura no hay registrado un perito con dicha especialidad. Ello violentó el derecho a la defensa del periodista y lo sometió a la indefensión.

         La defensa de Palacio, no obstante lo anterior, consultó al Lcdo. Rodríguez si estaría dispuesto a dar su opinión en un informe, respondiendo positivamente y autorizando a presentarlo en el  proceso y a difundir su trabajo.

    El dictamen pericial del Lcdo. Hernán Rodríguez Castelo, sustentado en lo técnico-lingüístico, proporciona elementos decisivos para establecer la inocencia de Emilio Palacio y de los demás querellados, los hermanos Pérez y la sociedad anónima El Universo.

viernes, 16 de septiembre de 2011

Ucase

Jorge Alvear Macíasjorgalve@yahoo.com | 



Es el término con el que el célebre magistrado argentino Mario A. Oderigo calificó a la sentencia reñida con los principios de la lógica y manifestada como un decreto del zar; pero además, relacionándolo al vocablo ruso ukaz, con las características propias de una orden injusta y tiránica.

Es que toda sentencia de un juez o tribunal, si no es producto de una operación racional, se precipita en lo arbitrario. Es necesario el estudio profundo de lo que pide el demandante y acepta o niega el demandado. Por cierto, debe verificarse –en el expediente del proceso– la existencia de pruebas que fueron pedidas oportunamente por las partes y ordenadas por el juez o tribunal. Al final, debe aplicarse la norma jurídica más adecuada al caso concreto, para llegar a la conclusión de acuerdo a lo probado y así resolver totalmente el conflicto.

Lo anterior obviamente debiera ocurrir en un estado de derecho y democrático, en el que la separación de poderes está claramente definida en lo práctico. En donde las funciones del Estado son independientes y concretan el verdadero contrapeso de los poderes que les están dados a cada una de ellas. En donde los jueces, tribunales y funcionarios del Estado, hacen directamente efectivos los derechos humanos más favorables, que reconocen los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

Lo cierto es que, hoy por hoy, en nuestro país no podemos afirmar que los ciudadanos tenemos las garantías de un estado de derecho. Los ejemplos están a la vista con los recientes juzgamientos en materia penal, en los que intervienen jueces y conjueces temporales. Temporalidad que ha generado el tragicómico remoquete de “jueces golondrinas”, por su corta intervención en los procesos, violando la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos. Además, profiriendo agraviantes sentencias y providencias carentes de sustento legal y recto razonamiento, cuya presencia en el mundo jurídico producen tristes sensaciones… parafraseando a Oderigo.

Además, no podemos decir que vivimos en un estado de derecho, cuando se ha declarado el estado de excepción de la Función Judicial sin justificarse lo exigido en la Constitución. ¿Cómo pensar lo contrario, si alguien extraño a la Función Judicial amenaza a los jueces y les sugiere cómo deberían ser los pronunciamientos judiciales y hasta cuándo su permanencia en el cargo; y luego, si le complacen, se convierte en defensor de las abusivas decisiones judiciales, o denostador de los reticentes a consentirlo?

Pero lo más preocupante –a pesar de que con lo anterior ya tenemos bastante para estar preocupados–, es que se está introduciendo en la conciencia de la ciudadanía la alternativa para proteger sus derechos: el poder para administrar justicia no está en las Cortes. Obviamente está en el poder político y es ahí donde se debe acudir y plantear los recursos.

No estoy seguro, si ese fue el objetivo de quienes nos ofrecieron un nuevo orden constitucional y una nueva patria para todos; pero de acuerdo a lo constatado, resulta que la división tradicional de los poderes del Estado ha desaparecido y no podemos negarlo. Otra cosa es que no lo aceptemos. Vivimos el estado del Ucase.

* Publicado en el diario El Universo el viernes 16 de septiembre de 2011.

viernes, 9 de septiembre de 2011

Dos principios

Jorge Alvear Macíasjorgalve@yahoo.com | 


Necesidad y razonabilidad son dos de los principios que debe observar el decreto de estado de excepción. Este se trata de un dispositivo institucional que permite abandonar la normalidad jurídica del Estado, por determinadas circunstancias. La Constitución identifica taxativamente esas circunstancias como casos: “…de agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural…”. No hay otras.

La Ley de Seguridad Pública y del Estado, explica: “…Los estados de excepción son la respuesta a graves amenazas …que afectan a la seguridad pública y del Estado. El estado de excepción es un régimen de legalidad y por lo tanto no se podrán cometer arbitrariedades a pretexto de su declaración”.

El artículo 29 de esa ley complementa: “El decreto será dictado en caso de estricta necesidad, es decir, si el orden institucional no es capaz de responder a las amenazas de las personas y del Estado…”. La ley también advierte (artículo 30) que las medidas de excepción deben estar “…directa y específicamente encaminadas a conjurar las causas que generan el hecho objetivo y a impedir la extensión de sus efectos”.

La necesidad estricta, extraordinaria y de atención inmediata, es entonces la que se presenta como un hecho sobreviniente. En condiciones de convertirse en amenaza grave e inminente para el orden social, cuando no se la afronta en un tiempo razonable, con los medios de la legislación ordinaria. Ahí su razonabilidad.

No es cualquier necesidad. Debe revestir mucha importancia, actualidad y reclamar solución urgente, en respuesta al interés ciudadano.

Sin necesidad y razonabilidad, no se llena el sustento lógico y jurídico para invocar la grave conmoción interna. Me temo que la reciente declaratoria de estado de excepción, adolece de esa carencia.

No es problema de gestión. El presidente por más que quiera descongestionar las causas judiciales, no puede condicionar a los jueces ni desviarlos en su labor de aplicar los términos procesales. Ni siquiera la urgente adquisición de equipos para la administración de justicia habilitan –mediante estado de excepción– para modificar el curso normal de los procesos y menos intervenir la Función Judicial, sea movilizando jueces fuera de sus domicilios o forzándolos a laborar más del tiempo regular. Además, ¿por qué movilizar al resto de la ciudadanía?

Sobre lo comentado, es pertinente mencionar lo ocurrido en Colombia en 1995. El Gobierno decretó estado de conmoción, so pretexto que el orden público se había agravado por la delincuencia común, la delincuencia organizada y la subversión. También invocó congestión de causas judiciales, incidente en el aumento de impunidad; y, colapso del régimen carcelario.

La Corte Constitucional declaró inconstitucional el decreto, entre otras razones:

-Los fenómenos delincuenciales eran hechos notorios por mucho tiempo.

-El gobierno no podía obviar los mecanismos legales ordinarios para contrarrestar la delincuencia, ni esperar que se acumulen los males hasta lo intolerable, para luego aplicarles medidas de excepción, bajo un régimen restrictivo de libertades.

-Los fundamentos del estado de excepción deben ser sobrevinientes, súbitos, imprevistos y excepcionales. Lo invocado no probaba aquello.

-El estado de excepción debe cumplir los requisitos constitucionales, para no incurrir “en los desbordamientos que determinaron la abolición del antiguo estado de sitio”.

*Publicado en el Diario El Universo, el viernes 9 de septiembre de 2011

viernes, 2 de septiembre de 2011

‘…No nos dejaba ni pensar’

Jorge Alvear Macíasjorgalve@yahoo.com | 

¿Por qué intervino en Libia el Consejo de Seguridad de la ONU y de dónde su autoridad?

Al Consejo le corresponde mantener la paz y la seguridad entre las naciones. Los estados miembros deben cumplir sus decisiones. Está integrado por 5 miembros permanentes –China, Francia, Rusia, Reino Unido (incluida Irlanda del Norte) y Estados Unidos– y 10 miembros no permanentes, elegidos por dos años. Cada miembro tiene un voto.

Ecuador ha sido miembro no permanente en tres ocasiones. La última fue en 1991.

¿Y qué ocurría en Libia antes de la intervención? Pues existía un grave conflicto armado por la permanencia de Muamar Gadafi, que gobernó más de 40 años sin control democrático. Mantuvo su poder gracias a la riqueza petrolera del país, al ejército, dividiendo a la población y controlándola por medio de una red de seguridad.

Ayudó a su estabilidad la corrupción, la inexistencia de partidos políticos, la presencia de “grupos sociales” de fachada y los comités populares, liderados por sus incondicionales.

La hipocresía internacional también puso su parte, soslayando la repudiable situación en Libia. Varios países recibieron inversiones de la familia Gadafi, mientras los libios carecían de adecuada infraestructura vial, escolar y hospitalaria.

La familia invirtió en proyectos inmobiliarios en España, a través del banco estatal Lybian Arab Foreign Bank. Planeaba construir en 6.500 hectáreas, en la provincia de Málaga, un complejo residencial de 2.000 viviendas, campo de golf, hotel, un palacio de congresos y clínica.

Cuando se produjeron los levantamientos en Túnez y Egipto, los libios avizoraron la posibilidad de terminar el abuso. Ellos ya tenían un evidente deseo de libertad. Así lo confirma El País, diario español que hace poco entrevistó a un comandante de los insurgentes –Abdulhamid Taleb–, quien explicó: “…Es de entender. Este hombre (Gadafi) no nos dejaba ni pensar. Ahora todo el mundo es feliz. No se podía decir nada malo ni siquiera del pavimento…”.

Cuando Gadafi comprobó que su ejército no podía vencerlos, decidió utilizar mercenarios y aviones bombarderos para aplastar a los rebeldes, pero afectó a la población civil. Esto sí alarmó a la comunidad internacional y el Consejo de Seguridad exhortó a Gadafi a detener el genocidio.

Los bombardeos continuaron y el Consejo tuvo que aprobar la Resolución 1973 que, entre otras disposiciones, estableció una Zona de Exclusión Aérea en Libia, impidiendo transitar aviones de Gadafi con la advertencia de derribarlos. Aquí algunos motivos de esa Resolución del Consejo:

  • Incremento de bajas civiles y desprotección de la población. 
  • Violación sistemática de derechos humanos (detenciones arbitrarias, desapariciones, torturas y ejecuciones sumarias). 
  • Violencia e intimidación a periodistas.
  • Ataques generalizados y sistemáticos a civiles (posibles crímenes de lesa humanidad). Garantizar protección a civiles y asistencia humanitaria.
  • El repudio a violaciones de derechos humanos, expresada por la Liga de Estados Árabes, la Unión Africana y la Conferencia Islámica.
  • El pedido de la Liga de Estados Árabes de una zona prohibida de vuelos para la aviación militar Libia, para proteger libios y extranjeros.
  • La situación Libia constituía amenaza para la paz y seguridad internacional.

¿La razón de los libios?: Ese hombre no nos dejaba ni pensar.


*Publicado en el Diario El Universo el viernes 2 de septiembre del 2011.

viernes, 26 de agosto de 2011

¡Urgente!... Jueces independientes

Jorge Alvear Macíasjorgalve@yahoo.com | 
Si hay algo que está muy claro, es la necesidad de jueces independientes. Tanto o más que la urgencia de recobrar la seguridad personal y de los bienes. En la ciudadanía ya se percibe, que de alguna manera, lo uno está conectado con lo otro.
Los procesos penales más publicitados, en los que intervienen jueces temporales y ad hoc, confirman esa percepción y aumentan el temor de los interesados en las causas judiciales.
Los abogados –que siempre saben si están del lado de la razón o no– conocen que la intervención de tales jueces temporales, inesperados o esperados, se presta para direccionamientos de sentencias injustas y abusos con apariencia de legalidad.
Lo insólito es que, teniendo como tenemos, una Constitución protectora de derechos –y que incluye el derecho fundamental al juez independiente–, sea imposible ejercitarlo. La situación real es que el Consejo de la Judicatura de Transición sigue imponiéndonos una inconstitucional administración de justicia, con jueces que no cumplieron el requisito de acceder al cargo por medio del concurso de méritos y oposición. El requisito consta en los artículos 170 y 176 de la Constitución.
Están a la vista los procedimientos “expeditos” de integración de los bancos de elegibles de jueces temporales y conjueces para las salas de las cortes provinciales, que en realidad son jueces ad hoc o tribunales de excepción.
Además de inconstitucionales, las designaciones pugnan con resoluciones y opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Las designaciones, como actos del Estado ecuatoriano, son incompatibles con la Convención Americana. Han vulnerado el derecho al juez independiente.
En efecto, el artículo 8 (numeral 1) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos reconoce los derechos al juez o tribunal independiente e imparcial, conceptos relacionados cuya titularidad corresponde a las partes en el juicio, frente a aquel juez que debe resolver la controversia.
Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el concepto de independencia atañe al juez y a las demás autoridades del Estado. El juez debe juzgar únicamente conforme al derecho e impulsado por el derecho. Por su lado, las demás autoridades públicas no deben realizar injerencias indebidas en la Función Judicial o en la persona de un juez en concreto. La garantía de ese derecho significa: precaver que no haya injerencias y sancionar a los desobedientes.
La Corte IDH ha dicho que el Estado tiene el deber de garantizar una apariencia de independencia de los jueces, que inspire legitimidad y confianza suficiente no solo al justiciable, sino a todos los ciudadanos en una sociedad democrática. Es más, la independencia judicial debe ser respetada en cualquier clase de procedimiento.
Así las cosas y como continúa el atropello del derecho comentado, corresponde a la Asamblea Nacional acudir en auxilio de la ciudadanía. Lo primero que se me ocurre: llamar a los miembros del Consejo de la Judicatura de Transición, para que expliquen sus decisiones recientes relativas a destituciones y elecciones de jueces temporales y conjueces, que infringen la Constitución. Además, hay evidencia de jueces temporales y conjueces, sin la especialidad jurídica requerida. A ello se suman designaciones por “moción o recomendación”, atentatorio al principio de independencia.



*Publicado en el Diario El Universo del viernes 26 de agosto del 2011.
 

viernes, 19 de agosto de 2011

¿Justicia confiable?

Jorge G. Alvear Macíasjorgalve@yahoo.com | 

En los últimos años, numerosas resoluciones judiciales en asuntos trascendentes, han estremecido la conciencia ciudadana y del foro de abogados. Especialmente, por el atropello al derecho a la tutela judicial efectiva; y, por la vulneración a normas expresas de la Constitución, que impedían e impiden hacer lo que se hizo en tales pronunciamientos.

Son resoluciones dadas en la jurisdicción constitucional, civil y de lo penal. En ellas se retorcieron los textos constitucionales, para llegar a forzadas conclusiones, mediante razonamientos exóticos.

En lo constitucional. Se extendieron amnistías incluso a un condenado por violación; se “interpretó la Constitución” para integrar la Corte Nacional por sorteo. Así llegaron al cargo, quienes anteriormente habían sido descalificados por falta de probidad, del concurso para llenar vacantes de jueces titulares de esa Corte.

En esta jurisdicción se anuló una sentencia firme, dictada muchos años atrás, invocándose la aplicación de la nueva Constitución con efecto retroactivo. Se destituyeron miembros del Consejo de la Judicatura, desconociéndose su derecho ganado en concurso de merecimientos. Se dispusieron medidas “cautelares constitucionales” permitiendo la destrucción de maquinaria utilizada en extracción minera, de propiedad privada, para impedir la minería ilegal. Un atropello para detener otro.

En el área de la Niñez y Adolescencia. Se dispuso la prisión de personas adultas mayores, sin ponderar sus derechos y sin entender que son parte de un grupo vulnerable, según la Constitución.

En lo penal. Las recientes sentencias con prisión, contra periodistas por informaciones u opiniones que vertieron, respecto de personas que se expusieron voluntariamente al escrutinio público. Ya como funcionarios públicos o por estar inmersas en asuntos de interés de la colectividad.

En estas causas, los jueces aplicaron normas del Código Penal incompatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos y que contradicen la Jurisprudencia de la Corte Interamericana que señaló tal incompatibilidad. Dicha jurisprudencia obligatoria exige que los jueces nacionales inapliquen en esos casos, las sanciones de los delitos de desacato, injurias y calumnia, pues suponen sanciones desproporcionadas. No idóneas para reparar la reputación.

También es evidencia la sentencia dictada contra el coronel Tapia, por un tribunal integrado por jueces temporales o ad hoc. Ello infringió la Convención Americana de Derechos Humanos y el derecho de un ciudadano a ser juzgado por un juez natural, esto es independiente e imparcial, elegido de acuerdo a la Constitución y la ley.

En esos casos, no se cumplió el derecho a la tutela judicial efectiva. No se satisfizo en unos, por el quebranto del principio de legalidad, la falta de ponderación de los derechos, el desconocimiento del efecto normativo de la Constitución y la supremacía de esta y de la Convención Americana de Derechos Humanos con su respectiva interpretación efectuada por la Corte Interamericana, además de la Carta Democrática de la OEA.

Si los jueces someten a los procesados a indefensión, no hay tutela judicial. Los jueces idóneos, independientes e imparciales deben respeto a los derechos procesales. Deben motivar las resoluciones en la Constitución, las leyes y los hechos. No cabe su arbitrariedad. Su principal obligación: razonar de manera explícita. Así habría confianza en el sistema jurídico.


*Publicado en el Diario El Universo, el viernes 19 de agosto del 2011.

viernes, 12 de agosto de 2011

Es mejor preocuparnos

Jorge Alvear Macías
jorgalve@yahoo.com | 
La violencia y saqueos recientes en Inglaterra deberían hacernos reflexionar más sobre la existencia de los grupos delincuenciales integrados por adolescentes.

Allá, grupos vandálicos en solo cuatro días desbordaron a la Policía, con resultados de al menos tres muertos y cientos de heridos entre policías y civiles. Más de 1.100 apresados que tienen saturados los tribunales. Los perjuicios estimados inicialmente llegan a 100 millones de euros.

Las fotografías y videos en internet, que presentan escenas de destrucción y jóvenes encapuchados con cajas de mercadería bajo el brazo, alejándose de los almacenes saqueados, conducen a pensar que podría ocurrir aquí en Ecuador (algo de ello ya se vivió el 30-S en Guayaquil).

Todo empezó como manifestación pacífica en Tottenham, barrio situado en la parte norte de Londres, muy cerca de una comisaría. Se protestaba por la muerte de Mark Duggan, un hombre de raza negra, 29 años, abatido por un disparo de un policía en medio de una persecución.

Los graves incidentes fueron protagonizados por jóvenes, descritos por un vocero de Scotland Yard como “vándalos descerebrados”. Ellos incendiaron edificios y vehículos, saquearon comercios y utilizaron “bombas molotov”, martillos, palos y botellas en contra de la Policía.

Algunos comentaristas señalaron que la violencia se debe a la crisis económica, los grupos radicales y una antigua confrontación con la Policía, en ese barrio de trabajadores de clase media-baja y de etnia múltiple.

Se indicó también que Tottenham tiene la mayor tasa de desempleo y grandes insatisfacciones por el estado de abandono, reclamado reiteradamente a las autoridades.

La gente de ese barrio londinense ya vivió disturbios de igual violencia en 1985. Entonces hubo un policía muerto y 250 heridos; y la causa fue el deceso de una joven, también en medio de una acción policial.

Las fuentes consultadas observan que en los disturbios recientes y los de hace 26 años, afloró la tensión existente entre la población –sobre todo de raza negra– con la Policía.

Sin embargo, en esta ocasión los disturbios no se limitaron a Tottenham. Se extendieron a otros barrios de la capital británica que ninguna relación tenían con la protesta. Así aparecieron motines en el barrio de Hackney, que tiene una de las tasas de criminalidad más altas del Reino Unido, además enclave de los London Field Boys, el grupo violento más conocido en Londres.

Lo insólito es que la violencia contaminó otras ciudades. Liverpool, Manchester, Nottingham, Leeds, Bristol y Birmingham, fueron presa de saqueos, incendios de edificios y coches, y ataques a comisarías.

Se ha culpado a Twitter y a Facebook de ser vehículos facilitadores de la coordinación de los actos de destrucción y saqueo, y a los teléfonos de BlackBerry y su servicio de mensajería, como la “primera herramienta de coordinación entre los alborotadores”.

Le he referido lo anterior, amigo lector, a propósito de la inseguridad de nuestra ciudad y del país. Hoy nos preocupa la delincuencia organizada, pero a la vista de lo relatado, tal vez estamos ignorando la creciente incidencia de las bandas juveniles.

Estimo –parafraseando al periodista Gavin Knight– que es mejor preocuparnos por los jóvenes pandilleros, o a ellos no les preocupará romper la vidriera de un almacén o la ventana de nuestras casas.

*Publicado en el Diario El Universo, el viernes 12 de julio del 2011.

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