viernes, 30 de abril de 2010

Independencia de la Función Judicial


Jorge Alvear Macías


Es deplorable que las altas autoridades del Estado irrespeten la independencia de la Función Judicial. El Ejecutivo descalifica la moral de los jueces, para apoyarse así mismo, en los cuestionamientos a determinadas sentencias judiciales, adversas a las instituciones gubernamentales.

Esa interferencia ya es costumbre. La Asamblea Legislativa dictamina sobre decisiones judiciales. Al punto que ciertas resoluciones de este órgano, reprochan veredictos y piden destituciones de jueces; y, en otros casos, señalan el direccionamiento que deben tener las sentencias para ser justas, en determinados juicios.

Desde la Fiscalía General del Estado se sueltan advertencias, que no deben sustituir a las acciones concretas para investigar ilícitos, ni su obligación para presentar los oportunos recursos legales, apropiados para impugnar decisiones jurisdiccionales. El resultado: un mensaje equivocado al ciudadano.

Por su parte el Consejo de la Judicatura, usando la atribución para juzgar infracciones al régimen disciplinario de los judiciales, destituye jueces por razones distintas a las disciplinarias. Algunas, claramente relacionadas con la forma de interpretar normas jurídicas o valorar pruebas en la decisiones judiciales.

Ello, sin entrar a considerar lo justo o injusto de las decisiones, destruye la independencia de los jueces, contrariando la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos y el Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ).

Pareciera que ciertas autoridades del Estado olvidan que los órganos de la Función Judicial gozan de independencia interna y externa (Constitución, art. 168:1). Que la independencia está reiterada en el art. 123 del indicado COFJ: “…Los jueces, juezas, fiscales, defensoras y defensores, están sometidos únicamente a la Constitución, instrumentos internacionales de derechos humanos y la ley…”. Tanto así que “…Ninguna autoridad pública incluidos las funcionarias y los funcionarios del Consejo de la Judicatura, podrá interferir en las funciones jurisdiccionales, mucho menos en la toma de sus decisiones y en la elaboración de sus providencias…”.

Lo anterior no significa que las decisiones judiciales sean intocables. Eso sería absurdo. Lo jurídico es que dichas providencias –en cualquier materia– sean revisadas a través de los mecanismos de impugnación que establece la ley. Así lo prevé el mismo art. 123 del COFJ.

Los miembros del Consejo de la Judicatura deberían recordar el art. 254 del COFJ: “… En ningún caso, el Consejo de la Judicatura se considerará jerárquicamente superior ni podrá atentar contra la independencia para ejercer las funciones específicas de las juezas y jueces, …”. Y por cierto, el art. 255 del COFJ: “… Las vocales y los vocales del Consejo de la Judicatura podrán ser sometidos a juicio político por…: 1. Intromisión en el ejercicio de las competencias propias de los jueces y juezas, … que violen su independencia judicial interna…”. (Aunque el juicio político no está funcionando en este nuevo orden constitucional del siglo XXI).


*Publicado en el Diario El Universo, viernes 30 de abril del 2010

 

lunes, 19 de abril de 2010

¿Reparación, venganza o represión?

Jorge Alvear Macías


Las normas que sancionan con prisión el desacato y las injurias son inconstitucionales y por tanto carecen de eficacia jurídica de acuerdo a la Constitución, que guarda armonía con la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El castigo de prisión produce un efecto inhibidor sobre el sentenciado, extendiéndose sobre la sociedad toda. Es un efecto disuasivo que vulnera el legítimo derecho a expresarnos y a recibir información. No se debe olvidar que la expresión ajena, informativa, crítica o de opinión, también constituye información, independientemente de su veracidad o ideología, sea agradable u ofensiva, inconforme a nuestro parecer o perturbadora. Es la regla de oro del pluralismo democrático.

Lo anterior no desconoce que las personas tienen protección legal de su honor; incluido el hombre público, pero en menor margen, debido a su exposición voluntaria al escrutinio de la sociedad. La CADH y la Constitución proveen esa cobertura. El punto es que la protección de la normativa internacional de derechos humanos privilegia la reparación de la reputación con el mecanismo de la rectificación y la reparación económica proporcional de los daños. Pero la protección impide el enriquecimiento del ofendido y descarta la prisión del ofensor.

Por lo expresado, usted podría convenir conmigo en que la solución para la colisión del Derecho a la Honra y la Libertad de Expresión no se encuentra en el Código Penal –encarcelando al injuriador–, sino en la Constitución y en los Instrumentos Internacionales de derechos humanos, aplicando el “balancing” de tales derechos. En esa línea también podría aceptarme, que la pena de prisión como castigo al ofensor no aporta nada a la loable reparación de la imagen del ofendido. Hago este hincapié porque la imposición del castigo se acerca más al objetivo de satisfacer el sentimiento de revancha o de venganza, que al de reparar la reputación y los daños. Asimismo se podría concluir que en el juzgamiento de injurias a un hombre público, la prisión del ofensor –si fuere respuesta a una crítica política– tiene sabor a represión, con el implícito mensaje de que la opción del silencio es lo más seguro para el ciudadano.

Por lo anterior y por contrario al pensamiento de la CADH y de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, resulta irracional e ilegítimo que se mantenga el delito de Calumnia en el Anteproyecto de Código Orgánico de Garantías Penales, impulsado por el Ministerio de Justicia. No se justifica, aun cuando se sostenga que dicha reforma se inspiró en el neoconstitucionalista Ferrajoli, cuyas teorías, respetables por cierto, están desarrolladas fuera del marco regional de la CADH; que dicho sea de paso, en materia de libertad de expresión no han sido acogidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tanto así que Argentina despenalizó las injurias en el 2009 por orden de la indicada Corte.

La renuencia de Ecuador a despenalizar la calumnia me hace sospechar que el objetivo no es reparar la reputación ni los daños de los gobernantes o funcionarios públicos “calumniados”. ¿Qué será? ¿Venganza o represión? ¿Intimidación?


Publicado en el Diario El Universo, lunes 19 de abril del 2010

 

jueves, 25 de marzo de 2010

Rendición de cuentas

Jorge Alvear Macías


¿Tiene asidero constitucional la propuesta del Presidente para que se obligue a rendir cuentas a los medios de comunicación? Para justificar el propósito se ha sostenido que la actividad de los medios de comunicación constituye un servicio público y como tal, les “calza” una supuesta obligación constitucional de rendir cuentas.

Contra esa desafortunada teoría se han levantado consistentes argumentos jurídicos que la desvanecen y han evidenciado una vez más, la escasez de profundidad y estudio serio de ciertos proyectos legislativos, cuyo denominador común es la satisfacción de propósitos políticos coyunturales.

Pero revisemos la Constitución. ¿A quiénes obliga a rendir cuentas?

En las normas pertinentes, en primer lugar aparece que la obligación alcanza a las instituciones del sector público. Luego están las instituciones privadas que perciben recursos del presupuesto estatal. También se hallan las organizaciones sociales que pueden articularse “…en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión…”, que “…deben garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de cuentas…” (art. 96). Por ello hace sentido que las organizaciones políticas tengan la misma obligación, pero señalada por su artículo 108.

Respecto de las instituciones del sector público, la Constitución (art. 208, nº 2) determina que el Consejo de Participación Ciudadana y de Control Social está obligado a “establecer mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y entidades del sector público, y… de veeduría ciudadana ...”.

Lo anterior concuerda con su artículo 100, nº 4), pues este indica que el ejercicio de la participación en los distintos niveles de gobierno del sector público, tiene entre otros cometidos el de “fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, rendición de cuentas y control social...”.

En el caso de las instituciones privadas, estas deben rendir cuentas cuando se circunscriben dentro del art. 388 de la Carta de Montecristi: “El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica,... Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal respectivo...”.

Es claro ejemplo, el caso de las instituciones que fomentan el deporte (art. 381): “El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria... Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición de cuentas...”.

Las instituciones del sector privado que pertenecen al sistema de educación superior también deben rendir cuentas por mandato constitucional (art. 355).

Finalmente, la Constitución al referirse a los derechos colectivos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, establece que la administración del sistema intercultural bilingüe, entre otros componentes, se basa en la rendición de cuentas (art. 57, nº 14).

En resumen, la Constitución no instituye esa obligación para los medios de comunicación. Imponerles rendición de cuentas, significaría limitar su libertad y reafirmaría la sospecha de que los poderes estatales pretenden controlarlos a como dé lugar. Incluso “mutando” a “servicio público”, el derecho a la comunicación que es manifestación de las libertades fundamentales de la persona y de su dignidad. El Estado carece de titularidad sobre los derechos fundamentales. Estos imperan sobre el poder público y los circunstanciales preceptos de la sociedad (salvo las restricciones constitucionales de ciertos derechos).


Publicado en el Diario El Universo, jueves 25 de marzo del 2010

viernes, 12 de marzo de 2010

Salida de la Ciadi: consecuencias


Jorge Alvear Macías

La Convención de Viena señala que un Estado puede retirarse de un tratado cuando el tratado lo permite. La Convención de la Ciadi también permite esa posibilidad jurídica en su artículo 71: “…Cualquier Estado contratante puede denunciar esta Convención por el aviso escrito al depositario de esta convención. La denuncia tendrá efecto seis meses después del recibo de tal aviso…”. De acuerdo con aquella disposición, que solo requiere una notificación escrita, la denuncia de Ecuador tuvo efecto seis meses después de la recepción del aviso, tal como lo informó este Diario.



Ahora bien. ¿Cuáles son las consecuencias del retiro, salida o denuncia del Convenio para el Estado denunciante? En mi opinión son dos:



La primera. El Estado denunciante deja de ser contraparte ante la Convención de la Ciadi, pierde sus derechos y obligaciones inherentes al Estado parte y ya no podrá estar sujeto a nuevas obligaciones; y,



La segunda. No obstante la pérdida del estatus, no se afectan los derechos y obligaciones del Estado –impuestos por la Convención– pues si son existentes al momento de la denuncia, continúan en vigor después de ocurrida esta. Así lo establece su artículo 72. Concretamente, se mantiene el consentimiento del Estado denunciante a la jurisdicción del Centro de Arbitraje de la Ciadi, aún después de los seis meses de efectuada la denuncia.



Es que las normas de la Convención de la Ciadi tuvieron por objetivo evitar que los Estados miembros frustren unilateralmente la eficacia de los derechos y de las obligaciones, utilizando la vía del abandono de la Convención. La Convención de Viena arriba citada –que es el marco magno de los tratados–, también tiene esas normas.



Consecuentemente, la jurisdicción del Centro Arbitraje de la Ciadi continúa luego de la denuncia, con efecto extendido sobre los contratos vigentes entre el Estado receptor y los inversionistas de otro Estado, si llevan el consentimiento en la respectiva cláusula de arbitraje. Los juristas entendidos, que sostienen esta tesis, explican que la jurisdicción del Centro no proviene solamente del hecho que un Estado es parte de la convención de la Ciadi, sino por su sometimiento voluntario (consentimiento) a dicha jurisdicción dentro del contrato origen de la disputa, o por separado, o en un tratado de protección de inversiones o en la legislación local del Estado receptor. El consentimiento es el núcleo.



En definitiva, el Estado denunciante no se libera de la jurisdicción de la Ciadi. El artículo 25 (1) de la Convención, lo confirma: “…cuando las partes han dado su consentimiento, ninguna de las partes puede unilateralmente retirar su consentimiento”. La denuncia a la Ciadi no anula el consentimiento al arbitraje de ella, expresado con antelación y persiste aún después de que el Estado denunciante deje de ser parte de la Convención.



La denuncia tampoco afecta al contrato que se prolongare por muchos años, pues el Estado receptor –pese a su retiro de la Ciadi– estará obligado a someterse a ella, en sus controversias con la empresa inversionista.




*Publicado en el Diario El Universo, viernes 12 de marzo del 2010

viernes, 12 de febrero de 2010

¿Acción de Protección contra Teleamazonas?

Jorge Alvear Macías



El ministro de Telecomunicaciones, ingeniero Jorge Glas, respecto de la sentencia que favoreció a Teleamazonas, manifestó a la prensa: “…eso tendrá que subirse a la Corte Constitucional como un recurso extraordinario de protección…” aunque precisó que “la apelación le corresponde presentar a la Superintendencia de Telecomunicaciones…”. ¿Es eso jurídicamente posible? Es la pregunta que me hicieron varias personas por las declaraciones del Ministro. Imagino que el lector tendrá la misma interrogante.


Intentando responder, reflexiono así:
La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos reconocen que el fin del Estado y de la organización social es el goce de los derechos de los seres humanos (y de la naturaleza). Para el efecto existen recursos sencillos y rápidos ante los jueces o tribunales que permiten amparar a los  seres humanos  frente a actos u omisiones que amenacen o violen sus derechos constitucionales.  Así se expresa en la exposición de motivos de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional –LOGJCC–, cuya iniciativa fue del Presidente de la República.

Ni el Estado ni sus instituciones son titulares de derechos humanos.

El artículo 9 de la LOGJCC solamente habilita a las personas –entendidas como seres humanos– para presentar acciones tendientes a obtener las garantías constitucionales, incluida la  Acción Extraordinaria de Protección. También advierte que las personas deben ser afectadas directa o indirectamente con la violación de derechos y que puedan demostrar el daño. Es decir “la consecuencia o afectación que la violación al derecho produce”.

Hay más. El artículo 59 de la LOGJCC solo permite proponer Acción Extraordinaria de Protección a la persona o personas “que han o hayan debido ser parte en un proceso”. Pero fundamentalmente el artículo 437, 1º inciso de la Constitución aclara que esta acción es para uso de los ciudadanos.

La Acción Extraordinaria de Protección tiene por objeto la protección de los derechos constitucionales y debido proceso en sentencias, autos definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia, expedidas en la justicia ordinaria.  La sentencia a favor de Teleamazonas es de la justicia constitucional y no ordinaria.

Por lo expresado, la Superintendencia de Telecomunicaciones carece de legitimación y derecho para intentar la acción extraordinaria de protección, anunciada para atacar la sentencia que declaró inconstitucional la suspensión de Teleamazonas.

Sin embargo, no sorprendería que los miembros de la “Corte Constitucional” usando métodos de interpretación “dinámicos y evolutivos” y otros de muletilla, “descubran nuevamente” que en los actos de los poderes públicos están “presentes” los derechos humanos de toda la sociedad y resultan vulnerados, por una sentencia que calificó de inconstitucionales tales actos. Es que hay varios pronunciamientos de la Corte “a la carta”, en que dio paso a acciones extraordinarias de protección presentadas por la CFN y el IEES, en contra de personas naturales.

A las víctimas de esa aberrante justicia constitucional, les queda el camino a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y deberían tomarlo. La condena al Estado permitirá la repetición contra los ejecutores de los actos ilegítimos, necesario precedente en este Ecuador que se supone un Estado constitucional de derechos y justicia.

*Publicado en el Diario El Universo, viernes 12 de febrero del 2010

viernes, 29 de enero de 2010

El Fiscal General del Estado

Jorge Alvear Macías
A propósito de la delicada situación que envuelve al Fiscal General del Estado, han cruzado por mi mente más de una reflexión, en las que he tenido que ponerme sus zapatos para intentar vivir su realidad y confrontarla con las críticas que se le hacen, especialmente desde la Asamblea. En todas ellas arribo a la misma conclusión: ¡qué poderoso y difícil cargo! Qué poderoso porque la suerte de un ciudadano común, su seguridad, la aspiración de justicia, libertad y dignidad  dependen de su apropiado ejercicio, al punto que infunde temor, pero a la vez resulta un poder insuficiente para hacer todo lo que debe hacerse. Ahí su dificultad.

A diferencia del juez, que debe actuar de acuerdo a lo que una y otra parte le intentan demostrar, al Fiscal General de la Nación le corresponde acusar cuando hay razones para ello, pero carece del poder para condenar. Su obligación está atada a la de investigar las circunstancias favorables como las desfavorables y, por supuesto, debe enfatizar en las desfavorables para que su acusación tenga sustento.

He reflexionado también, que el Fiscal General de la Nación debe ser un ciudadano íntegro y parecerlo, con carácter, decisión, con actuar firme ante la criminalidad, con imparcialidad sin distingo respecto de las personas que están sujetas a la ley. Es indispensable que sea independiente y un poco más. Con suficiente fortaleza moral para resistir los embates de las influencias que pudieren impedirle cumplir a cabalidad sus obligaciones.  Que tenga una columna vertebral tan rígida, al grado que no pueda inclinarse ante ninguna clase de poder.

Hace poco leía las declaraciones de un ex Fiscal General del Estado de Colombia, de mucho prestigio, quien decía que ese alto cargo es para un jurista en el mejor sentido de la palabra, con cualidades de administrador, pues la Fiscalía además de ser una institución de justicia, al mismo tiempo es un órgano administrativo gigantesco que requiere de dotes administrativas. Ello requiere muy buenas relaciones humanas.  Un Fiscal despótico o de malas maneras no le favorece a la Fiscalía y genera conflictos mayores a los que la Fiscalía misma origina.

El Fiscal General de la Nación debe gozar de liderazgo moral, tener conciencia del valor de la independencia del Poder Ejecutivo y estar dispuesto a enfrentar sin temor a los posibles conflictos políticos que puedan darse entre el Ejecutivo y la Fiscalía.

Su trabajo exige ahínco y dedicación en la labor de formar fiscales respetables, que destaquen por su pulcritud, sencillez y amabilidad, sobre todo con los humildes. Los fiscales no pueden tomar el rol de divos de la mediática, buscando notoriedad sin haber concluido su trabajo. La celeridad es su obligación primaria. Ello implica cambiar la mentalidad de los funcionarios subalternos, para que se llegue a la sentencia lo antes posible y se cumplan las condenas justas. ¡Qué difícil cargo!


*Publicado en el Diario El Universo, viernes 29 de enero del 2010

viernes, 15 de enero de 2010

Requiescat in Pace

Jorge Alvear Macías


El 11 de abril del año pasado, en este mismo diario, bajo el título ‘El buen ladrón y el mal ladrón’ alerté sobre las consecuencias de las reformas al Código Penal y anticipé que la ciudadanía les pasaría la “factura” a los legisladores que impulsaron dichas reformas que, sin duda, contribuyeron en buena medida al desborde de la delincuencia en los estratos económicos más vulnerables.

La buena noticia es que a pesar de la resistencia de ciertos legisladores a reconocer su error en las desacertadas reformas al Código Penal de marzo del 2009, la Comisión de la Asamblea, presidida por la doctora María Paula Romo finalmente preparó un proyecto que ya se discute en el Pleno de la Asamblea, y que tan pronto se apruebe y tenga vigencia, será el  Requiescat in Pace del “buen ladrón”, al que se lo “creó” con la apresurada reforma del pasado año.

Aspiro a que con el descanso en paz del “buen ladrón”, retorne algo de la seguridad ciudadana perdida, a pesar de la nostalgia y pesimismo de doña María Paula, cuyo pensamiento identifico en el “Análisis y Razonamiento” del proyecto de las nuevas reformas, luego de escuchar una rueda de prensa que se le hizo y se puede consultar en su blog del sitio web de la Asamblea.

Es que en el informe de la aludida comisión, se explica que el proyecto está limitado a “…asuntos que resultan urgentes, bien sea para resolver problemas generados a partir de la última reforma (impunidad en los delitos que pasaron a ser de acción privada, por ejemplo) o para responder a la demanda social creada por un discurso de distorsión de las normas penales que pudo haber provocado un ambiente de permisividad frente a ciertos delitos…”.

De esta manera se expresa el mea culpa de la legislatura, pero se lo mezcla con la absurda acusación de una supuesta distorsión de las normas penales materia de la reforma, como causa concurrente del ambiente de permisividad delictual, que solo es atribuible a la ley que manda, prohíbe o permite. En otras palabras, según esa curiosa lógica, el repunte de la delincuencia originada en las reformas que incentivaron los delitos de cierta cuantía, también se debe a la propia ciudadanía, que distorsionó el sentido “loable” de ellas. En fin, una historia para mencionar en Ripley.

No obstante lo anterior, hay que valorar positivamente el propósito de la Comisión presidida por doña María Paula, de modernizar el centenario Código Penal. Es una iniciativa importante y más necesaria que otras involucradas en proyectos de leyes menos urgentes. Coincido con la necesidad de eliminar ciertos delitos y establecer otros. Sería oportuno este esfuerzo, por ejemplo, para obedecer la Convención Americana de Derechos Humanos, que impone eliminar el desacato y las penas de prisión para los delitos de difamación (injuria y calumnia), que afecten a los funcionarios públicos o a quienes estén involucrados en asuntos de interés público. Esto es, seguir el ejemplo del Congreso argentino, que ya sustituyó la pena de prisión por una multa para los delitos antes indicados.


*Publicado en el Diario El Universo, viernes 15 de enero del 2010

viernes, 1 de enero de 2010

Inconstitucional

Jorge Alvear Macías


El Presidente de la Asamblea Nacional ha expresado que las infracciones y sanciones establecidas en el Reglamento de una ley son totalmente inconstitucionales. Así lo manifestó al contestar la demanda de inconstitucionalidad que presentó Emilio Palacio contra la Ley de Radiodifusión y Televisión (LRT) y su Reglamento (RLRT). Atendiendo lo dicho, se infiere que la sanción establecida en el RLRT y que se aplicó a Teleamazonas fue totalmente inconstitucional.

Sin embargo, la asambleísta Betty Carrillo, en entrevista que le hiciera María Josefa Coronel, opinó  que a Teleamazonas “se le ha aplicado la ley”; pues según ella, el canal incumplió al no verificar cierta información que transmitió, y que a la autoridad administrativa ejercida por la Superintendencia de Telecomunicaciones le corresponde cumplir las normas según lo ordena la Constitución y por ende aplicar sanciones administrativas previstas en el Reglamento de la LRT. Al mismo tiempo y luego de aludir ciertas normas de la Carta de Montecristi, afirmó que no es necesaria una ley para el reconocimiento de los derechos (¿?).

Es de destacar su arrojo para “darle la vuelta” a normas constitucionales claras, que leídas con literalidad y recta razón precisamente protegen a Teleamazonas de la abusiva sanción que nunca debió soportar.

La entrevista también reveló la posición de doña Betty respecto del acuerdo firmado entre las distintas bancadas para facilitar la aprobación de la Ley de Comunicación. Ella dejó entrever que no coincide con todos los compromisos del acuerdo, al extremo que no acepta que se entregue a los jueces la potestad de clausurar o suspender un medio de comunicación. Ella prefiere que lo haga el Consejo de Comunicación. Además expresó que tampoco defendería dicho acuerdo frente al veto presidencial, pero que respetaría la decisión de la mayoría (¿?).

Los hechos precisados y la reflexión sobre las respuestas de doña Betty –algunas ambiguas– me han generado ciertas dudas:

a) ¿Por qué doña Betty (abogada como es) no admite que las infracciones o sanciones que no constan en una ley son totalmente inconstitucionales?;

b) ¿Por qué entre ciertos asambleístas persiste el irrespeto a los principios de la libertad de expresión, que proscriben la exigencia de transmitir solo información periodística verificada; y, además deslegitiman las sanciones administrativas que carecen de ratificación judicial?;

c) ¿En el acuerdo multipartidista estará asegurada la voluntad del total de asambleístas de Alianza PAIS, si el texto no cuenta con la autorización de doña Betty para comprometer su voto?; y

d) ¿Acaso a ciertos asambleístas del bloque oficialista les falta asesoría sobre el sentido de las normas constitucionales y los instrumentos internacionales de derechos humanos?

Esta última duda se acrecienta, pues es reiterada la forma en que retuercen el sentido de las normas constitucionales, “interpretándolas” sin la necesaria ponderación de los derechos, o haciéndolo con regresión de estos. A lo que se suma el riesgo –al momento de legislar– de inaplicar normas de jerarquía superior contenidas en instrumentos internacionales de derechos humanos, y que la misma Constitución obliga a aplicar, contraviniendo lo que disponen sus artículos 84 y 424. Tal podría ser el caso de la Ley de Comunicación.


*Publicado en el Diario El Universo, viernes 01 de enero del 2010