El 11 de abril del año pasado, en este mismo diario, bajo el título ‘El buen ladrón y el mal ladrón’ alerté sobre las consecuencias de las reformas al Código Penal y anticipé que la ciudadanía les pasaría la “factura” a los legisladores que impulsaron dichas reformas que, sin duda, contribuyeron en buena medida al desborde de la delincuencia en los estratos económicos más vulnerables.
La buena noticia es que a pesar de la resistencia de ciertos legisladores a reconocer su error en las desacertadas reformas al Código Penal de marzo del 2009, la Comisión de la Asamblea, presidida por la doctora María Paula Romo finalmente preparó un proyecto que ya se discute en el Pleno de la Asamblea, y que tan pronto se apruebe y tenga vigencia, será el Requiescat in Pace del “buen ladrón”, al que se lo “creó” con la apresurada reforma del pasado año.
Aspiro a que con el descanso en paz del “buen ladrón”, retorne algo de la seguridad ciudadana perdida, a pesar de la nostalgia y pesimismo de doña María Paula, cuyo pensamiento identifico en el “Análisis y Razonamiento” del proyecto de las nuevas reformas, luego de escuchar una rueda de prensa que se le hizo y se puede consultar en su blog del sitio web de la Asamblea.
Es que en el informe de la aludida comisión, se explica que el proyecto está limitado a “…asuntos que resultan urgentes, bien sea para resolver problemas generados a partir de la última reforma (impunidad en los delitos que pasaron a ser de acción privada, por ejemplo) o para responder a la demanda social creada por un discurso de distorsión de las normas penales que pudo haber provocado un ambiente de permisividad frente a ciertos delitos…”.
De esta manera se expresa el mea culpa de la legislatura, pero se lo mezcla con la absurda acusación de una supuesta distorsión de las normas penales materia de la reforma, como causa concurrente del ambiente de permisividad delictual, que solo es atribuible a la ley que manda, prohíbe o permite. En otras palabras, según esa curiosa lógica, el repunte de la delincuencia originada en las reformas que incentivaron los delitos de cierta cuantía, también se debe a la propia ciudadanía, que distorsionó el sentido “loable” de ellas. En fin, una historia para mencionar en Ripley.
No obstante lo anterior, hay que valorar positivamente el propósito de la Comisión presidida por doña María Paula, de modernizar el centenario Código Penal. Es una iniciativa importante y más necesaria que otras involucradas en proyectos de leyes menos urgentes. Coincido con la necesidad de eliminar ciertos delitos y establecer otros. Sería oportuno este esfuerzo, por ejemplo, para obedecer la Convención Americana de Derechos Humanos, que impone eliminar el desacato y las penas de prisión para los delitos de difamación (injuria y calumnia), que afecten a los funcionarios públicos o a quienes estén involucrados en asuntos de interés público. Esto es, seguir el ejemplo del Congreso argentino, que ya sustituyó la pena de prisión por una multa para los delitos antes indicados.
*Publicado en el Diario El Universo, viernes 15 de enero del 2010
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