La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha recordado a los estados de la región que sus autoridades o funcionarios públicos no deben utilizar los códigos penales o las sanciones administrativas para acallar disidencias o críticas, o impedir opiniones y generación de información sobre temas de interés público.
La CIDH ha establecido que en Venezuela, Cuba, Ecuador, Honduras, Brasil y Guatemala se instauran procesos penales en contra de periodistas, investigadores, políticos y dirigentes sociales por expresar opiniones críticas especialmente contra gobernantes. Tal advertencia ha hecho que el poder político reformule sus ataques contra la libertad de expresión y utilice argucias para soterradamente amenazar, acusando otros delitos distintos del desacato y de los que afectan el honor de los funcionarios públicos (honor que en el caso de los funcionarios públicos tiene un menor nivel de protección que el del ciudadano común).
Ejemplo de la nueva estrategia sería la reciente noticia de que el actual presidente del Consejo Directivo del IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social), Richard Espinosa Guzmán, presentó denuncia en la Fiscalía contra cuatro personas, por haber publicado una fotografía en la que él aparece con su familia en una joyería en Miami, Estados Unidos. Espinosa afirma que se cometió el delito de difusión de información de circulación restringida e invoca el artículo 180 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Además, en su cuenta de Twitter habría aclarado: “Este es un tema personal, nada con el IESS y NO los he denunciado por publicar ‘una foto mía’ sino de mis hijas menores de edad”. LÉA MÁS http://www.eluniverso.com/opinion/2017/10/13/nota/6427702/fotografia-tomada-miami
*Publicado originalmente en el diario El Universo el día viernes 13 de octubre del 2017
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