El 9 de diciembre se conmemora el Día Internacional contra la Corrupción. En octubre del 2003, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención contra la Corrupción y Ecuador es uno de los Estados Partes de ese instrumento internacional. Esta rige desde el 2005.
Entre los motivos para tan importante esfuerzo de la comunidad internacional, estuvo la preocupación “…por la gravedad de los problemas y las amenazas que plantea la corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley…”.
También se convino en que la prevención y la erradicación de la corrupción, si bien es responsabilidad compartida de todos los estados, en la labor deben participar quienes no pertenecen al sector público, tales como “…la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones de base comunitaria, para que sus esfuerzos en este ámbito sean eficaces”.
Lo indicado, a efectos de llegar a una adecuada conclusión sobre la extensión de la Convención y su operatividad como compromiso estatal, especialmente en la investigación de un asunto que nos mantiene en vilo en las últimas semanas (caso Duzac o caso Cofiec), hay que relacionarlo necesariamente, con lo que indica el artículo 6 del citado instrumento. Ahí se precisa: “…1. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, garantizará la existencia de un órgano u órganos, según proceda, encargados de prevenir la corrupción… 2. Cada Estado Parte otorgará al órgano o a los órganos mencionados en el párrafo 1 del presente artículo la independencia necesaria… para que puedan desempeñar sus funciones de manera eficaz y sin ninguna influencia indebida…”.
Lo anterior, expresado con otras palabras, resume la idea de un control necesario y vigoroso para impedir, especialmente, la impunidad de los delitos que cometen los funcionarios del Estado en el manejo de los dineros públicos. Un control que no sea limitado o direccionado por las más altas autoridades.
Por ello fue que en su mensaje del año pasado, con ocasión del Día Internacional contra la Corrupción, el señor Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, expresó algo tan sencillo como grave: “La corrupción aflige a todos los países, minando los progresos sociales y alimentando la desigualdad y la injusticia. Cuando personas e instituciones corruptas roban unos fondos para el desarrollo que se necesitan desesperadamente, les están robando a los pobres y a las personas vulnerables la educación, la sanidad y otros servicios esenciales”.
En esa línea de pensamiento, nos recordó que el sector privado también es beneficiario del acogimiento de medidas contra la corrupción. Esta distorsiona el nivel real de los mercados; pues, encarece los costos empresariales y, termina castigando al consumidor. Un intercambio de productos y servicios es mejor y justo en una economía mundial más transparente.
Finalmente y parafraseando a Ban Ki-moon, surge necesario que nos comprometamos a hacer la parte que nos corresponde, tomando medidas enérgicas contra la corrupción y avergonzando a quienes la practican, en lugar de rendirles pleitesía. Es ineludible volver a engendrar una cultura que valore el comportamiento ético.
*Publicado en el diario El Universo el viernes 5 de octubre del 2012.
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