La seguridad ciudadana está relacionada con los derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad. El Estado debe garantizar el pleno ejercicio de esos derechos a todas la personas, sin discriminación alguna y no lo está haciendo.
De otro lado, en la retina de la ciudadanía, están ciertas autoridades con protección desmedida. Y por supuesto se generan las preguntas: ¿por qué la diferencia? ¿por qué desbordan sus necesidades de protección cuando se movilizan y hay barrios sin vigilancia policial? ¿por qué debemos vivir incertidumbre mientras esperamos el retorno de nuestros hijos? ¿por qué hay sensación de inseguridad hasta dentro de nuestras casas?
El desamparo está en todas partes. En Manta, la inseguridad extrema ha obligado a su población a salir a las calles a protestar y lo anecdótico es que mientras lo hacían, varios supermercados y locales comerciales fueron asaltados, según se reportó.
Para un amigo manabita, el crimen común y el organizado se han adueñado de esa admirada, hermosa y pujante ciudad; otrora destino de los cruceros marítimos. Es que el sicariato y el tráfico de drogas es una realidad y me temo que se ha reactivado el inescrupuloso tráfico de personas, que en el pasado provocó víctimas.
En medio de la angustia los mantenses han recibido promesas del Ministro del Interior para mejorar la seguridad, quien además se ha interesado en las investigaciones del crimen del ciudadano Lenín Chiriboga, una persona apreciada por la comunidad.
El caso es que la ciudadanía en todo el país espera algo más que promesas de equipos de radios y traslados temporales de unidades de élite de la Policía, que, según los entendidos, tiene eficacia limitada a los casos de delincuencia organizada. Es necesaria la confirmación de que en verdad existe un plan razonablemente estructurado, con estrategia integral para neutralizar sin demora la actividad delincuencial. Esta ha desarrollado una audacia inimaginable con asaltos a centros comerciales, asesinatos en restaurantes, secuestros express a mujeres embarazadas y secuestros de personas en asaltos a viviendas, por mencionar lo novedoso.
El Estado es responsable del menoscabo de los derechos humanos involucrados en la inseguridad. Es un principio de Derecho Internacional que el Estado responde por actos y omisiones de sus agentes, realizados al amparo de su carácter oficial y cuando se encuentren en posición de garantes de los derechos.
Aquello significa que el Estado debe adoptar medidas de prevención y protección si hay el conocimiento del riesgo real para un individuo o grupo de individuos determinado, y existen las posibilidades razonables de prevenir o evitar ese riesgo de vulneración del derecho a la vida. ¿Hay o no riesgo con la generalizada oferta de sicarios?
En las circunstancias que nos agobian, las autoridades a cargo de la seguridad deben dejar por ahora los recursos mediáticos de promoción de imagen y hacer una convocatoria para trabajar conjuntamente con la sociedad civil. Tienen que aceptar la participación de los alcaldes, prefectos y veedores, necesarios en la búsqueda de soluciones urgentes y de acuerdo a cada lugar. Escucharlos sin prejuicios ni celos o cálculo electoral. Con respeto y tolerancia.
Finalmente, no descartar la posibilidad de corrupción entre los agentes del Estado o de su incompetencia para la tarea.
De otro lado, en la retina de la ciudadanía, están ciertas autoridades con protección desmedida. Y por supuesto se generan las preguntas: ¿por qué la diferencia? ¿por qué desbordan sus necesidades de protección cuando se movilizan y hay barrios sin vigilancia policial? ¿por qué debemos vivir incertidumbre mientras esperamos el retorno de nuestros hijos? ¿por qué hay sensación de inseguridad hasta dentro de nuestras casas?
El desamparo está en todas partes. En Manta, la inseguridad extrema ha obligado a su población a salir a las calles a protestar y lo anecdótico es que mientras lo hacían, varios supermercados y locales comerciales fueron asaltados, según se reportó.
Para un amigo manabita, el crimen común y el organizado se han adueñado de esa admirada, hermosa y pujante ciudad; otrora destino de los cruceros marítimos. Es que el sicariato y el tráfico de drogas es una realidad y me temo que se ha reactivado el inescrupuloso tráfico de personas, que en el pasado provocó víctimas.
En medio de la angustia los mantenses han recibido promesas del Ministro del Interior para mejorar la seguridad, quien además se ha interesado en las investigaciones del crimen del ciudadano Lenín Chiriboga, una persona apreciada por la comunidad.
El caso es que la ciudadanía en todo el país espera algo más que promesas de equipos de radios y traslados temporales de unidades de élite de la Policía, que, según los entendidos, tiene eficacia limitada a los casos de delincuencia organizada. Es necesaria la confirmación de que en verdad existe un plan razonablemente estructurado, con estrategia integral para neutralizar sin demora la actividad delincuencial. Esta ha desarrollado una audacia inimaginable con asaltos a centros comerciales, asesinatos en restaurantes, secuestros express a mujeres embarazadas y secuestros de personas en asaltos a viviendas, por mencionar lo novedoso.
El Estado es responsable del menoscabo de los derechos humanos involucrados en la inseguridad. Es un principio de Derecho Internacional que el Estado responde por actos y omisiones de sus agentes, realizados al amparo de su carácter oficial y cuando se encuentren en posición de garantes de los derechos.
Aquello significa que el Estado debe adoptar medidas de prevención y protección si hay el conocimiento del riesgo real para un individuo o grupo de individuos determinado, y existen las posibilidades razonables de prevenir o evitar ese riesgo de vulneración del derecho a la vida. ¿Hay o no riesgo con la generalizada oferta de sicarios?
En las circunstancias que nos agobian, las autoridades a cargo de la seguridad deben dejar por ahora los recursos mediáticos de promoción de imagen y hacer una convocatoria para trabajar conjuntamente con la sociedad civil. Tienen que aceptar la participación de los alcaldes, prefectos y veedores, necesarios en la búsqueda de soluciones urgentes y de acuerdo a cada lugar. Escucharlos sin prejuicios ni celos o cálculo electoral. Con respeto y tolerancia.
Finalmente, no descartar la posibilidad de corrupción entre los agentes del Estado o de su incompetencia para la tarea.
*Publicado en el diario El Universo el día viernes 20 de julio del 2012
1 comentario:
De acuerdo, es realmente terrible lo que pasa, y parece que el tema de endurecimiento de las penas, nuevamente estará estancado. pero además, como todo se realiza con recursos, se debería investigar de dónde la delincuencia obtiene tanto recurso??
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