Jorge G. Alvear Macías
Así respondió Roy Chaderton, embajador de Venezuela ante la OEA, cuando se le preguntó sobre los motivos de la salida de su país de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pero la causa real es la inconformidad con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los informes de la CIDH, que año a año señalan a Venezuela como infractora de su compromiso internacional de proteger los derechos humanos.
Por ello, su comentario de que la Corte “únicamente obedece a los intereses del gobierno de los Estados Unidos” podría calificárselo como “salida de gallo fino”, para distraer el verdadero propósito del régimen chavista de soltarse de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para eludir el control judicial internacional de violaciones a los derechos humanos.
Pero Chaderton debe recordar –y si permanece en el cargo actual lo comprobará– que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mantiene intactas sus atribuciones para monitorear los derechos humanos en Venezuela y en los demás estados miembros de la OEA. De tal manera que si el gobierno venezolano no rectifica sus políticas, la CIDH continuará haciendo constar en sus informes anuales a la OEA que Venezuela es un Estado hostil para el disenso político. Especialmente durante las campañas electorales, en las que se han producido actos intimidatorios provenientes del oficialismo, como ocurrió en la última que impulsó a Maduro.
También se registrarán los hostigamientos a los periodistas, a organismos no gubernamentales y defensores de derechos humanos que monitorean las gestiones del gobierno. La inseguridad ciudadana, impunidad de homicidios y ejecuciones extrajudiciales. Las situaciones graves de violencia que dificultan el funcionamiento adecuado del estado de derecho. La falta de independencia e imparcialidad de los jueces, y la restricción de la libertad de expresión.
Los informes de la CIDH mencionarán las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (más de 16), condenando al Estado venezolano como responsable de la violación de derechos humanos, que han sido incumplidas. Algunas relacionadas con vulneraciones anteriores al régimen chavista, pero que responsabilizan a militares actualmente activos y en altas posiciones.
Una de esas sentencias incumplidas fue declarada “inejecutable” en el 2008 por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Concretamente, la pronunciada por la Corte Interamericana en el caso Apitz Barbera y otros. Conjuntamente con la insólita declaración se “solicitó” a Chávez que denuncie a la Convención Americana sobre Derechos Humanos “por la evidente usurpación de funciones” en que supuestamente había incurrido la indicada Corte Interamericana. Esta había dispuesto la reincorporación de exjueces de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, indebidamente destituidos.
Luego Chávez manifestó su desprecio hacia el estado de derecho así: “Para mí, la Corte (Interamericana de Derechos Humanos) no vale nada, es un cero a la izquierda”. “El corte de mi cabello vale más que esa Corte”, dijo horas antes de salir hacia Cuba para someterse al último ciclo de quimioterapia, del que, como sabemos, no salió con vida.
Estimo, a la vista de lo relatado, que la salida de Venezuela no generará un “efecto dominó”. Porque no es un ejemplo de dignidad; y, además, porque constituye un burdo escape del sistema judicial interamericano de derechos humanos ante la imposibilidad de controlarlo.
*Publicado en el Diario El Universo, el día viernes 20 de septiembre del 2013.
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