viernes, 29 de octubre de 2010

¿Dónde están que no se ven?

Jorge G. Alvear Macías


Deben existir en el país al menos una veintena de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos. Sin embargo en estos últimos tres años han estado ausentes en situaciones que reclamaban y aún reclaman su presencia. Tal pareciera que han desaparecido o se han mudado a otro lugar.

La ausencia ha facilitado en alguna medida la proliferación de abusos y atropellos a los derechos humanos de numerosas personas, incluso de los derechos de los policías.

El más reciente caso es el del ex director del Hospital de la Policía de la ciudad de Quito, removido de su cargo a pedido del Presidente de la República y ahora detenido por orden de un juez. Todo luego de conocerse su opinión, respecto a lo que vio mientras el presidente Correa permaneció en el indicado Hospital, el pasado 30 de septiembre.

El Presidente considera que estuvo secuestrado, mientras que la autoridad administrativa que estuvo a cargo del Hospital, teniente coronel César Carrión no corroboró esa versión. En declaraciones a la cadena de noticias CNN, Carrión sostuvo que en el tercer piso –donde se encontraba el Presidente– solo estaba el personal médico, la seguridad del señor Presidente, y que no había visto que una persona haya estado con un arma ni mucho menos. El Presidente se sintió desmentido por un subalterno que –en su opinión– no debió hacerlo.

El punto es que la voz autorizada del Hospital era el ex director del centro de salud que le brindó cuidados al Presidente. El Presidente era el paciente, como le consta a la ciudadanía.

Sin entrar a opinar sobre la detención del profesional médico, ni sobre la acusación que la generó, sí es necesario señalar que la denigración pública a la que se le sometió en el enlace presidencial y luego la remoción de su cargo constituyen una clara violación a su derecho a opinar, protegido y garantizado en la Constitución. La realidad es que ante la falta de las organizaciones de defensa de los derechos humanos, que pudieren prestarle apoyo al teniente coronel Carrión, sus familiares, compañeros y amigos leales tendrán que asumir esa tarea.

En todo caso, hasta que aparezca alguna organización de las aludidas, sugiero al lector que conociere de violaciones a derechos humanos, en especial a la libertad de opinión como la indicada, que las denuncie. Por ejemplo, enviando comunicaciones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si prefiere por correo ordinario: Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1889 F Street, N.W. Washington, D.C., 20006 USA. También puede dirigir un correo electrónico a: cidhdenuncias@oas.org y relatar de la manera más sencilla el caso.

Al hacerlo contribuirá a llenar el vacío ya comentado. Es una alternativa democrática y pacífica para protegerse a sí mismo y expresar el rechazo a los actos que significan abuso y regresión al reconocimiento de los derechos esenciales de toda persona. No corresponde quedarnos con los brazos cruzados. ¿Vivimos o no en un Estado de derechos y Justicia?



*Publicado en el Diario El Universo, viernes 29 de octubre del 2010
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sábado, 23 de octubre de 2010

¿Quién maneja la crisis?

Jorge Alvear Macías


Las opiniones respecto a un supuesto o inexistente intento de golpe de Estado, inmerso en la rebelión policial del “30-S”, son coincidentes cuando señalan ciertos elementos de la misma. Entre otros: el descontento del personal de las Fuerzas Armadas y Policía, generado con la supresión de beneficios salariales; la convicción popular de que el reconocimiento de los derechos debe forzarse con situaciones de hecho; y la impulsiva decisión del Presidente de encarar el reclamo policial, desoyendo a colaboradores que intentaron persuadirlo, para que espere la información completa sobre la situación real de los hechos.

Lo cierto es que, al menos, estos tres elementos confirman la existencia de una crisis política-institucional-ciudadana, que le corresponde afrontar al Gobierno.

Para afrontar esta crisis y controlar su impacto –como acontece con cualquier crisis–, es necesario identificar sus causas, más aún si se presentaron situaciones graves de violencia, con pérdida de vidas; con atentados a la propiedad privada, pánico colectivo, resentimientos en la fuerza policial y en el ejército, traumas de los familiares de las víctimas y de la colectividad toda.

Pero el manejo de la crisis no debe limitarse a contenerla, que por cierto es importante. Lo ideal es que no se repita. Entonces, ¿cómo proceder?

Los especialistas en este campo recomiendan evitar que se sobredimensione la crisis y proponen tratar las controversias de manera que no se profundicen. También debe evitarse que intervengan nuevos actores. En términos coloquiales: cuidarse de “no pisar callos” para no agrandar el “quilombo”.

Desconozco si ya se conformó el Comité de Crisis necesario para manejar la del “30-S”, de pocas personas, con poder para dialogar, tomar decisiones y que respondan ágilmente a las secuelas. La salida del conflicto no puede quedar en manos de un solo individuo.

También se aconseja informar a la colectividad con mensajes claros y precisos, que siempre transmitan la verdad. No se recomienda negar los hechos ni entregar datos falsos o especular. Es apropiado que los encargados en el manejo de la crisis expliquen las circunstancias, el origen de ella, consecuencias y medidas que se tomarán.

Se sugiere además, cuidar el tono del discurso, considerando la posición de los afectados y sin culpar a las víctimas.

Por lo comentado, resulta razonable que para el manejo de nuestra crisis se consulte a los actores involucrados, en medio de un diálogo transparente, que privilegie la credibilidad. Es sensato cesar la insistencia en acusaciones irracionales, ya desvanecidas por la percepción del público.

Para la ciudadanía es prioritaria una señal de que se avanza hacia el restablecimiento de la normalidad. Es imprescindible entonces, garantizar el trabajo de los medios de información, pues su ayuda es vital, pero informando en libertad. Que todos expresen y escuchen las distintas opiniones.

Al final, la opinión pública será la que dé una válida medición de resultados en el manejo de esta crisis… no el Gobierno.

Nota: Ojalá el Presidente en algún enlace y aprovechando su liderazgo –como lo hizo Michelle Bachelet–, reprendiese a la población que participó en los saqueos del 30-S para que tome conciencia y mida la consecuencia de sus actos.


* Publicado en el Diario El Universo, sábado 23 de octubre del 2010

viernes, 8 de octubre de 2010

El ‘Limazo’

Jorge Alvear Macías


El 5 de febrero de 1975 se produjo, en la capital del vecino Perú, una huelga de 1.000 policías por reclamos salariales, que la prensa local calificó como el “Limazo” e inicio de una “orgía de vandalismo y saqueo desaforado” a que fue sometida la ciudad de Lima, sin protección de la gendarmería. Al saqueo de almacenes y viviendas, le sucedió la confiscación de los diarios y la toma militar de los canales de televisión, y una cruenta represión que dejó como saldo 100 muertos y 1.000 heridos.

Eran tiempos de la dictadura del general Velasco Alvarado, que luego de tal violencia y caos, inició su fin y dejó un triste recuerdo a los peruanos, además de una economía destruida.

En esa ocasión, el detonante fue la bofetada de un general a un policía raso, por haber permitido que un periodista se acercara al auto presidencial. El Ejército utilizó tanques de guerra para recuperar el cuartel de policía e impedir que una turba atacara la Embajada de Estados Unidos. Esto último dio lugar a una anécdota, pues un diplomático norteamericano habría dicho: “¡Gracias a Dios por los tanques rusos!”.

He referido ese acontecimiento para intentar encontrar explicaciones y enseñanzas en los deplorables hechos del pasado 30 de septiembre, que así como el ataque a las Torres Gemelas marcó un cambio del mundo, seguramente marcarán el verdadero cambio de nuestro país.

Ese cambio difiere del modelo rígido dibujado por los integrantes de la clase política gobernante. Se trata de un cambio que ya los ha desbordado. No lo podrán evitar con su retórica de muletilla mientras reeditan, con apoyo de la tecnología y las dádivas, las malas prácticas políticas del pasado.

Mientras no entiendan que el consenso de valor permanente solo se logra con los representantes de la ciudadanía que tienen una visión distinta a la del oficialismo, el cambio los seguirá desbordando. Es la coincidencia en objetivos de bien común, la que concreta el verdadero pluralismo y la participación en real democracia. Es necesario que ello ocurra en la Asamblea Legislativa –y como una cuestión de honor y dignidad– todos defiendan los acuerdos por mínimos que sean, para recuperar el respeto que esta función del Estado necesita para sobrevivir.

Paralelamente, los asesores del Presidente deberían hacerse escuchar con personalidad y evitarle los errores que nos afectan a todos. No es justificación, ni nos sirve de consuelo que se repitan ellos mismos, lo inútil que sería intentar aconsejarlo dada la forma de ser del Presidente. Debe existir algún medio para transmitirle serenidad y sensatez. Por ejemplo, el ministro Jalkh es un especialista en mediación, brillante profesor de sistemas alternativos de solución de conflictos y no encaja con la tesis de la confrontación violenta. Debe hacer lo suyo.

La huelga policial del jueves 30 fue una “alerta naranja” y no es admisible, por la supervivencia del Estado, continuar por la senda de medir fuerzas e intentar reafirmar la imagen de un gobierno que, como se ha evidenciado, pudo sucumbir sin necesidad de un plan desestabilizador. El Ecuador requiere seguridad y paz, con respeto y libertad de información.

*Publicado en el Diario El Universo, viernes 08 de octubre del 2010

viernes, 1 de octubre de 2010

La música también es libertad

Jorge Alvear Macías


Es expresión libre del compositor, tal vez no tanto del ejecutante cuando deba hacerlo para complacer, pero sin duda lo es del que escucha. De ahí que la imposición que trae el proyecto de la Ley de Comunicación, llamada también “Ley de Medios” o “Ley mordaza”, para que las emisoras de radio difundan la producción musical nacional, en un porcentaje igual a la “extranjera,” es incompatible con el concepto de libertad.

Como el común de los lectores, disfruto mucho de la música. De acuerdo a la ocasión escucho la música “nacional”, aunque estimo que la música no tiene fronteras y resulta un contrasentido encasillarla así en un afán nacionalista, que no le reporta ningún beneficio. Es que los cantantes o ejecutantes de música, que ha tenido y tiene nuestro país, han sobresalido y alcanzado la celebridad, dentro y fuera de Ecuador, gracias a la preferencia del público, nacional y extranjero. Es el caso de Julio Jaramillo, Olimpo Cárdenas, Beatriz Parra, su hija Beatriz Gil, Patricia González, los hermanos Parra, Astrid Achi, Hugo Henríquez, Hilda Murillo, Juan Fernando Velasco, Fausto Miño, Jesús Fichamba, Priscila Galecio, los hermanos Miño Naranjo, Silvana, Del Hierro, Betancourt, Cesa, Rosero, para nombrar algunos de la larga lista de talentos.

¿Acaso alguno de los mencionados alcanzaron el éxito por imposición de una ley? Por supuesto que no. La razón principal radicó en que tuvieron una voz privilegiada y porque conformaron sus repertorios de acuerdo al gusto del público. Por desventura, no todos los cantantes tienen la voz que necesitan para alcanzar el favor de la audiencia o no han encontrado “la canción” que les abriría las puertas de la fama. Siendo así, una ley no les proporcionará la voz o la canción que necesitan para triunfar.

En gustos y colores no opinan los doctores, dice el adagio que deben tener presente los asambleístas que impulsan el proyecto de ley de este comentario. La preferencia del público constituye el cauce natural de una carrera musical. Tanto es así que, sin necesidad de la pretendida imposición de la ley, el público sigue escogiendo nuevos valores para llevarlos al estrellato y porque además hay libertad para escuchar o no, incluso la música de dudosa calidad de composición o ejecución. Por ejemplo, ¿conocía usted amigo lector que la canción Chúpate la plata es la más escuchada a cierto nivel de la gran población, …especialmente los viernes de tarde?

La promoción de los talentos –en Corea o Ecuador– tiene muchas alternativas, tantas como lo permite el ingenio. Usted puede comprobarlo en internet, en donde encontrará por ejemplo a Alexandra Cabanilla, quien ofrece su disco titulado Pasional …Jazz ecuatoriano. Ahí puede escuchar en el sitio: emusic.com, fragmentos de Alma en los labios, Pesares, Sendas distintas, Invernal entre otras hermosas melodías. Esta producción “nacional” incluye el valse peruano Regresa. También puede encontrar a Marco Urdiales, con boleros magníficamente interpretados, pero si lo obligan a escucharlos seguramente no le parecerán igual.

Invito a reflexionar sobre lo anterior a doña Betty, a la otra Betty y a don Rolando. La música también es libertad.

 *Publicado en el Diario El Universo, viernes 01 de octubre del 2010

viernes, 17 de septiembre de 2010

La odiosa comparación

Jorge Alvear Macías



Si hubiera independencia y respeto a las competencias entre la Función Ejecutiva y la Corte Constitucional (CC), el presidente Correa se retractaría de cierta afirmación de semanas atrás. Aquella de que la lotería de la Junta de Beneficencia de Guayaquil (JBG) constituye un acaparamiento; y que, “…Por ley tener el monopolio de una lotería es insostenible…”.

En primer lugar, porque la CC ya estableció que la lotería de la JBG no constituye monopolio, en Resolución Nº 26, Registro Oficial Suplemento 316, del 15 de abril del 2008 (casos: Nros. 0026-04-TC y 0027-04-TC). La Corte razonó que no se puede considerar a la exclusividad de la lotería, como “…intento de monopolio de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, por no ser una institución con fines de lucro…”.

En segundo lugar, porque esa Corte es la que tiene la potestad del control constitucional y no el Presidente. No cabe que el presidente Correa, dentro de un actuar prudente, contradiga dicho pronunciamiento. El de su Corte Constitucional.

He puesto “sobre la mesa” estos hechos, para relacionar el dudoso efecto de la indicada resolución, con lo ocurrido meses atrás en la vecina Colombia, concretamente con dos decisiones de su muy respetable Corte Constitucional. Tan respetable, que las FARC nunca han atentado contra los miembros de esa Corte, según me confió un ex magistrado.

La primera, una sentencia del mes de febrero, que declaró inexequible (que no se puede llevar a efecto por inconstitucional) una ley del Congreso, que pretendía convocar un referendo para aprobar un proyecto de reforma constitucional, que hubiera permitido la reelección del ex presidente Uribe; y, la segunda, del mes de agosto, que declaró sin efecto legal un convenio complementario de cooperación, asistencia técnica en defensa y seguridad celebrado con Estados Unidos. En esta última dispuso que el entonces Presidente cumpla el trámite de aprobación previsto para los tratados, que se obvió por considerárselo “acuerdo simplificado” y no un tratado internacional.

En ambos casos Uribe acató los pronunciamientos. Dio muestras claras de respeto al ordenamiento constituido y a la independencia del control constitucional. Pero claro, Colombia siempre se ha distinguido por su seguridad jurídica, no obstante las debilidades atinentes a la inseguridad personal, propiciada principalmente por grupos armados.

Según autorizados analistas, la fortaleza del sistema democrático colombiano y razón de que no haya sucumbido por el embate del tráfico de drogas y de las FARC, en gran medida se debe a la seguridad jurídica, al pago puntual de su deuda y al equilibrio de poderes. Por ello Colombia tiene acceso a líneas de crédito de diferentes orígenes a escoger. Es imán para la inversión extranjera y turismo. La visión del mundo sobre Colombia es positiva. La propaganda del Ministerio de Turismo colombiano que se transmite en CNN capitaliza esa nueva visión, así: “…Visita Colombia, el riesgo es que te quieras quedar…”.

Nota para la Corte Constitucional: Han transcurrido 17 meses y no se pronuncian sobre la inconstitucionalidad de la Ley de Radio y Televisión, y su Reglamento. Siguen incumpliendo los plazos máximos de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales.

*Publicado en el Diario El Universo, viernes 17 de septiembre del 2010

viernes, 10 de septiembre de 2010

Semillero de vicios

Jorge Alvear Macías

La entrevista que le hiciera este Diario al ministro Gustavo Jalkh permite colegir que los esfuerzos del Gobierno para enfrentar la delincuencia no han resultado tan efectivos para detenerla. Tal vez esas acciones debieran complementarse con otras provenientes de la ciudadanía. De nada sirve el consuelo de que en otros países la inseguridad es peor. ¿Por qué no acuerdan acciones y trabajan juntos el Gobierno central y los municipios?, pero de verdad, dejando atrás la retórica cansina, cínica y calculada. El Estado no puede someternos a la indefensión de nuestras vidas y bienes.

La inseguridad concierne a todos, agobia por igual a todos los estratos de la sociedad y cada ciudadano tiene la responsabilidad y el derecho de escoger si es parte de la solución o del problema. La inseguridad podría ser la causa de fuga de capitales y pérdida de empleos. Según se me ha informado, en los actuales momentos las plazas de trabajo que más se ofertan son las de guardianía y ello resulta oprobioso.

En Guayaquil, por ejemplo, nuestro Alcalde junto a los gremios de la producción, deberían liderar encuentros en que participen representantes de los barrios y de la seguridad del Estado para evaluar el flagelo y discutir las propuestas de solución. Esta medida básica funcionó en el pasado para acometer otros problemas.

En las reuniones que sugiero, bien podría confirmarse, por ejemplo, si tuvo razón de ser o agravó el problema de la desprotección, la decisión gubernamental de desarmar a los guardias metropolitanos, privados o a los ciudadanos que portaban armas para protegerse en sus actividades lícitas.

Allí podrían conocerse propuestas apropiadas para eliminar los semilleros de vicios, antesalas de la delincuencia y del crimen organizado, como es la permanencia en las calles de los niños trabajadores o niños mendigos. Esta situación es sumamente grave y la sociedad está cerrando los ojos ante ella.

Son miles de “pequeños trabajadores” deambulando entre calles y avenidas, entre los autos y subiendo a los buses, exponiendo su vida y truncando su futuro. Muchos lo hacen forzados por sus padres, por las necesidades de la familia que los obliga a convertirse en proveedores. Así se inician, pero luego un número importante integrará grupos delincuenciales dirigidos por adultos. Esto podría confirmarse también en las reuniones antes indicadas.

Es información confirmada, que entre las causas que mantienen a los niños en las calles está una sociedad que los alienta, entorpeciendo la labor de entidades privadas y del Gobierno que luchan por erradicar el problema.

Es indudable que somos nosotros los que hacemos que estos niños proliferen en las calles, con las monedas que les damos cuando limpian los parabrisas, venden caramelos, lustran nuestro calzado, hacen acrobacias, cantan en los buses, venden botellas de agua, o simplemente piden dinero.

Si continuamos actuando así, la problemática de seguridad no tendrá solución. Para los padres o cuidadores de los niños se mantendrá el negocio lucrativo y la explotación de ellos. Nuestro espíritu caritativo o “buena voluntad” estará condenándolos a ser parte del semillero de vicios y negándoles un futuro distinto.

 *Publicado en el Diario El Universo, viernes 10 de septiembre del 2010

lunes, 9 de agosto de 2010

Policía y Derechos Humanos

Jorge G. Alvear Macías


Recientemente Ecuavisa y Teleamazonas transmitieron imágenes de un video del sistema Ojos de Águila. Así pude ver cómo un ciudadano fue agredido, sometido y apresado por tres policías, a quienes el afectado habría pedido ayuda luego de sufrir un asalto.

Los informativos complementaron que en el parte policial se acusaba al individuo de haber insultado a los policías y de alterar el orden público. Sin embargo, las imágenes presentaron al ciudadano en actitud pasiva cuando fue sorprendido con un golpe en el rostro por uno de los policías, que lo hizo tambalear en dirección al suelo. Posteriormente fue introducido a empellones al vehículo policial por los tres gendarmes. Mentalmente me pregunté: ¿había necesidad de la agresión y uso de la fuerza contra esa persona que no representaba amenaza para nadie?

Muchas personas habrán observado lo que resumo y no pocas lamentarán lo sucedido, no solo por la víctima, sino por la institución policial. Este es un evento más que la aleja de la sociedad, pese a que es parte de ella. Es una situación que avergüenza a los policías de honor, que los hay, de los policías con alta calidad profesional, que los hay, y de los que respetan los derechos humanos, que también los hay.

En fin, lo ocurrido trae más desconfianza, justo ahora que la delincuencia tiene sometida a la ciudad y dependemos de los mejores esfuerzos de la Policía para recuperar la seguridad. Es casi un mensaje de desesperanza que nos deja pocas alternativas y alienta las soluciones inciviles.

La conducta brutal de los policías evidencia que el Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos no está atendiendo debidamente una de sus responsabilidades: la de promover entre los gendarmes el respeto de los derechos humanos. Cuánto bien haría difundir en las escuelas de formación y en cuarteles, las reglas básicas de un manual para policías, publicado en el año 2003 por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Se trata de una guía con Normativa y Práctica de los Derechos Humanos para la Policía, aplicable en investigaciones, detención y uso de la fuerza. Por ejemplo, para el uso de la fuerza se advierte:

  • Toda persona tiene derecho a la vida, a la seguridad y a no ser sometida a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
  • Recurrir preferentemente a medios no violentos.
  • Utilizar la fuerza solo cuando sea estrictamente necesario.
  • Reducir al mínimo los daños y las lesiones.
  • Disponer de medios para el uso diferenciado de la fuerza.
  • Todo policía debe estar adiestrado en el uso de distintos medios para el uso diferenciado de la fuerza.
  • Todo policía debe estar adiestrado en el uso de medios no violentos.
  • Utilizar la fuerza solo para fines lícitos de aplicación de la ley.
  • No hay excepciones ni excusas para el uso ilegítimo de la fuerza.
  • La fuerza debe ser proporcional a los objetivos lícitos.
  • La fuerza se utilizará siempre con moderación.

La guía ayudaría a recuperar la confianza de la sociedad.

*Publicado en el Diario El Universo, lunes 09 de agosto del 2010

viernes, 30 de julio de 2010

La Ley Orgánica de Comunicación (III)



Jorge Alvear Macías



Existen otros desajustes del proyecto de la ley con la Constitución y con el Pacto de San José.

El artículo 76 del proyecto impone a los medios audiovisuales que contraten producciones nacionales, con productores independientes y además con un límite mínimo y máximo. ¿Qué hacemos con la libertad de contratación, prevista en el artículo 66:6 de la Constitución?

El artículo 81 obliga a las radiodifusoras a transmitir música producida, compuesta o ejecutada en Ecuador, en una proporción igual al cincuenta por ciento del total de la transmisión musical del día. Esta obligación atenta contra la libertad de expresión. Constituye un condicionamiento ilegítimo en contra de la preferencia ciudadana, establecida a través del sondeo del radiodifusor, que entraña el peligro de la pérdida de sintonía. Atenta contra el derecho del ciudadano a recibir servicios y productos de buena calidad, que no la tiene necesariamente toda la producción musical “nacional”, en cuanto a variedad, composición y ejecución. Además de que no hay la suficiente producción. ¿Será que tendremos que escuchar lo mismo y lo mismo durante 12 horas?

Si se busca fomentar la producción nacional de programas de televisión, o la producción y ejecución musical de gran calidad –que es lo que merece el ciudadano–, bien podría el Estado comenzar por ofrecer los recursos económicos para crear escuelas: de perfeccionamiento del talento musical, de técnicos en grabaciones, e ingenieros de sonido y para preparar los técnicos de producción audiovisual. Sin olvidar la legislación necesaria para liberar de impuestos la importación de equipos que se utilizan en la actividad y que no se fabrican en el país. El fomento implica incentivos económicos para los medios que contraten libremente la producción nacional, sin sacrificar la competencia y con un nivel mínimo de calidad. Téngase presente que fomentar la producción nacional de programas audiovisuales o de música –como lo señala la Constitución–, no significa imponerla. De lo contrario fracasará el propósito, como fracasó en el pasado la mal conceptuada protección de la industria nacional. Finalmente generará corrupción para ocultar las falencias y los lastres.

El proyecto también es incompatible con el Pacto de San José, en lo que respecta a la integración del poderoso Consejo de Comunicación e Información. La postulación de dos miembros a cargo del Presidente de la República, le resta al organismo la independencia necesaria. Los Principios para la Libertad de Expresión y su interpretación exigen independencia de los órganos de control de medios de comunicación. Los Relatores de la OEA y la ONU han reiterado, en sus informes anuales, que los miembros de esta clase de órganos de control ni siquiera pueden estar afiliados a partidos políticos, menos representar al poder de turno. Esta imposición de la norma internacional no se ha observado entre los requisitos de idoneidad del proyecto.

Es conveniente y hay tiempo para ello, que se verifique si el proyecto cumple con las recomendaciones de redacción de la OIT y con las normas del Pacto de San José. Con verificación leal, sin terquedades. Libre de compromisos y dedicatorias. Con sentido práctico y buena fe. La ciudadanía lo merece.

*Publicado en el Diario El Universo, viernes 30 de julio del 2010

viernes, 23 de julio de 2010

La Ley Orgánica de Comunicación (II)



Jorge Alvear Macías


Los principios del proyecto de la citada ley, deberían reformularse y adaptarse en consonancia con los 13 principios de la Declaración de Principios Para Libertad de Expresión, aprobados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero principalmente, identificándolos expresamente como principios, tal como se hizo en el caso del Código Orgánico de la Función Judicial.

No se debe olvidar que los principios de una ley, son los que identifican la sustancia de la misma, desarrollada en las consecuentes normas. Carecerían estas de consecuencia, si no se han expresado en la ley los principios pertinentes.

La protección contra la censura debería estar disponible para todos los ciudadanos, sean o no periodistas; provenga de los dueños de los medios, públicos o privados, o de las autoridades del Estado. Esto no se indica en el proyecto.

La protección a los periodistas, respecto de la censura de sus empleadores está bien. Sin embargo, el texto de la ley nada dice, sobre la protección a los dueños de los medios, frente a las presiones de las autoridades del Estado. La indefensión podría ser causa de autocensura, finalmente trasladada al periodista, no obstante que el proyecto pretende protegerlo frente al dueño del medio.

Hay otras incompatibilidades del proyecto con el Convenio Americano de Derechos Humanos. Por ejemplo se exige título profesional para ejercer los cargos de editor general, jefe de información, jefe de redacción, redactor editor y corresponsal, director y subdirector de noticias, productor, “..o quienes ejerzan funciones equivalentes…”. Se insiste en imponer la exigencia, no obstante que el Principio 6 de la Declaración de Principios para la Libertad de Expresión advierte que: “…la exigencia de títulos para el ejercicio de la actividad periodística, constituye una restricción ilegítima a la libertad de expresión…”.

Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que el ejercicio de la Libertad de Expresión no puede ser menoscabado y menos impedirse la manifestación del pensamiento. Es derecho de cada individuo y constituye un derecho de la sociedad a recibir cualquier información y a conocer ese pensamiento. De tal manera, que el ejercicio del derecho condicionado a la obtención de un título universitario de periodista, constituye un límite ilegítimo.

La misma Corte ha dicho que “…El periodismo es la manifestación primaria y principal de la libertad de expresión del pensamiento y, por esa razón, no puede concebirse meramente como la prestación de un servicio al público a través de la aplicación de unos conocimientos o capacitación adquiridos en una universidad, …como podría suceder en otras profesiones, pues está vinculado con la libertad de expresión que es inherente a todo ser humano…”.

Se colige así que el periodista profesional se hace por propia voluntad, con su autónoma decisión de ejercer la libertad de expresión de modo continuo, estable y remunerado. Tal como la ejerce el cantante profesional, el mimo callejero o el novelista. Ninguno necesita de títulos. ¿O sí?


*Publicado en el Diario El Universo, viernes 23 de julio del 2010

 

viernes, 16 de julio de 2010

La Ley Orgánica de Comunicación

Jorge Alvear Macías


Como toda ley, debería tener un lenguaje amigable al entendimiento de quienes deben obedecerla. La adecuada redacción es primordial para concretar normas claras, precisas, consecuentes y coherentes. La composición debe privilegiar lo simple por sobre lo ampuloso. Utilizar en lo posible el lenguaje de género neutro en vez de términos específicos de género, que alargan innecesariamente los textos. No debería generar ambigüedad o consecuencias jurídicas no deseadas.

Además de lo anterior, es imperativo que se concilien los contenidos de la ley con las normas constitucionales e internacionales. Esto último, porque el Estado debe introducir en su derecho interno, las disposiciones de los convenios internacionales de los que es parte obligada.

Estas son –entre otras– las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que bien podrían ser guía de la práctica legislativa de nuestros asambleístas, especialmente para la construcción de la Ley Orgánica de Comunicación. Son recomendaciones oportunas, dado que su texto genera más de una duda, que se podrían evitar con la ayuda de aquellas y que intentaré resaltar aquí. Veamos.

En el texto se invocan derechos de comunicación como objeto de garantía de la ley, cuando los términos familiarizados con el ciudadano “de a pie” son los de Libertad de Expresión e Información. ¿Acaso se intenta restarles a estos la importancia esencial que tienen?

Los derechos de comunicación son consecuencia de la Libertad de Pensamiento y de Expresión, no lo contrario. Por esa misma razón, los Derechos de Libertad de Expresión y de Información no forman parte de esa consecuencia, como proclama forzadamente el informe de la Comisión redactora, por más que se apoye en el neoconstitucionalista Ferrajoli. Afortunadamente el concepto genuino lo provee la Corte Interamericana de Derechos Humanos, única autorizada a interpretar la Convención Americana de Derechos Humanos y por ende, la Libertad de Pensamiento y Expresión que contempla su artículo 13.

La semántica artificiosa del proyecto y de su informe justifica la sospecha antes indicada, porque no se menciona a la Libertad de Expresión y de Información como derechos que son, especialmente en el artículo 1 dedicado al objeto de la ley.

Esta norma debería establecer con claridad y precisión la protección y garantía que requiere, tal como se comprometió el Estado ecuatoriano en el Pacto de San José de Costa Rica. El proyecto solo busca “…aplicar de forma efectiva la libertad de expresión, la libertad de información,…” y ello dista del concepto de protección y garantía, que es básico para el ejercicio de esos derechos. Aplicar no es lo mismo que proteger.

A lo anterior se adiciona la defectuosa y contradictoria redacción del artículo 9 del proyecto, que podría entenderse restrictiva de la información, que no tenga previa verificación ni calificación de veraz, oportuna, etcétera, redacción que aunque tome expresiones parciales del artículo 18 de la Constitución –pero desarrolladas en otro contexto–, infringiría el Pacto.

En la siguiente entrega continuaré los comentarios al proyecto de ley que concebido como está, afecta más a los derechos individuales de los ciudadanos, que a los periodistas o a los propietarios de los medios.


*Publicado en el Diario El Universo, viernes 16 de julio del 2010

jueves, 17 de junio de 2010

Restricción ilegítima

Jorge Alvear Macías

La Comisión que tramita la Ley de Comunicación aprobó entre sus artículos, uno que establece el requerimiento para que la información que se difunda sea previamente verificada, oportuna, contextualizada, entre otras exigencias. Eso es contrario al artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos y a la Declaración de Principios para la Libertad de Expresión (con su respectiva interpretación) aprobada en el año 2000 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que EL UNIVERSO ha venido reproduciendo en días recientes.

Es que el artículo aprobado colisiona con el Principio 7 que dice: “Condicionamientos previos, tales como veracidad, oportunidad o imparcialidad por parte de los Estados son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión reconocido en los instrumentos internacionales”.

La clara redacción del principio, más su interpretación –que se funda en pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos– ratifican que el derecho a la libertad de expresión no solo ampara a manifestar el pensamiento individual, sino también a la comunidad para recibir cualquier información y por ende a conocer el pensamiento ajeno. Así resulta que cualquier restricción de la divulgación, constituye un límite al derecho de expresión libre y viola el derecho de la sociedad a recibir información.

La interpretación del principio referido alude a las advertencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto a ciertos argumentos en favor de la información veraz, oportuna, contextualizada y la invocación del bien común para sustentarlos. Para la Corte es contradictorio implantar restricciones a la libertad de expresión como un medio para garantizarla, pues el bien común reclama la máxima posibilidad de información y el requerimiento de verificación previa de la información se lo impide. “…Un sistema de control al derecho de expresión en nombre de una supuesta garantía de la corrección y veracidad de la información que la sociedad recibe puede ser fuente de grandes abusos y, en el fondo, viola el derecho a la información que tiene esa misma sociedad”.

Lo anterior aparece más grave en nuestra realidad, si el órgano con potestad de decidir sobre el cumplimiento del requisito de veracidad carece de independencia e imparcialidad.

La Relatora para la Libertad de Expresión de la OEA, en informes recientes ha dicho que cuando se exige verdad, oportunidad o imparcialidad en la información, se parte de la premisa de que existe una verdad única e incuestionable y eso no es real.

La Comisión que elabora el informe de la ley, debería tener presente que el método apropiado para verificar la información es el debate e intercambio de ideas. Así es como funciona en sistemas democráticos basados en la pluralidad de ideas, opiniones e información; y eso solo se produce después de la divulgación. Resulta por tanto absurda la imposición de informar únicamente la verdad, pues se le niega a la sociedad la posibilidad de debatir para establecerla, además de que la imposición crea las condiciones de autocensura para los informadores, por el temor a la sanción. Si la Constitución está rezagada en el desarrollo progresivo de este derecho, entonces debe contemplarse en la ley el Principio 7 antes comentado.




*Publicado en el Diario El Universo, jueves 17 de junio del 2010