Espuria Constituyente

Jorge G. Alvear Macías

@jorgalve

jorgalve@yahoo.com

Al momento que escribo esta columna, parecería un hecho la elección de miembros de la Asamblea Constituyente en Venezuela, del próximo domingo 30 de julio. Todo indica que Maduro no ha escuchado los múltiples pedidos internos y externos de suspender el acto electoral. Como se conoce, fue él el impulsor, saltándose el referéndum que impone la Constitución de ese país. El mecanismo comicial diseñado por el oficialismo le asegura control total en la Asamblea para cambiar la Constitución, con los objetivos no confesados por el mandatario. Solo ha anticipado, sin precisión, que las reformas ayudarán a construir una paz verdadera, aislando a los grupos violentos y para acentuar los valores de la justicia; perfeccionar un sistema económico con un modelo pospetrolero; anexar a la Constitución las misiones sociales en salud, educación y vivienda; la seguridad y justicia, la defensa de la soberanía popular para enfrentar el intervencionismo. Frases sin contenido que ya ha utilizado varias veces. Los analistas no alineados al chavismo sospechan que Maduro intenta anular el poder de la oposición en la función Legislativa; y, por tanto, inutilizar el necesario contrapeso a su gestión. Establecerá su dictadura con un ropaje constitucional. 

LÉA MÁS http://www.eluniverso.com/opinion/2017/07/28/nota/6301489/espuria-constituyente

*Publicado en el diario El Universo el día viernes 28 de julio del 2017

Señor presidente, ¿y su ofrecimiento?

Jorge G. Alvear Macías

@jorgalve
jorgalve@yahoo.com

Unos queridos amigos, simpatizantes (como muchos) con el estilo del presidente Moreno y que además le desean éxito, me reflexionaron que cualquier sacrificio a exigir a la ciudadanía para enfrentar la crisis económica debe acompañarse de una contundente señal de la intención del mandatario de luchar contra la impunidad. Por ello, mis amigos preguntaban ¿cuál sería el potente mensaje alternativo del presidente, luego de que el CAL cerró la vía del juicio político contra el vicepresidente Glas?, a falta de los indicios de una voluntad política de luchar contra la corrupción, que sí los hay en Perú, Panamá, Colombia, Guatemala, El Salvador, Argentina y Brasil, donde ya se iniciaron procesos y ordenaron apresamientos de expresidentes, por vínculos con redes de corrupción.

También observo que a muchos les preocupa que la reciente decisión del CAL fue precedida de declaraciones del primer mandatario, que dio por desvanecidas las acusaciones contra Glas, pues ello afectó la coherencia en los dichos del presidente sobre independencia, lucha contra la corrupción y gobernabilidad. Esto ocurre en situaciones dificilísimas para la economía del país y que obligarán al mandatario a pedir comprensión por sus decisiones que repercutirán en “el buen vivir”. Moreno ya reconoció que enfrentamos una situación económica muy complicada, y anticipó que tomará medidas necesarias para cambiar su curso. Habrá un costo político por las temidas medidas, especialmente las de carácter impositivo que agravarían los niveles de subempleo, la falta de inversión privada y la fuga de capitales. No le será fácil manejar la crisis revelada, en medio de dudosas cifras de la contabilidad estatal –maquilladas, según expertos– y cuyos autores o cómplices continuarían en el gobierno. Uno que otro está acusado del grave delito de falsedad ideológica. LÉA MÁS: http://www.eluniverso.com/opinion/2017/07/21/nota/6290605/senor-presidente-su-ofrecimiento

*Publicado origninalmente en el Diario El Universo el día viernes 21 de julio del 2017.

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Divorcio: la causal del abandono

Jorge G. Alvear Macías

@jorgalve

jorgalve@yahoo.com

Entre el 2006 y el 2016 se incrementaron los divorcios en el 83,45%. Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en el Anuario de Estadísticas Vitales: Matrimonios y Divorcios revelan que en el 2016 hubo 25.468 divorcios frente a 13.981 del 2006. La cifra de matrimonios cayó el 22,01% (74.036 en el 2006 y 57.738 el 2016).

Las principales causas de divorcio registradas en 2016 fueron: por mutuo acuerdo el 62,80% (15.995 casos), por abandono voluntario e injustificado el 32,02% (8.157 casos). Las injurias graves o actitud hostil se alegaron en 895 casos; otras causales, en menos juicios. Los matrimonios disueltos en el 2016 duraron quince años de promedio. El promedio fue de trece años en el 2006.

Llama la atención que 11.940 personas divorciadas volvieron a casarse en el 2016. Curiosamente, en el grupo de los que cumplieron siete años de unión matrimonial se produjeron más divorcios. La estadística también registró un divorcio ocurrido después de 70 años de matrimonio (bodas de titanio)... como que nada es para siempre.

EL UNIVERSO en su edición del domingo pasado publicó un interesante reportaje sobre la realidad social de los divorcios en Ecuador, que con seguridad será modificada drásticamente en las estadísticas del 2025. Esto último, como repercusión de las reformas al Código Civil aprobadas en el 2015, que introdujeron nuevas reglas para el divorcio. Basta anticipar que solo este año se han disuelto –por mutuo consentimiento– 3.000 matrimonios en las notarías, una vía posible cuando los cónyuges no tienen hijos dependientes (Expreso: Divorciarse nunca fue tan fácil). LÉA MÁS: http://www.eluniverso.com/opinion/2017/07/14/nota/6278815/divorcio-causal-abandono

* Publicado previamente en el diario El Universo el día viernes 14 de julio del 2017.

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Penalización disfrazada

Jorge G. Alvear Macías

@jorgalve

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La reciente querella por injurias que dirigió el expresidente Correa contra Martín Pallares, la que afortunadamente tuvo una sentencia que ratificó la inocencia del talentoso periodista –respecto de la cual se desconoce si acaso será final–, además atrae la atención sobre la incompatibilidad de las normas sancionadoras de la injuria y la calumnia en la forma en que subsisten en el COIP, con los estándares internacionales en materia de libertad de expresión. Esto, porque los periodistas o cualquier persona que a través de los medios de comunicación emitan una crítica sobre asuntos de interés público, corren el riesgo de purgar cárcel y la insolvencia, si carecieren de dinero para pagar las exorbitantes condenas económicas. Así, aunque se sostenga que se ha eliminado el delito de desacato, sus efectos son una realidad. La sanción a Fernando Villavicencio sirve para ejemplo, así como las impuestas anteriormente al vicealcalde de Quito y a la exconcejala lojana Jeannine Cruz. 

Las sanciones penales a calumnias (hasta 2 años de privación de libertad, art. 182) e injurias (hasta 30 días, art. 396 que las considera contravenciones), a partir de la vigencia del COIP, constituyen inconfundible restricción del derecho de crítica y del derecho a difundir información de interés público, en la mayoría de los casos judiciales.

LÉA MÁS: http://www.eluniverso.com/opinion/2017/07/07/nota/6267205/penalizacion-disfrazada

*Publicado originalmente en el Diario el Universo el dia viernes 7 de julio del 2017.

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