viernes, 26 de mayo de 2017

El nuevo Gobierno

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Jorge G. Alvear Macías

Como siempre ocurre, es depositario de grandes esperanzas ciudadanas. Presumo que todos le deseamos éxitos al licenciado Moreno en su gestión, pues de ello depende el mejor futuro de la familia ecuatoriana. 

Sin embargo, los especialistas reiteran: tendrá poco margen para cambiar el deteriorado escenario; entre otras cosas, la crisis económica, el subempleo por las escasas ofertas de empleo formal o posibilidades de emprendimiento, la depresión de las fuentes de financiamiento externo e interno, la no aconsejable elevación de impuestos, el declive de la extracción y del precio del petróleo. En especial, la gigantesca deuda pública sobre la que hay poca transparencia y se teme que llegaría a los 65.000 millones de dólares.

El nuevo mandatario tendrá que afrontar dos fuerzas que disminuyen su poder: el ‘gobierno invisible’ y la globalización. El periodista español Carlos Esteban lo explica: El ‘gobierno invisible’ es el ‘gobierno de continuidad’, de las estructuras construidas para mantener el orden en caso de catástrofe y el ejército de funcionarios que no elegimos y que toman decisiones con autonomía del Gobierno de turno. Están también grandes corporaciones, contratistas, los que aleccionan a la niñez y juventud y redactan el guion decidiendo qué es bueno y qué es malo. La globalización impone sus reglas y controla a cualquier gobierno individual. Desde que pertenecemos a la universalidad, estamos limitados por ella. 
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*Publicado originalmente en el diario El Universo el día viernes 26 de mayo del 2017
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viernes, 19 de mayo de 2017

Indulto express

El art. 73 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) autoriza a la Asamblea Nacional a conceder indultos por motivos humanitarios. Pero está impedida de indultar a quienes incurrieron en delitos contra la administración pública.
En cambio, la facultad del indulto presidencial fue concebida sin restricciones legales respecto a la naturaleza del delito (art. 74 COIP). ¿Curiosa potestad, no? Aunque en el Reglamento para Concesión de Indulto, Conmutación o Rebaja de Penas, expedido en octubre del 2014, el presidente se constriñó a sí mismo: “No podrán considerarse como posibles beneficiarios los ciudadanos sentenciados por la comisión de delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio por razones políticas o de conciencia...”. El asunto es que, entre los descalificados para acceder al indulto no incluyó a quienes incurrieron en delitos contra la administración pública.
Esta semana trascendió que faltando 7 días para finalizar su mandato, el presidente indultó a Antonio Buñay (expresidente de Cofiec). Este fue condenado a 8 años de prisión, por el delito de malversación de fondos del Estado. El 12 de enero de 2017 (nota de El Comercio), la Corte Nacional de Justicia habría ratificado la sentencia que condenó a Buñay y a otros exfuncionarios como Pedro Delgado (prófugo), extitular del Banco Central y primo del presidente, por la entrega de un crédito de  800.000 dólares de fondos públicos al argentino Gastón Duzac. 
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*Publicado originalmente en el diario El Universo el día viernes 19 de mayo del 2017

viernes, 5 de mayo de 2017

La Constituyente de Maduro


El chavismo y Maduro hacen gala del poder armado. Usan tanquetas militares para atropellar a los manifestantes contrarios al régimen. Presenciamos los inicios de una guerra civil. Hay cientos de imágenes difundidas en redes sociales que muestran el alto nivel de represión y violencia.
Las protestas se incrementaron luego de que Maduro convocó a la Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución que promulgó Hugo Chávez en 1999. Esa iniciativa ha sido calificada por la oposición y también juristas como un “fraude constitucional”, pues escondería el objetivo de evadir las elecciones que se reclaman.
Maduro ha diseñado la integración de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) con 500 miembros, que serán organizados por una comisión presidencial encabezada por el ministro de Educación, Elías Jaua. La convocatoria y el procedimiento no observan lo establecido en la Constitución vigente. Aun así, el oficialismo concentrador de poderes continúa hacia el objetivo sin el menor rubor; incluso frente a las acres críticas de la fiscal general del Estado, Luisa Ortega, quien justificó las protestas pacíficas del pueblo y condenó las cruentas agresiones. Ayer ella volvió a criticar al mandatario por la inconstitucional convocatoria. 
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*Publicado originalmente en el diario El Universo el día viernes 5 de mayo del 2017.