Siguen las dudas

Jorge G. Alvear Macías

@jorgalve

jorgalve@yahoo.com

Esta columna ha acogido algunas preocupaciones ciudadanas sobre la gestión de los recursos del IESS, que como sabemos no son dineros del Estado y ningún Gobierno puede disponer de ellos directamente o indirectamente a través de decisiones de su delegado.

La reciente resolución del Consejo Directivo del IESS –que dispuso redistribuir los ingresos del Fondo de Pensiones para cubrir el déficit del seguro de salud–, sigue generando intranquilidad en jubilados, trabajadores y asambleístas, pese a las nuevas declaraciones del máximo personero de dicho Instituto, dirigidas a justificarla.

A la par, el representante de los empleadores en el IESS (ingeniero Felipe Pezo) y otros profesionales también entendidos en la materia, ratifican la inconveniencia de la decisión y la califican de inconstitucional e ilegal; calificación a la que nos adherimos (habría que analizar si se encuadra en el tipo penal del peculado).

El ingeniero Pezo dijo al Diario El Comercio: “…El hueco actuarial en pensiones pasó de USD 3.700 millones en el 2003 a USD 70.000 millones en el 2010, considerando la eliminación del aporte del 40% del Estado. Hoy, según la consultora Volrisk, llega a USD 208.000 millones. Se ha acortado mucho la vida y la sostenibilidad del fondo...”. Estimaciones que tienen credibilidad, pues no han sido negadas expresamente por el presidente del Consejo Directivo del IESS.

Pero, además, tanto de la administración del IESS como de los detractores de la resolución han surgido opiniones coincidentes en medio de las discrepancias sobre la estabilidad del sistema de pensiones: se requieren informes actuariales de calidad. Concordamos con los preocupados, que exigen transparencia y larga proyección en esos estudios. Que no sean coyunturales ni parciales. SIGA LEYENDO: http://www.eluniverso.com/opinion/2015/11/27/nota/5263518/siguen-dudas?src=menu

Fondo de pensiones y ‘redistribución’

Jorge G. Alvear Macías

@jorgalve

Informaciones recientes confirman la gravísima situación del fondo de pensiones del IESS. El Consejo Directivo del IESS resolvió “redistribuir” los aportes que recibe ese “fondito”. Más preocupación luego de la eliminación del aporte estatal del 40%.

En resumen, se extraerán sumas importantes del acumulado para cubrir las pensiones de los jubilados y otras prestaciones, para trasladarlas al fondo de salud. Se busca cubrir necesidades del gasto actual de los servicios de salud y las cuantiosas deudas con clínicas privadas, incluida la Junta de Beneficencia de Guayaquil.

La decisión pudiera ser calificada de loable, desde que intenta mantener la atención médica a afiliados y honrar deudas con instituciones que colaboran con el IESS. Sin embargo, también parece ilegal.

La Ley de Seguridad Social (art. 49) dispone que los fondos acumulados por los asegurados para distintas prestaciones deben mantenerse en forma separada “y no se utilizarán en prestaciones diferentes” para los que fueron creados dichos fondos. Es decir, dineros destinados para seguros de invalidez, vejez y muerte, riesgos del trabajo y cesantía, etcétera, no pueden utilizarse con otros fines distintos, lo prohíbe la ley citada.

¿El Consejo Directivo no consultó a la Procuraduría del Estado?

En el año 2002, el procurador advirtió que el IESS está sujeto a las mismas restricciones legales que tienen las instituciones del Estado para la inversión de sus recursos, a pesar de que los fondos de la seguridad social son distintos de los del Estado. El IESS es entidad jurídica de derecho público, sujeta al principio de legalidad. Por tanto, sus autoridades no tienen otras atribuciones que las previstas expresamente en la ley aplicable. Aclaró: “Los fondos de la seguridad social tienen un destino específico previsto en el ordenamiento jurídico; …el IESS integra el sector público, por lo que como es evidente su patrimonio, los recursos y fondos que administra constituyen fondos públicos…”. Seguir leyendo aquí: http://www.eluniverso.com/opinion/2015/11/20/nota/5250033/fondo-pensiones-redistribucion?src=menu

¿Ganamos o perdimos con la OXY?

Jorge G. Alvear Macías

@jorgalve

jorgalve@yahoo.com

Hay más detalles tras el anuncio de que se anuló parcialmente el laudo de un tribunal del Ciadi en Washington y se rebajó de 1.769,6 millones de dólares americanos a 1.061,7 millones lo que Ecuador debe pagar a la OXY. Ese 40% rebajado le correspondería a la compañía china Andes Petroleum Co. (titular del 40% de los derechos del contrato), que por no estar amparada en el tratado de inversiones con Estados Unidos, no se pudo beneficiar del laudo. Así, Andes podría reclamar su acreencia con la ayuda de su Gobierno, que sin duda exigirá al Ecuador que la atienda, si es que pretende nuevos préstamos.

La historia del litigio registra que en la presidencia de Alfredo Palacio, don Rafael Correa exigió la caducidad del contrato de la empresa Occidental (OXY). En enero 17 de 2006, como candidato presidencial, solicitó enjuiciar “por traición a la patria” a los funcionarios públicos que no tomasen esa decisión. También hubo presión de grupos sociales, estudiantes secundarios y universitarios, movimientos y partidos políticos de izquierda –entre ellos AP y MPD–, que se opusieron a cualquier acuerdo con la petrolera.

El 15 de mayo de 2006 el ministro de Energía y Minas de Palacio declaró la caducidad. Entonces la petrolera ya habría invertido 926 millones de dólares, extraía 100 mil barriles diarios y no recibió compensación alguna. Para el Estado significó percibir el 100% del beneficio del petróleo extraído, no el 25% pactado en el contrato. Dos días después, OXY pidió el arbitraje del Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones –institución del Banco Mundial con sede en Washington–).