Con este título la revista The National Enquirer contó la historia de aportes económicos a la campaña presidencial del senador Barack Obama, efectuados por Terence Bean. La reseña explicó que Bean, el primer gay en el Comité Nacional de Finanzas de Obama, es el único administrador de la fundación propietaria de tres Estudios (Falcon, Jock y Mustang), productores de toda la pornografía gay masculina.
¿Qué tiene de particular o de importante este tema para nuestra sociedad?
Podría representar mucho, si lo tomamos como referente. Ello ocurrió en Estados Unidos; país ejemplo del pleno ejercicio de los derechos del ciudadano, especialmente del derecho a la libre expresión. Independientemente de que a algunos compatriotas ese país les parezca “el imperio del mal”; principalmente cuando tienen frente a sí cámaras de televisión o micrófonos, aunque hayan estudiado en sus universidades, curado en sus hospitales, adquirido computadores en sus almacenes o disfrutado vacaciones en ese “infierno”.
El encabezado de la noticia comentada es uno de los tantos dedicados al presidente Obama, en ciertos medios de comunicación. Algunos de los cuales no gozan del mejor prestigio en cuanto a seriedad.
Sin embargo, al presidente Obama no se le ha ocurrido denostar a la prensa y menos demandar a los editores o columnistas. Pienso que si lo hiciera se expondría al rechazo incluso de sus parciales. Pero asumo que él, como muchos políticos y funcionarios públicos, saben que las reglas que regulan la libertad de expresión e información los obliga a ser más tolerantes que el ciudadano común.
Es que la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos, tanto en Estado Unidos como en Ecuador, protegen el derecho a la libre opinión e información de los ciudadanos. Tales ordenamientos, además obligan a los personajes públicos –expuestos voluntariamente al escrutinio de la ciudadanía–, a tolerar los discursos de opinión y de información que les fueren perturbadores u ofensivos, incluso para la sociedad toda. Es la concepción de la democracia abierta al libre flujo de ideas, que propugna la doctrina moderna de protección a los derechos humanos.
Se trata de un bien superior, que subordina el honor del hombre público, llámese Hugo, Álvaro, Camilo, Rafael o Emilio. Es el derecho ciudadano a acceder incluso a información del ámbito privado del hombre público; legítima opción para obtener la semblanza de aquél y contrastarla con la gestión que realiza. Si es un aspirante a un cargo de votación popular, toda información sobre su vida será determinante para la decisión de elegirlo. Para ello, el periodismo informativo o de opinión constituye un apoyo necesario.
En definitiva, el honor del ciudadano envuelto en asuntos de interés general no puede ser protegido de igual manera que el honor del ciudadano común. No son iguales circunstancias. De ahí que las leyes penales que protegen el honor de los funcionarios públicos invierten indebidamente los parámetros de una sociedad democrática que los obliga a un examen abierto. Estas leyes “…representan enclaves autoritarios heredados de épocas pasadas de los que es necesario desprenderse.” (Interpretación del Principio 11 de la Declaración de Principios Sobre Libertad de Expresión).
Publicado en el Diario El Universo, viernes 14 de mayo del 2010
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