Jorge G. Alvear Macías
Más de 370 periodistas de 76 países han analizado desde julio del
2015 los Papeles de Panamá (Panama Papers) relacionados con las
compañías offshore en el mundo. La persona que filtró la información
pidió que se le garantice su anonimato y seguridad. Por ejemplo, no
aceptó encuentros personales, ni envío de mensajes abiertos, sino
encriptados. Los periodistas de cada país escogerían lo publicable. En
las investigaciones intervinieron periodistas ecuatorianos de El
Comercio y EL UNIVERSO, “reiteradamente hostilizados y estigmatizados en
una campaña de verdadero acoso…” (según Fundamedios).
Lo anterior coincide con el llamado de la presidenta del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Yolanda González, a
los periodistas de los indicados diarios: Arturo Torres, Andrés
Jaramillo, Alberto Araujo, Mónica Almeida, Xavier Reyes y Paúl Mena,
para que entreguen “toda la información a la que (…) tengan acceso en
esta investigación que atañe a los ecuatorianos más allá de su identidad
política o ideológica… y para conversar sobre este caso...”. Por su
parte, la Asamblea Nacional también los llamaría. El asambleísta Mauro
Andino anticipó reconocer que aun cuando la asistencia de los
periodistas no es obligatoria legalmente, “sí es una obligación moral
que tienen con el país” (sin indicar dónde consta aquello).
Lo anotado contraviene la obligación de las autoridades del Estado de
respetar, promocionar y garantizar el periodismo de investigación
independiente y vigilante. Es un indicio más de la constante y
concertada acción en contra del periodismo independiente. Por doquier
declaraciones agraviantes, campañas de intimidación y descrédito,
directas e indirectas, con la participación de autoridades
gubernamentales y afines al Gobierno Nacional, contra periodistas y
directivos de medios. Iniciativas que afectan sin duda la pluralidad,
calidad informativa y el derecho de los ciudadanos a enterarse.
En lo comentado hay extralimitación de competencias y atribuciones,
crasa en el primer caso y soterrada en el segundo. Son acciones
violatorias de normas básicas de los derechos a buscar información y
transmitirla que tiene cualquier persona, y, por supuesto, del
periodista profesional. SIGA LEYENDO: http://www.eluniverso.com/opinion/2016/04/15/nota/5523723/reserva-panama-papers
*Publicado originalmente en el Diario El Universo el día viernes 15 de abril del 2016
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