viernes, 9 de julio de 2021

La vacuna: derecho y obligación

Jorge G. Alvear Macías

Es de suma importancia que las autoridades gubernamentales empiecen –si no lo han hecho– a diseñar e implementar medidas de carácter obligatorio, paralelas a los esfuerzos del plan de vacunación masiva para alcanzar la inmunización de la población ante el COVID-19. Esto, debido a la preocupante actitud de personas que no han acudido a recibir la vacuna y otras que rechazan la vacunación por distintos motivos, muchos irracionales. Incluso se ha dado dentro del sistema educativo, en su mayoría docentes, que habiendo sido convocados hasta tres veces se han negado a recibir la vacuna.

A pesar de lo anterior, hay respetables opiniones que no recomiendan imponer medidas coercitivas. Algunas recelan que se afecten derechos constitucionales de libertad y que tales medidas supongan una injerencia arbitraria a la vida privada de las personas. Discusión que ya se dio en países europeos, con ocasión de la vacunación obligatoria para prevenir enfermedades contagiosas –antes de que apareciera el COVID-19– y de gran mortalidad; polémica que terminó con una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, proferida en abril de este año, que dio la razón a la República Checa y a su política sanitaria que obliga a vacunar a los niños, para inmunizarlos contra nueve enfermedades (tuberculosis, difteria, tétanos, tos ferina, parálisis infantil, sarampión, paperas, rubéola y hepatitis B). En su sentencia, el Tribunal aceptó la posición checa de que la vacunación especialmente de niños debe seguir siendo una obligación legal, pues hay riesgo de disminución de la tasa de vacunación con un procedimiento meramente recomendado. Por otro lado, reflexionó que la vacunación obligatoria responde al principio de solidaridad social para no contagiar a aquellas personas que por sus enfermedades preexistentes están impedidas de recibir la vacuna. Lo indicado tiene similitud con el espíritu del Pacto de San José: “Artículo 32. Correlación entre Deberes y Derechos: 1. Toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y la humanidad. 2. Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática”. 

Si bien el Tribunal determinó que la vacunación obligatoria constituía una injerencia en la vida privada, la justificó ineludible en una sociedad democrática para alcanzar un fin legítimo; y, en el caso de la República Checa, responde a una necesidad social apremiante. Para el Tribunal, las autoridades checas actuaron dentro de su amplio margen de apreciación y no se excedieron, por lo que la vacunación obligatoria que dispusieron puede considerarse necesaria en una sociedad democrática.

El Tribunal conoció la causa por la reclamación de ciudadanos checos que habían sido multados (con el equivalente a 110 euros) por incumplir la obligación de vacunar a sus hijos (menores de 15 años) o porque reclamaron que se les había negado la admisión en guarderías a los infantes no vacunados. 

Es un pronunciamiento histórico. Señalamiento de ruta para facilitar la acción gubernamental de lucha contra el COVID-19 en nuestro país. (O)


martes, 29 de junio de 2021

¿Usurpación de funciones?


De acuerdo con el comunicado de la Contraloría, difundido por algunos medios de comunicación, dicho organismo “…designó al ingeniero Carlos Alberto Riofrío González… como subcontralor general del Estado, autoridad que subrogará las funciones de contralor general del Estado, en caso de ausencia temporal o definitiva del doctor Pablo Santiago Celi de la Torre”.

Aunque en el anuncio no se precisa, la designación habría sido suscrita por el director nacional de Gestión Institucional, Jairo José Caldas Montero, con el supuesto respaldo del Reglamento de Suscripción de Documentos de la Contraloría (aprobado por el subcontralor Celi en abril/2021), reglamentación que revela que no es suficiente ni de lejos para que dicho director pueda designar al subcontralor general; y menos para que actúe por delegación del contralor para suscribir “…las acciones de personal relacionadas con designaciones, nombramientos y cesación de funciones de los subcontralores; y…”; dado que el citado reglamento (art. 1, número 11) expresamente determina que aquellas debe firmarlas directamente el contralor.

Si bien el mencionado Reglamento establece detalladamente cuáles son los documentos que corresponde firmar a los funcionarios de la institución de los distintos niveles –lo que impide interpretarlo extensivamente para incluir otros documentos–, también hay que señalar que para seguridad de la previsibilidad de los actos administrativos y para evitar la confusión en el ejercicio de las atribuciones, en cada apartado de descripción de los documentos de competencia de cada funcionario se indica que la firma de cualquier otro documento no incluido en el listado requiere la delegación expresa del contralor. Claro, dentro de la competencia de cada funcionario.

En el caso del director nacional de Gestión Institucional de la Contraloría que hizo la designación del subcontralor general de la Contraloría, este solamente puede (tratándose de derecho público, que faculta a lo expresamente permitido) suscribir los documentos determinados en el artículo 34 del Reglamento mencionado y los demás –que de acuerdo con su competencia– le sean expresamente delegados por el contralor general del Estado (art. 34 número 25). Obviamente, en el mismo Reglamento, el subcontralor Celi se reservó para sí la emisión directa de “…las acciones de personal relacionadas con designaciones, nombramientos y cesación de funciones de los subcontralores …”. Esto, además, porque la Ley Orgánica de la Contraloría en su artículo 33 de su simple lectura determina que la competencia de designar contralores es de la máxima autoridad de la institución y la delegación de facultades solo cabe en el ámbito de las competencias legales del delegado. De lo contrario, una delegación sin límites podría llegar al absurdo que se la entregue al empleado de servicios de mensajería.

A la vista de las restringidas funciones del director Jairo Caldas, resulta ilegal la reciente designación del subcontralor general de la Contraloría. La Asamblea debería iniciar pronto el juicio político contra el subcontralor Celi; y, la Fiscalía actuar ante la reciente y posible usurpación de funciones. (O)


viernes, 25 de junio de 2021

¿Hay ausencia del cargo del contralor?

Aunque a muchos nos incomode que el subcontralor Pablo Celi aún ejerza el cargo y despache desde la cárcel 4 en Quito, debemos aceptar que aquel conserva el cargo, ya que la prisión preventiva que lo inmoviliza no tiene efectos de interdicción para el ejercicio.

Cosa distinta sería, por ejemplo, una sentencia condenatoria ejecutoriada por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias, lavado de activos, asociación ilícita y delincuencia organizada relacionados con actos de corrupción.

Sentencia que le impediría, esa sí, ejercitar el cargo según lo señala el artículo 10 (concordante con el artículo 48), de la Ley Orgánica del Servicio Público (Losep).

Es que la prisión preventiva impuesta a Pablo Celi solamente le restringe el derecho de movilidad, como también lo haría un grillete electrónico. Tanto es así que este dispositivo de vigilancia electrónica lo utiliza la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, en pleno ejercicio de su cargo y en medio de un procedimiento penal.

La subcontralora general Valentina Zárate, hasta hace pocos días subrogante de Celi, reconoció que su nominador se encuentra en pleno ejercicio del cargo, luego de que feneció el periodo de 60 días de licencia; y, alguien en la Fiscalía General también lo sabe, desde que dispuso el allanamiento de la Contraloría para investigar un posible delito de arrogación de funciones de la subrogante, a partir del día 12 de junio pasado en que feneció la indicada licencia.

Este caos, amigo lector, se debe en gran medida al vacío jurídico de la Ley Orgánica del Servicio Público (y a la falta de decoro que se ha arraigado como mala hierba en la función pública). La ley indicada debería explicar lo que se entiende por “ausencia temporal del cargo”; sobre todo cuando la justificación no es invocada por el propio funcionario público afectado o este evade hacerlo en circunstancias similares a las de Celi.

Pero lo ideal sería incorporar una previsión similar a la contenida en la Ley Orgánica de la Función Legislativa (artículo 14:18) que faculta a principalizar, de manera provisional, al asambleísta suplente o alterno según corresponda, sin necesidad de excusa del principal, en casos de “ausencia temporal por causa judicial debidamente documentada”; y que además aclara (artículo 112) que también se considera ausencia temporal el cumplimiento de prisión preventiva o arresto domiciliario dispuestos por juez competente, y en esos casos el asambleísta puede acogerse al régimen de licencia sin sueldo; y, por supuesto, mientras dure la prisión preventiva o el arresto domiciliario, el Consejo de Administración Legislativa suspenderá todos los derechos parlamentarios del asambleísta principal (incluido el salario), con excepción de la inmunidad parlamentaria y el fuero.

Por lo indicado, la solución para salir lo más pronto del marasmo jurídico en que se ha sumido a la Contraloría es iniciar el juicio político contra el subcontralor Celi; y si hay las pruebas de mérito, resolver su destitución. No parece sencillo, pero esa es la vía. (O)

viernes, 28 de mayo de 2021

Ley Orgánica de Libre Expresión y Comunicación

28 de mayo, 2021 - 00h03 

El presidente Guillermo Lasso envió a la Legislatura un Proyecto de Ley Orgánica de Libre Expresión y Comunicación. Busca reforzar el marco jurídico para garantizar los derechos de los periodistas, la protección de fuentes, y que toda restricción a la libertad de expresión responda a normas internacionales. Se alude al informe conjunto (junio, 2019) de los relatores especiales para La Libertad Especial, de la Comisión de NN. UU. sobre Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para despenalizar delitos contra el honor y la reputación y transformarlos en infracciones civiles; y, establecer la autorregulación de los medios.

El presidente considera obligatorio reemplazar la legislación vigente y “… en su lugar adoptar un marco normativo moderno, democrático y libre. Es hora de aprender la lección que la mejor solución al problema del abuso a la libertad de expresión es siempre más expresión, nunca silencio forzado...”.

El proyecto atiende recomendaciones de organismos internacionales que durante el correato expresaron preocupación, por el acoso al periodismo y a ciudadanos que expresaron opiniones críticas al gobierno; sin embargo, debe ser complementado. La Asamblea Nacional debería escuchar la útil experiencia de la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador, especialmente para mejorar el ejercicio de los derechos de rectificación y réplica, de las personas afectadas por declaraciones falsas o agraviantes difundidas en medios de comunicación.

El proyecto debió introducir reformas a los artículos 203 y 207 del Código de la Democracia, que fueron indebidamente aplicados para sancionar a la revista Vistazo en el 2012, por un editorial (‘Un NO rotundo’) publicado antes de la consulta popular del 2011. Sanción impuesta cuando dichos artículos no prohibían opiniones o informaciones sobre asuntos electorales, durante la veda de la publicidad electoral. La sentencia n.º 1651-12-EP/20 de la Corte Constitucional (CC) declaró inconstitucional tal sanción, pero entre las reflexiones que hizo el organismo, las que tienen pertinencia al proyecto de ley de este comentario y a las vulneradoras normas, están: “138. (…) la libertad de expresión e información adquiere mayor importancia en periodos electorales… para que los ciudadanos ejerzan de forma efectiva sus derechos políticos … en la dirección de asuntos públicos o elegir y ser elegidos, es preciso garantizar… la mayor cantidad de información posible con pluralidad de medios, ideas, opiniones, en fin, pluralismo informativo, así como el enriquecimiento del debate político…”.

La CC también acotó que el editorial de Vistazo merecía protección reforzada, tal como lo tienen los discursos de interés público. También reflexionó que una norma que prohíbe manifestar o publicar a los medios de comunicación opiniones o informaciones, en época electoral –por supuestamente inducir a los electores–, no necesariamente los protege porque podría estar dirigida a silenciar a los medios, a actores políticos e incluso a la opinión crítica al gobierno de turno.

Este servidor hubo de autocensurarse el viernes previo al 11 de abril último. (O)

viernes, 14 de mayo de 2021

Alianza de la discordia

Hoy tendremos una nueva Asamblea legislativa. Reemplaza a otra de lamentable recordación. Fue un cuerpo colegiado con falencias éticas y de preparación de sus miembros, ora para representar a los electores, ora para hacer buenas leyes. Los nuevos asambleístas y los reelegidos están en la mira ciudadana, que les alzó la vara de la exigencia, para valorar su desempeño ético y responsabilidad de legislar y fiscalizar.

Hoy habrá nuevas autoridades en esa función del Estado, y seguramente saldrán de una alianza de la correísta UNES con PSC, CREO y unos pocos independientes. Maridaje tal vez incómodo o decepcionante para muchos electores del presidente Guillermo Lasso, quien asumirá en pocos días ante asambleístas obligados a recuperar la mucha credibilidad perdida por sus antecesores.

Alrededor de la Alianza retumba la imploración a cesar el lawfare (persecución judicial), espetado por un fugitivo líder que fuera condenado por los jueces del caso conocido como Sobornos 2012-2016, lo que me recuerda la advertencia que escribió Sun-Tsu (El arte de la guerra): El enemigo que se acerca con palabras humildes puede que esté tramando algo. Nunca hay que confiar en el adversario, aunque proponga una tregua. También me recuerda a Nicolás Maquiavelo: Aquel que engaña, encontrará siempre quien se deje engañar.

No se conoce aún concretamente lo que el correísmo pide a cambio de suministrar “condiciones de gobernabilidad”, aunque se presume que la Comisión de la Verdad que busca conformar tendría por objetivo construir un sustento “oficial” del legislativo para documentar resultados de investigaciones de una dudosa persecución judicial, para luego presentarla como prueba ante organismos internacionales, en donde aspiran a una justicia paralela que desconozca la nacional. Esto, debido a que la Asamblea Nacional Legislativa carece de atribuciones para conformar comisiones para rever sentencias judiciales y menos por delitos contra la administración pública, que son precisamente los relativos a la sentencia Sobornos 2012-2016.

En todo caso, sí llama la atención que el presidente Lasso, con una mayoría legislativa como la ensamblada, espere lograr aprobar leyes para combatir la corrupción y, menos, que esa misma coalición apruebe el Convenio con la ONU para conformar la Comisión Internacional de Lucha contra Corrupción que ha ofrecido repetidamente; sin duda, una comisión necesaria para diseñar un plan para independizar a la Fiscalía General del Estado, entrenar adecuadamente a su personal con asesoría de fiscales extranjeros, investigadores y litigantes. Ellos, juntamente con personal foráneo de policías y analistas financieros, pueden apoyar con transferencia de experticias en investigación y preparación de casos complejos generados por los delitos de peculados, sobornos y lavado de activos, entre otros, para que las acusaciones no fracasen, especialmente en la lucha contra el crimen organizado que ha cooptado el Estado, se obtengan más sentencias condenatorias, que a la fecha son escasas.

Parafraseando a Maquiavelo: el que llega al poder con la ayuda de las élites, se sostiene con más dificultad que el que llegó con el apoyo del pueblo. (O)

viernes, 7 de mayo de 2021

La Corte Constitucional y su técnica de razonamiento

La reciente sentencia de la Corte Constitucional (CC) que despenalizó el aborto de las mujeres embarazadas, como consecuencia de violación, concitó –además de los colectivos directamente involucrados y simpatizantes– el interés de abogados en los fundamentos de los jueces para llegar a la decisión; en especial, para conocer si en su esfuerzo argumentativo lograron conciliar las técnicas del razonamiento jurídico, con los preceptos constitucionales, convencionales, con la justicia o; por lo menos, con la aceptabilidad social de su decisión, como recomienda Chaim Perelman.

En la tarea de análisis ayudan los votos disidentes de las juezas doctoras Carmen Corral y Teresa Nuques; así como el voto concurrente del Juez doctor Ramiro Ávila. En todo caso, desde mi particular visión, a partir del pronunciamiento de la CC y mientras no sea revisado por ella misma, puedo colegir lo que dispone:

1.- El derecho a la vida no es absoluto, dentro o fuera del vientre de la mujer. A pesar de que la Constitución del Ecuador, en el artículo 45 inciso primero consagra: “El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción”. Esto, porque para la CC, el Estado debe proteger y garantizar los derechos y las condiciones mínimas de vida compatibles con la dignidad. De tal manera que las normas penales deben tipificarse con criterios de proporcionalidad y racionalidad, para que guarden armonía con la protección y garantía de los derechos constitucionales. En el razonamiento no incluyeron el derecho a la vida y la dignidad del individuo por nacer.

2.- Los derechos a la protección del nasciturus y a la integridad de las niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia sexual son derechos constitucionales jerárquicamente iguales, indivisibles e interdependientes. Lo cual suena maravilloso.

3.- La sanción del artículo 149 del COIP, a quien haga abortar como a las mujeres que lo consientan, tiene por finalidad proteger el bien jurídico de la vida del nascituruscomo dispone el artículo 45 de la Constitución, pero el artículo 150 del COIP, excepciona dicha penalización y, en particular a las mujeres con discapacidad mental cuando hayan sido víctimas de violación, lo cual constituiría un discrimen para otras mujeres sin esa discapacidad. Ya que para la CC, dicho artículo no puede ser leído ni interpretado “de manera aislada sin considerar lo dispuesto por el propio COIP en su artículo 171, que tiene como bien jurídico protegido a la libertad e indemnidad sexual que se relacionan con la integridad personal de las niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violación.”

En esa interpretación, la Corte estimó –sin decirlo expresamente– que el derecho a la vida del nasciturus debe ceder –yo diría ser sacrificado– si se trata de los derechos protegidos en el artículo 171 del COIP. Algo que el razonamiento jurídico de los jueces no concilia con el derecho a la vida del “sin voz”, antes reconocido entre los derechos “jerárquicamente iguales, indivisibles e interdependientes”. Esto recordando la recomendación de Perelman. (O)

viernes, 23 de abril de 2021

¡Una Comisión Internacional Contra la Impunidad!

Cada vez hay más evidencias de la necesidad de una Comisión Internacional de Lucha contra la Impunidad, integrada en convenio con Naciones Unidas. Con donaciones y conocimientos de países desarrollados, exitosos en el combate del crimen organizado, que aseguren, a los expertos internacionales que intervendrían, independencia del poder político y efectividad para terminar con la impunidad de estructuras que cooptaron el Estado. Así que viene bien el ofrecimiento de don Guillermo Lasso, nuestro próximo presidente. 

Veamos las evidencias dadas esta semana (diario El Comercio): Entre las pruebas de la Fiscalía para procesar al contralor Pablo Celi y a otras personas relacionadas con sobornos pagados por contratistas del Estado para obtener desvanecimientos de glosas (detectado en EE. UU.), figura la declaración de Luis Miño, actual director nacional de Responsabilidades de la Contraloría. El funcionario admitió que una contratista de Petroecuador pagó sobornos para tal fin por $ 13 millones; y, que él suscribió en septiembre de 2018 el desvanecimiento de cuatro glosas de esa compañía “por disposición directa y verbal del contralor Pablo Celi”. Puntualizó que Celi lo designaba como subcontralor para realizar esa tarea, aunque su cargo era de secretario general. Dijo que Celi lo amenazaba con la destitución si no cumplía su orden. Miño también relató que desde que Celi asumió como contralor le ha ordenado “…al menos 15 veces desvanecer glosas de otras compañías, principalmente de telecomunicaciones...”.

Sin duda, cuando un contralor del Estado llega al extremo de encargar a un funcionario inferior tareas temporales para instruir actos ilícitos, es que dicha autoridad ejerce sin contrapeso alguno y de ninguna manera se podría esperar que en esa entidad de control exista independencia funcionarial interna. La Ley Orgánica del Servicio Público establece en ciertos artículos la tibia obligación de los funcionarios estatales de denunciar los actos de corrupción, “protegidos” con alguna insuficiente garantía para quienes se atrevan a revelar actos ilícitos o intentos de igual calaña de sus superiores o compañeros de rango similar (siempre se sospecharía el respaldo de un ‘duro’).

En Guatemala, la Comisión Internacional de Lucha Contra la Impunidad (Cicig), en palabras de su excomisionado, Iván Velásquez, llegó “… casi al núcleo del problema de la captura del Estado guatemalteco...” y afirmó: “… tocamos fuertemente la impunidad del poder”. Por ello es que el expresidente Jimmy Morales no renovó el convenio para que siguiera funcionando la Cicig. Había que detener la persecución penal por casos de corrupción y restaurar el sistema de impunidad reinante hasta el 2015; esa es la conclusión de Carlos Arrazola al analizar la crisis política que afronta ese país.

Arrazola afirma que Morales en el objetivo de deshacerse de la Cicig, utilizó todo tipo de argucias e ilegalidades.

Acá tampoco será fácil, las mafias están bien agarradas en los contratos del Estado, que hasta buscan amnistías e indultos, pero estimo que la iniciativa del nuevo presidente, no constituirá la misma burla de su antecesor. (O)

martes, 30 de marzo de 2021

Ley de Extinción de Dominio, inconstitucionalidades (II)

Jorge G. Alvear Macías

jorgalve@yahoo.com    @jorgalve

Continuando el comentario al dictamen n.° 1-21-OP/21, en el que la Corte Constitucional (CC) declaró la inconstitucionalidad de varios artículos del proyecto de Ley Orgánica de Extinción de Dominio, pretendo en esta entrega abarcar su impecable análisis constitucional sobre la retrospectividad introducida en el proyecto, y que el presidente de la República calificó en su veto parcial como una retroactividad camuflada.

La Asamblea, en defensa de esa parte del proyecto, sostenía que el Estado tiene la atribución de declarar inexistente el derecho de dominio en cualquier tiempo, “aun cuando el hecho que configura la causal hubiere ocurrido antes de la vigencia de esta Ley, ya que el origen viciado del derecho de dominio por la ilicitud del origen de los recursos o de las circunstancias en las que se adquiere el bien determina la persistencia de una situación no consolidada, no resuelta”. Y, por tanto, en opinión de la legislatura, el Estado tiene la facultad de revisar tales situaciones a partir de la publicación de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, dado que no han generado un derecho de dominio legítimo.

Para situar las cosas en el plano de la racionalidad, la CC empezó señalando que la Ley solo rige para lo venidero y “constituye un principio fundamental de nuestro ordenamiento jurídico, consagrado desde el primer Código Civil ecuatoriano de 1860”. Y que dicho principio se fundamenta en la consideración de que una ley solo regula situaciones jurídicas producidas luego de su entrada en vigencia y no antes, “… pues en ese tiempo la ley no existía y no se puede exigir que se cumpla lo que es inexistente”.

El dictamen señala que la noción de retrospectividad prevista en el proyecto de ley en realidad no es tal, sino que, por el contrario, constituye una retroactividad ilimitada. Y complementa una idea que este columnista esgrimió coloquialmente en la entrega con el título ¿Y la seguridad jurídica? (del 22 de enero de 2021): “A partir de las disposiciones del proyecto de ley, un bien que en cualquier momento del pasado –desde la fundación misma de la República– haya sido obtenido en contravención del ordenamiento jurídico, pasaría a ser susceptible de la acción de extinción de dominio… el Estado podría declarar extinto el dominio sobre ese bien, independientemente de cuánto tiempo haya transcurrido, de las sanciones que hayan existido en el momento en que se adquirió el bien jurídico o de cuántos terceros de buena fe hayan adquirido la propiedad posteriormente… el resultado sería una persecución infinita a la propiedad de las personas hacia el pasado y hacia el futuro… respecto del patrimonio de las personas”.

Ojalá que el enjundioso dictamen de la Corte ayude a reflexionar sobre lo que se necesita para profesionalizar el trabajo legislativo, capacitándose a asesores, investigadores y personal de apoyo de los asambleístas. Tal vez hasta considerar que en la nueva legislatura se capacite a los integrantes electos con las mínimas nociones de derecho constitucional y sobre los principios de la técnica legislativa, pues tales falencias han sido evidenciadas en el indicado dictamen. (O)

*Publicado previamente en el Diario El Universo, el día viernes 30 de marzo del 2021

Lea este artículo en EL UNIVERSO

viernes, 26 de marzo de 2021

Ley Orgánica de Extinción de Dominio, inconstitucionalidades

Jorge G. Alvear Macías

jorgalve@yahoo.com    @jorgalve

La Corte Constitucional (CC) declaró parcialmente procedente la objeción parcial del presidente de la República, Lenín Moreno, dirigida a ciertos artículos (por inconstitucionales) del proyecto de Ley Orgánica de Extinción de Dominio, principalmente a los que establecían la imprescriptibilidad de la acción de extinción de dominio y su aplicación retrospectiva. Fue un dictamen unánime de sus nueve jueces, cuya ponencia correspondió a la magistrada Daniela Salazar. Hoy solo comentaré la declaratoria de inconstitucionalidad de la imprescriptibilidad de la Ley.

La Corte reconoce que la lucha contra la corrupción podría exigir medidas innovadoras, como las contempladas en el proyecto de ley, pero ese afán de lucha “no puede vaciar de contenido a los derechos y garantías constitucionales”. Al mismo tiempo le advierte a la Asamblea, que “cuando una medida sancionatoria no está revestida de las garantías del debido proceso, deja un peligroso margen de discreción para la actuación de las juezas y jueces que conocen estas causas, así como para los y las fiscales que las promuevan”. También recuerda que la administración de justicia puede ser presa de la corrupción. Por ello la lucha contra la corrupción debe respetar las garantías del debido proceso y limitar la discrecionalidad en la aplicación de las normas de la extinción de dominio de los bienes de origen ilícito o injustificado. 

Para la Corte, la prescripción extintiva de las acciones judiciales constituye una de las expresiones de la seguridad jurídica, que debe estar presente en todo ordenamiento jurídico, pues conlleva certidumbre y previsibilidad. Y estableciendo un plazo de prescripción se coadyuva a garantizar la certidumbre en el derecho, especialmente cuando se trata de aspectos sancionatorios, porque libera a las personas del indefinido e ilimitado riesgo de gravamen, de sanción o de pérdida o limitación de derechos por parte del Estado. La prescripción es importante en sumo grado para tutelar el derecho a la defensa, “… pues, cuando transcurre un tiempo excesivo entre un suceso y el inicio de su judicialización, se reducen sustancialmente las posibilidades de recolectar pruebas para afirmar el hecho o contradecirlo y mayor es el deterioro del estado de conservación de las pruebas a las que se puede tener acceso…”. El excesivo paso del tiempo incrementa la posibilidad de errores judiciales para establecer la verdad. 

Ante la alegación de la Asamblea de que la imprescriptibilidad de la acción de dominio impediría que los delitos se santifiquen por el paso del tiempo, la CC explicó que la prescripción no tiene por objeto validar actuaciones anteriores o sanear algún vicio del bien, sino proveer un mínimo de certeza en las relaciones jurídicas. No implica que transcurrido un determinado tiempo se haya saneado el vicio de un bien, sino que ya no se puede intentar la acción para reclamar en vía judicial.

En síntesis, se concluyó que el pretendido carácter imprescriptible de la acción de extinción de dominio no es compatible con la seguridad jurídica. La Asamblea debe establecer un término de prescripción para el ejercicio de la acción. (Continuará). (O)

*Publicado previamente en el Diario El Universo, el día 26 de marzo del 2021.

Lea este artículo en EL UNIVERSO


viernes, 12 de marzo de 2021

A doña Mariuxi…

Jorge G. Alvear Macías

jorgalve@yahoo.com    @jorgalve

Hace pocos días recordé  que el Ecuador ya tuvo un presidente político y banquero, don Carlos Julio Arosemena Tola, fundador del Banco de Descuento en  Guayaquil, director principal de la  Junta de Beneficencia de Guayaquil, presidente de LEA, director ejecutivo del Comité de Vialidad del Guayas, entre otros cargos que lo distinguieron. 

No hay que desconfiar entonces de los banqueros honestos y probados.

Estos recuerdos me vinieron a la mente después de conversar con  doña Mariuxi. A ella le preocupa la integración del próximo gobierno. Tiene una lucha de sentimientos encontrados: gratitudes y decepciones con el correísmo; buenos y terribles recuerdos personales de ese malhadado periodo que también nos dejó las carreteras más costosas de la historia y excompañeros de trabajo que sobreviven en el desempleo. Ella votó por Guillermo Lasso en el 2017, pero ahora duda. En su imaginario se sitúa la idea de que es un ricachón que quiere satisfacer un capricho. Que favorecerá al sector bancario, pero no vendrá la banca extranjera. De Arauz le inquieta que “acomode la ley a su antojo y regrese el Mashi…”. 

Mi amiga está consciente de qué es lo que se juega el próximo 11 de abril: es la posibilidad de seguir un sendero sin retorno hacia la realidad que viven en Venezuela y Argentina, países hermanos de donde vienen cada día historias dramáticas de sobrevivencia. En Venezuela, en medio de una estrangulada democracia, con ausencia total de la libertad de expresión para exigir cuentas a los gobernantes. Ese sendero lo empezamos a recorrer durante el gobierno de Correa y aunque se interrumpió existe la clara probabilidad de continuar el rumbo si el país escoge como presidente al candidato señalado por Correa. Recordemos que Maduro resultó peor que Chávez, y en este país están dadas las circunstancias para que se replique el fenómeno de Venezuela. Si el próximo presidente incentiva el desempleo con malas medidas, se reproducirá la huida de la desesperanza que ocurrió en los años 90.

Los banqueros por lo general están dotados de conocimientos de economía, finanzas y administración de empresas, entre otras cualidades necesarias y compatibles con el cargo de la Presidencia de la República y la administración de los recursos del Estado, tales son el liderazgo  en la actividad laboral; la capacidad de análisis para gestionar importantes problemas y definir con claridad cómo invierten los capitales y la capacidad para comunicar adecuadamente al público para fortalecer la confianza institucional.

En los dimes y diretes con doña Mariuxi me vinieron y le fueron, en ese orden, sus dudas y mis intentos de explicarle que su objeción al exbanquero por el mero hecho de haberlo sido no descalifica su aspiración a la primera magistratura. 

Además de que si con un banquero no vienen la banca y la inversión extranjera, algo que me resulta difícil de entender, ¿entonces qué ocurrirá con otro candidato que no cree en la empresa privada? (O)

*Publicado previamente en el Diario El Universo, el día viernes 12 de marzo del 2021.

Lea este artículo en EL UNIVERSO


viernes, 12 de febrero de 2021

De encuestas, resultados y ficciones

Jorge G. Alvear Macías

jorgalve@yahoo.com    @jorgalve

De 15 encuestadoras que consultaron la intención de voto de los ecuatorianos para el sufragio del pasado 7 de febrero, solo dos ubicaron en segundo lugar al candidato Yaku Pérez.

La encuestadora Comunicaliza lo situó con el 19,2 %, en un muestreo de 2.057 entrevistados, del 19 de enero previo a las elecciones. La otra fue la Celag, que le asignó el 21,2 % de intención de votos, entre 3.000 ciudadanos consultados, el 13 de diciembre de 2020. La primera reconoce un margen de error del (+-)2,16 % y la segunda, del (+-)2,2 %. Las restantes siempre le dieron el tercer puesto al candidato Yaku Pérez. Ninguna encuestadora lo puso en el primero.


¿A dónde quiero llegar? Que los resultados oficiales –al momento en que escribo esta columna– aún no se han declarado; y que, para anunciarlos, las autoridades electorales tienen que esperar el cierre de los comicios de cada provincia y de los cumplidos en el extranjero. Pero sí se puede considerar información fiable a la proporcionada sobre las tendencias de las preferencias dentro de cada provincia, en las que aún no se ha cerrado el escrutinio.

Lo anterior lo saben los candidatos. Muchos de ellos no se han pronunciado, aunque atentos guardan prudente espera, lo cual es sensato.

En esa línea de cuidado y sin perder de vista que el verdadero enemigo ansía que la votación contraria se divida más, sería aconsejable que el candidato Pérez, hombre formado como abogado y defensor de los derechos humanos, haga uso de sus conocimientos, adopte la templanza del demócrata y aguarde los resultados oficiales. Si él logra los votos del Guayas para llegar segundo en esta fase del proceso comicial, seguramente contaría con el respaldo de esta parte del país para llegar a Carondelet. También le ha ofrecido caballerosamente su apoyo el candidato Guillermo Lasso y corresponde aceptárselo o declinarlo cortésmente.

Lo que sin duda no debería es recordarle al país con amenazas de personas de su entorno, los lamentables sucesos de la protesta indígena (de octubre del 2019) que pusieron en peligro la democracia y crearon innecesaria desconfianza entre hermanos. Por cierto, la misma democracia que hoy le permite a él competir por el poder, con el apoyo de otras culturas.

Por otro lado, si fuere Guillermo Lasso, quien según las tendencias llegare a disputar la segunda vuelta, consciente como es él del gran respaldo que tiene el candidato Pérez, debería presumir que necesita esos votos y de los seguidores de los demás candidatos fuera de la lid.

Esta realidad obliga a unirnos y pedir a los candidatos que hemos apoyado que conformen una coalición patriótica, de consenso sobre los principales y urgentes objetivos para recuperar lo perdido en los últimos catorce años, durante los cuales el socialismo del siglo XXI experimentó con la suerte del Ecuador.

El cogobierno es la salida del empantanamiento del retraso, miseria y tragedia de la pandemia. Para los renuentes, una ficción; para los demás, realizable, luego del derrumbe de la Babel ecuatoriana que nos dejó el correato. (O)

*Publicado previamente en el Diario El Universo, el día viernes 12 de febrero del 2021.

Lea este artículo en EL UNIVERSO