viernes, 22 de julio de 2016

El candidato de los Simpsons


 Jorge G. Alvear Macías

Donald Trump competirá con Hillary Clinton por la Presidencia de Estados Unidos. Su nominación no termina de sorprender en esa sociedad y en el mundo. Es que es un outsider en el partido del elefante, carece de trayectoria política y llegó sin el padrinazgo de los patriarcas.

Algunos sostienen que no debería extrañar, pues además de las predicciones de gente importante, que lo ven sentado en la sala oval de la Casa Blanca, hasta la familia de los Simpsons lo vaticinó en un programa del año 2000.

Nacido en New York, es el primer candidato advenedizo desde 1940 del partido Republicano; capitalizó en sus parciales insatisfacciones y el temor a la “amenaza” de Hillary Clinton, anunciada continuadora de las políticas del presidente Obama. Políticas ratificadas, entre otras, en el forzado acuerdo entre ella y el radicalista precandidato Sanders.

Por lo anterior, el magnate también es amenaza para el actual modelo de gobierno. Trump afirma que Obama ha sido desastroso para Estados Unidos. Sostiene que la economía ha colapsado, su modelo despojó puestos de trabajo, riqueza y respeto; que las fronteras permean criminales violentos; que la deuda fiscal aplastará a las próximas generaciones. 
*Publicado originalmente en el Diario El Universo el día viernes 22 de julio del 2016

viernes, 15 de julio de 2016

¡El abogado merece respeto!

Jorge G. Alvear Macías 


En comentarios previos me referí a la garantía del secreto profesional del abogado, que una inconstitucional reforma legal desconoce. Tal vez sea una de las peores consecuencias de la descontrolada corrupción y del enseñoramiento de la impunidad. Me explico, es una manifestación incivil de la sociedad, que implica dar más importancia a la condena de culpables que a respetar los Derechos Civiles y Constitucionales.
Ese irrespeto acontece en China, que castiga hasta con  pena de muerte  a funcionarios públicos corruptos que malversen o reciban sobornos superiores al equivalente de 463.000 dólares. Esto, pese a que la pena de muerte ha sido abolida en muchos países.
Sin llegar a ese extremo, también causa alarma que en Estados como el nuestro –adheridos a tratados de protección de derechos humanos– empiece a tomar forma el pensamiento de que “es más fácil condenar a acusados culpables violando la Constitución que respetándola; y es más, en algunos casos es imposible condenarlos sin violarla” (ironía del célebre abogado neoyorquino Alan M. Dershowitz). Y claro, en ese nivel de desesperación social, no extraña que el rol del abogado defensor termine siendo erróneamente percibido como parte del engranaje que activa la impunidad.
Lo cierto es que, en un Estado constitucional de Derecho, es obligación del fiscal probar dentro de un debido proceso la culpabilidad del acusado, sin que medie una duda razonable. LÉA MÁS 

viernes, 8 de julio de 2016

‘Rostros ocultos’


Jorge G. Alvear Macías




Los países de América que han celebrado acuerdos de comercio con la Unión Europea, como México, Chile, Perú y Colombia, han logrado acceso preferencial a casi 500 millones de consumidores. Un mercado calificado por los especialistas como el mercado más grande e integrado a nivel mundial, y nuestro país aún tiene la oportunidad de captarlo si el Parlamento Europeo ratifica hasta el mes de diciembre de este año el Acuerdo Comercial Multipartes de Ecuador con la Unión Europea (UE).
Pero no solo es el corto tiempo que conspira contra el valioso objetivo. También están presentes adversas circunstancias generadas en el entorno nacional. Unas no buscadas y otras que sospechosamente irrumpieron. Se me ha dicho con fundamento, por ejemplo, que fue negativo el mensaje tácito que dejaron a las autoridades europeas los retrasos en las negociaciones imputables a nuestros negociadores, que incluso abandonaron las conversaciones multilaterales. A esto se sumó el continuo cambio de ministros, la falta de una robusta manifestación de apoyo al Acuerdo de parte del presidente, que permitió a otras autoridades, discursos contrarios a la conveniencia del mismo, incluidos los últimos del canciller Long. LÉA MÁS
*Publicado originalmente en el diario El Universo el día viernes 8 de julio del 2016.

viernes, 1 de julio de 2016

Tababela: ¿139 millones pagados en exceso?

           Jorge G. Alvear Macías

@jorgalve

En el sitio en internet focusecuador.com aparece que la Contraloría General del Estado habría establecido glosas por $ 139 millones a funcionarios del Municipio de Quito. En el sitio web de Focus Ecuador se exhibía ayer un memorando resumen cursado por un supervisor y jefe de equipo de la Contraloría al director de Auditoría de Proyectos y Ambiental.

La comunicación, fechada 24 de diciembre de 2015, se refiere al examen especial efectuado al contrato de concesión del aeropuerto internacional de Quito, durante el periodo agosto/2010 a febrero/2015.

Ahí, el funcionario detalla a su superior los hechos que “ameritan la predeterminación de responsabilidades administrativas y civiles culpulposas”.

En lo relevante menciona que la concesionaria “se benefició en 76’738.824 USD en exceso, de los aportes que el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito debía efectuar al proyecto internacional de Quito, en razón de que en la renegociación del mencionado proyecto, las partes negociadoras acordaron que los aportes proyectados del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y de la Corporación Quiport S. A. al proyecto, serían efectuados hasta septiembre de dos mil diez, mes previo a la fecha convenida para el inicio de operaciones del nuevo aeropuerto y por la cantidad de 179’519.266,00 USD…”. LÉA MÁS

viernes, 24 de junio de 2016

Vulneración de derechos y reparación

Jorge G. Alvear Macías



Múltiples normas, principios, jurisprudencia y doctrina de importantes órganos internacionales de protección de derechos humanos reiteran los derechos que tienen las personas vulneradas en sus derechos humanos. Entre ellos, el derecho a la reparación, lo que compromete al Estado.
La reparación incluye: conocer la verdad; la realización de la justicia identificando a los responsables, juzgándolos y sancionándolos adecuadamente; y, la restitución. Esta implica el restablecimiento de la libertad, disfrute de los derechos humanos, la identidad, la vida familiar y la ciudadanía, el regreso al lugar de residencia, la reintegración al empleo, indemnización y devolución de bienes.
La Resolución 60/147 de la Asamblea General de la ONU (diciembre, 2005) es un instrumento que recoge parte de lo anotado. Fue cuando la ONU aprobó los “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”. LÉA MÁS
*Publicado originalmente en el diario El Universo el día viernes 24 de junio de 2016.

viernes, 17 de junio de 2016

Y ahora, ¿quién paga?


   Jorge G. Alvear Macías  

@jorgalve


Hasta el 2013 el Estado enfrentaba arbitrajes por más de $ 5.300 millones por litigios en cortes internacionales, de acuerdo con una nota de EL UNIVERSO.

En el 2015 las reclamaciones se elevaron a más de $ 6.670 millones (El Comercio), incluida una demanda de Petrobras con empresas asociadas, por $ 830 millones.

A esos pasivos contingentes de gran peso para el erario nacional habría que sumar otros de menor cuantía, pero no menos importantes, derivados de reclamaciones por violaciones a los derechos humanos, actualmente tramitadas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en el Sistema de las Naciones Unidas.

En las redes sociales, dada la angustia económica, existe mucha preocupación por la deuda acumulada a pagar, tarde o temprano. Preguntan si las leyes permiten obligar a los responsables a asumir las consecuencias económicas de tales litigios. Especialmente en los casos en los que se ignoraron elementales principios jurídicos, indicaciones del sentido común o estuvo ausente la buena fe y en su lugar primaron la malicia, el sesgo político y la saña. Sin perder de vista la posible intención del enriquecimiento en esas circunstancias.

Se pregunta si en escandalosos casos cabe la acción de repetición del Estado contra los culpables de las espeluznantes indemnizaciones.

La repetición no es una forma de persecución política, es un derecho y un deber que tiene el Estado ecuatoriano, conforme lo establece la Constitución de la República. En ello coincidimos con Ledy Zúñiga Rocha, ministra de Justicia (declaraciones del 22 de octubre de 2015). LÉA MÁS: 

*Publicado originalmente en el Diario el Universo el día viernes 17 de junio del 2016.

viernes, 10 de junio de 2016

Secreto profesional

Jorge G. Alvear Macías


La Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana dispuso que los abogados debemos informar bajo juramento al SRI si nuestros clientes han creado, usado o detentado la propiedad de sociedades situadas en refugios fiscales. Por incumplir la entrega de la información, estaremos sujetos a cuantiosas multas y a juicios penales.
Tal exigencia inconstitucional violenta compromisos internacionales del Estado sobre derechos humanos. Se presta a abusos que afectarán al ciudadano común.
El empresario debe saber que la relación profesional con su abogado está protegida por un estatus jurídico fijado por previas y vigentes disposiciones legales. Un estatus que asegura los derechos del cliente, entre estos el de obtener lealtad en la defensa y reserva sobre la información que comparta con el profesional. En consecuencia, todo aquello que transmita a su abogado no podrá ser revelado, sin previa autorización. Menos para ser usado en su contra.
La reserva profesional es un derecho-deber que surge en el inicio de la relación con el abogado y se mantiene después de concluida dicha relación. Es lo que se conoce también como el secreto profesional.
Es consustancial al secreto profesional el derecho a la intimidad del cliente y se entiende que el cliente comparte datos sensibles, por la necesidad del apoyo profesional que busca. Tal es la razón de la confianza depositada en el abogado. Por ello, no existe margen alguno para violar tal derecho o quebrantar la obligación de guardar la reserva. Tanto que el Código Orgánico de la Función Judicial prohíbe revelar el secreto de los clientes, documentos o instrucciones. LÉA MÁS:
*Publicado originalmente en el diario El Universo el día viernes 10 de junio de 2016

viernes, 3 de junio de 2016

Maduro y el Estado forajido

Jorge G. Alvear Macías@jorgalve

Se habría perdido la posibilidad de que la OEA contribuyera, por ahora, a la solución de la crisis en Venezuela. El Consejo Permanente de la Organización se limitó a instar un “diálogo abierto” entre Maduro y la Asamblea Nacional, envueltos en una grave pugna institucional. Un diálogo improbable en medio de evidencias graves de la ruptura democrática y los ánimos reiterados del gobierno de Maduro de retardar un referéndum revocatorio que le sería adverso. Su voluntad aflora en la declaración de los 34 países miembros de la OEA que excluyó la exhortación a realizar el referéndum que forzaría a Maduro a entregar el poder.
Pero la resolución entraña derrota para el mismo Maduro y aliados de Nicaragua, Dominica, Ecuador y Bolivia, que acusaban de invalidez al informe del secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien invocando la Carta Democrática para los casos de alteración o ruptura del orden democrático pidió analizar la situación de la crisis venezolana. También implica revés para los presidentes de dichos estados que pretendieron, sin éxito, trasladar la mediación de la crisis a la Unasur y aprobar un proyecto de resolución de Maduro.
La resolución del Consejo Permanente también dejó sin piso el discurso de Maduro y sus adláteres: una supuesta política injerencista y estrategia para provocar la intervención de Estados Unidos en los asuntos políticos venezolanos. Digo esto, pues la invitación al diálogo fue precisamente apoyada por el “imperio”, que dicho sea de paso no deja de ser inconveniente para el desarrollo de la institucionalidad democrática venezolana, pues dicho Consejo lo que debió fue sugerir el referéndum.
La situación resume una turbia mezcla de éxitos y derrotas ideológicas y de intereses coyunturales de estados (gobiernos) “dueños de la OEA”. LÉA MÁS: 
*Publicado originalmente en el Diario El Universo el día viernes 3 de junio del 2016.