Jorge G. Alvear Macías
La idea garrafal, introducida en la reciente reforma legislativa denominada Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana (tanto como haber incluido a Simón Bolívar en la batalla del Pichincha), a primera lectura se presta para risas, pero es algo muy serio.
La indicada ley, abreviando su contenido, estableció que los abogados debemos informar al SRI, bajo juramento, cuando lo disponga “mediante resolución de carácter general”, sobre la “creación, uso y propiedad de sociedades” situadas en refugios fiscales con beneficiarios ecuatorianos. Si incumplimos aquello, seremos multados hasta con $111.000 y hasta enjuiciados penalmente.
Pero, ¿cabe que los abogados seamos llamados por una autoridad a declarar sobre cuestiones que hemos tenido conocimiento en nuestra actuación profesional? No. Y los asambleístas deberían saberlo. Sin embargo, vivimos épocas de subordinación al absurdo y ello torna pertinente recordar la imperiosa necesidad de elegir en el futuro idóneos hacedores de leyes. Que sepan lo que hacen.
La Constitución prohíbe forzar a un individuo a declarar contra sí mismo, sobre asuntos que puedan ocasionarle su responsabilidad penal (art. 7, número 7, letra c); e impide obligar a hacer algo prohibido (art. 66, número 29: d), como es el revelar secretos profesionales, lo que sanciona el COIP. El COIP además exonera la obligación de divulgar hechos amparados por el secreto profesional y prohíbe el testimonio de terceros depositarios de secretos en razón de su profesión, oficio o función. Aún más, dispone que si fueren convocados, deberán comparecer y abstenerse de declarar (art. 503).
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*Publicado originalmente en el diario El Universo el día viernes 27 de mayo del 2016.
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