Jorge G. Alvear Macías
@jorgalve
Hasta el 2013 el Estado enfrentaba arbitrajes por más de $ 5.300 millones por litigios en cortes internacionales, de acuerdo con una nota de EL UNIVERSO.
En el 2015 las reclamaciones se elevaron a más de $ 6.670 millones (El Comercio), incluida una demanda de Petrobras con empresas asociadas, por $ 830 millones.
A esos pasivos contingentes de gran peso para el erario nacional habría que sumar otros de menor cuantía, pero no menos importantes, derivados de reclamaciones por violaciones a los derechos humanos, actualmente tramitadas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en el Sistema de las Naciones Unidas.
En las redes sociales, dada la angustia económica, existe mucha preocupación por la deuda acumulada a pagar, tarde o temprano. Preguntan si las leyes permiten obligar a los responsables a asumir las consecuencias económicas de tales litigios. Especialmente en los casos en los que se ignoraron elementales principios jurídicos, indicaciones del sentido común o estuvo ausente la buena fe y en su lugar primaron la malicia, el sesgo político y la saña. Sin perder de vista la posible intención del enriquecimiento en esas circunstancias.
Se pregunta si en escandalosos casos cabe la acción de repetición del Estado contra los culpables de las espeluznantes indemnizaciones.
La repetición no es una forma de persecución política, es un derecho y un deber que tiene el Estado ecuatoriano, conforme lo establece la Constitución de la República. En ello coincidimos con Ledy Zúñiga Rocha, ministra de Justicia (declaraciones del 22 de octubre de 2015). LÉA MÁS:
*Publicado originalmente en el Diario el Universo el día viernes 17 de junio del 2016.
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