Jorge G. Alvear Macías@jorgalve
El propio Hernández sostuvo: “(…) la propuesta (…) está marcada por un elemento fundamental, un elemento conceptual (…) y es, básicamente, esta convicción de que (…) no solo es necesario democratizar las instancias de representación, sino también profundizar la participación ciudadana”. Con esa “firme convicción” expresó: “(…) estamos contribuyendo a un nuevo modelo (…) en el que la participación tiene un papel central, para delinear las decisiones fundamentales (...)”.
Los asambleístas de Alianza PAIS defienden la legitimidad de su iniciativa para modificar la Constitución (sin consultar al mandante). Repiten, a manera de estribillo, ser la expresión auténtica de la voluntad ciudadana. Con esa cantilena romperán el candado constitucional que impide la reelección indefinida del presidente. Asumen tener –hasta ese punto– autorización popular para reformar la Constitución. Ello, pese a la impopularidad (más del 70% desaprueba su gestión). Además, desatendiendo el derecho de la sociedad a consentir o no reformas importantísimas de la Constitución.
En Montecristi se esbozó la participación del pueblo en democracia directa para intervenir de manera continua en el ejercicio del poder. La Mesa Nº 2, presidida por Virgilio Hernández, entregó un informe, acogido con gran votación y felicitaciones. Ese documento, recogido en las actas 056 y 071, fijó la intención de las normas constitucionales sobre participación ciudadana.
Tal memoria recobra actualidad luego de que la Comisión Especial de la Asamblea entregó velozmente un informe final para primer debate de las “enmiendas” constitucionales, sin haber escuchado la voz adversa de la ciudadanía. Con desprecio al fundamento filosófico político constituyente que luego comentaré. Antes, referiré a Jean Jacques Rousseau, inspirador de la Revolución Francesa y defensor de la democracia directa, quien sostenía que la voluntad del pueblo –base del contrato social– no puede ser desobedecida con un acto de representación. Esa conclusión sigue vigente, pues ningún modelo de democracia representativa es legítimo si elude o desatiende la manifestación de autoridad superior de un referéndum, la voz del pueblo. La posible manipulación y el peligro de que el poder popular se transforme en ilusión es lo que se pretendió evitar en Montecristi.
El informe de la Mesa Nº 2 remarcó el reconocimiento a la legítima participación ciudadana. En el documento se enrostra que desde el retorno democrático se realizaron más de treinta reformas electorales “la mayoría de ellas con dedicatoria”.
Tal memoria recobra actualidad luego de que la Comisión Especial de la Asamblea entregó velozmente un informe final para primer debate de las “enmiendas” constitucionales, sin haber escuchado la voz adversa de la ciudadanía. Con desprecio al fundamento filosófico político constituyente que luego comentaré. Antes, referiré a Jean Jacques Rousseau, inspirador de la Revolución Francesa y defensor de la democracia directa, quien sostenía que la voluntad del pueblo –base del contrato social– no puede ser desobedecida con un acto de representación. Esa conclusión sigue vigente, pues ningún modelo de democracia representativa es legítimo si elude o desatiende la manifestación de autoridad superior de un referéndum, la voz del pueblo. La posible manipulación y el peligro de que el poder popular se transforme en ilusión es lo que se pretendió evitar en Montecristi.
El informe de la Mesa Nº 2 remarcó el reconocimiento a la legítima participación ciudadana. En el documento se enrostra que desde el retorno democrático se realizaron más de treinta reformas electorales “la mayoría de ellas con dedicatoria”.
El propio Hernández sostuvo: “(…) la propuesta (…) está marcada por un elemento fundamental, un elemento conceptual (…) y es, básicamente, esta convicción de que (…) no solo es necesario democratizar las instancias de representación, sino también profundizar la participación ciudadana”. Con esa “firme convicción” expresó: “(…) estamos contribuyendo a un nuevo modelo (…) en el que la participación tiene un papel central, para delinear las decisiones fundamentales (...)”.
Entonces definió a la expresión del poder social como “(…) la capacidad que tenemos los ciudadanos y ciudadanas para poder participar en todos los asuntos de interés público, y eso no puede ser circunscrito a una función del Estado, eso no puede ser subsumido en ninguna función del Estado (…)”. También enfatizó que hombres y mujeres tienen que ejercitar sus derechos para convertir a la democracia “(…) en un espacio en que las decisiones no se tomen únicamente en los cenáculos de la representación, sino que se construyan con participación (…)”.
Hernández debería recordar que en el proyecto no consideraron los planteamientos “(…) que nos ponen nuevamente al miedo como principal argumento; cuidado con abrir la participación ciudadana (…), cuidado con que la iniciativa popular nos va a desbordar; cuidado con que la consulta popular se va a convertir en un instrumento de ingobernabilidad (...). Todos esos argumentos (…) pertenecen al pasado (…)”.
Parece que a la Asamblea retornaron los miedos del pasado.
*Publicado originalmente en el Diario El Universo, el día viernes 5 de diciembre del 2014.
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