viernes, 19 de diciembre de 2014

¿Mínima prisión, máxima desgracia?

Jorge G. Alvear Macías

@jorgalve


Así titula su obra jurídica Miguel Hernández Terán, abogado guayaquileño. Se trata de una crítica a la aplicación en Ecuador del Principio de Mínima Intervención Penal. Aquel principio dicta que el derecho penal no debe proteger todos los bienes jurídicos, sino solo los más preciados.
Hernández acusa que la defectuosa aplicación del principio incide en la indefensión de la víctima de la delincuencia común. Él explica que la pena –sanción que se fija al delincuente y que debe ser proporcional a la acción infractora– es una necesidad social. Aquella debe imponerse, pues es derecho ciudadano obtener la tutela judicial efectiva del Estado.