viernes, 24 de julio de 2015

El software Da Vinci

Jorge G. Alvear Macías



En una entrevista en Ecuavisa, de esta semana, se le preguntó al señor fiscal del Estado si debiera iniciar investigaciones sobre un posible espionaje (político) ejecutado desde la Senain, dada la aparición de gran cantidad de documentos hackeados a la empresa Hacking Team (muchos suponen ilegal interceptación de correos electrónicos de personajes políticos y personas identificadas como opositoras al Gobierno), a lo que don Galo Chiriboga manifestó: “No hay mejor garantía que el funcionamiento del Estado y de los organismos del Estado sujetos a la Constitución, a la ley y al control judicial… en Colombia ha pasado eso (espionaje ilegal a la oposición), en Ecuador no ha pasado y mientras nosotros estemos no pasará”. Esta categórica afirmación debió ser acompañada del ofrecimiento de una investigación, para tranquilizar en algo el raro clima que vive la sociedad ecuatoriana con los actuales y múltiples problemas socioeconómicos y políticos. Es que no es suficiente para descartarla, la inexistencia de un contrato entre la Senain y Hacker Team, pues esta en otros países habría operado con asociadas. En Colombia con la Nice Systems (israelí) y Robotec (colombiana). Además están disponibles gastos reservados para actividades de inteligencia y contrainteligencia, no sujetos a la ley del sistema nacional de contratación pública.
http://www.luisgyg.com
En la misma entrevista, un experto en seguridad informática, refiriéndose a Hacking Team (ha trascendido que incluye al Ecuador entre sus clientes), manifestó que la empresa construye softwares espías para ofrecerlos a organismos de seguridad de los estados, para que dentro del marco legal puedan efectuar espionaje e interceptación de información. Agregó que el problema no es el servicio que ofrece Hacking Team, sino “lo que hacen los gobiernos clientes de esta herramienta”. Mencionó que en Colombia, altos funcionarios del gobierno anterior están presos por manipulaciones e interceptaciones ilegales. Puntualizó el problema: “Los gobiernos a veces suelen no respetar el debido proceso y utilizar estas herramientas sin una debida orden judicial”
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