sábado, 28 de diciembre de 2019

Tal vez en el 2020…

Jorge G. Alvear Macías


Han transcurrido tres años desde diciembre del 2016, cuando Odebrecht aceptó haber repartido más de $700 millones en sobornos en América Latina, incluido Ecuador. Luego, muchos países afectados abrieron investigaciones e iniciaron procesos penales, que en ciertos casos tuvieron efectivos resultados judiciales; con consecuencias dramáticas en lo político (renuncia de un presidente y suicidio de un expresidente); desprestigio de empresarios o se lograron compensaciones dinerarias, tal como ocurrió en el Perú, Colombia y Panamá; pero en otros países como el nuestro, las investigaciones se empantanaron o nunca se instruyeron apropiadamente. 

Para analizar las dispares secuelas de los procesamientos de corrupción en las Américas de casos como el comentado, se juntaron varios expertos en anticorrupción y transparencia del Perú, Guatemala, Brasil y Estados Unidos, invitados por la organización Diálogo Interamericano y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Las principales preguntas abordadas fueron: ¿Por qué algunos enjuiciamientos por corrupción en América Latina lograron resultados innovadores, mientras que otros están menos avanzados? ¿Son los resultados dispares impulsados por la independencia judicial, la disponibilidad de medios legales y procesales, la estrategia de enjuiciamiento, la cooperación entre países u otros factores? 

Tales cuestionamientos no parecen extraños a los ecuatorianos que hemos convivido con la insatisfacción, desde que el presidente Moreno ofreciera una Comisión Internacional de Lucha contra la Impunidad; y que en su momento la entendimos convenientemente integrada, preparada e independiente, con recursos económicos suficientes provistos y organizada por las Naciones Unidas; debidamente blindada del propio Ejecutivo y de la influencia política afín y de la oposición. Esto, porque no esperábamos en su lugar la comisión de cinco especialistas, que se dio el Ejecutivo a sí mismo para aconsejarse y luego de pocos meses abandonarla. Es que si solo consejo deseaba, hubieran sido suficientes las soluciones de los expertos en anticorrupción y transparencia antes indicados, que Roberto de Michele (funcionario del BID) resumió así:

1. Para lograr investigaciones exitosas hay que descubrir el secreto entre las partes del pacto de corrupción, y ello se logró con mecanismos legales como la delación premiada (colaboración eficaz) y la protección del denunciante. También ayuda asignarles responsabilidad penal a las personas jurídicas involucradas.

2. Es sumamente importante la cooperación de las fuerzas del orden de una misma jurisdicción y las del extranjero. En las investigaciones de delitos transnacionales se precisan equipos de trabajo de distintas agencias (especialmente de agencias fiscales, supervisores financieros, unidades de inteligencia, con expertos de otras disciplinas relacionadas). En los sobornos operados internacionalmente se utilizan complejas estructuras corporativas y financieras en distintas jurisdicciones. Por ello, es imprescindible que otros Estados ayuden a rastrear los pagos ilícitos.

3. Para entablar una acusación por delito de soborno son determinantes los investigadores capacitados en estructuras financieras enmarañadas y en flujos ilícitos. Con destrezas especiales para detectarlas, acusarlas en el ámbito penal y probar los hechos. 

4. La mejor investigación, sin un sistema judicial completamente independiente, tendrá poca probabilidad de concluir en una sentencia idónea y sin tufo a impunidad. La independencia judicial fue el ingrediente principal de las exitosas investigaciones de corrupción en Brasil.

Identifique por qué no hemos logrado resultados… veamos en el 2020. Que sea un feliz año para usted. (O)

*Publicado previamente en el diario El Universo, el día viernes 27 de diciembre del 2019.
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sábado, 21 de diciembre de 2019

Comportamiento innoble

Jorge G. Alvear Macías

Esta semana circuló en las redes sociales un video con imágenes y audio infames y denigrantes. Se trataba de la reunión de una veintena de personas en un restaurante que parecía de algún lugar en Argentina, asumo que así era por el acento de quienes coreaban un estribillo que aludía a la señora madre del presidente Lenín Moreno y a este (Lenín Moreno LPQTP… Lenín Moreno LPQTP). Ello ocurría mientras saltaban enfervorizados cual si fueran integrantes de la barra brava del club Boca Juniors o de su tradicional rival el River Plate. En el mismo video aparecía sonreído y complaciente el expresidente de la República Rafael Correa, que observaba con copa de vino en mano, sin manifestar intención alguna de detener el agravio al representante del Estado ecuatoriano y, por ende, a sus ciudadanos. 

Muchos argentinos, tal vez contrariando a otros tantos, insultan de esa manera a sus mandatarios en espacios públicos, tanto en conciertos musicales como en estadios de fútbol. A tal punto que el año pasado varios medios de comunicación de formato digital calificaron como un “hit de verano” a la coplilla coreada por el público en algunos conciertos de bandas o grupos musicales, entre los que se destacó al realizado por el rockero Charlie García, durante el cual entonó la ya popularizada afrenta: “Mauricio Macri la puta que te parió (y que los mismos medios la redujeron a ‘Mauricio Macri LPQTP’)”. ¿Pero qué motivo tienen en Argentina para insultar a un presidente del Ecuador, si es que existiera alguno de suficiente entidad para vejar a su madre, lo más sagrado de una persona? ¡Ninguno!

En ese contexto, sorprende e indigna la innoble actitud del expresidente Rafael Correa, quien con su evidente satisfacción alentaba a esos individuos para denigrar a su sucesor en funciones; precisamente a aquel a quien el movimiento Alianza PAIS candidatizó y apoyó hasta lograr ponerlo en el cargo. Es que no se comprende que el expresidente ecuatoriano haya festejado un agravio que también lo deshonra. En todo caso, tal connivencia no puede ser ignorada y menos olvidada. Nuestros límites culturales y valores ancestrales familiares nos obligan a repudiar tamaña injuria, como rechazamos la expresión grosera y discriminatoria irrogada al presidente por el dirigente indígena Jaime Vargas, nada menos que desde el seno la Casa de la Cultura Ecuatoriana.

Ese nivel de indignidad del expresidente no puede ser asumido ni debiera ser asumido como propio de la sociedad ecuatoriana. Estamos obligados a señalar que el zafio proceder de ese grupo coreador podría dañar seriamente la relación fraterna que hemos tenido en el pasado con los argentinos. Ellos deberían conocer de nuestra cultura de respeto a nuestras madres y que no queremos exponerlas a los agravios que tal vez pudieran ser hábitos de incultos, que resultan extraños en la tierra del tango, la milonga y de ilustres pensadores como Borges, Storni, Cortázar, entre muchos.

El recién posesionado presidente Fernández debería pronunciarse ofreciendo disculpas por el irrespeto a nuestro mandatario. Al fin y al cabo, es lo que él también pudiera esperar si sufriera tamaño agravio.

*Publicado previamente en el diario El Universo, el día viernes 20 de diciembre del 2019.
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viernes, 6 de diciembre de 2019

Autodeterminación indígena

Jorge G. Alvear Macías
@jorgalve                        jorgalve@yahoo.com

En la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas se proclama la libre determinación “interna”, en la forma y con los límites para su ejercicio. En concreto, respetando los derechos humanos, las libertades fundamentales de todos los demás pueblos, la igualdad, la no discriminación, la buena gobernanza y la buena fe.
En virtud de ese derecho, los indígenas pueden escoger libremente su condición política y alcanzar, asimismo en libertad, su desarrollo económico, social y cultural (artículo 3). 
El derecho de libre determinación por supuesto que implica autonomía y autogobierno, pero siempre en cuestiones relacionadas con sus asuntos locales (artículo 4). 
En el ejercicio del derecho a determinar su propia identidad o pertenencia, de acuerdo a sus costumbres y tradiciones, conservan el derecho sin menoscabo a obtener la ciudadanía de los Estados en que viven. También les asiste el derecho para determinar las estructuras y composición de sus instituciones (artículo 33).
Sin embargo, no cabe interpretar esa libre determinación en el sentido de que confiere a un Estado, pueblo, grupo o persona derecho alguno a participar en actividades contrarias a la Carta de las Naciones Unidas. Tampoco autoriza acciones que tengan el propósito de quebrantar o disminuir, total o parcialmente, la integridad territorial o la unidad política de Estados soberanos e independientes (artículo 46). De ahí que carecen de sustento jurídico las recientes afirmaciones de ciertos dirigentes indígenas y asesores, respecto de una desmedida extensión de los conceptos de la plurinacionalidad, autodeterminación, propiedad de los recursos naturales del subsuelo y de la justicia indígena (a tal punto de pretender aplicársela al vicepresidente de la República por su intención de visitar una comunidad). 
El artículo 36 de la citada Declaración también arroja luces sobre la nefasta obscuridad del concepto de nacionalidad ecuatoriana, introducida por la Asamblea Constituyente de Montecristi, cuando estableció en la Constitución (artículo 7) que “… son ecuatorianas y ecuatorianos por nacimiento: 3. Las personas pertenecientes a comunidades, pueblos o nacionalidades reconocidos por el Ecuador con presencia en las zonas de frontera…” (además de las efectivamente nacidas en Ecuador y las nacidas en el extranjero de madre o padre nacidos en Ecuador; y sus descendientes). Esto en el supuesto –que el texto no lo indica– que se trate de comunidades, pueblos o nacionalidades indígenas. 
Es que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas no obliga al Ecuador a reconocerles la nacionalidad “por nacimiento” a aquellos individuos que no han nacido en territorio ecuatoriano ni son descendientes de madre o padre nacidos en el Ecuador. 
La Declaración lo que sí establece es que los indígenas “… en particular los que están divididos por fronteras internacionales, tienen derecho a mantener y desarrollar los contactos, las relaciones y la cooperación, incluidas las actividades de carácter espiritual, cultural, político, económico y social, con sus propios miembros, así́ como con otros pueblos, a través de las fronteras...”. 
Por lo expresado urge reformar el artículo 7, numeral 3 de la Constitución y así prever que no se confiera más la nacionalidad “por nacimiento” a quienes carecen de ese derecho.
*Publicado previamente en el diario El Universo el día viernes 6 de Diciembre del 2019.
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sábado, 30 de noviembre de 2019

Más caos

Caos es más libertad; de hecho, libertad total. Pero no tiene sentido.
Jorge G. Alvear Macías


 
El editorial ‘Respetar el ordenamiento’, publicado ayer en EL UNIVERSO, hizo notar lo ocurrido el pasado domingo, cuando indígenas de una comunidad de Cotopaxi llegaron al cantón Ventanas (provincia de Los Ríos) y a la fuerza se llevaron a una mujer y su padre para aplicarles la justicia indígena por una presunta deuda con un miembro de esa comunidad. Espeluznante descripción en un supuesto contexto de un Estado de derechos que permite a la población indígena resolver sus conflictos o reprimir delitos cometidos por sus miembros en sus territorios, en tanto ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos. 

Lo anterior me recordó lo expresado sobre las movilizaciones de octubre pasado por la señora Nina Pacari Vega, quien fuera asambleísta constituyente, diputada, canciller y vocal del Tribunal Constitucional, en el programa ‘Políticamente correcto’, de Ecuavisa. Dijo: “Los pueblos indígenas cuando estamos en una fiesta o en una movilización hacemos uso del lugar y es territorio también indígena”. Entonces no se me cruzó por la mente que aquello implicaba aplicar la justicia indígena en cualquier lugar del territorio del Ecuador. A pesar de que, en ese mismo programa, también manifestó: “...Es territorio indígena el ágora de la Casa de la Cultura y sus alrededores, el tiempo que (el indígena) ha estado utilizado, habrá que hacer un debate del Estado plurinacional y en Estado de derecho es pluralismo jurídico…”. Sostuvo que lo permite el Convenio 169 de la OIT. 

Lo cierto es que en el texto del Convenio 169 de la OIT no encontré la posibilidad de llegar a las conclusiones de la señora Pacari Vega. Es más, su artículo 46 advierte: “…Nada de lo señalado en la presente Declaración se interpretará en el sentido de que confiere a un (…) pueblo, grupo o persona derecho alguno a participar en una actividad o realizar un acto contrario a la Carta de las Naciones Unidas, ni se entenderá en el sentido de que autoriza o fomenta acción alguna encaminada a quebrantar o menoscabar, total o parcialmente, la integridad territorial o la unidad política de Estados soberanos e independientes.”

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas –aprobada en septiembre 2007– afirma que los pueblos indígenas son iguales a los demás pueblos (claro, los pueblos mestizos también) y a todos se les reconoce el derecho a considerarse a sí mismos diferentes y a serlo, y a ser respetados como tales. En consecuencia, ningún pueblo es o puede considerarse superior a otro, y la práctica de llegar y apropiarse de la territorialidad de acuerdo con la manifestación de la exvocal del TC más bien podría ser tomada como un desvío de los derechos.
El citado instrumento señala que todas las doctrinas, políticas y prácticas basadas en la superioridad de determinados pueblos o personas o que la propugnan aduciendo razones de origen nacional o diferencias raciales, religiosas, étnicas o culturales, son racistas, científicamente falsas, jurídicamente inválidas, moralmente condenables y socialmente injustas.

Es cierto que la indicada declaración estipula que los pueblos indígenas tienen derecho a determinar su propia identidad o pertenencia conforme a sus costumbres y tradiciones, pero nunca irrespetando el Estado de derecho. (O)

*Publicado previamente en el Diario El Universo, el día viernes 29 de noviembre del 2019.
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viernes, 22 de noviembre de 2019

¿Hacia dónde vamos?

    Jorge G. Alvear Macías
       @jorgalve    jorgalve@yahoo.com
Una pregunta en el contexto de la grave crisis económica, la débil institucionalidad, la cooptación del Estado por la delincuencia organizada internacional, la fuerza intacta del populismo y la incierta identidad nacional (dadas las declaraciones de ciertos líderes indígenas, que nos asumirían a los mestizos como extranjeros con permiso de trabajo).
En junio del 2018, el comentarista John Cajas Guijarro (Nueva Sociedad) expresó su preocupación por el estado de la economía, concretamente porque observaba la crisis (que distaba de lo que es hoy) como resultado de una combinación de la inacción política y la posibilidad de tomarse medidas neoliberales. Afirmaba que la deuda externa crecería y que la dolarización se sostendrá artificialmente, predicción que coincide con la de entendidos. 
Lo que más me llamó la atención es que Cajas Guijarro entendía necesario para enfrentar el complejo futuro –que ahora es nuestro presente– que las izquierdas y los movimientos sociales “tienen la urgente responsabilidad de reinventarse”. Una frase que entonces decía poco para mí y que ahora podría explicar mucho de los violentos sucesos durante los once días del mes de octubre en Quito, en gran parte del país y –tal vez– de los que podrían venir si acaso dicha “reinvención” no se replantea.
Unos meses después de la publicación de Cajas Guijarro (octubre 28) se produjeron las declaraciones de Ricardo Patiño, en Latacunga. Cuando hizo el llamado a la “resistencia combativa” contra el gobierno de Moreno. Fue cuando convocó a desconocer la institucionalidad, que sus conmilitones diseñaron en Montecristi, con una Carta que las minorías no aprobamos; pero, por creer en el Estado de derecho la obedecemos. Entonces Patiño anticipó:
“Vamos a hacer actividades que están reprimidas, vamos a prepararnos para esa represión, no vamos a dar papaya tampoco”. 
“Tenemos que tomarnos las instituciones públicas, tenemos que cerrar los caminos... Y no tenemos miedo. ¡Que nos cojan presos, carajo!”. (¿La toma de la Contraloría?).
“Ahora, a combatir en las calles”.
- Pidió acudir a la Asociación de Bancos Privados con carteles que digan: “Devuelvan la plata, carajo” (¿Y la plata del arroz verde y las refinerías?).
- “Vamos a hacer en las carreteras las acciones que sean necesarias, y cerraremos las carreteras y quemaremos las llantas que sean necesarias para demostrar que la lucha del pueblo está encendida. En el gobierno de la revolución ciudadana nosotros decíamos que eso no se debía hacer. Y es cierto que no se debe hacer cuando el gobierno atiende al pueblo”.
- Debemos “realizar acciones” para “exigir que Jorge Glas salga, al menos, a la Cárcel Cuatro”, en Quito. 
- “Y ahora no vamos a ser tan suavecitos como hemos estado hasta ahora”.
“Vamos a organizarnos en cada provincia, con acciones com-ba-ti-vas. Y no bonitas y pasivas. No. Ya no. El país tendrá que conocer que esta organización existe”.
Casi un año después, ocurren las incendiarias y planificadas movilizaciones de transportistas e indígenas, con actos vandálicos, saqueos, interrupciones de carreteras y calles, especialmente en Quito pero replicadas en otras ciudades. Los líderes de la Conaie con sus declaraciones previas, durante y después de los levantamientos de su sector, ciertamente confluyen con las arengas de Patiño.
* Publicado previamente en el diario El Universo el día viernes 22 de noviembre del 2019.
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viernes, 8 de noviembre de 2019

Movilizaciones en Bolivia

 Jorge G. Alvear Macías
Son preocupantes las generalizadas protestas en Bolivia, por los estallidos de violencia en algunas regiones y las lamentables pérdidas de vidas y heridos. Convenimos con quienes sostienen como razón de peso a las sospechas de fraude en las elecciones, en las que Evo Morales pretendió su cuarta reelección presidencial. Esto, porque cuando las tendencias anticipaban una segunda vuelta electoral, de pronto una detención del conteo rápido por casi 24 horas negó esa posibilidad. Un evento anormal ya visto en estos lares.
En la convulsionada nación se enfrentan quienes defienden la supuesta victoria de Evo Morales con los que ahora exigen su renuncia. 
El organismo ciudadano, denominado Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), efectuó un informe con pruebas para sustentar las acusaciones del fraude, documento destinado a la Organización de Estados Americanos (OEA), que actualmente tiene a un equipo de especialistas auditando el proceso electoral. El Conade, entre otras irregularidades, detectó: sumas equivocadas en las actas; volteo de datos; actas en las que el partido de Evo obtiene más votación que votantes inscritos; fotografías de actas completadas y firmadas cinco días antes del proceso electoral. El informe también señala que hubo cédulas de identidad duplicadas y traspaso de la votación del presidente a diputados y senadores. 
Para el politólogo boliviano Luis Alberto Amurrio (blog fisurasite.com), contactado por este columnista, otras causas están presentes en las protestas: La candidatura de Evo Morales se dio ilegítimamente, por ser contraria a la Constitución que solo permite una reelección; y, además, porque un referéndum negó la reelección indefinida. 
Amurrio, como muchos bolivianos, sospecha de la OEA. Es que no obstante haberse pronunciado sobre las irregularidades y sugerido una segunda vuelta, el organismo convocó a realizar una auditoría vinculante para todas las partes; sin embargo, esto lo acordó únicamente con el Gobierno, sin incluir a los demás sectores. Adicionalmente, su secretario general (Almagro) había respaldado la ilegítima candidatura de Morales, aunque en mayo de este año expresara que “la reelección no es un derecho humano”. 
Encontramos relevante, en la opinión de Amurrio, su apreciación de que en las movilizaciones participan mayoritariamente jóvenes que reaccionaron rápidamente ante el fraude electoral; y, que solo buscan garantizar la democracia, sin dependencia política. También resulta importante la presencia de Luis Fernando Camacho, líder de un comité cívico de la ciudad de Santa Cruz, que decidió promover la renuncia de Morales, inicialmente sin mucha relevancia y luego convertido en principal hecho mediático, que encendió los conflictos y dio a Camacho plataforma para reunirse con los líderes opositores que respaldan su propuesta. 
Hay que asumir la preocupación de Evo Morales desde que pidió a sus leales cercar ciudades y confrontar las movilizaciones contra su régimen. Morales sigue apelando a la lucha de clases; a oponerse a la derecha, al imperio, al golpe de Estado y otras argucias. Así encubre el objetivo de desmovilizar, dividir y atemorizar a los manifestantes.
Con Amurrio estimamos que la conflictividad aumentará. Evo no tiene intenciones de renunciar o convocar nuevas elecciones, pues enfrenta posibilidades de perderlas, además hay varios casos de corrupción que saldrán a flote. Los militares pueden ser un factor determinante, pero no han definido su postura. (O)
*Publicado previamente en el Diario El Universo el día viernes 8 de noviembre del 2019
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viernes, 1 de noviembre de 2019

Prohibición constitucional

     Jorge G. Alvear Macías
   @jorgalve           jorgalve@yahoo.com
La Constitución de Montecristi prohibió y aún prohíbe la tramitación de leyes que no se refieren a una sola materia (arts. 136 y 140). Los proyectos de leyes de urgencia económica también están sujetos a la misma prohibición. 
En la Asamblea Nacional conocen de ese impedimento, sin embargo, mientras escribo esta nota empezaron a debatir la ampulosamente denominada “Ley Orgánica para la Transparencia Fiscal, Optimización del Gasto Tributario, Fomento a la Creación de Empleo, Afianzamiento de los Sistemas Monetario y Financiero y Manejo Responsable de las Finanzas Públicas”, que con los textos de 404 artículos, 8 disposiciones generales, 25 transitorias, 4 derogatorias y una final pretende reformar 22 cuerpos legales. 
Entre tales cuerpos legales se incluye a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), concretamente tres artículos de ella, que ninguna relación guardan con el objetivo identificado en el nombre del proyecto de ley, cuya extensión y cobertura nos recuerda a las leyes troles aprobadas durante el correato, a pesar de la prohibición constitucional. 
El Consejo de Administración Legislativa (CAL) –contrariando la Ley Orgánica de la Función Legislativa– calificó indebidamente dicho proyecto económico urgente presentado por el Gobierno; y, luego, la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea decidió dar paso de manera integral al proyecto. Es que la mencionada ley orgánica (art. 56) advierte que para calificar los proyectos de ley, el CAL debe verificar que se refieran a una sola materia y si no cumplen con tal requisito, no debe calificarlos. 
A estas alturas, es de esperar que para el segundo debate, la Comisión especializada analizará́ y recogerá las observaciones de los asambleístas al proyecto de ley, efectuadas en el primer debate del pleno; y sobre todo, elimine aquellos textos de la propuesta del proyecto que generan suspicacias y desconfianzas innecesarias; como por ejemplo, las pretendidas reformas a la LOES, sobre asuntos que el propio Ejecutivo ya rectificó con las últimas reformas aprobadas en julio del 2018, cuando la Asamblea se allanó al veto presidencial. Así se eliminó una de las varias normas que aún desalientan la creación y mantenimiento de universidades privadas. 
En esta ocasión, llamamos la atención concretamente sobre la direccionada intención de impedir que nuevas universidades privadas se establezcan con el apoyo de universidades extranjeras como promotoras o en colaboración con aquellas. 
En efecto, se pretende reformar el art. 133 de la LOES, para que las nuevas universidades –que no nacen acreditadas– queden impedidas de realizar programas conjuntos con universidades extranjeras de excelencia. Pues a partir de la vigencia de la buscada reforma (¿quién será el autor?) estarán únicamente autorizados a efectuar dichos programas aquellos centros educativos que hayan logrado la acreditación. La nueva universidad, aunque tuviera de promotoras a las universidades de Yale o Harvard, no podrá realizar maestrías con esos prestigiosos centros de estudios hasta que transcurran tres, cuatro o cinco años desde su establecimiento, tiempo que tomaría su acreditación. Es decir, un requisito, además de absurdo, que vulneraría el derecho a la libertad de contratación y repugna por discriminatorio. 
Otra cosa: ¿cuál es la identidad de esta pretendida reforma a la LOES, con la materia económica del proyecto, para justificar su tratamiento urgente? (O)
*Publicado previamente en el diario El Universo el día viernes 1 de noviembre del 2019
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viernes, 25 de octubre de 2019

Protesta en Chile

Foto tomada del Diario El Comercio de Perú
Jorge G. Alvear Macías
La región está atenta a lo acontecido en Chile, país que ha proyectado internacionalmente una imagen de gran orden institucional y éxito en su desarrollo económico. 
Múltiples son los requerimientos de explicaciones frente a las inusitadas y violentas protestas que causaron cuantiosos daños a bienes públicos y privados, en el “oasis” de Latinoamérica (calificación del presidente Piñera). 
Al momento hay 18 fallecidos. Los saqueos con enmascarados e incendios continúan a pesar del estado de emergencia. Son 2410 los arrestados durante los disturbios en distintas ciudades chilenas. 
Algunas agencias noticiosas resumen que el caos si bien empezó por el aumento de 4 centavos en el precio del pasaje del metro en Santiago –ya revocado–, solo fue el detonante del estallido social por la desigualdad económica, las bajas pensiones, el deficiente servicio sanitario público y el restringido acceso a la educación. Las protestas carecerían de verdaderos líderes, abarcando elementos de la burguesía y anarquistas vestidos de negro, organizados en las redes sociales. 
Para Robert Funk (profesor de política, Universidad de Chile), “las señales estaban allí todo el tiempo, pero nadie sabía cómo leerlas correctamente… En la comunidad académica hemos estado diciendo durante años que algo va a suceder. No es solo desigualdad. También es lo que los chilenos llaman abuso” (El Mercurio).
Un amigo, académico y empresario chileno me dio su análisis de los hechos: 
Uno.- Hubo intervención planificada de la extrema izquierda y anarquistas locales, con apoyo internacional para desestabilizar a un gobierno de centro-derecha, pues no aceptan la pérdida de las elecciones hace casi dos años por una mayoría abrumadora. Ellos planificaron incendios simultáneos del metro y supermercados, para colapsar el abastecimiento y el transporte. 
Dos.- Participaron grupos de saqueadores cuyo único interés es robar. Esto ya ha ocurrido luego de catástrofes naturales. 
Tres.- La participación de jóvenes de clase media insatisfechos en sus ilimitadas ambiciones de bienestar y utopías inalcanzables. No tienen ideología ni programa alguno. Suponen que sus individuales creencias subjetivas son verdades absolutas y que la mayoría silenciosa debe aceptar. Reclaman derechos, sin comprometerse con deberes. 
Cuatro.- También participan personas (muchos sin violencia) afectadas por el alto costo de la vida, con bajos sueldos o jubilaciones insuficientes. Esta situación es causada por pocos pero grandes grupos económicos codiciosos e insensibles con las penurias de personas necesitadas, y de un país que ha crecido de manera significativa pero con una distribución de la riqueza que mejora muy lentamente. La culpa también es del sistema político algo corrupto, con privilegios exagerados, ineficiente, en parte incapaz y que favorece su situación personal o partidista por sobre el interés ciudadano. 
Este último segmento se manifiesta débilmente. Se trata de adultos mayores, jubilados o trabajadores activos, que son los verdaderos postergados y perdedores de siempre, a diferencia de los tres grupos anteriores (políticos, ladrones y jóvenes irresponsables). Para mi amigo, todos los grupos de alguna manera potencian las protestas y se confunden entre ellas. 
A pesar de la gravedad de la situación, este columnista destaca que la identidad nacional chilena está incólume y por ello finalmente encontrarán una solución. ¿Podremos acá? (O)
*Publicado previamente en el Diario El Universo, el día viernes 25 de octubre del 2019.
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miércoles, 16 de octubre de 2019

Señor presidente: ¡El TIAR!

Jorge G. Alvear Macías

El coronel Cristian Rueda Ramos, uno de los policías
retenidos por líderes indígenas en Quito, antes de ser liberado.
@jorgalve     jorgalve@yahoo.com

Usted debe ser coherente con las acusaciones al dictador Nicolás Maduro y al expresidente Rafael Correa de ser responsables de las violentas manifestaciones de los últimos días que han mantenido en zozobra al país. Existen muchos indicios que coinciden con su afirmación de que “en Caracas se marcaron las pautas de cómo convulsionar” al Ecuador. El gobierno debe tener las pruebas que vinculan al dictador Maduro con la participación de extranjeros infiltrados en las protestas y en los desmanes destructivos de bienes públicos y privados, así como con los saqueos generalizados en muchas ciudades. De hecho, el señor vicepresidente de la República afirmó en rueda de prensa que los extranjeros estaban identificados, algunos apresados y que serían deportados. 
Por tanto, su equipo asesor y de la Cancillería podrían confirmar que existen justificativos suficientes para invocar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y solicitar la reunión inmediata del órgano de consulta previsto en el indicado tratado (art. 6). Es que la soberanía e independencia política de este país fueron afectadas por una forma de agresión de la Venezuela dominada por Maduro, poniendo en grave peligro la paz del Ecuador y en riesgo la de América Latina. El indicado Órgano de Consulta es el llamado a acordar las medidas que se precisen para nuestra defensa y mantenimiento de la paz y la seguridad del continente. Recuerde, señor presidente, que los eventos que vivimos esta semana y la pasada fueron advertidos de alguna manera en septiembre por doce países de la OEA, cuando apoyaron la activación del mencionado TIAR bajo la consideración de que “…la crisis en Venezuela tiene un impacto desestabilizador, representando una clara amenaza a la paz y a la seguridad en el hemisferio”. 
También se requieren más acciones en respuesta al sector de la ciudadanía que ha sido comprensiva con la eliminación del subsidio al diésel y la gasolina, subsidio que por más de 40 años benefició principalmente al segmento de la población que podía pagar el costo real; y al mismo tiempo enriqueció a poderosas mafias contrabandistas que los vendían en Colombia, Perú y en altamar. 
Tal vez no son suficientes las medidas compensatorias, a pesar de las importantes rebajas arancelarias a algunos bienes de producción y vehículos, ni la eliminación de impuestos a la importación de tecnología e insumos; ni el aumento en $ 15,00 y ampliación de la cobertura a 1’300.000 personas del Bono de Desarrollo Humano. Probablemente en un tiempo razonable se apreciará la dimensión de sus efectos, pero aun así urgen otras medidas, para crear más empleo, mejorar la salubridad y la seguridad ciudadana. Respecto a esta última, permítame expresarle que angustia la falencia del deber estatal de proteger la vida de los ciudadanos y sus bienes; lo evidencian los recientes saqueos de pequeños negocios y hogares de gente honesta y esforzada, a la que ni siquiera los vecinos pudieron ayudar. El desborde delincuencial debe ser enfrentado con medidas extraordinarias y disuasivas, aunque sea por corto lapso. Señor presidente, permítales la tenencia de armas a quienes quieran defender su hogar y negocios, como en el Uruguay de Mujica (y con los mismos requisitos legales). (O)
*Publicado previamente en el Diario El Universo el día viernes 11 de octubre del 2019.
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viernes, 27 de septiembre de 2019

Terrorismo de Estado: signos

Jorge G. Alvear Macías
Sí, los signos de un gobierno, ubicados en el libro de Emilio Palacio, que recomiendo leer: La masacre exquisita de Rafael Correa. 
El terrorismo de Estado conlleva variadas prácticas ilegítimas e ilegales, violatorias de derechos civiles y humanos, para generar terror, miedo y busca someter a la población civil. En la instrumentación, las autoridades invocan razones de seguridad del Estado y mantenimiento de la paz y seguridad ciudadana, empleando recursos estatales (económicos, sociales, policiales, militares) para espiar y acumular información personal del ámbito privado y ejercer violencia sobre su población. 
Para Julia Máxima Uriarte , las acciones incluyen amenazas, represalias, hostigamiento con fuerzas de orden público, pero también el encarcelamiento, la desaparición forzosa o la tortura. “…El objetivo es imponer un orden o una ideología específica en la población, obligándola a la obediencia absoluta”. También pueden intervenir grupos extraoficiales del partido de gobierno o una facción del mismo. Ocurre además cuando las fuerzas de seguridad del Estado y el sistema judicial se utilizan inobservando el ordenamiento legal en la persecución. 
La autora recuerda que el terrorismo de Estado nació como idea política, durante el período de inestabilidad posterior a la Revolución francesa. Entonces el Gobierno, con ayuda de los revolucionarios más sangrientos y con recursos del Estado francés, impusieron el orden mediante la fuerza, persecución, asesinatos selectivos y el miedo. 
La humanidad lo ha visto replicado hasta nuestros días en muchos países, incluido Ecuador. 
En el libro de Palacio se resumen los esfuerzos visibles del Gobierno para perseguir a Galo Lara, un exasambleísta opositor. Desde involucrarlo en un crimen, hasta apresarlo fuera del país donde ya contaba con asilo territorial (previamente lograron revocarlo), utilizando el aparato estatal y más de 7 millones de dólares en operaciones secretas de seguimientos y posibles sobornos. Reproduzco unos pasajes del libro para ilustrar lo indicado: 
“Apenas Correa se enteró de que Lara había escapado, le ordenó a su canciller ‘Tachuela’ Patiño que lo regrese de inmediato, como sea. En menos de 24 horas el canciller armó una comisión de catorce funcionarios, encabezada por el fiscal Galo Chiriboga y a la que se sumó el ministro del Interior José Serrano, la ministra de Justicia Lady Zúñiga, el vicecanciller Marcos Albuja y otros funcionarios de la Cancillería y el Ministerio del Interior, además de oficiales del ejército y la policía, periodistas (todos de medios estatales…) …que volaron en los dos aviones presidenciales que compró Correa durante su mandato... Más tarde el jefe de la oficina de migraciones de la Cancillería de Panamá le preguntó a Lara: ‘¿Qué le hizo usted a Correa? Porque nunca habíamos visto tantos funcionarios estatales que llegan, sin avisar, para capturar a un supuesto delincuente’”. 
Luego de que el gobierno de Martinelli revocó el asilo de Lara, “…El excanciller panameño Fernando Núñez… cree que hubo además dinero de por medio. Según sus cuentas, Ecuador habría gastado más de dos millones de dólares para conseguir la repatriación de Lara en hospedaje, alimentación, avisos pagados en la prensa panameña… a lo que se agregaron cinco millones de dólares para Martinelli y un millón para Álvarez de Soto (canciller de la época)…”. 
¿Fue o no terrorismo de Estado? (O)
*Publicado previamente en el Diario El Universo el día viernes 27 de septiembre del 2019.
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lunes, 23 de septiembre de 2019

¿Cuidado con el perro?

Tomado de Diario El Universo         
   Jorge G. Alvear Macías
@jorgalve              jorgalve@yahoo.com
Un Estado incapaz de garantizar seguridad ciudadana está obligado a permitirnos defender de los delincuentes que matan por un celular. No sirve de freno a los atracadores del hogar un letrero que diga: “¡Cuidado con el perro!”. Antes del gobierno de Rafael Correa se permitía el porte de armas registradas; un gobernante que sin duda construyó un Estado policial para el control total, similar al cubano y al venezolano. Evidencia lo último la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, que concentró nuestros datos privados sin nuestra autorización. 
Las autoridades se niegan a reconocer la incapacidad antes indicada. Ni aceptan que las armas registradas no se utilizan en asaltos. Deberían observar, para enmendar, la experiencia de Uruguay. Allá, uno de cada seis ciudadanos está armado, una de las cifras más altas del mundo (5to. puesto), no obstante es el país más seguro y menos violento de Latinoamérica. 
Magdalena Martínez, periodista uruguaya, en su artículo “Armados pero pacíficos” informó (2014) que hay 580.000 armas registradas en su país (3’280.000 habitantes). La ley uruguaya de tenencia de armas impone estrictos controles (entre otros: examen psicológico, entrenamiento previo y acreditación de pasado judicial). El perfil del solicitante generalmente es el padre de familia, “para poder defender su hogar en caso de agresión externa”. El concepto de legítima defensa es especialmente protector del hogar, considerado “prácticamente inviolable”, y los jueces lo hacen predominar si un ladrón es abatido dentro de un domicilio. Uruguay tiene el mejor registro de armas de Latinoamérica y prima la idea de que es mejor desarmar a los delincuentes y no a los ciudadanos honestos. 
En EE. UU., otra periodista, Vanessa Vallejo (“El libre porte de armas es la solución a la violencia, no el problema”, artículo del PanAm Post, 2016) pregunta: ¿Si usted viviera en un lugar muy peligroso y tuviera que poner un letrero en la entrada de su casa, cuál escogería: “Lugar libre de armas” o “individuos fuertemente armados”? Recuerda que el tiroteo en un bar gay en Orlando (Florida) tenía el primer aviso y que “todas las masacres que han ocurrido en la historia de Estados Unidos han sido perpetradas en lugares ‘gun free’. Cuando criminales han intentado atacar en sitios donde la población está dotada de armas, no han tenido éxito”. Vallejo también llama la atención sobre la ciudad de Kennesaw (Georgia) que antes de 1982 tenía niveles elevadísimos de violencia, fue cuando “las autoridades decidieron establecer una ley que se mantiene vigente… todos los hogares deben tener un arma… (y) contrario a lo que muchos progresistas creerían, fue una dramática caída de la tasa de crímenes, que en la actualidad continúa siendo una de las más bajas de todo el país”. 
El politólogo Diego Sanjurjo, investigador de políticas latinoamericanas sobre armas, valora la normativa del uso de armas de su país así: “…la ley uruguaya es muy positiva, pues combate el uso ilegal de las armas de fuego y respeta el uso legítimo de estas”. Afirma que quienes generalmente estudian e implementan políticas de control de armas “…asumen que las políticas más restrictivas son mejores, y eso es falso, en ninguna parte del mundo se ha probado eso”. 
En Ecuador, ¿cuidado con el perro? (O)
*Previamente publicado en el diario El Universo el día viernes 20 de septiembre del 2019.
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martes, 17 de septiembre de 2019

Una amiga rotaria…

Jorge G. Alvear Macías

me comentó su indignación a la vista del reportaje de EL UNIVERSO, de esta semana, en el que informó que 19 empresas mencionadas como financistas de Alianza PAIS dentro de la investigación de la Fiscalía –en el caso Sobornos– recibieron $ 6.115 millones en contratos para obras públicas durante el régimen de Rafael Correa Delgado (más de $ 320 millones por contratista): “…Cada vez que escucho de los millones de dólares que se han llevado en coimas los funcionarios corruptos, me enfurezco porque hay comunidades paupérrimas en nuestro país, con necesidades tan básicas como beber agua potable y que a veces únicamente dependen de un maloliente pozo para extraer agua no apta para el consumo humano. Esto, a pesar de que una planta potabilizadora, según la capacidad de producción, solo tiene un costo que fluctúa entre los $ 5.000 y $ 10.000”.
Ella asegura conocer lo anterior porque el Club Rotario Guayaquil al que pertenece ha realizado obras sociales en caseríos y pequeños poblados del Litoral, que han mejorado la calidad de vida de tales compatriotas y les ha permitido permanecer en el lugar de sus ancestros sin la presión de emigrar a las ciudades. Mi amiga complementó el comentario así: “Es impactante la emoción de estas personas cuando alguien les lleva ayuda porque se sienten abandonadas del Estado; y, en realidad, viven en un submundo…”.
La tragedia de tales compatriotas –sin duda ubicados entre los menos favorecidos de nuestra sociedad– me trajo a la memoria algunos vaticinios de Kofi Annan, exsecretario general de las Naciones Unidas, que están incluidos en el prefacio de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (2004), los que sin duda se cumplen como consecuencia de la gran corrupción que ha devorado los recursos públicos que necesita el Estado ecuatoriano para atender ese segmento de la población.
A manera de sentencia, Koofi Annan reflexionó que la corrupción y la impunidad tienen consecuencias corrosivas para la sociedad, que el lector sí puede constatarlas todas durante el gobierno de Rafael Correa: 1.- Socava la democracia y el Estado de derecho (se cooptaron el sistema electoral y la justicia, para ponerlos al servicio del régimen); 2.- Da pie a violaciones de derechos humanos (persecuciones a la prensa y actores sociales); 3.- Distorsiona los mercados (ocurrió con las operaciones de especulación de la deuda soberana, descubiertas por los pativideos y, con la corta creación de bienestar poblacional gracias al dispendio); 4.- El menoscabo de la calidad de vida (que lacera a los ecuatorianos carentes de agua potable y apropiada atención de salud); y, 5.- Permite el florecimiento de la delincuencia organizada, narcotráfico y la guerrilla, entre otras amenazas para la seguridad humana (recordemos las narcoavionetas y el asesinato de los periodistas de diario El Comercio - caso Wacho).
La corrupción finalmente afecta más a los pobres porque desvía los fondos a los bolsillos de los corruptos, cuando deberían servir para atender sus necesidades elementales. Además, por generar incapacidad gubernamental para suministrar los servicios básicos de los desposeídos, también alimenta desigualdad e injusticia. Pero por sobre todo, se desalientan la inversión y las ayudas extranjeras. Obviamente, mi amiga rotaria y muchos otros ecuatorianos seguiremos experimentando frustración.
*Publicado previamente en el diario El Universo el día viernes 13 de septiembre del 2019
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viernes, 6 de septiembre de 2019

¿Todos ‘manoseaos’?

                                                Jorge G. Alvear Macías

EL UNIVERSO del miércoles pasado resume en su editorial el excelente funcionamiento de la Comisión Internacional contra la impunidad de Guatemala (Cicig), que terminó sus operaciones con amplio respaldo ciudadano (72%).
A diferencia del presidente Moreno, quien ofreciera replicar el modelo Cicig en Ecuador (y luego se arrepintió, tal vez presionado por aliados de ayer y hoy), el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sí está cumpliendo su promesa de hacerlo. El vocero de Naciones Unidas, Stephane Dujarric, confirmó anteayer la recepción de una carta solicitando lo anterior.
Con la proyectada Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (Cicies) se busca que un grupo de investigadores internacionales persiga corruptos, junto a la Fiscalía. No es solo capacitar fiscales. Se desea lograr la efectividad que tuvo la Cicig.
Fue tal el grado de efectividad que el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, no renovó el convenio con la ONU, como evidente reacción cuando la Cicig, junto a Fiscalía, lo investigó por financiamiento electoral ilícito. Antes los habían procesado a su hermano y a su propio hijo (confeso) por fraude y peculado. Luego del anuncio de la expulsión de la Cicig fueron liberados.
La creación de una comisión internacional para luchar contra la corrupción asusta a cierto sector empresarial que negocia con el Estado. Por ello rechazan que expertos extranjeros investiguen a los salvadoreños corruptos. Se escudan en conocidos y repetidos discursos (proferidos también en Ecuador): “no es conveniente crear instancias ajenas a las instituciones del país”, “¿acaso no somos capaces para hacerlo nosotros?”; o, “es mejor fortalecer la institucionalidad de la Fiscalía y de la Función Judicial”. No obstante que allá como acá, en la práctica, tal “lucha” no ha dado resultados. Los fiscales no logran vincular a figuras visibles en la gran corrupción (acá tampoco), o pierden casos importantes. Se dice que un ejemplo es el del expresidente Antonio Saca; los fiscales tuvieron que negociar con Saca para que se declare culpable ante un juez, a cambio de penas mínimas. A pesar de ello la Asociación Nacional de Empresarios Privados se resiste a que investigadores extranjeros cooperen contra la corrupción (revista Factum).
La misma aversión surgió en Guatemala. Es que la Cicig y la Fiscalía guatemalteca acusaron y demostraron impecablemente el delito de fraude –que implicó a empresarios– en un proyecto de saneamiento del lago Amatitlán (por $ 2,96 millones), por el que la exvicepresidenta Roxana Baldetti fue condenada a purgar quince años y seis meses de cárcel, entre otros casos.
Pareciera que en El Salvador, el empresariado se alertó cuando la Cicig empezó a destapar casos de corrupción donde aparecieron empresarios, durante los gobiernos de Otto Pérez Molina y del actual presidente Morales. Para entonces Morales ya había acusado a la Cicig de violar la Constitución, excederse en su mandato, manipular la justicia, atentar contra la presunción de inocencia y el debido proceso.
Lo real es que la eficacia de la Cicig se debió principalmente a investigadores internacionales que actuaron independientes del Ejecutivo en lo operativo y financiero. Esto atemoriza a ciertas élites en El Salvador. En Ecuador también.
¿En el mismo lodo todos “manoseaos”, como reza el tango Cambalache? (O)
*Publicado previamente en el diario El Universo el día viernes 6 de septiembre del 2019.
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sábado, 31 de agosto de 2019

¡Ya toca cambiar!

  Jorge G. Alvear Macías

Con el reciente dictamen 4-19-RC/19 de la Corte Constitucional se viabilizó la reforma constitucional para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como el rediseño de la Función Legislativa para retornar a la bicameralidad; y, la reubicación de la Fiscalía General del Estado fuera de la Función Judicial. Aun cuando dicha Corte no autorizó el procedimiento de reforma, para elevar la edad mínima de los postulantes a representantes y requisitos de títulos y experiencia para los senadores, lo cual podría no satisfacer a un amplio espectro de la opinión pública; lo cierto es que se observa en el voto de mayoría –como en el de minoría de carácter concurrente– que hubo gran estudio, debate y mucha argumentación. Especialmente sobre los requisitos de títulos y experiencia atinentes a senadores.
Nuestro país tuvo un parlamento –durante muchos años conocido como Congreso Nacional– que estaba organizado con dos cámaras: de senadores y representantes. Actualmente es modalidad extendida en la mayoría de los parlamentos del mundo, donde ambas cámaras se controlan entre sí en la labor legislativa y actúan con funciones separadas para elegir altos funcionarios del Estado y fiscalizar, respectivamente. En América la tienen Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana, Haití, México, Paraguay y Uruguay. En Sudamérica, solamente Ecuador, Perú (que debate el retorno a la bicameralidad) y Venezuela constituyen la diferencia en el mapa. 
En Ecuador se estableció el Parlamento bicameral en la Constitución de 1835 (Ambato). Con una Cámara de 15 senadores, a razón de 5 por cada uno de los antiguos departamentos de Quito, Guayas y Azuay; y, una Cámara de 24 representantes, distribuidos en 8 para los territorios de las “…provincias de Quito, Chimborazo e Imbabura; ocho al de Guayaquil y Manabí, y ocho al de Cuenca y Loja…”. Se requería entonces 35 años de edad para ser senador y 30 para representante. 
La siguiente Constitución (1843) también organizó el Congreso con 2 cámaras, aunque se redujo la edad mínima de los miembros. La de 1845 mantuvo la configuración bicameral. Fue la de 1850 la que introdujo la unicameralidad en la Asamblea Nacional. Sin embargo, esta modificación duró poco, como poco duró esa Constitución, pues la de 1852 aprobada en Guayaquil retomó el nombre de Congreso para el Poder Legislativo y restableció la bicameralidad: con 18 senadores (30 años de edad mínimo) y 30 representantes (mínimo 25 años de edad). 
El Congreso bicameral se mantuvo en las constituciones de 1861, 1869, 1878, 1883, 1897 y 1906, hasta que en 1945 se cambió la Constitución y luego de casi 40 años se regresó al Congreso unicameral. El caso es que en la Constitución de 1946 nuevamente se adoptó el Congreso bicameral. 
La tradición bicameral fue ratificada en la Constitución de 1967.
Es con la Constitución de 1979 que nuevamente abandonamos la bicameralidad… “con el retorno a la democracia”, cuyo 40º aniversario celebramos hace pocos días. El mismo periodo que duró la bicameralidad sin ser interrumpida entre 1906 y 1945. Ya toca cambiar el actual modelo unicameral que no ha funcionado.
*Publicado previamente en el Diario El Universo el día viernes 30 de agosto del 2019.
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