Jorge G. Alvear Macías
@jorgalve jorgalve@yahoo.com
Vivir con estabilidad política o luchar contra la corrupción que podría afectar a la primera parecieran ser las dos opciones excluyentes que los ecuatorianos creen tener. La primera, necesaria para reconstruir la economía que entendidos observan de mal en peor, lo cual supone más degradación de la calidad de vida y más pobreza. La segunda, se precisa para rearmar una ficticia institucionalidad material, descalabrada frente a los absortos ciudadanos que no comprenden el porqué de muchos enriquecidos ilícitamente con dineros del Estado que pasean impunemente o han huido, mientras que otros pocos procesados y encarcelados tienen la posibilidad de quedar libres a corto plazo, debido a sospechosas gestiones de los operadores de justicia.
Mientras tanto, la prensa y personas particulares –algunas animadas para su promoción política, otras sin ese interés– descubren nuevos hechos de corrupción o, al menos, acusaciones de actos de deshonestidad que se preparan en contratos de la administración pública o actividades non sanctas del pasado de importantes funcionarias y funcionarios públicos de este régimen y del anterior, como fue el caso de las contribuciones dinerarias exigidas a los empleados subalternos, llamadas “diezmos”. Un lamentable episodio de nuestra historia que tal vez incluirá a la actual vicepresidenta de la República, por ciertas actuaciones mientras fue asambleísta de Alianza PAIS. Estas fueron señaladas en una declaración jurada de su excolaborador, quien dijo haber depositado parte de su sueldo en la cuenta bancaria de la exasambleísta.
Lo que hace un año fue un ofrecimiento alentador del presidente Moreno de luchar contra la corrupción podría desvanecerse en su memoria y en la de los ecuatorianos si no fuera por el eslogan introductorio de un programa que se transmite diariamente en Quito en radio Democracia, donde se reconoce la voz del mandatario: “…nos maquillaron los datos… se lo llevaron todo… (pero) combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer y la que podría venir, la de adentro y la de afuera…”.
Siempre entendimos y entendemos que a un presidente de la República no le corresponde administrar justicia pero sí permitir y también garantizar que funcione independientemente para juzgar la corrupción de cualquier tiempo.
En un primer momento muchos coincidíamos con el presidente Moreno (o pensábamos que él coincidía con nosotros) sobre la necesidad de la limpieza integral de la Fiscalía y la Judicatura, para realizar la cirugía mayor que ofreció; enorme tarea que siendo candidato presidencial nos anticipó posible con la ayuda de Naciones Unidas y una Comisión Internacional contra la Impunidad en Ecuador (como la exitosa Cicig en Guatemala). Sin esa expurgación previa no será posible la lucha contra la pavorosa corrupción enquistada en el Estado.
El expresidente Osvaldo Hurtado también invocó esta semana esa necesidad: “…la realidad es que los fiscales de Correa siguen en funciones, que los jueces de Correa continúan en sus cargos, jueces que acatando las órdenes de Correa y fiscales… por ejemplo, condenaron a un inocente como era el entonces asambleísta (Galo) Lara imputándole un crimen… esos jueces condenaron al diario EL UNIVERSO, a varios canales de televisión, a varias radios… ¿Esos jueces van a examinar la corrupción del gobierno de su señor, de su amo?…”.
*Publicado previamente en el Diario El Universo el día viernes 30 de noviembre de 2018.
