Jorge G. Alvear Macías
La ex fiscal general guatemalteca Thelma Aldana –Premio Nobel Alternativo entregado por Right Livelihood y posible candidata presidencial–, en declaraciones a la radio alemana Deutsche Welle, dijo que en investigaciones efectuadas al frente del Ministerio Público conjuntamente con la Cicig detectó redes político-económicas ilícitas, generadoras de la gran corrupción en Guatemala.
Por su parte, Iván Velásquez, comisionado de la Cicig, también entrevistado por la indicada emisora, complementó que el apoyo de la Comisión al Ministerio Público les infunde miedo a los corruptos, porque “no pueden manipular las investigaciones, como era lo usual en el país”.
Recientemente, Manfredo Marroquín, representante de Transparencia Internacional en Guatemala, entrevistado por Estéfani Espín (Ecuavisa), recordó que la Cicig ha investigado 5 gobiernos (con sus presidentes) y procesado por corrupción a casi 700 altos funcionarios, articulados con grandes conglomerados que hacen negocios con la función pública. Agregó que la eficacia se debe a la independencia de los investigadores extranjeros de la Comisión, que la torna incontrolable para los poderes locales.
Todo indica que ante el respaldo de los guatemaltecos a la Comisión, tales poderes han avivado en el campo internacional reacciones contra la Cicig y han intentado sin éxito que Estados Unidos le suspenda su aporte económico, acusándola de estar coludida con el gobierno de Putin para perseguir a empresarios rusos disidentes y sus familias.
En un comunicado del Ministerio Público y de la Cicig se conoció que una familia rusa apareció involucrada en la investigación de una estructura criminal dentro de las instituciones del Estado, que facilitaba a cambio de dinero el ingreso, permanencia y tránsito ilegal de extranjeros, proporcionándoles documentos de identidad en que aparecían como ciudadanos guatemaltecos. Entre los procesados y sentenciados están exfuncionarios de la Dirección General de Migración (DGM) y del Registro Nacional de las Personas (Renap), abogados, tramitadores (coyotes) y usuarios de esa estructura criminal, entre ellos los rusos Igor Bitkov, Irina Bitkova y Anastasia Bitkova.
En el informe de labores de la Cicig, difundido en noviembre pasado, se destaca su asesoría técnica y acompañamiento al ministerio público en investigación y litigio en casos emblemáticos de corrupción administrativa en municipalidades, en la administración tributaria, en la contratación de obras (caso Odebrecht), en el sector del transporte y sistema de salud. También investigó la corrupción en la Función Judicial y descubrió una estructura paralela a las comisiones oficiales para influir en el nombramiento de los magistrados de las cortes y altas autoridades del Poder Judicial, integrada por abogados, magistrados y diputados. En el Congreso Nacional detectó lavado de dinero y otros activos, cohecho activo y falsedad ideológica. En el ámbito electoral, completó investigaciones de financiamiento electoral ilícito.
En el informe se resume que la Cicig, junto con la Fiscalía, identificó 60 organizaciones delictivas, procesó en 100 casos a 680 personas (el 60% se encuentra con medidas cautelares), más de 310 tienen sentencias condenatorias. Ha presentado 34 reformas legales, entre ellas, Ley del Crimen Organizado, Reformas al Código Penal en materia de Anticorrupción y la creación de tribunales de Mayor Riesgo.
La experiencia de la Cicig es imprescindible para enfrentar la delincuencia organizada y la impunidad en Ecuador, que superarían a las de Guatemala. (O)
*Publicado previamente en el Diario El Universo el día sábado 29 de diciembre del 2018.
