viernes, 27 de enero de 2017

Garantizar elecciones libres y transparentes

Tomado del blog Ataque al poder

Jorge G. Alvear Macías 


Ha generado inquietud la advertencia del exvocal del Consejo Nacional Electoral (CNE) Fausto Camacho, expresada en Ecuavisa, respecto al cambio de reglas en el trámite de las actas de instalación y escrutinio de los votos, que se levantarán en las Juntas Receptoras del Voto (JRV) en las próximas elecciones. Modificación que según el entrevistado afectaría la transparencia electoral y su integralidad. No es la opinión de un improvisado y por ello la alarma.
Es que según lo señalado por el señor Camacho, los preceptos que se establecen en el Código de la Democracia no se cumplirán taxativamente, concretamente uno que determina la exhibición de un ejemplar del acta de escrutinio en la pared donde funcionará la Junta Receptora. Una resolución del CNE habría eliminado el tercer ejemplar, que la ley dispone fijar “en el lugar donde funcionó la junta receptora del voto”, para conocimiento público. Además, se dispone la apertura de uno de los sobres –el que contiene el segundo ejemplar del acta–, en un lugar no autorizado y sin las formalidades de seguridad en una audiencia pública, para efectuar el escaneo del documento. El exvocal recordó que el artículo 127 del Código de la Democracia (norma de derecho público que impide realizar algo distinto) dispone: “…El segundo ejemplar del acta de instalación y de escrutinio se entregará en sobre cerrado firmado por el Presidente y el Secretario de la Junta, directamente al coordinador designado, quien entregará de forma inmediata a la Junta Intermedia de Escrutinio o a la Junta Provincial Electoral, según el caso…”. LÉA MÁS http://www.eluniverso.com/opinion/2017/01/27/nota/6017329/garantizar-elecciones-libres-transparentes
*Publicado originalmente en el diario El Universo el día viernes 27 de enero del 2017

viernes, 20 de enero de 2017

Una comisión antiimpunidad (II)

Jorge G. Alvear Macías 


Esta semana fueron capturados por fraude el hijo y el hermano del presidente de Guatemala, gracias a la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig) y el Ministerio Público (MP).

Anteriormente, la Cicig y el MP lograron la detención y procesamiento de Roxana Baldetti, exvicepresidenta de la República, acusada de cohecho pasivo, entre otros delitos (agosto 2015). El expresidente de la República Otto Pérez Molina también fue vinculado a ese proceso (septiembre 2015). Ambos permanecen detenidos.
En su último informe, el jefe de la Cicig, comisionado Iván Velásquez, anota que en cinco casos investigados hay evidencias de los negocios ilícitos “…que sirvieron al entonces binomio presidencial en funciones y sus cercanos colaboradores para adjudicarse recursos de manera ilícita sirviéndose del poder otorgado por el Estado…”. Velásquez también comenta el rastreo de dinero y bienes de los cabecillas de las organizaciones delictivas y de sus testaferros, y la utilización de un grupo de empresas fachada “o de cartón”. En ellas las mafias acumularon sumas millonarias de dinero receptadas de comerciantes y grupos empresariales, que financiaron la logística y publicidad en la campaña presidencial de Pérez Molina y no fueron declaradas al Tribunal Supremo Electoral. LÉA MÁS 
*Publicado originalmente el diario El Universo el día viernes 20 de enero del 2017.

viernes, 13 de enero de 2017

Una comisión antiimpunidad

Jorge G. Alvear Macías 


Como la que funciona en Guatemala –Cicig–, contribuiría eficientemente aquí para investigar los delitos en las instituciones públicas y empresas estratégicas del Estado. Fue creada como un órgano internacional independiente, para apoyar al Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y otras instituciones estatales. El organismo inició actividades en un contexto del debilitamiento del Estado de derecho, altos índices de impunidad, ausencia de marcos político y legislativo idóneos para luchar contra la impunidad. Es decir, en circunstancias similares a las de Ecuador.
La necesaria independencia de la Cicig está garantizada con las donaciones voluntarias de Noruega, Alemania, Canadá, España, Estados Unidos, Italia, Japón, Países Bajos, Suecia, y los organismos multilaterales BID, Banco Mundial, FMI, PNUD, la UE y la OEA. Guatemala no hace desembolsos.
Los funcionarios de la Cicig representan a 23 nacionalidades y apoyan la investigación y persecución penal de casos complejos acorde con el mandato de creación. El organismo tiene muchos atributos de un fiscal internacional, pero opera bajo las leyes guatemaltecas, en tribunales de Guatemala y con el procedimiento penal de ese país. La Cicig está autorizada a investigar –sí, a investigar– los ilícitos con personal nacional y extranjero, y a participar en los procesos penales. LÉA MÁS: 
*Publicado originalmente en el diario El Universo el día viernes 13 de enero de 2017.

viernes, 6 de enero de 2017

Propuestas a los candidatos

Jorge G. Alvear Macías 

Primera propuesta. Que todos los aspirantes a la Presidencia (hasta ahora solo dos la enunciaron) se comprometan, de ser elegidos, a solicitarle al secretario general de la ONU la firma del acuerdo de creación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad, para que investigue –con precisión– los hechos delictivos en las instituciones estatales, colabore en la persecución penal y sanción de los responsables. Esto es, una Comisión similar a la que funciona en Guatemala desde el 2007, con base en un convenio con Naciones Unidas. EL UNIVERSO brindó un amplio reporte sobre ella y una entrevista al comisionado que la dirige, quien relató sus logros. Ambos trabajos del periodista Javier González.
Es que la ciudadanía percibe que la corrupción en el sector público llegó para quedarse y está fuera de control; incluso, investigadores como el economista Eduardo Valencia coinciden en calificarla de estructural, dadas la legislación instrumentada en estos diez años y la permisibilidad de las autoridades de control. Cada vez hay más información que conduce a concluir que estamos gobernados por grupos delincuenciales que cooptaron las oficinas estatales claves y por corporaciones privadas, nacionales y extranjeras, maniobrando todos para lucrar de las contrataciones públicas, con escandalosos sobreprecios, sobornos y otras formas de corrupción.
La irritante experiencia dejada por la corrupción la comparten muchos países, que buscan herramientas para luchar contra la impunidad. Así, se determinó que enfrentarla requiere de colaboración internacional, pero no limitada a la observación, asesoría y la mera transferencia “técnica” de capacidades institucionales, sino con el aporte de investigadores y fiscales internacionales, que trabajen en asocio con los respectivos ministerios públicos, respetando eso sí el ámbito de su potestad y autonomía. LÉA MÁS:
*Publicado originalmente en el diario El Universo el día viernes 6 de enero del 2017.