viernes, 3 de noviembre de 2017

Pudo destituir al vicepresidente

Jorge G. Alvear Macías

¿Puede el contralor destituir al vicepresidente? Hay todo un debate al respecto en el país. Mi opinión es que, aunque repugne, con esta Constitución sí es posible pero el contralor no lo hizo.

Me refiero a la resolución de la Contraloría que confirmó responsabilidades administrativas culposas de Jorge Glas y otras personas, con sanciones de multas y la destitución de aquel, relacionadas con irregularidades del proceso de adjudicación del pozo petrolero Singue, cuando Glas ejercía funciones como miembro del Comité de Licitación Hidrocarburífera y como ministro coordinador de Sectores Estratégicos. Pero no lo destituyó como vicepresidente.

El caso es que el contralor Pablo Celi fue requerido para que indique si el vicepresidente pierde las funciones atinentes a su cargo, y se limitó a expresar que “…la Contraloría determina la sanción que corresponde a las observaciones encontradas en sus informes y en este caso, hay una observación que tiene como conclusión una determinación de destitución y una glosa…”. La respuesta generó confusión en el público y no pocas suspicacias de analistas, cuando al mismo tiempo se investiga un posible peculado en la adjudicación del indicado pozo Singue. Lo anterior agrava el enredo jurídico creado por el correísmo para propiciar impunidad y protección al presidente, vicepresidente y altos funcionarios. Aún así, la picardía resulta insuficiente. Veamos:

-La Constitución (art. 233) advierte que ningún servidor público estará exento de responsabilidad administrativa, civil y penal en el ejercicio de sus funciones.
-La Contraloría tiene facultades de rango constitucional (art. 212:2), para determinar responsabilidades administrativas y civiles culposas e indicios de responsabilidad penal, de los dignatarios y funcionarios públicos. LÉA MÁS http://www.eluniverso.com/opinion/2017/11/03/nota/6463360/pudo-destituir-vicepresidente

*Publicado previamente en el diario El Universo, el día viernes 3 de noviembre del 2017.

viernes, 27 de octubre de 2017

El nombre Lenín…

Jorge G. Alvear Macías
Vladímir Ilich Uliánov, alias Lenin​, fue un político,
revolucionario, teórico político y comunista ruso
1870-1924
No es admitido como nombre propio por el Registro Civil español. Un ecuatoriano que obtuvo la nacionalidad española tuvo que cambiarlo para ajustarse a la doctrina del organismo, que prohíbe los nombres que hagan confusa la identificación de las personas, cuando tales nombres puedan confundirse con apellidos. Para ese Registro Civil el nombre ‘Lenin’ es identificado con el apellido de un personaje histórico. Tal prohibición ha sido calificada por alguna publicación digital como una de las leyes más absurdas del mundo.
El caso es que en Ecuador también podríamos presumir de los absurdos legislativos, difíciles de comprender, inexplicables y hasta poco habituales. Muchísimas leyes expedidas en estos años han establecido innecesaria confusión. Algunas parecen concebidas por mentes atrapadas por la perversidad, carentes de sentido común o animadas por la revancha ideológica o por la “jugada” política. Entre estas últimas, sin duda, las que causaron profundo daño al sector de la construcción con el impuesto a la plusvalía. Pero existen otras que tienen o tendrán peligroso efecto.
A propósito de lo reseñado, solicito la atención a la Academia sobre las 22 reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), tramitadas y aprobadas en diciembre del 2016, con atropello de normas y principios constitucionales y legales, bajo la sospecha de influencias mezquinas y el objetivo de distraernos de los actos de corrupción detectados a raíz de la divulgación de los Papeles de Panamá (¿y Yachay?). En el debate lo advirtió el asambleísta Luis Fernando Torres, pero se impuso la insensata mayoría. 
LÉA MÁS: 
*Publicado previamente en el diario El Universo el día viernes 27 de octubre del 2017

viernes, 20 de octubre de 2017

‘¡No así, pues!’


 Jorge G. Alvear Macías
La lógica de la política y de la economía no van de la mano.
Algunos no entendemos por qué el presidente persiste en el modelo de endeudamiento de Correa y mantiene al mismo equipo que hizo las cuentas de la mesa servida. ¿Por qué Moreno sobrevalora la política sobre la economía? Algunos economistas del espectro nacional aceptarían que el presidente haga lo anterior. Pero uno en particular (entrevistado en Radio Democracia) afirmó que es necesario para ganar legitimidad o continuar la gobernabilidad; y que Correa logró así el rédito político suficiente para mantenerse 10 años en el poder. Una opinión que arrancó del entrevistador la exclamación “¡No así, pues!”.
Ese mismo entrevistado sostuvo que si el expresidente Lucio Gutiérrez no hubiera permitido los ajustes neoliberales de la economía, de su ministro de Finanzas Mauricio Pozo, tal vez se hubiera extendido en el cargo como lo hizo Rafael Correa. Mas recuerdo al expresidente Gutiérrez abandonando el cargo en circunstancias de estabilidad de la dolarización, precios e inflación controlada. Fue forzado al abandono eso sí, por el descontento sobre temas ajenos a la economía, y tal vez de poca importancia para las mayorías más pobres. Recuerdo a una mesera, en un restaurante de Quito, que no estaba de acuerdo con su defenestración. LÉA MÁS: http://www.eluniverso.com/opinion/2017/10/20/nota/6439480/no-asi-pues
*Publicado previamente en el diario El Universo el día viernes 20 de octubre del 2017.

viernes, 13 de octubre de 2017

Fotografía tomada en Miami

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha recordado a los estados de la región que sus autoridades o funcionarios públicos no deben utilizar los códigos penales o las sanciones administrativas para acallar disidencias o críticas, o impedir opiniones y generación de información sobre temas de interés público.
La CIDH ha establecido que en Venezuela, Cuba, Ecuador, Honduras, Brasil y Guatemala se instauran procesos penales en contra de periodistas, investigadores, políticos y dirigentes sociales por expresar opiniones críticas especialmente contra gobernantes. Tal advertencia ha hecho que el poder político reformule sus ataques contra la libertad de expresión y utilice argucias para soterradamente amenazar, acusando otros delitos distintos del desacato y de los que afectan el honor de los funcionarios públicos (honor que en el caso de los funcionarios públicos tiene un menor nivel de protección que el del ciudadano común).
Ejemplo de la nueva estrategia sería la reciente noticia de que el actual presidente del Consejo Directivo del IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social), Richard Espinosa Guzmán, presentó denuncia en la Fiscalía contra cuatro personas, por haber publicado una fotografía en la que él aparece con su familia en una joyería en Miami, Estados Unidos. Espinosa afirma que se cometió el delito de difusión de información de circulación restringida e invoca el artículo 180 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Además, en su cuenta de Twitter habría aclarado: “Este es un tema personal, nada con el IESS y NO los he denunciado por publicar ‘una foto mía’ sino de mis hijas menores de edad”.‬‬‬ LÉA MÁS http://www.eluniverso.com/opinion/2017/10/13/nota/6427702/fotografia-tomada-miami
*Publicado originalmente en el diario El Universo el día viernes 13 de octubre del 2017

viernes, 6 de octubre de 2017

Moreno ofreció transparencia…

Jorge G. Alvear Macías
@jorgalve jorgalve@yahoo.com
En el Perú apuestan a la Contraloría General de la República para lograr la ansiada transparencia en las contrataciones del sector público. Se la considera necesaria para la reactivación económica del país.
Acá también aplica esa solución de continuidad, en tanto en cuanto nuestra Contraloría General actúe con probidad, eficacia y coherencia con el rol que le corresponde como fiscalizadora de los recursos dinerarios del Estado. Por ello debería devolvérsele la facultad para examinar las gestiones de los funcionarios públicos, que le fue eliminada a propuesta del expresidente Correa.
El país debería saber que a mayor grado de transparencia, más competitividad en el sector privado y crecimiento económico. El primer beneficio se manifestará en ahorro y eficiencia del gasto público.
Por eso debo recordar el ofrecimiento del presidente el pasado 6 de agosto, al final del cambio de guardia en Carondelet (Lenín Moreno: Nadie evitará que en Ecuador se implante la transparencia. EL UNIVERSO 7 de agosto, 2017). Sobre todo cuando se ha detectado que los contratos “a dedo”, además de encarecer las adquisiciones de bienes y servicios en el sector público, han causado la proliferación de delitos de peculado, cohecho, concusión, lavado de activos; además de la evasión tributaria, porque el dinero de esas actividades en gran medida salió de las fronteras, facilitando así la impunidad. LÉA MÁShttp://www.eluniverso.com/opinion/2017/10/06/nota/6416926/moreno-ofrecio-transparencia
*Publicado previamente en el diario El Universo, el día viernes 6 de octubre del 2017

viernes, 29 de septiembre de 2017

Señales de delincuencia organizada

Declaración de José Conceição Santos Foto del Diario La Hora 
@jorgalve

Luego del testimonio de José Conceição Santos  (ex-Odebrecht), el fiscal general del Estado manifestó que dicho testimonio “ratifica la tesis que originalmente impulsó la Fiscalía con respecto a la asociación ilícita en la que intervinieron personajes privados, exfuncionarios y funcionarios públicos”. Además reveló que hay acusaciones nuevas y que no habrá reformulación de cargos (contra Rivera y Glas).
El caso es que Santos en su declaración aseguró que él pagó coimas millonarias a Jorge Glas, a través de Ricardo Rivera, según titular de diario El Comercio.
La asociación ilícita fue esbozada por Galo Chiriboga, extitular de la Fiscalía General. El pronunciamiento del actual fiscal ha causado profundo descontento en muchas personas que consideran imperativa la reformulación de cargos permitida y ordenada en el art. 596 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Es que hay nuevos indicios del delito de delincuencia organizada en concurrencia con otros delitos (concusión, cohechos, sobornos, peculados, enriquecimiento ilícito y lavado de activos). Todo en torno a contratos de obras públicas adjudicados a la empresa Odebrecht y al desvanecimiento de glosas en auditorías realizadas por la Contraloría General del Estado, en época de Carlos Pólit. Su nombre me recuerda el pedido al ex fiscal general Washington Pesántez: “Washington… Por Dios, haz algo, tienes que meter presa a la gente que se está robando la plata de los ecuatorianos…” (EL UNIVERSO: ‘La corrupción está al borde de lo tolerable, dice contralor’. 24 de octubre de 2009). LÉA MÁS: http://www.eluniverso.com/opinion/2017/09/29/nota/6405553/senales-delincuencia-organizada
*Publicado originalmente en el diario El Universo, el día viernes 29 de septiembre del 2017

viernes, 15 de septiembre de 2017

Defensa de grupo vulnerable

Jorge G. Alvear Macías

Una acción de inconstitucionalidad fue presentada por la asambleísta Poly Ugarte contra el Reglamento para Autorizar la Adquisición de Medicamentos que no Constan en el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos del Ministerio de Salud Pública (MSP), del Acuerdo Ministerial Nº 0108-2017 de agosto pasado. En la demanda se señala que el indicado reglamento derogó un procedimiento más o menos expedito y lo sustituyó por otro mucho más largo. Algunos de esos medicamentos son necesarios para el tratamiento del cáncer, entre otras enfermedades catastróficas o ruinosas.

El trámite en el nuevo ordenamiento está sujeto a 3 fases de aprobación para adquirir los fármacos, cada una puede extenderse hasta 40 días (120 días en total). Cuando se hubiere ingresado la solicitud con la documentación incompleta, el plazo podría alargarse 30 días más. Es decir, las posibilidades de un desabastecimiento son altísimas, en riesgo de la vida de los enfermos o condenándolos a muerte, si solo dependieran de la asistencia de salud pública.

La asambleísta hace notar que el instructivo derogado establecía un término de 15 días para la expedición de dicha autorización, en casos de medicamentos en general, y de 45 días, en caso de medicamentos biológicos. Además, dicho instructivo no determinaba fecha de ingreso para las solicitudes de adquisición de medicamentos, por lo que los establecimientos de salud podían gestionarlas en cualquier momento. En cambio ahora, las solicitudes de fármacos para tratar enfermedades con pronóstico de desenlace inevitablemente fatal y para enfermedades raras y de baja prevalencia deben presentarse (únicamente) en febrero y agosto. LÉA MÁS: 

http://www.eluniverso.com/opinion/2017/09/15/nota/6381631/defensa-grupo-vulnerable

*Publicado previamente en el Diario El Universo el día 15 de septiembre de 2017.

martes, 12 de septiembre de 2017

Soberanía vs. impunidad

Iván Velásquez, Comisionado de la CICIG en Guatemala
Jorge G. Alvear Macías

Pareciera que el presidente Moreno retrocedió en su promesa de solicitar a la ONU laconformación de una Comisión Internacional de lucha contra la corrupción. La canciller Espinosa se pronunció, la “soberanía nacional está por encima de cualquier interés”. Anacrónico discurso ya superado por tratados internacionales, incluidos los de protección de derechos humanos (generalmente impulsados por ideologías de izquierda), donde los Estados suscriptores comparten la soberanía. La funcionaria dijo, “tenemos instituciones fuertes... Ecuador quiere generar estándares para todos los países...”.

¿Acaso pretende que ignoremos la gran debilidad institucional de nuestro sistema de justicia sometido por el correísmo? En Guatemala también se opusieron a conformar una Comisión Internacional de lucha contra la impunidad, especialmente grupos interesados en mantener subordinado el sistema de justicia. Para entonces ese Estado, en una situación similar a la de Ecuador, estaba capturado “por estructuras criminales y por corporaciones privadas con el propósito de lucrar, unos de manera ilícita y otros para mantener lícitamente, pero mediante sobornos y otras formas de corrupción, el monopolio u oligopolio de mercados estratégicos”, conforme observó Édgar Gutiérrez, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Revista Nueva Sociedad). Según él, una agrupación de jóvenes científicos sociales guatemaltecos, detectó que organizaciones criminales en su relación con el Estado, habían construido estructuras parasitarias en el 2000 y “sentaban sólidas bases (…) de interdependencia con el sistema político (…) en los negocios compartidos en puertos, aeropuertos, aduanas...”. Claro, Guatemala no tiene petróleo. LÉA MÁS: http://www.eluniverso.com/noticias/2017/09/08/nota/6370246/soberania-vsimpunidad

*Publicado previamente en el Diario El Universo, el día viernes 8 de septiembre del 2017

viernes, 1 de septiembre de 2017

¡Paren la refinería!


Urge programar la paralización de la refinería de Esmeraldas con acciones coherentes, pues lo imponen las necesarias condiciones de resguardo de la seguridad de las vidas humanas de trabajadores que la operan y de los miles de habitantes asentados en sus alrededores. No es prudente que continúe operando luego de las conclusiones que indican que su situación “es crítica” y hay muy serios problemas en su operación. No es cualquier diagnóstico, así fue presentado en días pasados por el ministro Carlos Pérez al presidente Lenín Moreno, tras el recorrido de las instalaciones de la indicada refinería. 
El especialista en asuntos petroleros René Ortiz, en un panel de ayer en radio Democracia, recordaba que en Guayaquil en la década de los 70, una explosión producida por la fuga de gas licuado tuvo efectos en un radio de 2.000 metros en el sur de la ciudad, y que ello resultaría una cosa menor en comparación con la probable explosión de la unidad de craqueo de la planta industrial de Esmeraldas, que funciona a altas y peligrosas temperaturas mientras se enfría con vapor de agua mediante mangueras que “le cuelgan”, lo que no sería normal en esa clase de unidades. LÉA MÁS http://www.eluniverso.com/opinion/2017/09/01/nota/6358573/paren-refineria
*Publicado previamente en el Diario El Universo el día viernes 1 de septiembre del 2017

viernes, 25 de agosto de 2017

Depredación de nuestros mares

  
Jorge G. Alvear Macías

La presencia de una flota pesquera china y la captura de un barco carguero cerca de las Galápagos han coincidido con los esfuerzos de la ONU de proteger las especies y resguardar el ecosistema marino. Dichas naves, entre las que habría embarcaciones de acopio y procesamiento (enlatado), apenas representan el 10% del total desplegadas para capturar y faenar especies marinas en distantes océanos. La flota china rastrea el calamar gigante o el bacalao en aguas argentinas, el atún en las de Chile, el tiburón en las de Colombia y Ecuador o la totoaba en las mexicanas.
Para Milko Schvartzman, investigador independiente, la detención fortuita del barco The Fu Yuan Yu Leng 999 es solo la punta del iceberg. El barco carguero “en 2016 habría recibido el transbordo pesquero de uno de los barcos autorizados por la SPRFMO (Organización Regional de Pesca del Pacífico Sur) a pescar en el Pacífico Sur: el Lu Huang Yuan Yu 106…”. El Ecuador es miembro de esa organización y por ello urge investigar si se le informó sobre tal autorización u otras recientes.
China es el principal productor y exportador de productos de la pesca. También es un importador considerable debido a la externalización de la elaboración con otros países, así como al creciente consumo interno de especies no producidas en ese país. Entre el 2013 y 2014 China mantuvo el liderazgo de la pesca de captura con 843.626 toneladas; de ese monto solo 12.005 toneladas corresponden a la captura en aguas chinas. No es para menos, su población (1.350 millones) modificó drásticamente los hábitos alimenticios; y, la ingesta por persona de pescados y mariscos se incrementó de 6 kilogramos en 1961 a 35 kilogramos aproximadamente en el 2015. LÉA MÁS:  http://www.eluniverso.com/opinion/2017/08/25/nota/6346879/depredacion-nuestros-mares
*Publicado originalmente en el diario El Universo el día viernes 25 de agosto del 2017.

viernes, 18 de agosto de 2017

Cinismo y destrucción

Lula y los Kirchner

Jorge G. Alvear Macías
Nuestra democracia está atrapada por la corrupción, desde que una de las campañas electorales del expresidente Correa habría recibido financiamiento de Odebrecht, protagonista del más grande escándalo de corrupción nacional de todos los tiempos.
Cuánta diferencia con Chile, país líder en probidad en América Latina, un modelo de Estado democrático, económico y social. Cuán distinto el escenario ecuatoriano para atraer inversiones extranjeras importantes de largo plazo y no golondrinas. Lo comento en consideración del grave problema económico del país, constituido especialmente por la descomunal deuda contraída por Rafael Correa, quien hizo oídos sordos a toda advertencia de especialistas y del sentido común.
Al igual que con el kirchnerismo en Argentina, el correato es sinónimo de corrupción y de destrucción económica, que también impregnó a Alianza PAIS, agrupación que debería desaparecer. Es lo que les conviene a aquellos militantes que no se mezclaron en las corruptelas (ora porque “no hubo cama para tanta gente”, ora porque se resistieron…, ora por falta de oportunidad); y no es buena su identificación con otros miembros de la organización verde flex percibidos y percibidas como oportunistas que rápidamente amasaron y exhiben riquezas sospechosas, prevalidos y prevalidas, cínicos y cínicas, labiosos y labiosas aprendices de cuatro o cinco líneas de un texto, repetido en cualquier ocasión para responder el reproche ciudadano. LÉA MÁS: 
Chávez, kirchner, Correa y Lula
*Publicado originalmente en el diario El Universo el día viernes 18 de agosto del 2017

viernes, 11 de agosto de 2017

¡A recuperar dineros del Estado!

Jorge G. Alvear Macías

¿Cómo recuperar dineros del Estado arrebatados por la corrupción? Es la pregunta repetida en distintos sectores de la sociedad. Una exigencia ciudadana por los perjuicios económicos, ocasionados en muchos procesos de contratación pública. Y en verdad, por la magnitud del dispendio público durante la década correísta, ufanada de contratar obras en miles de millones de dólares, cada vez surgen más sospechas sobre su adjudicación con sobreprecios y sobornos a funcionarios públicos que las facilitaron. Tanto, que se ha estimado en US$ 7’000.000,00 diarios, el monto de coimas distribuido en esos 10 años… ¡Sí, siete millones diarios! Una morrocotuda cifra, que en gran parte estaría en cuentas bancarias e inversiones en otros países, que precisamente son miembros de la Convención de las Naciones Unidas contra Corrupción (cuya mención explicaré más adelante).

Para el coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, una jugosa fracción del dinero sucio no ha salido del país –concretamente el dinero recibido por un excontralor–, y habría que ubicarla en la provincia de Manabí. Y apoya su sospecha, señalando las muy cercanas relaciones de ese excontralor con el poder político de dicha provincia. Obviamente, el Estado ecuatoriano a través de los funcionarios competentes, tiene los medios para rastrear los inusuales flujos de dinero y confirmar lo indicado. LÉA MÁS http://www.eluniverso.com/opinion/2017/08/11/nota/6324541/recuperar-dineros-estado

*Publicado originalmente en el diario El Universo el día viernes 11 de agosto del 2017.


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viernes, 4 de agosto de 2017

El Estado de corrupción empezó antes



Jorge G. Alvear Macías
En esta semana, el vicepresidente Glas afirmó: “…Se construye un escenario propicio para la corrupción institucionalizada… una cosa es que ocurran casos de corrupción en un gobierno; otra, muy distinta, es crear las condiciones para que un gobierno entero sea corrupto… hoy se sientan las bases para un Estado de corrupción, al pactar con personajes nefastos de la historia, como los Bucaram… corrupción institucionalizada es entregar empresas eléctricas…”. Son verdades a medias.
Porque hoy no se sentarían las bases para un Estado de corrupción. Ya fueron sentadas el 2007, cuando el Tribunal Supremo Electoral destituyó a 57 diputados del Congreso Nacional, elegidos mediante voto popular y, luego, los suplentes (“diputados de los manteles”), impulsados por el Ejecutivo y en asocio con los diputados del PRE –tienda política de los Bucaram–, desacataron la restitución dispuesta por el Tribunal Constitucional con efecto inmediato. Pocos meses después, la Asamblea Constituyente de Montecristi declaró en receso al Congreso Nacional y asumió de hecho –y no de derecho– sus funciones. LÉA MÁS:
*Publicado originalmente en el diario El Universo, el viernes 4 de agosto del 2017.


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viernes, 28 de julio de 2017

Espuria Constituyente

Jorge G. Alvear Macías

Al momento que escribo esta columna, parecería un hecho la elección de miembros de la Asamblea Constituyente en Venezuela, del próximo domingo 30 de julio. Todo indica que Maduro no ha escuchado los múltiples pedidos internos y externos de suspender el acto electoral. Como se conoce, fue él el impulsor, saltándose el referéndum que impone la Constitución de ese país. El mecanismo comicial diseñado por el oficialismo le asegura control total en la Asamblea para cambiar la Constitución, con los objetivos no confesados por el mandatario. Solo ha anticipado, sin precisión, que las reformas ayudarán a construir una paz verdadera, aislando a los grupos violentos y para acentuar los valores de la justicia; perfeccionar un sistema económico con un modelo pospetrolero; anexar a la Constitución las misiones sociales en salud, educación y vivienda; la seguridad y justicia, la defensa de la soberanía popular para enfrentar el intervencionismo. Frases sin contenido que ya ha utilizado varias veces. Los analistas no alineados al chavismo sospechan que Maduro intenta anular el poder de la oposición en la función Legislativa; y, por tanto, inutilizar el necesario contrapeso a su gestión. Establecerá su dictadura con un ropaje constitucional. 

*Publicado en el diario El Universo el día viernes 28 de julio del 2017

viernes, 21 de julio de 2017

Señor presidente, ¿y su ofrecimiento?



Jorge G. Alvear Macías


Unos queridos amigos, simpatizantes (como muchos) con el estilo del presidente Moreno y que además le desean éxito, me reflexionaron que cualquier sacrificio a exigir a la ciudadanía para enfrentar la crisis económica debe acompañarse de una contundente señal de la intención del mandatario de luchar contra la impunidad. Por ello, mis amigos preguntaban ¿cuál sería el potente mensaje alternativo del presidente, luego de que el CAL cerró la vía del juicio político contra el vicepresidente Glas?, a falta de los indicios de una voluntad política de luchar contra la corrupción, que sí los hay en Perú, Panamá, Colombia, Guatemala, El Salvador, Argentina y Brasil, donde ya se iniciaron procesos y ordenaron apresamientos de expresidentes, por vínculos con redes de corrupción.

También observo que a muchos les preocupa que la reciente decisión del CAL fue precedida de declaraciones del primer mandatario, que dio por desvanecidas las acusaciones contra Glas, pues ello afectó la coherencia en los dichos del presidente sobre independencia, lucha contra la corrupción y gobernabilidad. Esto ocurre en situaciones dificilísimas para la economía del país y que obligarán al mandatario a pedir comprensión por sus decisiones que repercutirán en “el buen vivir”. Moreno ya reconoció que enfrentamos una situación económica muy complicada, y anticipó que tomará medidas necesarias para cambiar su curso. Habrá un costo político por las temidas medidas, especialmente las de carácter impositivo que agravarían los niveles de subempleo, la falta de inversión privada y la fuga de capitales. No le será fácil manejar la crisis revelada, en medio de dudosas cifras de la contabilidad estatal –maquilladas, según expertos– y cuyos autores o cómplices continuarían en el gobierno. Uno que otro está acusado del grave delito de falsedad ideológica. LÉA MÁS: http://www.eluniverso.com/opinion/2017/07/21/nota/6290605/senor-presidente-su-ofrecimiento

*Publicado origninalmente en el Diario El Universo el día viernes 21 de julio del 2017.



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viernes, 14 de julio de 2017

Divorcio: la causal del abandono

Resultado de imagen de divorcio por causal de abandono
Jorge G. Alvear Macías

Entre el 2006 y el 2016 se incrementaron los divorcios en el 83,45%. Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en el Anuario de Estadísticas Vitales: Matrimonios y Divorcios revelan que en el 2016 hubo 25.468 divorcios frente a 13.981 del 2006. La cifra de matrimonios cayó el 22,01% (74.036 en el 2006 y 57.738 el 2016).

Las principales causas de divorcio registradas en 2016 fueron: por mutuo acuerdo el 62,80% (15.995 casos), por abandono voluntario e injustificado el 32,02% (8.157 casos). Las injurias graves o actitud hostil se alegaron en 895 casos; otras causales, en menos juicios. Los matrimonios disueltos en el 2016 duraron quince años de promedio. El promedio fue de trece años en el 2006.

Llama la atención que 11.940 personas divorciadas volvieron a casarse en el 2016. Curiosamente, en el grupo de los que cumplieron siete años de unión matrimonial se produjeron más divorcios. La estadística también registró un divorcio ocurrido después de 70 años de matrimonio (bodas de titanio)... como que nada es para siempre.

EL UNIVERSO en su edición del domingo pasado publicó un interesante reportaje sobre la realidad social de los divorcios en Ecuador, que con seguridad será modificada drásticamente en las estadísticas del 2025. Esto último, como repercusión de las reformas al Código Civil aprobadas en el 2015, que introdujeron nuevas reglas para el divorcio. Basta anticipar que solo este año se han disuelto –por mutuo consentimiento– 3.000 matrimonios en las notarías, una vía posible cuando los cónyuges no tienen hijos dependientes (Expreso: Divorciarse nunca fue tan fácil). LÉA MÁS: http://www.eluniverso.com/opinion/2017/07/14/nota/6278815/divorcio-causal-abandono

* Publicado previamente en el diario El Universo el día viernes 14 de julio del 2017.



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viernes, 7 de julio de 2017

Penalización disfrazada


Jorge G. Alvear Macías


La reciente querella por injurias que dirigió el expresidente Correa contra Martín Pallares, la que afortunadamente tuvo una sentencia que ratificó la inocencia del talentoso periodista –respecto de la cual se desconoce si acaso será final–, además atrae la atención sobre la incompatibilidad de las normas sancionadoras de la injuria y la calumnia en la forma en que subsisten en el COIP, con los estándares internacionales en materia de libertad de expresión. Esto, porque los periodistas o cualquier persona que a través de los medios de comunicación emitan una crítica sobre asuntos de interés público, corren el riesgo de purgar cárcel y la insolvencia, si carecieren de dinero para pagar las exorbitantes condenas económicas. Así, aunque se sostenga que se ha eliminado el delito de desacato, sus efectos son una realidad. La sanción a Fernando Villavicencio sirve para ejemplo, así como las impuestas anteriormente al vicealcalde de Quito y a la exconcejala lojana Jeannine Cruz. 

Las sanciones penales a calumnias (hasta 2 años de privación de libertad, art. 182) e injurias (hasta 30 días, art. 396 que las considera contravenciones), a partir de la vigencia del COIP, constituyen inconfundible restricción del derecho de crítica y del derecho a difundir información de interés público, en la mayoría de los casos judiciales.
LÉA MÁS: http://www.eluniverso.com/opinion/2017/07/07/nota/6267205/penalizacion-disfrazada

*Publicado originalmente en el Diario el Universo el dia viernes 7 de julio del 2017.


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viernes, 30 de junio de 2017

El blindaje de Glas

Jorge G. Alvear Macías


Las declaraciones de ciertos asambleístas de Alianza PAIS, anticipando opiniones sobre la falta de méritos para un llamado a juicio político al vicepresidente Glas, han generado muchas suspicacias. 

Argumentan que carecería de fundamento la solicitud de juicio político presentada esta semana con la firma de 59 parlamentarios y que si no lo hace el Consejo de Administración Legislativa (CAL), la inadmitirá la Corte Constitucional al verificar los requisitos de ley, supuestamente incumplidos. Lo vienen sosteniendo antes de la presentación de dicha solicitud.

Algunos parecen confundir la falta de fundamentación con la carencia de pruebas directas y vinculantes al vicepresidente; además estiman, erróneamente, que si no se acompañan las pruebas a la solicitud del juicio político, el CAL debe archivarla in limine.  

LÉA MÁS
*Publicado previamente en el diario El Universo el día viernes 30 de junio del 2017.

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viernes, 23 de junio de 2017

Y ahora Martín Pallares

Jorge G. Alvear Macías
@jorgalve


La querella planteada por el expresidente Rafael Correa contra el periodista Martín Pallares y por la que podría ser condenado con la privación de libertad de quince a treinta días, (COIP, art. 396, numeral 1), evidencia que ese cuerpo legal mantiene –en forma disfrazada– la penalización de las injurias, aunque no se las mencione como tal. La indicada norma punitiva establece la sanción a “…La persona que, por cualquier medio, profiera expresiones en descrédito o deshonra en contra de otra...”. 

De lo que se conoce, el origen de la querella es un artículo de opinión publicado el 25 de abril de 2017 en el medio digital 4Pelagatos. Es decir, cuando Rafael Correa aún era presidente. Pallares criticó declaraciones del exmandatario vertidas en una rueda de prensa en Guayaquil, en la que mencionó que su exministro Alecksey Mosquera no era funcionario cuando recibió un millón de dólares (mucho después de que se firmó el contrato Toachi-Pilatón), por lo que no podía considerarse una coima.

*Publicado originalmente en el diario El Universo, el día viernes 23 de junio del 2017.


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viernes, 16 de junio de 2017

El candidato

Jorge G. Alvear Macías

Ha trascendido que el Estado ecuatoriano habría postulado para integrar al Consejo Directivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) a un exfuncionario del gobierno de Rafael Correa, el doctor Alexis Mera, artífice en mucho de la legislación inconstitucional y violatoria de derechos humanos aprobada en los últimos 10 años, como la Ley Orgánica de Comunicación. El CEJA fue creado en 1999, con sede en Santiago de Chile, y sus miembros son los países integrantes activos de la OEA. Funciona con un Consejo Directivo.

En el portal de internet del CEJA se registra la actual composición de su Consejo Directivo y la del pasado, así como la excelente hoja de vida que acompaña a quienes son o fueron sus consejeros. Muchos de ellos con prestigiosa trayectoria. Por ejemplo, María Soledad Alvear Valenzuela, canciller de Chile en el gobierno del presidente Ricardo Lagos, impulsora de una política exterior caracterizada por una identidad latinoamericana; política comercial de amplia apertura; y un fuerte impulso de la cooperación internacional. Antes fue ministra de Relaciones Exteriores y ministra de Justicia durante el gobierno del presidente Frei, cuando impulsó una reforma global de la justicia chilena. En el gobierno del presidente Aylwin (1990-1994) fue ministra directora del Servicio Nacional de la Mujer, institución que ella fundó. LÉA MÁS http://www.eluniverso.com/opinion/2017/06/16/nota/6232867/candidato

*Publicado originalmente en el Diario El Universo el día viernes 16 de junio del 2017.





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viernes, 9 de junio de 2017

Una ‘cirugía mayor’

El presidente Lenín Moreno posesionó a algunos integrantes del Frente de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción. La lucha anticorrupción “será implacable”, anticipó el mandatario. Destacó que sus integrantes contarán con la asesoría permanente de la agencia y organismos del Sistema de Naciones Unidas, pero no se conoce la suscripción de compromiso alguno.
Al indicado Frente de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción se le asignaron cuatro atribuciones: proponer al presidente de la República estrategias y mecanismos para la prevención de la corrupción en los sectores público y privado; exhortar a las entidades correspondientes para activar y aplicar los mecanismos de control e investigaciones, de acuerdo con las competencias que les confiere la ley, respetando el debido proceso; proponer iniciativas de educación que promuevan una cultura de transparencia y valores; y, presentar propuestas de políticas y normas para la transparencia y lucha contra la corrupción. Se entiende que el Frente no impulsará investigaciones, lo cual confirmó Xavier Zavala, uno de sus miembros.
Lo anunciado se da cuando el país llegó al nivel más preocupante del debilitamiento institucional del Estado de Derecho; primordialmente en materia de la lucha anticorrupción, luego de 10 años durante los cuales las instituciones del sistema de justicia fueron cercadas por la clase política dominante del Gobierno. LÉA MÁS: 
*Publicado originalmente en el diario El Universo el día viernes 9 de junio del 2017.

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