Jorge G. Alvear Macías
En comentarios previos me referí a la garantía del secreto profesional del abogado, que una inconstitucional reforma legal desconoce. Tal vez sea una de las peores consecuencias de la descontrolada corrupción y del enseñoramiento de la impunidad. Me explico, es una manifestación incivil de la sociedad, que implica dar más importancia a la condena de culpables que a respetar los Derechos Civiles y Constitucionales.
Ese irrespeto acontece en China, que castiga hasta con pena de muerte a funcionarios públicos corruptos que malversen o reciban sobornos superiores al equivalente de 463.000 dólares. Esto, pese a que la pena de muerte ha sido abolida en muchos países.
Sin llegar a ese extremo, también causa alarma que en Estados como el nuestro –adheridos a tratados de protección de derechos humanos– empiece a tomar forma el pensamiento de que “es más fácil condenar a acusados culpables violando la Constitución que respetándola; y es más, en algunos casos es imposible condenarlos sin violarla” (ironía del célebre abogado neoyorquino Alan M. Dershowitz). Y claro, en ese nivel de desesperación social, no extraña que el rol del abogado defensor termine siendo erróneamente percibido como parte del engranaje que activa la impunidad.
Lo cierto es que, en un Estado constitucional de Derecho, es obligación del fiscal probar dentro de un debido proceso la culpabilidad del acusado, sin que medie una duda razonable. LÉA MÁS
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