viernes, 20 de febrero de 2015

Reelección, ventajismo

Jorge G. Alvear Macías

La alternabilidad del poder no se sustenta solo con elecciones periódicas. Un sistema constitucional democrático requiere límites rígidos de permanencia en el cargo de los presidentes. Así se previó en Montecristi, para evitar la eternización del presidente en el poder. No lo olvidemos.
Esos límites tenía Venezuela hasta la enmienda constitucional del 2009. Desde entonces se debilitó la alternancia en el ejercicio del poder. Actualmente, frente a la conflictividad social y los abusos de Maduro, podríamos sostener que tal cambio estructural de la Constitución está conduciendo a Venezuela a la situación de un Estado fallido.
¿De qué otra forma valorar su precario escenario? Un país petrolero, preso del caos, sin capacidad para enfrentar exitosamente los problemas internos y dominado por el despotismo. Sin diálogo ciudadano. Con ausencia de garantías e irrespeto a los derechos civiles; se vive escasez de productos básicos, agravamiento de la pobreza, violencia, proliferación de la corrupción que involucra a altas autoridades en sospechas de enriquecimiento ilícito con dineros públicos y del narcotráfico.
Sin duda, se ha vuelto un Estado ineficaz. Venezuela tiene control militar y policial, pero no se cumplen sus leyes uniformemente, por el direccionamiento de un proyecto político que divide a ciudadanos en amigos y enemigos. Hay mercado negro del dólar. Excesiva burocracia. Crisis económica producto del despilfarro y asfixia del sector productivo. Criminalización de la protesta social, cuyo ícono Leopoldo López cumplió un año preso, sin sentencia y con acusaciones infundadas. Constantes violaciones de Derechos Humanos. Aparición de élites “boliburguesas” beneficiadas con negocios estatales, algunos de dudosa legalidad. El Poder Judicial obedece al poder político. El poder político es la ley misma.

viernes, 13 de febrero de 2015

‘Juez de la Patria’

Jorge G. Alvear Macías


Los siete jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos deben ser juristas de la más alta autoridad moral y de reconocida competencia en materia de derechos humanos. Son elegidos en votación secreta y por mayoría absoluta de votos de los Estados Partes de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. La elección se realiza en la Asamblea General de la OEA, de entre candidatos propuestos por esos mismos Estados Partes.
La Corte tiene competencia para interpretar las disposiciones de dicha Convención y conocer las violaciones de los estados a los derechos o libertades protegidos por la Convención. Está facultada para disponer que se garantice al lesionado el goce de su derecho o libertad conculcados; y, de ser el caso, ordenar que se reparen las consecuencias de la vulneración de esos derechos e indemnice a la víctima.
Los Estados Partes en la Convención, responsables de las vulneraciones, están obligados a cumplir la decisión de esa Corte.
Son incompatibles con el cargo de un juez de la Corte indicada otras actividades que pudieren afectar su independencia o imparcialidad.
El artículo 11 del Estatuto de la Corte establece que al tomar posesión de su cargo, los jueces rendirán juramento o declaración solemne: “Juro (o declaro solemnemente) que ejerceré mis funciones de juez con honradez, independencia e imparcialidad y que guardaré secreto de todas las deliberaciones”.
Lo reseñado, a propósito de la reciente noticia sobre la candidatura que impulsará la Cancillería respecto de un juez en funciones de la Corte Constitucional, tal vez sin considerar la conveniencia de que la postulación reúna requisitos de nivel superior que podrían tener ciertos candidatos propuestos por los demás estados, además de su altísima consideración moral, imparcialidad e integridad.

viernes, 6 de febrero de 2015

Atrocidades

Jorge G. Alvear Macías

Es insólito que hoy el mundo atestigüe inimaginables actos de crueldad. Boko Haram este miércoles degolló y asesinó al menos a un centenar de civiles en Camerún; y, el Estado Islámico (EI) sigue publicitando decapitaciones y quema de seres humanos. Ambos grupos conocidos como yihadistas (violentos y radicales dentro del islam) están dispuestos a morir por Alá, luego de exterminar a los infieles o no creyentes. ¿Por qué ocurre esto?
No encuentro respuesta a tanta atrocidad, solo me desbordan las preguntas. Muchas alejadas de las razones religiosas y próximas al ámbito de la política internacional, así como a los grandes y egoístas intereses económicos, que como reza el tango Cambalache, están “revolcaos/ en un merengue/ y en un mismo lodo/ todos manoseados”.
Lo reciente es el espeluznante espectáculo dado por el EI en las calles de Raqqa (Siria), proyectando el vídeo de la quema del piloto jordano Muaz Kasasbeh. También difundieron imágenes de la repulsiva “fiesta” que significó exhibir la ejecución en una pantalla gigante, como si fuese la transmisión de un partido de fútbol del Mundial. Entre los congregados había menores de edad.