Jorge G. Alvear Macías
Esta columna ha acogido algunas preocupaciones ciudadanas sobre la gestión de los recursos del IESS, que como sabemos no son dineros del Estado y ningún Gobierno puede disponer de ellos directamente o indirectamente a través de decisiones de su delegado.
La reciente resolución del Consejo Directivo del IESS –que dispuso redistribuir los ingresos del Fondo de Pensiones para cubrir el déficit del seguro de salud–, sigue generando intranquilidad en jubilados, trabajadores y asambleístas, pese a las nuevas declaraciones del máximo personero de dicho Instituto, dirigidas a justificarla.
A la par, el representante de los empleadores en el IESS (ingeniero Felipe Pezo) y otros profesionales también entendidos en la materia, ratifican la inconveniencia de la decisión y la califican de inconstitucional e ilegal; calificación a la que nos adherimos (habría que analizar si se encuadra en el tipo penal del peculado).
El ingeniero Pezo dijo al Diario El Comercio: “…El hueco actuarial en pensiones pasó de USD 3.700 millones en el 2003 a USD 70.000 millones en el 2010, considerando la eliminación del aporte del 40% del Estado. Hoy, según la consultora Volrisk, llega a USD 208.000 millones. Se ha acortado mucho la vida y la sostenibilidad del fondo...”. Estimaciones que tienen credibilidad, pues no han sido negadas expresamente por el presidente del Consejo Directivo del IESS.
Pero, además, tanto de la administración del IESS como de los detractores de la resolución han surgido opiniones coincidentes en medio de las discrepancias sobre la estabilidad del sistema de pensiones: se requieren informes actuariales de calidad. Concordamos con los preocupados, que exigen transparencia y larga proyección en esos estudios. Que no sean coyunturales ni parciales. SIGA LEYENDO: http://www.eluniverso.com/opinion/2015/11/27/nota/5263518/siguen-dudas?src=menu
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