Jorge G. Alvear Macías
@jorgalve
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Existen variados indicios de que ciertos funcionarios del régimen y asambleístas, que impulsan sanciones con cárcel para las injurias en los medios de comunicación y en la redes sociales, no intentan proteger la honra o prestigio del ciudadano común.
Algunos de ellos vienen repitiendo o sugiriendo desde que se empezó a debatir la Ley de Comunicación, que los funcionarios públicos sufren tanto como el ciudadano común, cuando son injuriados o calumniados. Por ello no desean ni siquiera imaginar la despenalización de la injuria o la calumnia.
Varios son abogados, con prestigio ganado en el ejercicio profesional. Otros no exhiben esos logros y tal vez por ello se explica su desconocimiento de las grandes diferencias entre la protección del honor o la reputación de un ciudadano común y el de las autoridades públicas.