viernes, 27 de julio de 2012

Costosa desconfiana

La racionalidad nos indica que la mejor calidad de vida que podamos obtener, depende de nuestras habilidades para producir, de ser menos vulnerables a las agresiones y de las relaciones que podamos construir para efectuar actividades conjuntas que nos beneficien. La clave es generar confianza interpersonal. Sin confianza nos reduciríamos al individualismo, limitando nuestro progreso.

El Estado debe proveer mecanismos para lograr esa confianza. Su resultado tiene un nombre: cooperación.

Las buenas leyes promueven la confianza y asignan el castigo al abuso de confianza, a través de un debido proceso. En un estado de derecho.

La confianza ahorra recursos. En sentido inverso, la desconfianza los dilapida, peor cuando las iniciativas del Estado ahondan esa desconfianza, con leyes que desvirtúan su propósito.

Es el caso de la Ley de Defensa de los Derechos Laborales que con carácter urgente se debate en la Asamblea (el plazo de aprobación o archivo fenece la próxima semana). Para empezar, su título induce engaño. El proyecto no se limita al ámbito de derechos laborales y tiene normas con efecto en lo tributario. Más aún, el proyecto no lo tramitó la Comisión de los Derechos de los Trabajadores.

No en vano, el informe de minoría de la Comisión recomienda archivar el proyecto, con sensatos motivos a considerar en el segundo debate.

¿Qué es lo medular del proyecto? 

viernes, 20 de julio de 2012

En Manta y en el país

Jorge G. Alvear Macíasjorgalve@yahoo.com 



La seguridad ciudadana está relacionada con los derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad. El Estado debe garantizar el pleno ejercicio de esos derechos a todas la personas, sin discriminación alguna y no lo está haciendo.

De otro lado, en la retina de la ciudadanía, están ciertas autoridades con protección desmedida. Y por supuesto se generan las preguntas: ¿por qué la diferencia? ¿por qué desbordan sus necesidades de protección cuando se movilizan y hay barrios sin vigilancia policial? ¿por qué debemos vivir incertidumbre mientras esperamos el retorno de nuestros hijos? ¿por qué hay sensación de inseguridad hasta dentro de nuestras casas?

El desamparo está en todas partes. En Manta, la inseguridad extrema ha obligado a su población a salir a las calles a protestar y lo anecdótico es que mientras lo hacían, varios supermercados y locales comerciales fueron asaltados, según se reportó.

Para un amigo manabita, el crimen común y el organizado se han adueñado de esa admirada, hermosa y pujante ciudad; otrora destino de los cruceros marítimos. Es que el sicariato y el tráfico de drogas es una realidad y me temo que se ha reactivado el inescrupuloso tráfico de personas, que en el pasado provocó víctimas. 

viernes, 13 de julio de 2012

Reflexiones

Jorge Alvear Macíasjorgalve@yahoo.com | 

En el debate sobre la despenalización del aborto (bajo ciertas circunstancias) es preciso atender lo que acontece en otras sociedades, en donde incluso se involucran hasta sus máximas autoridades.

Por ejemplo, en España, origen de los ideólogos de la Carta de Montecristi, el Gobierno pretende reformar la “ley del aborto” (llamada rimbombantemente Ley de Reproducción Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo) promulgada en el 2010. La ley permite la interrupción voluntaria del embarazo de forma libre hasta la semana 14.

El presidente Rajoy tantea volver a la ley de 1985, que despenalizaba el aborto en caso de riesgo para la salud de la madre, malformaciones graves del feto y violación. Se asegura que la nueva regulación se inspirará en la Sentencia 53/1985 del Tribunal Constitucional español que, en mi opinión, desarrolla conceptos claros sobre el derecho a la vida, pero al mismo tiempo genera inconsistencias para concretar la viabilidad del aborto en caso de violación. Aquí algunos de ellos:

-El derecho a la vida constituye un derecho fundamental esencial y troncal, sin el cual no existirían los otros derechos.

viernes, 6 de julio de 2012

¿Delitos de odio o delitos por odio?

Jorge Alvear Macíasjorgalve@yahoo.com | 

Las leyes deben responder a la necesidad ciudadana, al sentido común y a la prudencia. Los textos legales que imponen obligaciones al ciudadano requieren ser entendibles y no causa de sorpresas. Las normas con disposiciones claras, precisas y coherentes con sus motivos permiten el mejor cumplimiento. No así las que generan ambigüedad o consecuencias jurídicas no deseadas.

Las leyes que el legislador no ha debatido mucho pueden resultar contrarias a lo que se proponía, advirtió Montesquieu en su libro El espíritu de las leyes.

Imagine usted lo que puede ocurrir con la aprobación de leyes penales, producto de la improvisación, del descuido de las reglas de experiencia, inobservancia de principios aportados por la ciencia penal y por los estudios sobre derechos humanos. Tales leyes entrañarían el grave peligro de vulnerar derechos, aunque la intención sea la de proteger otros.

Lo reseñado es por la discusión del nuevo Código Penal; y, por cierto, también por los resultados de las reformas al actual Código Penal y del Procedimiento Penal, de marzo del 2009. Entonces se estableció que el hurto o robo de cosas cuyo valor no pase de 654 dólares, solo podrán ser reprimidos con multa de 14 a 28 dólares y prisión de 5 a 7 días.